5.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 297/17

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Que se acuerde la admisión del recurso de casación de la recurrente y se declare fundado.

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Por consiguiente, que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2008 en el asunto T-219/07.

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Que se anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 24 de abril de 2007, relativa a la solicitud del Reino de Bélgica, conocida como Expediente REC 05/02, C(2007) 1776, por la que se declara que procede recaudar a posteriori los derechos de importación por importe de 168 004,65 euros, que fueron objeto de la solicitud del Reino de Bélgica de 12 de agosto de 2002, y por la se establece que no está justificado condonar los derechos de importación de 168 004,65 euros, objeto de la solicitud del Reino de Bélgica de 12 de agosto de 2002.

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Que se condene a la Comisión a pagar las costas de ambas instancias.

1)

Por lo que se refiere al artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC (1)

Primer motivo: El Tribunal de Primera Instancia, al aplicar el artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, no tuvo en cuenta la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo de este artículo en su sentencia de 9 de marzo de 2006, (2) en particular en lo que atañe a la carga de la prueba de demostrar que la expedición de los certificados incorrectos es imputable a la declaración inexacta de los hechos realizada por el exportador, lo cual, según dicha sentencia, no sólo recae claramente sobre las autoridades aduaneras que pretenden realizar la recaudación a posteriori, sino que debe cumplimentarse mediante documentos justificativos de origen objetivos.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia interpretó inadecuadamente el artículo 220, apartado 2, letra c), del CAC y, por lo tanto, aplicó incorrectamente el Derecho comunitario y, así pues, lo infringió. En consecuencia, también incumbe al Tribunal de Justicia anular esta aplicación incorrecta del Derecho comunitario.

Segundo motivo: En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia, al examinar las pruebas que se le presentaron, consideró equivocadamente que las pruebas en cuestión no cumplían los requisitos del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, según expuso y aclaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de marzo de 2006. (3)

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia efectuó una calificación jurídica errónea de las pruebas presentadas y, por lo tanto, infringió el Derecho comunitario. (4)

Además, procede observar que el Tribunal de Primera Instancia, al apreciar las pruebas, no resolvió de manera unívoca, sino que lo hizo de forma paradójica, por una parte, considerando el material probatorio suficiente para que la Comisión cumpliera con la carga de la prueba que recae sobre ella de demostrar que la expedición de los certificados incorrectos es imputable a la declaración inexacta de los hechos realizada por el exportador y, por otra parte, rechazando a la vez por insuficiente la prueba exigida a la recurrente de que las autoridades aduaneras tailandesas sabían, o por lo menos deberían haber sabido de manera razonable, que las mercancías no cumplían los requisitos para acogerse al trato preferencial.

Corresponde al Tribunal de Justicia calificar de falta de motivación los errores que el Tribunal de Primera Instancia haya cometido al examinar y al apreciar los documentos aportados como prueba. (5)

2)

Por lo que se refiere al artículo 239 del CAC

Motivo único: El Tribunal de Primera Instancia, partiendo de una aplicación errónea del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC, incurrió en error al apreciar los documentos aportados como prueba, o consideró indebidamente que la situación en que se encuentra la recurrente no constituye una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC.