—

Anule los informes finales de evaluación de carrera de la demandante de 2018 y 2019.

—

Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión desestimatoria de la reclamación de 16 de noviembre de 2020.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de las disposiciones generales de ejecución aplicables. En relación con el informe de evaluación correspondiente a 2018, la demandante alega la revisión contraria a Derecho de la suficiencia de las prestaciones en la fase de alzada. En cuando al informe de evaluación correspondiente a 2019, la demandante critica la intervención del evaluador de alzada en una fase preliminar. Por último, por lo que respecta a los dos informes, la demandante invoca error en la interpretación y aplicación a su situación del artículo 2, apartado 3, letra a), de las disposiciones generales de ejecución y del artículo 4 de esas disposiciones.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del deber de imparcialidad y neutralidad, en la vulneración del deber de asistencia y buena administración, en la infracción del artículo 21 bis del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y en procedimiento inadecuado o abuso procesal.

3.

Tercer motivo, basado en error manifiesto de apreciación, en inexactitudes materiales en cuanto a los hechos, en alegaciones abusivas que no guardan relación con hechos objetivos y en vulneración del concepto de deber de lealtad.