—

Anule las decisiones impugnadas en la medida en que conllevan la recuperación de las cantidades abonadas al demandante.

—

Ordene a la Comisión que devuelva al demandante las cantidades ya recuperadas.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento.

—

Con carácter subsidiario, anule las decisiones impugnadas en la medida en que conllevan la recuperación de la cantidad de 3 986,72 euros.

—

El demandante solicita, por otra parte, el pago de intereses sobre cualquier cantidad de la que resulte acreedor desde el momento en el que habría debido pagársele cada cantidad y hasta el pago efectivo.

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En el supuesto de que el Tribunal desestime el presente recurso —si se tienen en cuenta las numerosas irregularidades cometidas por la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (en lo sucesivo, «PMO») a lo largo del tiempo, el hecho de que «la deducción fiscal no es fácilmente detectable en la nómina», las garantías ofrecidas por la PMO al demandante, la buena fe del demandante, admitida por la administración, y el hecho de que el demandante (sin ningún motivo para dudar de su nivel salarial) ha asumido obligaciones económicas proporcionadas a tal nivel durante estos años (como la suscripción de un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda para su familia)—, el demandante considera que, en aras de la equidad, el Tribunal debería condenar a la Comisión a cargar al menos con sus propias costas y con las del demandante, en virtud del artículo 135 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en un error en la interpretación y la aplicación del artículo 85 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea. El demandante estima a este respecto que no se cumplen los requisitos que establece el artículo 85 para permitir la devolución de las cantidades percibidas en exceso.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio de confianza legítima, ya que, a su juicio, en el presente asunto se cumplen los tres requisitos de la confianza legítima con arreglo a la jurisprudencia aplicable.

3.

Tercer motivo, basado en la falta de motivación.