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Document 62010TN0295
Case T-295/10: Action brought on 7 July 2010 — Camara v Council
Asunto T-295/10: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2010 — Camara/Consejo
Asunto T-295/10: Recurso interpuesto el 7 de julio de 2010 — Camara/Consejo
DO C 234 de 28.8.2010, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 234/51 |
Recurso interpuesto el 7 de julio de 2010 — Camara/Consejo
(Asunto T-295/10)
()
2010/C 234/91
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: Kerfalla Person Camara (representante: J.-C. Tchikaya, abogado)
Demandada: Consejo de la Unión Europea
Pretensiones de la parte demandante
— |
Que se anule el Reglamento (UE) no 1284/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas contra la República de Guinea, en la medida en que afecta al demandante. |
— |
Que se condene en costas al Consejo. |
Motivos y principales alegaciones
El demandante solicita la anulación del Reglamento (UE) no 1284/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas contra la República de Guinea, (1) debido a que fue incluido en las lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos fueron inmovilizados con arreglo al artículo 6 de dicho Reglamento.
En apoyo de su recurso, el demandante alega tres motivos, basados:
— |
en un error manifiesto de apreciación, al haber puesto al demandante en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos fueron inmovilizados; |
— |
en la vulneración del artículo 215 TFUE, apartado 3, puesto que el Reglamento impugnado no contiene garantía jurídica alguna, en especial, de procedimiento; |
— |
en la vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que el Reglamento impugnado vulnera: i) el principio de no discriminación, al mantener el nombre del demandante en la lista de personas sancionadas por razón de su origen social; ii) el derecho de defensa, al no haber previsto un procedimiento para notificar al demandante los hechos que se le imputan; iii) el derecho a un recurso judicial efectivo, puesto que el Consejo no informó al demandante de las vías de recurso, y iv) el derecho de propiedad del demandante. |
(1) DO L 346, p. 26.