22.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 255/124

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis»

[COM(2009) 160 final]

(2010/C 255/23)

Ponente: Claudio JAHIER

El 28 de abril de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis

COM(2009) 160 final.

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de noviembre de 2009 (ponente: Claudio JAHIER).

En su 458o Pleno de los días 16 y 17 de diciembre de 2009 (sesión del 16 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 151 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que, superada la fase de mayor riesgo sistémico de la crisis económica y financiera internacional, es necesario no olvidar los gravísimos efectos que está teniendo en una gran parte de los países en desarrollo, que están poniendo en peligro lo conseguido en las últimas décadas y que se añaden a las consecuencias de la doble crisis energética y alimentaria, de forma que podrían agravar las situaciones de conflicto y de inestabilidad política ya existentes.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de asumir ahora todas las iniciativas y decisiones que le competen para ayudar a los países más pobres a afrontar esta crisis, de la que ellos en modo alguno son responsables.

1.2   El CESE valora la Comunicación de la Comisión: la primera decisión marco que presenta la comunidad internacional y que sigue siendo la más positiva y completa de todas las adoptadas hasta el momento, con numerosas propuestas y perspectivas también a medio plazo, que ahora deberán desarrollarse debidamente.

El CESE señala que las dos grandes limitaciones de la Comunicación son la falta de recursos adicionales y el efecto limitado en el tiempo de las decisiones relativas a la crisis, como los adelantos sobre los compromisos de crédito del año en curso.

1.3   El CESE acoge favorablemente los resultados de las últimas cumbres internacionales (1), en particular la elaboración de las propuestas que afectan a los países más pobres, la confirmación de los objetivos de aumentar la cantidad y la calidad de las ayudas y la recuperación de la idea de reformarlas. No obstante, estos resultados siguen siendo claramente insuficientes para afrontar ciertas cuestiones cruciales, como las siguientes:

—	la urgencia de contar con más fondos y de utilizar los nuevos instrumentos de financiación del desarrollo;

—	el proceso de reforma del sistema de ayudas,

—	la relación entre gobernanza fiscal y desarrollo.

1.4   El CESE considera que, ante todo, es imprescindible respetar todos los compromisos contraídos estos últimos años, como ya señaló el Presidente Barroso, e invita a la Comisión a pedir a los Estados miembros que cumplan el calendario de incremento de los créditos establecidos en su momento, créditos que hasta ahora no han tenido una revisión a fondo, aun cuando ya se han visto afectados por la decisión de algunos Estados miembros de reducirlos.

Por otra parte, el CESE está convencido de la urgencia de nuevos y cuantiosos créditos, como defienden todas las grandes instancias internacionales, para dirigir hacia los países pobres más ayudas e inversiones. El Comité también apoya la propuesta de asignarles al menos el 0,7 % de la cifra movilizada por la comunidad internacional para afrontar la crisis, cantidad que, según los cálculos actuales, ronda los 7 000 millones.

1.5   El CESE cree que tras el doble impacto de la crisis energética y de la crisis alimentaria es preciso establecer prioridades más precisas para las nuevas inversiones en el marco de un relanzamiento sostenido de los compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Convertir en prioridad estratégica el sector agrícola y la seguridad alimentaria, así como invertir en las cuestiones urgentes derivadas del cambio climático, favorece tanto a los países pobres como a Europa. De este modo se iniciaría una nueva etapa de grandes inversiones en los países más pobres y se garantizaría un desarrollo sostenible a largo plazo.

1.6   El CESE invita a la nueva Comisión a convertirse en líder internacional del compromiso con una reforma profunda del sistema de ayudas e inversiones para el desarrollo, a aceptar los nuevos retos de este milenio, entre ellos el «desarrollo verde» y los flujos migratorios, y a recuperar el compromiso de aumentar la eficacia, la transparencia y la eficiencia de todo el sistema de ayudas.

1.7   El CESE cree que la Unión Europea no puede dar marcha atrás en el reconocimiento y el apoyo de los agentes no estatales, en particular el sector privado, las organizaciones sindicales, los agricultores y las organizaciones de mujeres y de consumidores. Se trata ciertamente de un aspecto que define el enfoque europeo.

