31.1.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 24/95

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea»

(2006/C 24/18)

El 28 de abril de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea».

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de septiembre de 2005 (ponente: Brenda KING).

En su 420o Pleno de los días 28 y 29 de septiembre de 2005 (sesión del 29 de septiembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 79 votos a favor, ningún voto en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Antecedentes

1.1   Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 17 de octubre de cada año como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el fin de concienciar a todo el mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países.

1.2   Mujeres y pobreza en la UE

El Comité de las Regiones, el CESE y el Parlamento Europeo están elaborando sendos documentos por separado sobre Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea para presentarlos en la fecha mencionada, con el fin de contribuir al amplio debate en torno a la naturaleza de la pobreza en la UE actualmente. Aunque cada documento haya sido elaborado desde una perspectiva diferente ha existido un elevado grado de cooperación entre estas instituciones comunitarias.

1.3   Definición del riesgo de pobreza

El riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que tienen unos ingresos inferiores al 60 % del ingreso medio nacional. Por ingreso, se entiende la renta total de una familia dividida entre el número de miembros de esa familia.

1.4   Marco para combatir la exclusión social y la pobreza en la UE

En 2000 los Estados miembros acordaron elaborar una estrategia europea para combatir la exclusión social y la pobreza utilizando el método abierto de coordinación. Dicha estrategia incluye objetivos comunes y la obligación de que cada Estado miembro presente planes nacionales bienales de acción ajustados a dichos objetivos. Los indicadores recogen cuatro dimensiones de la inclusión social: pobreza financiera, empleo, salud y educación. Pero esta estrategia comunitaria no incluye la igualdad entre hombres y mujeres como objetivo prioritario.

En 1999 el Consejo adoptó una estrategia concertada para modernizar la protección social, uno de los instrumentos más importantes para combatir la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros de la UE. La estrategia se concentraba en tres aspectos: las políticas en materia de inclusión social, la reforma de los sistemas de pensiones y la reforma de los sistemas sanitarios. Esta estrategia no incluye la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres.

Habida cuenta de los resultados de los últimos referendos sobre la Constitución de la UE, la Presidencia británica ha anunciado para octubre de 2005 una comunicación sobre los sistemas de protección social.

1.5   Marco jurídico

La mayor parte de las políticas que se ocupan de la pobreza y la exclusión social siguen siendo competencia de los Estados miembros. No obstante, de conformidad con los artículos 136 y 137 del Tratado CE, la UE tiene que desempeñar un papel activo, apoyando y completando la acción de los Estados miembros en su lucha contra la exclusión social.

El artículo 13 del Tratado establece que la UE podrá adoptar acciones adecuadas, incluidas medidas legislativas, para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

1.6   Nivel de pobreza en la UE

En 2001 el número de pobres en términos de ingresos relativos era bastante elevado, puesto que más de 55 millones de personas, es decir el 15 % de la población europea, era vulnerable al riesgo de pobreza (1). Más de la mitad subsistía de manera permanente con ingresos relativamente bajos. Esta proporción variaba considerablemente entre los distintos Estados miembros, oscilando el porcentaje de población vulnerable al riesgo de pobreza entre el 9 % en Suecia y el 21 % en Irlanda. Por regla general, las mujeres se ven afectadas en medida significativamente mayor.

1.7   Nivel de exclusión social

Cuanto más tiempo se ve obligada una persona a vivir con escasos ingresos, mayor es el riesgo de precariedad y exclusión de las actividades sociales, culturales y económicas. En todos los Estados miembros, la mitad o más de las personas con riesgo de pobreza en 2001 había subsistido con ingresos escasos durante un largo periodo de tiempo, es decir, sus ingresos medios habían estado por debajo del 60 % del umbral de riesgo de pobreza durante el último año y al menos durante dos de los tres años precedentes (1998-2000). Por término medio, el 9 % de la población de la UE padeció pobreza persistente en 2001. Nuevamente, las mujeres se ven afectadas en mucha mayor medida.

1.8   Contexto demográfico y social en la UE

El contexto demográfico en la UE está cambiando drásticamente: el sector de la población en edad de trabajar en Europa, que durante un siglo aumentó sin cesar, empezará pronto a decrecer. Las personas de 65 años o más representan el 16 % de la población total, mientras que los menores de quince años representan el 17 %, y la esperanza de vida sigue creciendo. Durante los próximos quince años, el número de personas mayores de 80 años aumentará casi un 50 % (2).

