—

Anule la decisión de despido fechada el 30 de agosto de 2019 y, en la medida en que sea necesario, la resolución expresa de desestimación de la reclamación con fecha de 23 de marzo de 2020.

—

Anule la resolución desestimatoria de la solicitud de asistencia y de indemnización fechada el 13 de febrero de 2020.

—

Condene a la parte demandada al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad extracontractual de un importe de 250 000 euros.

—

Condene a la demandada en costas.

1.

Primer motivo, basado en la falta de motivación y en la vulneración del derecho a ser oído.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del estatuto de «delator» previsto por los artículos 21 bis, apartado 3, y 22 bis, apartado 3, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).

3.

Tercer motivo, basado en la desviación del procedimiento.

4.

Cuarto motivo, basado en la inobservancia del derecho a un juicio justo y, más concretamente, del derecho de defensa, de la presunción de inocencia, del deber de diligencia, del deber de imparcialidad, de neutralidad y de objetividad, en la circunstancia de que no se llevó a cabo una investigación para comprobar la realidad y la procedencia de los motivos de la ruptura de la confianza invocados, y en la falta de igualdad entre agentes.

5.

Quinto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

6.

Sexto motivo, basado en el incumplimiento de los deberes de asistencia y protección y del deber de buena administración, y en la vulneración del principio de proporcionalidad.

1.

Primer motivo, basado en la falta de motivación y en la vulneración del derecho a ser oído.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del estatuto de «delator» previsto por los artículos 21 bis, apartado 3, y 22 bis, apartado 3, del Estatuto.

3.

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 26 del Estatuto y del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento del deber de protección y de buena administración en relación con el bienestar en el trabajo y las condiciones de trabajo de todo agente.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 21 bis, apartado 3, y 22 bis, apartado 3, del Estatuto y en el incumplimiento de los deberes de asistencia, protección y buena administración.