El CESE lamenta que la comunicación objeto de examen no mencione el papel de estos agentes ante la crisis, puesto que la sociedad civil es uno de los contados agentes internacionales que demuestra capacidad para movilizar recursos adicionales. Además, en muchos países pobres las consecuencias de la crisis afectan notablemente al sector privado y reducen la capacidad de acción de los interlocutores sociales y de las distintas organizaciones de la sociedad civil, que ciertamente son esenciales para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

1.8   Junto al cumplimiento de los compromisos en materia de ayuda pública al desarrollo, el CESE apoya la creación y adopción de nuevos mecanismos de financiación del desarrollo que sean innovadores, como la tasa Tobin. Es de especial importancia reconocer el papel fundamental de las remesas de los emigrantes, con la aplicación de la decisión del G-8 de reducir un 50 % las comisiones sobre las transferencias y con la definición de estrategias para proteger mejor a los trabajadores inmigrantes ante la crisis.

1.9   El CESE defiende que se mantengan todas las medidas para la apertura de los mercados, reactivando las negociaciones de Doha, apoyando los procesos de integración regional (2) y reforzando los instrumentos de financiación del comercio, con especial atención a las exigencias de un comercio justo y equitativo con los países más pobres. Asimismo es preciso recuperar las inversiones extranjeras directas aprovechando el efecto palanca de la financiación innovadora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial: del primero, una nueva emisión de derechos especiales de giro y del segundo la puesta en marcha de un fondo contra la vulnerabilidad adecuado.

1.10   Finalmente, el CESE cree fundamental que la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el delito fiscal (fraude y evasión) a escala mundial se convierta en una prioridad absoluta que permita obtener nuevos y cuantiosos recursos destinados a las acciones de desarrollo. El Comité anima a la Comisión a estudiar cuanto antes estas cuestiones y a formular las oportunas propuestas.

2.   Introducción

2.1   Al comenzar la crisis financiera internacional, los analistas estaban convencidos de que no afectaría a los países en desarrollo, sobre todo los más pobres. Sin embargo, al cabo de unos meses comenzaron a verse las posibles consecuencias de la crisis para los países en desarrollo, principalmente por la gran recesión de la economía internacional. Hasta abril de 2009 –con la cumbre del G-20 en Londres y las reuniones del FMI y el Banco Mundial– no se hizo evidente que la crisis estaba alcanzando a los principales países en desarrollo: había riesgo de que el número de pobres aumentara en 100 millones de personas, que se añadirían a los 160 millones que ya vivían por debajo del umbral de la pobreza tras la doble crisis energética y alimentaria de los años 2007 y 2008.

2.2   Las previsiones son preocupantes: el pasado 19 de junio la FAO presentó los aspectos más destacados de un informe sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Según este informe, en 2009 y por primera vez el número de personas que sufren hambre supera los 1 000 millones, con un incremento global del 11 %. Esto provocará una gigantesca crisis humana y amenaza con anular todo lo conseguido en los años ochenta y noventa. El 22 de junio el Banco Mundial rebajó radicalmente todas sus previsiones: cree probable una recesión de la economía del 3 % aproximadamente en 2009, con una reducción del comercio mundial del 10 % y un marcado desplome de los flujos internacionales de capitales privados, que pasarían del billón de dólares de 2007 y de los 707 000 millones de 2008 a 363 000 millones en 2009. El crecimiento global de los países en desarrollo se calcula ahora en poco más del 1 %. Sin embargo, si se excluyen China e India, esta cifra señalaría una reducción del 1,6 % del PIB. África es el continente más afectado: su previsión de crecimiento en 2009 se reduce un 66 % respecto de 2007. Por último, según la OIT, 50 millones de personas podrían perder su empleo a lo largo de 2009 y el número de trabajadores pobres podría alcanzar los 200 millones.

2.3   La crisis financiera y económica provoca cuatro trastornos: a) la reducción del volumen global de los intercambios comerciales, con una disminución drástica de los ingresos por exportación y un déficit de financiación para los países en desarrollo que se calcula entre 270 000 y 700 000 millones de dólares (3); b) la reducción de los flujos privados de inversión, más importantes para los países de renta media y para aquellos en los que están en marcha grandes inversiones estructurales; c) la marcada disminución de las remesas de los emigrantes, que en algunos países africanos en desarrollo representan hasta un 30 % del PIB y que sólo en 2006 alcanzaron la cifra de 270 000 millones de millones de dólares, es decir, el doble del total de las ayudas al desarrollo; d) el inevitable retroceso de la ayuda pública al desarrollo aportada por muchos donantes bilaterales en 2009 y 2010. Estas dos últimas consecuencias, que amplifican los efectos de la anterior crisis alimentaria y de los precios de la energía, resultan especialmente graves en África, donde los flujos a menudo son vitales para muchos presupuestos públicos y también para la supervivencia de familias y comunidades locales.