Al mismo tiempo, la estructura de los hogares está cambiando. Los matrimonios son cada vez menos frecuentes y se celebran en edades más tardías, aumentan las rupturas matrimoniales y disminuye el número de parejas con hijos. Estos cambios han provocado una tendencia hacia hogares más pequeños en todos los grupos de edad. El Premio Nobel de Economía, Gary Becker y su colega, el juez Richard Posner, consideran que estos cambios pueden explicarse en gran medida en términos económicos (3). Constatan que la mayor independencia financiera que tienen las mujeres gracias a las oportunidades laborales de que dispone fuera del hogar lleva aparejado el abandono del matrimonio patriarcal (en el que el varón aporta los ingresos y la mujer depende de él) y su sustitución por el matrimonio como asociación entre iguales. También han aumentado los costes relacionados con el embarazo: cuanto más elevados son los ingresos de una mujer y más elevado es su estatus profesional, mayor es su renuncia, en términos de posible evolución profesional e ingresos, si abandona el mundo laboral, ya sea de manera temporal o permanente, para tener hijos.

El otro gran cambio es el aumento extraordinario de familias monoparentales. En 2000, el 10 % de los niños con edades comprendidas entre 0 y 14 años vivían con un solo adulto, en comparación con el 6 % registrado en 1990. Esto es consecuencia del aumento del número de rupturas matrimoniales y de pareja, así como de embarazos no planificados.

2.   Observaciones generales

2.1

El CESE agradece esta oportunidad para presentar su punto de vista sobre este tema, pero opina que el tema central tendría que haber sido «Género y pobreza» en lugar de «Las mujeres y la pobreza», centrándose así en la relación y las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a las causas de pobreza. El Comité recomienda encarecidamente a la Comisión que revise su definición de pobreza, ya que solo destaca las causas manifiestas de pobreza y subestima el nivel de pobreza de las mujeres y el impacto que tiene la pobreza. La definición da por supuesto que los recursos del hogar se reparten a partes iguales entre la familia, pero cabe aducir que la pobreza se sufre a escala individual y que, por lo tanto, debería ser analizada a esta escala si se quiere tener en cuenta la dimensión del género.

2.2

El CESE se felicita por el proyecto de la Presidencia británica de volver a promover un debate sobre los sistemas de protección social y recomienda encarecidamente que se lleve a cabo un análisis del impacto específico en términos de género para garantizar que dichos sistemas tengan en cuenta tanto las necesidades de las mujeres como las de los hombres. Existe el supuesto implícito de que las mujeres pueden recurrir a los ingresos de un hombre; este supuesto, que no se corresponde con la realidad social actual, es una de las principales razones por las que las mujeres están más expuestas al riesgo de pobreza.

3.   Observaciones específicas

3.1   La incidencia del riesgo de pobreza

En términos generales, las mujeres están más expuestas al riesgo de vivir en un hogar pobre: en 2001, el 16 % de las mujeres adultas (16 años o más) tenía unos ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza, frente al 14 % de hombres del mismo grupo de edad (4). Esta pauta se repite en todos los Estados miembros. El riesgo de pobreza más elevado se registra en las familias monoparentales (35 % en la media de la UE), de las cuales el 85 % están formadas por mujeres. Las madres de 18 años o menos que son cabeza de familia están particularmente expuestas al riesgo de pobreza.

Las personas de 65 años o más están expuestas a un riesgo relativamente elevado de pobreza. Dos terceras partes de esta categoría son mujeres. Las mujeres jubiladas solas, en particular las mujeres mayores de 80 años o que no reciben una pensión profesional, presentan una tasa de pobreza mucho más elevada. Uno de los principales motivos es que cuanto mayor es un jubilado, más elevados son sus gastos, sobre todo los asociados a mayores costes sanitarios por invalidez o necesidades de movilidad.

Las investigaciones realizadas muestran que las mujeres que afrontan una discriminación múltiple (por ejemplo, las mujeres de edad que pertenecen a minorías étnicas o a grupos inmigrantes, las mujeres con discapacidad o las lesbianas) están aún más expuestas al riesgo de exclusión social y pobreza.

3.2   La pobreza y la exclusión social de las mujeres desde el punto de vista del mercado laboral

El empleo está considerado como un factor clave para la inclusión social y como el medio más eficaz para salir de la pobreza, no sólo porque genera ingresos sino porque también puede fomentar la participación social y el desarrollo personal. Los objetivos de la Estrategia de Lisboa así lo reflejan y señalan que para 2010 la UE se habrá de convertir en «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Para ello, será necesario, y esencial, que las mujeres participen en el mercado laboral; existe el objetivo concreto de lograr una tasa de empleo femenino del 60 % antes de 2010. A pesar de que el nivel de participación femenina en el mercado laboral se está acercando al de los hombres, las mujeres con empleos remunerados no están exentas del riesgo de pobreza. Esto se debe a que la participación de las mujeres en el mercado laboral suele ir acompañada de importantes problemas tales como una elevada tasa de desempleo femenino en la UE-25 (5), así como la dificultad de conciliar las responsabilidades domésticas con las laborales, las tendencias a la segregación y sectorización del empleo femenino, la amplia generalización de formas de empleo precario con protección social reducida y las desigualdades salariales entre hombres y mujeres que existen en todos los países europeos.

