29.5.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/20

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Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-758/14.

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Anule la Decisión C(2014) 6250 final de la Comisión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto AT.39574 — Chips para tarjetas), en la medida en que afecta a Infineon Technologies AG.

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Con carácter subsidiario, reduzca la multa de 82 874,000 EUR impuesta a la recurrente, con arreglo al apartado 457, letra a), de la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2014, a una cantidad proporcionada.

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Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que lo examine de nuevo.

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Condene en costas a la recurrida.

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El Tribunal General incumplió su obligación de realizar un control suficiente de la decisión impugnada, de conformidad con el artículo 263 TFUE, debido, en particular, a que en el presente asunto adoptó un enfoque equivocado que le llevó a efectuar un control judicial incompleto y selectivo. A pesar de que todos los contactos considerados en la decisión impugnada fueron objeto de oposición por parte de la recurrente, el Tribunal General verificó menos de la mitad de éstos y no motivó suficientemente su decisión de seleccionar determinados contactos a efectos de dicho control y de excluir otros del mismo, sin que existiera ninguna base jurídica para que procediese de tal modo.

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Tanto la Comisión como el Tribunal General aplicaron erróneamente el artículo 101 TFUE, en particular, al imputar a la recurrente una restricción «global» de la competencia por el objeto, fundamentalmente a través del intercambio sobre las tendencias generales del mercado y de las previsiones sobre la evolución de los precios. Por otra parte, la Comisión y el Tribunal General no tuvieron en cuenta los requisitos constitutivos de una infracción única y continuada, conforme a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

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Tanto la Comisión como el Tribunal General incurrieron en error en el cálculo de la multa impuesta a la recurrente. En particular, el Tribunal General no tuvo en consideración los efectos del control selectivo e incompleto que había llevado a cabo (únicamente algunos de los contactos controvertidos fueron verificados) y, en consecuencia, no ejerció su plena competencia jurisdiccional en relación con la multa impuesta. Asimismo, el Tribunal General incurrió en error y actuó sin motivar suficientemente las razones de su proceder al incluir en los ingresos de la recurrente los correspondientes a las tarjetas «non-SIM», lo que dio lugar a que la multa impuesta fuera excesiva y, por tanto, desproporcionada.

Se formulan otras alegaciones relativas a la desnaturalización de diversas pruebas por parte del Tribunal General, a la atribución errónea de la carga de la prueba en relación con elementos de prueba eventualmente carentes de fiabilidad y a errores de Derecho relativos a los elementos de prueba aportados por la Comisión contra la recurrente que no fueron divulgados durante el procedimiento seguido ante ella.

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Con carácter subsidiario, que la sentencia recurrida viola el principio de proporcionalidad, en particular en la medida en que el Tribunal General no concedió una reducción suficiente de la multa impuesta a la recurrente como consecuencia de su participación limitada en la infracción de que se trata, en que no tuvo suficientemente en cuenta las circunstancias atenuantes y en que el importe total de la multa impuesta a la recurrente es desproporcionado.