2.4   Entre las consecuencias de estos trastornos sucesivos e interconectados, que lógicamente son muy distintas según las regiones y los países, cabe señalar en particular las siguientes:

—	una desaceleración del crecimiento o una gran reducción de las economías locales;

—	un crecimiento rápido del desempleo, la pobreza y el hambre, sobre todo en zonas urbanas, con graves consecuencias para los grupos más débiles, en especial mujeres y menores;

—	la reducción de los ingresos fiscales, con graves consecuencias para la situación de los presupuestos públicos, que, especialmente en África, han sido objeto en las últimas décadas de destacadas operaciones de saneamiento;

—	el consiguiente riesgo para los planes de inversión pública, en particular los destinados a mantenimiento e infraestructuras;

—	graves problemas en el acceso a bienes y servicios para amplios grupos de población, relacionados también con el deterioro de los ya frágiles sistemas de protección y asistencia social;

—	una reducción de los ingresos por turismo;

—	aumento de los problemas de acceso al crédito y a los flujos de inversión, en particular para el sector privado;

—	un marcado impacto negativo sobre la capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que, por otra parte, ya están en grave peligro desde hace al menos dos años, tras los éxitos parciales conseguidos en los años 2000-2005;

—	el riesgo de no disponer de medios adecuados para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

2.5   El panorama se vuelve aún más preocupante si se consideran las posibles consecuencias en el ámbito de la estabilidad política y la seguridad interior y exterior de distintas zonas del mundo. Un estudio realizado en 2008 por el Gobierno británico calculaba que en 2010 la mitad de la población mundial más pobre tendría muchas probabilidades de vivir en países en conflicto permanente o casi permanente.

2.6   Por último, la crisis podría generar nuevos flujos migratorios, tanto en el interior de los países y a escala regional como hacia países más ricos. Todo ello, además de agravar las tensiones ya existentes, sobre todo en las fronteras de la UE, puede generar una nueva y preocupante pérdida de recursos humanos cruciales para muchos países pobres.

3.   La propuesta de la Comisión

3.1   La Comisión Europea ha sido la primera en adoptar decisiones concretas en el marco de los compromisos para el G-20 de Londres, partiendo de una idea que el Presidente Barroso resumió afirmando que la recesión actual no debe ser, no puede ser y no será un pretexto para volvernos atrás en nuestra promesa de incrementar las ayudas.

3.2   La Comunicación objeto de examen representa una de las decisiones marco más positivas que se han presentado hasta la fecha en la comunidad internacional para ayudar a los países pobres a afrontar la crisis. Además de confirmar la necesidad de respetar los compromisos contraídos en materia de ayuda pública al desarrollo y de movilizar nuevos recursos con el mismo fin (por ejemplo, con la propuesta ambiciosa y tal vez poco realista de que por cada euro de ayuda se destinen cinco a transferencias de otro tipo), la Comunicación subraya igualmente la importancia de acelerar o anticipar la concesión de las ayudas –caso único entre los donantes– y de adoptar mecanismos más flexibles, para lo que se pediría al BEI la puesta a punto de instrumentos anticíclicos, sobre todo en el sector de las infraestructuras y las finanzas. Asimismo, la Comisión se compromete a acelerar las operaciones de ayuda presupuestaria, contemplando también, en casos excepcionales, medidas de asistencia macroeconómica para los países incluidos en la política europea de vecindad.

3.3   La Comunicación observa que la ineficacia de las ayudas resulta demasiado onerosa y apunta la necesidad de una profunda reordenación de todo el sistema internacional de ayuda pública al desarrollo. La Comisión, por su parte, pide a los Estados miembros que promuevan planteamientos comunes y coordinados para afrontar la crisis. Al mismo tiempo, la UE, como primer donante mundial, debería alentar una reforma del sistema de ayudas a escala internacional.

3.4   La Comunicación presta una atención moderada a las medidas en favor del sector social y del empleo, con mecanismos de apoyo al gasto social y con aportaciones para la construcción de infraestructuras nacionales o regionales, deteniéndose especialmente en el Mediterráneo y África, también en lo relativo a la asignación de fondos. La Comisión reitera su compromiso de relanzar la agricultura y de apoyar el desarrollo ecológico mediante nuevas formas de financiación para luchar contra el cambio climático y respaldando la transferencia de tecnologías ecosostenibles.

