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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Etiopía,

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Vista la declaración, de 9 de noviembre de 2020, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sobre los últimos acontecimientos en Etiopía,

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Vista la declaración, de 12 de noviembre de 2020, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y del comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, sobre Etiopía,

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Vista la declaración del comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, de 19 de noviembre de 2020, titulada «Tigray conflict: EU humanitarian support to Ethiopian refugees reaching Sudan» (Conflicto en Tigray: Ayuda humanitaria de la UE a los refugiados etíopes que llegan a Sudán),

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Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, de 4 de noviembre de 2020,

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Vistas las declaraciones realizadas los días 6 y 13 de noviembre de 2020 por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Tigray,

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Vistas las conversaciones informales celebradas el 24 de noviembre de 2020 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto actual en la región de Tigray de Etiopía,

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Visto el informe, de 11 de noviembre de 2020, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas sobre Etiopía,

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Vistas las declaraciones realizadas el 9 de noviembre de 2020 por el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, sobre la situación en Etiopía,

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Vista la declaración, de 9 de noviembre de 2020, de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

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Vista la declaración, de 19 de noviembre de 2020, de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea,

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Vista la Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía adoptada el 8 de diciembre de 1994 y, en particular, las disposiciones del capítulo III en materia de derechos y libertades fundamentales, derechos humanos y derechos democráticos,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

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Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

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Visto el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos,

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Vista la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú,

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Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el actual conflicto armado entre el Gobierno Federal de Etiopía y la administración regional de Tigray, liderada por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), ha causado la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento masivo de personas;

B.

Considerando que, el 4 de noviembre de 2020, el Gobierno etíope declaró el estado de emergencia y puso en marcha operaciones militares en la región septentrional de Tigray el día siguiente al presunto ataque del TPLF contra la base militar del Gobierno federal en la región de Tigray; que desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre las fuerzas federales (Ejército Federal, Fuerza policial especial de Amhara y milicias locales de Amhara) por un lado y las fuerzas regionales (Fuerza policial especial y milicias de Tigray) leales al TPLF por otro;

C.

Considerando que las divergencias políticas entre el Partido de la Prosperidad (PP) y el TPLF se acentuaron aún más cuando el Gobierno federal pospuso las elecciones nacionales, previstas para mayo de 2020, debido a la crisis de la COVID-19;

D.

Considerando que, en septiembre de 2020, la administración regional de Tigray liderada por el TPLF celebró sus propias elecciones, que fueron declaradas ilegales por el Gobierno etíope dado que su mandato debía finalizar en septiembre de 2020; que el Parlamento federal consideró ilegal el proceso electoral en la región de Tigray; que la administración de Tigray ha anunciado que ya no reconoce la administración federal ni sus leyes; que, el 3 de noviembre de 2020, el Parlamento federal declaró al TPLF un «grupo terrorista»;

E.

Considerando que, el 8 de noviembre de 2020, el TPLF se dirigió a la Unión Africana para proponer conversaciones, pero el Gobierno federal descartó cualquier posibilidad de negociación con el TPLF y rechazó las peticiones internacionales de diálogo y mediación, alegando que el conflicto de Tigray es una cuestión interna que no debía internacionalizarse; que la UE ha ofrecido su apoyo para ayudar a apaciguar las tensiones, restablecer el diálogo y garantizar el Estado de Derecho en Etiopía;

F.

Considerando que, en 2018, Abiy Ahmed alcanzó un acuerdo histórico de paz con Eritrea, que puso fin a más de una década de suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países; que el Gobierno de Abiy adoptó importantes medidas para liberar a periodistas y presos políticos, permitir el funcionamiento de grupos de la oposición anteriormente prohibidos y adoptar nuevas leyes sobre las organizaciones de la sociedad civil y la lucha contra el terrorismo; que el Gobierno ha sido recientemente objeto de críticas por la detención de políticos de la oposición; que subsisten preocupaciones por la adopción de una nueva ley destinada a frenar la incitación al odio y la desinformación, lo que tendría un efecto negativo para la libertad de expresión;

G.

Considerando que algunos grupos políticos vinculados a grupos étnicos en Etiopía que se sienten marginados por el sistema de gobierno federalista de Etiopía alegan que este sistema ha dado lugar a favoritismo étnico y discriminación;

H.