3.2.1   Desigualdades salariales

Treinta años después de la entrada en vigor de la Directiva 75/117/CEE de 1975 sobre la igualdad de retribución, el promedio europeo del salario femenino sigue siendo un 85 % del de los hombres, por el mismo trabajo (6). En numerosos países esta diferencia es aún mucho mayor y llega hasta el 33 %. El CESE está de acuerdo con la indignación expresada por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo por el hecho que esta desigualdad siga existiendo y respalda su recomendación de que el Consejo y la Comisión adopten las medidas necesarias para poner fin a dicha injusticia.

3.2.1.1   Costes adicionales del embarazo

Diversos estudios los atribuyen al hecho de que son las mujeres quienes dan a luz y pasan un tiempo desproporcionadamente mayor que los hombres al cuidado de sus hijos. La mayor parte de las mujeres abandona el mercado laboral en algún momento de su vida. Por el contrario, el patrón de comportamiento masculino típico se caracteriza por una participación continua y a tiempo completo en el mercado laboral desde el momento en que finalizan su formación a tiempo completo hasta su jubilación. La salida del mercado laboral puede tener un impacto negativo en los ingresos. La interrupción de la vida profesional para dedicarse al cuidado de los hijos puede implicar periodos más breves de actividad laboral, menor acumulación de experiencia acumulada y menor acceso a actividades de formación. Esto se debe a que, normalmente, los aumentos de sueldo se conceden a las personas que permanecen activas de forma continua durante muchos años. De hecho, cuanto más larga sea la interrupción, mayor será la penalización económica.

3.2.2   Nivel de estudios de las madres

Un perfil profesional que incluya una larga pausa para el cuidado de los hijos suele darse con más frecuencia en madres con bajas cualificaciones profesionales. Mientras que las madres con estudios superiores tienden a acortar el periodo de interrupción laboral, el comportamiento de las mujeres no cualificadas no ha cambiado. Las madres sin cualificación profesional suelen permanecer fuera del mercado de trabajo hasta que los hijos llegan a la edad escolar, mientras que las mujeres con estudios superiores suelen tomar únicamente el permiso de maternidad, y contratar después a alguien para que cuide de sus hijos.

Así pues, suelen ser las mujeres con bajas cualificaciones profesionales, que normalmente son quienes abandonan durante periodos más largos el mercado laboral (y quienes también tienen el menor potencial de ingresos ya antes de tener hijos), quienes se ven más penalizadas económicamente.

3.2.3   Familias monoparentales

Como ya se dijo en el punto 1.8, el número de familias monoparentales está aumentando y los datos disponibles muestran que los padres y madres que viven sin pareja se hallan particularmente expuestos al riesgo de pobreza. Debido a que el 85 % de este grupo son mujeres, se puede hablar de un riesgo de pobreza específico de las mujeres. Una gran parte de este riesgo puede ser atribuido a su escaso porcentaje dentro de la fuerza laboral: solo el 50 % de las madres sin pareja trabaja, en comparación con el 68 % de las mujeres casadas (7). En contraste con los porcentajes cada vez más elevados de madres trabajadoras, las tasas de empleo de las madres sin pareja apenas han cambiado.

Según algunos estudios, parece que la inexistencia de guarderías asequibles no es el único obstáculo para que estos padres y madres puedan trabajar. Otros obstáculos son:

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los padres y madres que viven sin pareja y no encuentran trabajo suelen carecer de las cualificaciones que exige el mercado laboral (8) y, cuanto menos cualificados estén, menor será su oportunidad de participar en el mercado laboral. Ésta –mientras dure la carencia de cualificación– dependerá de modo totalmente determinante de las posibilidades de formación permanente disponibles y asequibles,

—	los padres y madres que viven sin pareja tienden a concentrarse en zonas geográficas en las que escasea la demanda de mano de obra,

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el estado de salud de los padres y madres que viven sin pareja y se hallan desempleados suele ser peor, y existen más posibilidades de que tengan personas o hijos a cargo cuya enfermedad o discapacidad restrinja aún más sus oportunidades de trabajar (es el caso de uno de cada diez progenitores que viven sin pareja y están desempleados),

—	los padres y madres que viven sin paraja y están en situación de grave precariedad tienden más a la desmoralización, lo cual puede convertirse a su vez en un obstáculo para trabajar.

