18.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/36

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Anule y revoque la decisión impugnada y anule cualquier acto posterior que derive de aquélla, anterior, incluso los desconocidos y revoque cualquier efecto de los mismos respecto del demandante y en su esfera jurídica y patrimonial, y determine que la cuestión se trate de modo que permita al demandante, previa la información necesaria para alegar sus propias razones, que la nueva decisión se adopte de conformidad con los principios de confianza, legalidad y transparencia.

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Que, estimando el presente recurso, se reconozca el perjuicio ocasionado por la demora al funcionario y, en particular, no sólo como perjuicio patrimonial sino también como daños no patrimonial psíquico-físico tal como figura, en el informe pericial del médico forense que figura en autos y se reconozca la existencia de una perjuicio de gravedad media, y la presencia de una perturbación en la adaptación con ansia y depresión anímica, de tipo crónico provocado por el trauma sufrido en el ámbito laboral cuantificable en un 20 %.

1.

Vulneración del derecho del funcionario a ser oído y a presentar declaraciones.

2.

Vulneración del derecho del demandante a obtener la información relevante para su defensa.

3.

Vulneración del derecho del demandante a que se le indicaran las razones por las que no podía recibir la información pertinente.

4.

Infracción y aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1) y, en consecuencia, vulneración del derecho a la información relativa al procedimiento en curso contra el demandante e incumplimiento de la obligación de motivación de las decisiones.

5.

Infracción del artículo 24 del Estatuto y, en consecuencia, vulneración del derecho de defensa y asistencia del demandante por la institución ante ataques de otras personas.

6.

Existencia de daño psíquico-físico en el demandante y nexo de causalidad correspondiente entre el comportamiento de la administración y el daño sufrido.