Considerando que en junio de 2020 estalló una violencia generalizada tras la muerte de Hachalu Hundessa, cantante y activista de la región de Oromo, que tuvo como resultado la muerte y la detención de cientos de personas; que, el 1 de noviembre de 2020, más de cincuenta personas de Amhara murieron en ataques contra tres pueblos, ataques que, en general, se consideran motivados por razones étnicas y posiblemente llevados a cabo por el Ejército de Liberación de Oromo, milicia separatista del Frente de Liberación de Oromo (OLF);

I.

Considerando que, según el Movimiento Nacional de Amhara, las autoridades etíopes prohibieron las protestas pacíficas —contra los asesinatos por motivos étnicos— previstas para el 28 de octubre de 2020;

J.

Considerando que, según las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el inicio del conflicto, se han cometido varios asesinatos indiscriminados de civiles en diferentes partes de Tigray, incluida una masacre perpetrada la noche del 9 de noviembre de 2020 en Mai-Kadra, en la región de Tigray, donde la matanza de cientos de civiles podría ser considerada como crímenes de guerra;

K.

Considerando que, según las organizaciones internacionales de derechos humanos, los tigrayanos residentes en otros lugares del país han sido suspendidos de sus puestos de trabajo y se les ha impedido volar al exterior; que existen informes de vigilancia física y digital y de arrestos y detenciones arbitrarias masivas;

L.

Considerando que el presidente de Tigray confirmó que sus fuerzas habían disparado cohetes contra el aeropuerto de Asmara en Eritrea;

M.

Considerando que los enfrentamientos mortales entre las fuerzas federales etíopes y el TPLF han suscitado preocupación internacional por los riesgos asociados a una intensificación de la actual situación de seguridad o al desencadenamiento de situaciones similares en Etiopía, lo que podría tener repercusiones en los países vecinos y desestabilizar potencialmente toda la región del Cuerno de África; que Etiopía ha retirado tropas de Somalia que luchaban contra los insurgentes islamistas; que las autoridades keniatas han incrementado la seguridad en la frontera con Etiopía en un clima de temor a una escalada de las tensiones;

N.

Considerando que la cooperación al desarrollo de la Unión con Etiopía es una de las mayores del mundo, con un importe de 815 millones de euros para el período 2014-2020; que Etiopía es también uno de los principales beneficiarios del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, con más de 271,5 millones de euros para el período 2015-2019; que, en 2020, la Unión destina 44,29 millones de euros a proyectos humanitarios en Etiopía apoyando la prestación de ayuda vital a desplazados internos que se han visto desarraigados a causa de la violencia o de los peligros naturales;

O.

Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas ha solicitado acceso a la región de Tigray, que sigue estando totalmente aislada (se ha cortado el acceso a internet y al teléfono) desde el inicio de los combates; que, según el ACNUR, la falta de electricidad, telecomunicaciones y acceso a combustible y dinero en efectivo limita cualquier respuesta humanitaria en Tigray y en el resto de Etiopía, incluida la atención a los heridos y muertos en combate;

P.

Considerando que, incluso antes de que comenzaran los combates, 15,2 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria en Etiopía, de las cuales dos millones se encontraban en la región de Tigray; que la región de Tigray es la quinta región más poblada de Etiopía, con más de seis millones de personas, y que alberga a 100 000 desplazados internos y a 96 000 refugiados eritreos; que cuenta con varios campos de refugiados importantes en los que, según las ONG, el 44 % de las personas alojadas son menores;

Q.

Considerando que Etiopía es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, cuyo artículo 96 establece que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación entre la ACP y la Unión Europea;

R.

Considerando que los combates han causado miles de muertos y heridos en ambos bandos y han conllevado graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; que, según el ACNUR, a 22 de noviembre de 2020 más de 38 500 refugiados habían huido del conflicto y cruzado la frontera con Sudán; que las Naciones Unidas han advertido de una «crisis humanitaria a gran escala» y que sus agencias están preparándose para la posible llegada de 200 000 refugiados a lo largo de un período de seis meses; que los combates también están provocando desplazamientos internos de población; que el ACNUR ya ha pedido a las dos partes del conflicto que abran corredores para permitir que las personas salgan y que, simultáneamente, lleguen los suministros; que las organizaciones humanitarias internacionales sobre el terreno están mal equipadas y se enfrentan a la escasez de los suministros necesarios para tratar a los refugiados recién llegados y a las víctimas de la violencia; que las agencias de las Naciones Unidas necesitan una financiación inmediata por valor de cincuenta millones de dólares estadounidenses que se destinarán al suministro de alimentos y a la creación de nuevos campamentos; que la Comisión Europea está movilizando un importe inicial de cuatro millones de euros en concepto de ayuda de emergencia para ayudar a los desplazados que llegan a Sudán;

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