Además, numerosos padres o madres que viven sin pareja tienen que cuidar personalmente de sus hijos y buscan empleos con horarios que les permitan pasar el mayor tiempo posible con ellos y conciliar esto con su vida profesional. Ésta es la razón de que muchos de ellos se vean obligados a aceptar empleos precarios, con menor cobertura social y peor remunerados.

3.2.3.1   Embarazos adolescentes

Un riesgo particular de pobreza lo afrontan las madres solteras de 18 años o menos. En la UE, el 6 % de las mujeres son madres a la edad de 18 años, aunque este porcentaje varía entre el 3 % en España, Italia, Países Bajos y Suecia, el 12 % en Hungría y la República Eslovaca y el 13 % en el Reino Unido (9).

Los progenitores adolescentes padecen, en mayor medida que el resto de los adolescentes, la pobreza y el desempleo, y experimentan dificultades para salir de dicha situación, principalmente debido a su falta de formación y a las razones mencionadas anteriormente. Por ejemplo, el 45 % de las mujeres de la UE-15 que son madres adolescentes proceden de hogares con ingresos correspondientes al 20 % más bajo de la escala, mientras que solo el 21 % de las mujeres que tuvieron su primer hijo a partir de los veinte años se encuentran en dicho grupo de ingresos económicos. El 90 % de las madres adolescentes reciben ayudas sociales y suelen depender más que otras madres solas de las ayudas sociales como único recurso, durante largos periodos.

La reducción de la maternidad adolescente se ha convertido en una prioridad para los Estados miembros ya que permitiría disminuir los riesgos de pobreza y su perpetuación de una generación a otra. La manera de reducir los embarazos adolescentes es objeto de numerosos debates y se proponen varias soluciones: mayor educación sexual o menor educación sexual, educación basada en la abstinencia o distribución de preservativos gratuitos en los colegios, reparto de píldoras del día siguiente o revisión de las prestaciones sociales con el fin de fomentar la convivencia y el matrimonio entre padres adolescentes.

Los cuatro Estados miembros de la UE con las tasas más bajas de embarazos adolescentes podrían ser utilizados como modelo de referencia por otros Estados miembros para afrontar este problema.

3.2.4   La pobreza en el mercado de trabajo

La mayor participación de la mujer en el mercado laboral es consecuencia de la proliferación de modalidades atípicas de trabajo, como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo con horario flexible, el trabajo por turnos y el trabajo temporero. Una media del 27 % de las mujeres tiene un trabajo a tiempo parcial, frente a un escaso 4 % de los hombres (10). De hecho, es mayor la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el trabajo a tiempo parcial que en el trabajo a tiempo completo: el salario medio femenino por hora en el trabajo a tiempo parcial es cerca del 60 % del salario masculino en el trabajo a tiempo completo, mientras que el salario femenino por hora de trabajo a tiempo completo es del 82 %.

Las trabajadoras poco cualificadas profesionalmente, las trabajadoras no declaradas, las minorías o las trabajadoras inmigrantes con una situación jurídica de escasa o nula autonomía se ven particularmente expuestas al riesgo de pobreza, ya que dichos trabajos suelen estar mal remunerados y asociados a un bajo estatus social con inseguridad laboral. Hay estudios que muestran que, en casos extremos, estas mujeres se exponen a la trata, a la prostitución y a la violencia.

3.2.5   Trabajo no remunerado

El trabajo doméstico de las mujeres sigue sin estar remunerado. Incluso en el caso del elevado número de mujeres con empleos remunerados, se sigue considerando que hacer la compra y cuidar de las personas mayores y de los hijos es responsabilidad de la mujer, ya que los hombres realizan menos del 40 % del total de las tareas domésticas y sólo entre un 25 % y un 35 % del trabajo relacionado con el cuidado de los hijos (11). Las estadísticas nacionales no registran sistemáticamente este trabajo no remunerado, lo cual significa que es invisible para los responsables de las políticas.

Es preciso hacer hincapié en que la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales es un auténtico desafío para hombres y mujeres. Las mujeres con hijos menores de 12 años registran tasas de empleo inferiores en más de quince puntos a las de las mujeres sin hijos (60 % frente a un 75 %). Sin embargo, la tasa de empleo de hombres con hijos menores de 12 años es del 91 %, es decir cinco puntos por encima de la tasa de empleo de hombres sin hijos.

3.2.6   Desempleo de larga duración

Esta cuestión está íntimamente relacionada con la precariedad social, ya que las personas que se encuentran en situación de desempleo durante un largo periodo de tiempo tienden a perder aptitudes y la autoestima necesaria para reincorporarse al mercado laboral, salvo que reciban oportunamente el apoyo adecuado. En la UE en su conjunto, las tasas de desempleo de larga duración son superiores entre las mujeres (4,5 %) que entre los hombres (3,6 %) (12). A pesar de ello, los programas encaminados a incorporar a los desempleados de larga duración en trabajos remunerados suelen beneficiar a los hombres, ya que la formación que se ofrece a las mujeres es más restringida y sexualmente estereotipada, lo cual suele implicar empleos peor remunerados.

