—

Visto el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), según el cual «toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental»,

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Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que reconoce que la equidad, la inclusión y la igualdad de género están inextricablemente ligadas al derecho a la educación para todos,

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Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y, en particular, el objetivo n.o 4: «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos», así como el documento de 2015 titulado «Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4», que sostiene que «la igualdad de género está estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos»,

—

Vista la Recomendación general n.o 36 (2017) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación,

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Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2015,

—

Vista la Resolución 35/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de junio de 2017, titulada «El derecho a la educación: seguimiento de la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos»,

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Vista la Comunicación de la Comisión de 2002 sobre la contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo (COM(2002)0116),

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Visto el documento de trabajo de 2010 de la Comisión sobre el refuerzo y la mejora de la educación en los países en desarrollo, titulado «More and Better Education in Developing Countries» (SEC(2010)0121),

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Vista la Comunicación de la Comisión de 2018 sobre educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas (COM(2018)0304),

—

Vista la Declaración de Charlevoix sobre la educación de calidad para las niñas, las adolescentes y las mujeres en los países en desarrollo, aprobada por el G7 el 9 de junio de 2018,

—

Vistos el Consenso Europeo sobre Desarrollo y el Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo (COM(2007)0072),

—

Vista su Resolución de 31 de mayo de 2018 sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) — Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020 (1),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo (2),

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Visto el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (2017) «Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos»,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0327/2018),

A.

Considerando que la educación es un derecho humano fundamental y es esencial para el logro de todos los ODS; que la educación impide que la pobreza se transmita de una generación a otra y que desempeña un papel fundamental en la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y que la educación, como espacio de derechos, se entiende más allá de la igualdad aritmética y tiende a promover una igualdad real de género en la educación y a través de ella;

B.

Considerando que la última comunicación de la Comisión sobre la educación en los países en desarrollo data de 2002 y no fue actualizada hasta 2010 mediante un documento de trabajo;

C.

Considerando que la ayuda a la educación representó en 2009 el 8,3 % del total de la ayuda al desarrollo; que ese porcentaje se redujo al 6,2 % en 2015; y que para la Unión y sus Estados miembros dicho porcentaje pasó del 11 % al 7,6 % durante el mismo período;

D.

Considerando que la ayuda a la educación básica de la UE y de sus Estados miembros disminuyó un 33,9 % entre 2009 y 2015, más que en el caso de la ayuda a la educación en general (15,2 %);

E.

Considerando que, en 2015, 264 millones de niños y jóvenes en edad escolar no cursaban estudios primarios ni secundarios;

F.

Considerando que, al final de 2017, la población mundial de refugiados era superior a 25,4 millones, incluidos 7,4 millones de niños en edad de escolarización primaria, de los cuales 4 millones no tenían acceso a ningún tipo de enseñanza primaria; que en los países frágiles afectados por conflictos un 37 % más de niñas que de niños no van al colegio y las jóvenes son casi un 90 % más proclives a no cursar estudios secundarios que sus compañeros masculinos en los países no afectados por conflictos;

G.

Considerando que el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017 de las Naciones Unidas señala que, en 2011, solo aproximadamente una cuarta parte de las escuelas en África subsahariana contaba con electricidad y menos de la mitad tenía acceso a un servicio básico de agua potable; y que el África subsahariana tiene el porcentaje más bajo de profesores cualificados tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria;

H.

Considerando que, en el pasado, la ayuda a la educación en los países en desarrollo se ha centrado demasiado en la cantidad de alumnos matriculados y no lo suficiente en la calidad de las enseñanzas impartidas; y que la finalidad del ODS n.o 4 es proporcionar una educación de calidad para todos de aquí a 2030;

I.

Considerando las dificultades con las que se encuentran determinadas empresas en los países en desarrollo para encontrar mano de obra con cualificaciones que respondan a sus necesidades;

J.

Considerando que los esfuerzos realizados desde 2016, que merecen ser acogidos con satisfacción, no han sido, sin embargo, suficientes para compensar el retraso acumulado, y, por lo tanto, deben continuarse e intensificarse;

K.

Considerando que, según la Unesco, la asistencia a la educación en los países de ingresos bajos y medianos bajos tiene que ser seis veces superior para alcanzar el ODS n.o 4 para 2030; y que, según la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial, la asistencia en materia de educación deberá alcanzar los 89 000 millones de dólares en 2030, frente a los 12 000 millones actuales;

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