3.2.7   Pensiones

3.2.7.1

Las desventajas que sufren las mujeres en el mercado laboral y la consiguiente diferencia salarial continúan tras la jubilación. La causa es que el modelo de pensiones en numerosos Estados miembros ha sido desarrollado desde una perspectiva masculina, que discrimina a las mujeres, ya que muchas de ellas interrumpen sus trabajos, trabajan en empleos atípicos o registran periodos de trabajo no remunerado. Como consecuencia de ello, numerosas mujeres están en situación de desventaja a la hora de acumular los derechos necesarios y los ahorros para disfrutar de una cierta seguridad durante la vejez. Dos tercios de los jubilados son mujeres y sus ingresos medios son un 53 % de los ingresos medios de los hombres, lo cual puede tener repercusiones en su salud, su vivienda y su calidad de vida. El 75 % de los jubilados que reciben ayudas sociales son mujeres. Esto se traduce en que las mujeres de edad, incluidas las viudas y divorciadas, son los jubilados más pobres. Con las consecuencias sociales a largo plazo del envejecimiento de la población comunitaria, esta tendencia continuará agravándose si no se adoptan medidas. En un dictamen anterior (13), el CESE recomendaba que se adaptaran los sistemas de pensiones con el fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, siendo el objetivo a largo plazo lograr la individualización de las pensiones. Además, el CESE recomendaba que los Estados miembros intercambiasen experiencias de manera que algunas mujeres, en particular las que tuviesen interrupciones profesionales, no recibiesen pensiones inadecuadas. Este dictamen también señalaba que algunos Estados miembros, además de las pensiones, preveían otras maneras de ayudar a las personas de edad, por ejemplo, mediante desgravaciones fiscales, suministro gratuito de electricidad, tarifas reducidas o gratuitas para el transporte público y rebajas fiscales para los alquileres. Esta recomendación es muy positiva puesto que hay más posibilidades de que quienes envejezcan (debido a su mayor longevidad) y vivan solas (puesto que sobreviven a sus parejas) sean mujeres, lo cual implica que suelen tener que afrontar los problemas típicos de los jubilados. Normalmente, los jubilados tienen menores ingresos procedentes de rentas e inversiones, a pesar de que simultáneamente pueden tener que afrontar mayores gastos asociados a la invalidez, necesidades de movilidad y depreciación de sus posesiones.

3.2.7.2

Las mujeres con empleos atípicos, incluidas las pertenecientes a minorías y las inmigrantes con residencia legal o sin papeles, sufren aún mayores desventajas porque es poco probable que estén afiliadas a un sistema profesional de pensiones. Puesto que los hombres ganan más dinero que las mujeres a lo largo de su vida laboral, su pensión final será más elevada. Además, en el pasado se vinculaban los valores de las pensiones al principal salario del hogar, es decir a la persona que hubiese acumulado dicho patrimonio, que normalmente era el hombre. Las tasas cada vez más elevadas de divorcio han puesto en cuestión este principio, ya que normalmente son las mujeres las que salen perjudicadas en el caso de una ruptura de la relación. No obstante, una serie de Estados miembros ha aprobado medidas legislativas para que los tribunales puedan dividir los patrimonios en el momento del divorcio de la manera que consideren adecuada.

3.3   La pobreza y la exclusión social de las mujeres desde el punto de vista de los estudios

3.3.1

Las cualificaciones condicionan la elección de la profesión y la incorporación en el mercado laboral y los datos muestran que esto afecta especialmente a las mujeres. Las mujeres más cualificadas (es decir, que tienen un nivel de estudios 5 y 6 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE)) trabajan con mayor frecuencia que las mujeres menos cualificadas (con un nivel CINE inferior a 2) (14). En la UE-25, solo el 49 % de las mujeres poco cualificadas con edades comprendidas entre 20 y 49 años tienen un trabajo, frente al 84 % de las mujeres muy cualificadas. Cabe señalar que esta diferencia de 30 puntos porcentuales en el caso de las mujeres es apenas de 10 puntos (83 % frente al 93 %) en el caso de los hombres. Las mujeres más cualificadas con hijos suelen seguir trabajando. En la UE-25 la comparación entre estos dos grupos de mujeres es la siguiente: sin hijos, 88 % (frente al 57 %); uno o dos hijos, 80 % (frente al 43 %); tres o más hijos, 63 % (frente al 22 %).

3.3.2

Los programas escolares propician que se elijan asignaturas fuertemente condicionadas por el sexo de la persona, de manera que las niñas escogen estudios y profesiones mal remunerados, influenciadas por profesores y consejeros de estudios que no están sensibilizados o no tienen formación para tener en cuenta la importancia de las cuestiones del género. Las niñas procedentes de hogares pobres están más expuestas que las demás niñas a sufrir esta discriminación por causa de su sexo (15). Este grupo está presente de manera desproporcionada en el empleo precario debido a su bajo nivel de estudios. El trabajo manual a tiempo parcial es la categoría de empleo que más desventajas tiene para las mujeres, más aún que otros trabajos a tiempo parcial o que los trabajos manuales a tiempo completo porque estas mujeres tienen niveles muy bajos de estudios. Así pues, estas mujeres tienen muy pocas alternativas en la elección de su profesión como consecuencia de la interacción entre la pobreza y el género a lo largo de toda su trayectoria educativa, lo cual no solo repercute en sus trayectorias profesionales y en sus jubilaciones, sino que además puede generar un ciclo de pobreza intergeneracional.

3.3.3

El CESE expresa su satisfacción por la atención que los objetivos de la Estrategia de Lisboa prestan al empleo, y en particular al empleo femenino, pero señala que es insuficiente para las mujeres expuestas al riesgo de pobreza. Los Estados miembros tienen ahora la oportunidad de cooperar con la sociedad civil y las ONG, en particular con las que trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la pobreza, para romper este ciclo de pobreza permanente e intergeneracional, mediante el examen de los estereotipos en las instituciones de enseñanza relativos a las elecciones profesionales de las niñas y los niños, y tienen también la oportunidad de ofrecer cursos de formación eficaces para adultos que sean accesibles, que desarrollen las aptitudes que requiere el mercado laboral y que satisfagan las necesidades de dichas mujeres.

3.4   La pobreza y la exclusión social de las mujeres desde el punto de vista de la justicia penal

3.4.1

Las mujeres representan una minoría del segmento de la población acusada o convicta por delitos: sólo uno de cada cinco delincuentes reconocidos y tan solo un 6 % de la población carcelaria son mujeres. No obstante, durante la última década se ha producido un aumento del número de mujeres en prisión, a pesar de que no se haya producido un aumento equivalente de delitos cometidos por mujeres (16). La mayor parte de las mujeres son enviadas a la cárcel por delitos sin violencia con penas inferiores a un año. Casi una cuarta parte de esas mujeres están en prisión preventiva, sin haber sido condenadas por delito alguno.

3.4.2

Las mismas investigaciones muestran que un elevado porcentaje de las mujeres que cumplen condenas en centros penitenciarios no tenían seguridad financiera antes de entrar en prisión, nunca habían trabajado o sólo habían trabajado en empleos mal remunerados sin seguridad laboral, no tenían vivienda segura, tenían bajo nivel de estudios y habían sido víctimas de violencia física o sexual por parte de miembros de la familia o de agresores masculinos ajenos a la familia. Por lo tanto, la prisión femenina excluye aún más a quienes ya estaban socialmente excluidas.

3.4.3

El análisis de las sentencias estudiadas en algunos Estados miembros parece atribuir el brusco aumento del número de internas al hecho de que, frecuentemente, se envía a prisión a mujeres ya socialmente excluidas (por ejemplo, mujeres sin hogar, desempleadas o drogodependientes). Asimismo, dicho análisis muestra que los jueces consideran que debido a que ya están socialmente excluidas serán más propensas a cometer delitos en el futuro, por lo que la reclusión puede reducir y reducirá de hecho, mediante sus medidas y programas de rehabilitación, las posibilidades de que mujeres ya excluidas socialmente vuelvan a delinquir (o a consumir drogas) una vez que abandonen la prisión.

3.4.4

Las investigaciones revelan que es imposible rehabilitar y reinsertar a las mujeres que han cumplido su condena debido a su deficiente formación académica y profesional, a los elevados porcentajes de enfermas mentales (50 % en Inglaterra y Gales) (17) y a la duración relativamente breve de las sentencias de la mayor parte de la población femenina en prisión. Hay desacuerdo sobre el hecho de si los centros penitenciarios son realmente instituciones de rehabilitación, pero aunque éste fuese el caso, las conclusiones de la investigación indican que es muy difícil que por sí mismas puedan ofrecer a la mayoría de las reclusas una formación eficaz, una rehabilitación permanente de la drogadicción, y el apoyo emocional y las aptitudes requeridas por el mercado laboral después de su puesta en libertad.

3.4.5

La principal función de las cárceles es castigar. Las investigaciones constatan que las prisiones contribuyen a la exclusión de mujeres que no estaban excluidas antes de su encarcelación y que excluyen aún más a las mujeres que ya estaban socialmente excluidas. La encarcelación es más perjudicial para las mujeres que para los hombres debido al daño que sufren los hijos cuando sus madres son enviadas a prisión. Por ejemplo, en el Reino Unido el 25 % de las mujeres encarceladas declaró que el padre de sus hijos, su marido o pareja, se había hecho cargo de sus hijos. En el caso de los hombres encarcelados, este porcentaje se elevó al 92 %. Este hecho descompensa claramente los demás beneficios que tienen las prisiones en términos de justicia criminal, disuasión o disminución del riesgo.

3.4.6

Las mujeres de nacionalidad extranjera y las pertenecientes a grupos minoritarios sufren una doble discriminación y, por consiguiente, existe un porcentaje desproporcionadamente elevado de dichas mujeres en el sistema penal.

3.4.7

El CESE está de acuerdo con las recomendaciones del informe en el sentido de que se deberían adoptar medidas para reducir drásticamente el número de mujeres condenadas a prisión, por cuanto en muchos casos sufren prisión preventiva y no han sido condenadas por crimen alguno, y además, porque cuando han cometido un delito suele ser de tipo no violento. Algunos Estados miembros han introducido alternativas menos perjudiciales que el internamiento, y con el tipo de atención y apoyo adecuado, las mujeres delincuentes con numerosos problemas pueden lograr su rehabilitación y reinserción en la comunidad.

3.5   Lucha contra la trata de mujeres y niños

La trata de mujeres y de niños es una consecuencia de la desigualdad por motivos de sexo y constituye una expresión de violencia. La trata prospera en la pobreza y las víctimas sufren de múltiples formas de pobreza que resultan entre otros en el trabajo forzoso, la esclavitud sexual y problemas de salud física y mental. Las estrategias de prevención de los países de origen deben traducirse en estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo social en las que se preste especial atención a las oportunidades económicas de las mujeres. Las estrategias de prevención a largo plazo deben abordar las causas primeras de la trata, como la pobreza, la discriminación, el racismo, las estructuras patriarcales, la violencia contra las mujeres, los fundamentalismos, la desigualdad entre hombres y mujeres, la falta de redes de protección social, el blanqueo de dinero, la corrupción, la inestabilidad política y los conflictos, las zonas incontroladas, las barreras y las diferencias entre países. Todos los gobiernos deben adoptar medidas en las que se reconozca la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y llevar a cabo acciones positivas para potenciar la habilitación de las mujeres en todos los ámbitos.

4.   Recomendaciones

4.1

El CESE acoge con satisfacción el Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la inclusión social, del 5 de marzo de 2004. El informe recoge las seis principales prioridades políticas que los Estados miembros deberán tener en cuenta en sus planes nacionales de acción (véase el anexo). No obstante, el CESE opina que el documento mencionado olvida algo fundamental: la identificación y el control de los indicadores comparativos por sexo. El CESE recomienda encarecidamente que se tengan en cuenta estos indicadores puesto que existen importantes diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito de la pobreza. Si no se tiene en cuenta que la pobreza tiene dos dimensiones diferentes según el sexo de la persona afectada o si no se controla por igual el impacto que tienen las políticas en los hombres y mujeres, es posible que muchas políticas elaboradas para paliar la pobreza sólo obtengan resultados parciales. Abordar el problema de la pobreza teniendo en cuenta sus dos dimensiones diferentes según el sexo de la persona afectada se ajustaría al compromiso de erradicación de la pobreza acordado en la cumbre mundial para el desarrollo social celebrada en Copenhague en 1995, donde se decidió que era preciso conceder una prioridad especial a las necesidades y derechos de niños y mujeres, por ser quienes frecuentemente soportaban la mayor carga de la pobreza.

4.2

Muchos Estados miembros han reforzado de manera significativa sus disposiciones institucionales para integrar la lucha contra la pobreza y la inclusión social en sus decisiones políticas nacionales. No obstante, se debería acentuar este esfuerzo incluyendo a los interlocutores sociales, entre otros las ONG, en los niveles local, nacional y regional de la elaboración y aplicación de políticas, en particular en el ámbito de la educación, del empleo y de las pensiones.

4.3

El CESE recomienda encarecidamente que los objetivos de la Estrategia de Lisboa sobre mayor empleo para las mujeres se complementen con estrategias encaminadas a garantizar que las mujeres expuestas al riesgo de pobreza adquieran las aptitudes requeridas por el mercado laboral que puedan conducirlas a su independencia financiera. Además, con vistas a garantizar la protección de las mujeres en todas las fases de la vida, el CESE pide que se adopten iniciativas y medidas encaminadas a fomentar la calidad del empleo y suprimir las diferencias de ingresos. En este contexto, el CESE ha manifestado en un reciente dictamen sobre las directrices integradas para el crecimiento y el empleo su sorpresa de que en el paquete actual de directrices para las políticas de empleo no figure explícitamente ninguna directriz sobre el empleo de las mujeres.

4.4

El CESE opina que los Estados miembros pueden obtener un gran beneficio si comparten sus experiencias en ámbitos que afectan a las mujeres y la pobreza: sistemas de pensiones, sistemas de protección social, embarazo adolescente, supresión de la violencia contra las mujeres, incluida la trata, y encarcelación femenina.

4.5

Muchos Estados miembros ha firmado la Plataforma de Acción de Beijing (septiembre de 1995) en la que se instaba a los gobiernos a evaluar la contribución que el trabajo no remunerado aportaba a la economía. No obstante, han transcurrido diez años sin que los Estados miembros hayan elaborado todavía los correspondientes sistemas de evaluación y supervisión. Convendría animar a los Estados miembros a que llevasen a cabo dicho esfuerzo y lo registrasen como parte de sus estadísticas nacionales.

4.6

En 2007 se fundará el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Como consecuencia de la negligencia que sufre la dimensión del género en las políticas encaminadas a paliar la pobreza en la UE, la relación entre género y pobreza ha sido relativamente descuidada en la investigación y estadística. Para modificar esta situación, el instituto necesita la dotación presupuestaria pertinente. En un Dictamen específico sobre la creación de dicho organismo, el CESE manifestó ya su preocupación de que esto no parece que esté totalmente garantizado en la correspondiente propuesta de reglamento.

4.7	Por lo tanto, el CESE propone una serie de ámbitos prioritarios. El nuevo Instituto debería llevar a cabo un análisis profundo de los datos existentes, desde el punto de vista del género.

4.8	Otro ámbito del género y la pobreza que requiere una atención especial es la cuestión del impacto de la pobreza en la salud física y mental de las mujeres.

4.9	En tercer lugar, hasta el momento apenas se ha investigado sobre lo que piensan y sienten las mujeres respecto a la pobreza y sobre si su percepción de la pobreza es diferente de la de los hombres.

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(1)  Los indicadores del riesgo de pobreza proceden de una Encuesta sobre los Hogares de la Comunidad Europea.

(2)  Informe conjunto de la Comisión y el Consejo sobre la inclusión social, 5 de marzo de 2004.

(3)  Gary Becker y Richard Posner: «The Sexual Revolution», 10.4.2005. Disponible en http://www.becker-posner-blog.com/archives/2005/04/index.html.

(4)  Eurostat 2001. Salvo para hogares de una sola persona, es preciso ser prudentes a la hora de interpretar las diferencias de género en el riesgo de pobreza, puesto que se basan en la suposición de un reparto a partes iguales de los ingresos dentro de un hogar.

(5)  Eurostat 2004.

(6)  Eurostat 2003.

(7)  Eurostat 2003.

(8)  Finch et al. (1999): New Deal for Lone Parents: Learning From the Prototype Areas. DSS Research Report No 92. Leeds: CDS; Lewis et al. (2000): Lone Parents and Personal Advisers: Roles and Relationships. DSS Research Report No. 122. Leeds: CDS; Dawson et al. (2000): New Deal for Lone Parents: Report on Qualitative Interviews with Individuals. Research and Development Report ESR55. Sheffield: Employment Service; Holtermann et al. (1999): Lone Parents and the Labour Market. Results from the 1997 Labour Force Survey and Review of Research. Employment Service Report 23. London: The Stationary Office.

(9)  Innocenti Report Card, no3 de julio de 2001: Tabla clasificatoria de los embarazos durante la adolescencia en las naciones ricas (UNICEF).

(10)  Encuesta de población activa, Eurostat 2003.

(11)  How Europeans Spend their Time, Eurostat 1998-2002.

(12)  Encuesta de Población Activa, Eurostat 2003.

(13)  Dictamen del CESE de 29 de noviembre de 2001 sobre el tema «Crecimiento económico, fiscalidad y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la UE», DO C 48 de 21.2.2002 (ponente: Sr. BYRNE, coponente: Sr. VAN DIJK).

(14)  EC Statistics in Focus: Estadísticas demográficas y estadísticas sobre las condiciones sociales, 4/2005.

(15)  Warren, T.: «Divergent Female Part-time Employment in Britain and Denmark and the Implications for Gender Equality». Sociological Review 2001, 49(4), 548-567.

(16)  Comparative Report based on National Reports' Fieldwork Findings prepared by the Central European University Team. Data is from six EU Countries: Spain, Germany, England & Wales, Italy, France and Hungary. Universidad Central Europea.

(17)  UK Women National Commission, marzo de 2005.

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