3.5   La Comunicación concluye con la propuesta de unas medidas para sostener el sistema de comercio internacional, potenciando la eficiencia de los programas de ayuda al comercio y aumentado los créditos a la exportación. La Comisión recomienda igualmente promover el debate sobre la reestructuración de la deuda pública de los países en desarrollo y sugiere medidas de apoyo a la gobernanza fiscal a nivel internacional, nacional y regional.

3.6   El Consejo de la Unión Europea ha recibido y aprobado las principales recomendaciones de la Comunicación y ha recordado la importancia de que los Estados miembros respeten sus respectivos compromisos. Por ello «alienta a los Estados miembros, a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que actúen de manera coordinada (…), basándose en análisis conjuntos del impacto de la crisis por países, en cooperación con las instituciones internacionales y los países asociados, a fin de determinar los países y grupos de población más vulnerables y menos resistentes» (4).

3.7   El límite más evidente del conjunto de las decisiones tomadas por la UE reside en el hecho de que no prevé ningún crédito adicional si se exceptúan los 100 millones de euros anuales asignados al Fondo fiduciario de la UE para infraestructuras en África.

4.   La ayuda pública al desarrollo, en peligro

4.1   Según los datos facilitados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, 2008 ha sido el año de más gasto en ayuda pública al desarrollo en términos absolutos. Se ha llegado a la cifra de 120 000 millones de dólares, con un incremento del 10 % en términos reales y se alcanzado el 0,30 % del PIB de todos los países de la OCDE. Los programas bilaterales también aumentaron el año pasado, tras la fuerte caída de los años 2006-2008.

4.2   La UE registra un aumento de 4 000 millones de euros respecto de 2007 y llega a un total de 49 000 millones de euros en 2008, equivalentes al 0,40 % del PIB. Debe recordarse que cuando se alcanzó el consenso de Monterrey, en 2002, la Comisión Europea se había marcado el objetivo intermedio del 0,39 % para antes de 2006. También debe señalarse que aún está lejos el objetivo de destinar el 0,20 % del PIB a los menos desarrollados: en la actualidad sólo se destinan 20 000 millones de dólares a África, cuando el objetivo para 2010 es de 50 000 millones.

4.3   Existen muchas reservas sobre la posibilidad concreta de que la UE garantice los nuevos aumentos, calculados en 20 000 millones de euros, necesarios para alcanzar el objetivo del 0,56 % del PIB en 2010. En su informe AidWatch de 2008, la plataforma europea de ONG Concord prevé que las ayudas se reduzcan 27 000 millones de dólares en 2009-2010. Este mismo informe cree que deberían revisarse las cifras de la UE, porque incluyen capítulos de gasto que no deberían contabilizarse en la ayuda pública al desarrollo: 5 000 millones de cancelación de deuda exterior, 2 000 millones para becas de estudio y 1 000 millones por costes relacionados con los refugiados. Según Concord, si se suprimen estas cantidades, en 2008 sólo se llegó al 0,34 % del PIB, un porcentaje muy alejado del objetivo del 0,56 % en 2010.

4.4   También según el Informe sobre seguimiento Mundial 2009 del Banco Mundial, pese al crecimiento registrado en 2008 y los compromisos ya asumidos por algunos donantes destacados, la posibilidad de alcanzar los objetivos de incremento de la ayuda acordados en Gleneagles (130 000 millones de dólares anuales hasta 2010) es totalmente irrealista a la luz de la situación actual.

4.5   Cada vez son más quienes creen necesarios nuevos recursos que superen en mucho los compromisos de Gleneagles. El PNUD subraya que no se trata sólo de mantener los compromisos, sino también de aumentar sustancialmente los créditos, por ejemplo, destinando al menos el 0,7 % de todos los fondos dedicados a salvar los bancos y a relanzar la economía (fondos que se calculan en unos 7 billones de dólares) a ayudar a los países en desarrollo a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a relanzar el gasto y las inversiones directas a largo plazo en los países pobres. Como ha recordado en distintas ocasiones desde el comienzo de la crisis el Presidente del Banco Mundial, es necesario mucho más para movilizar recursos adicionales con los que ayudar a los países pobres a afrontar las devastadoras consecuencias de la crisis, de la que no son en absoluto responsables. Según estimaciones recientes del Banco Mundial, la cuantía de la financiación necesaria para compensar como mínimo las distintas pérdidas en los países en desarrollo oscila entre los 350 000 y los 635 000 millones de dólares. Son cifras muy alejadas de lo que la comunidad internacional ha demostrado poder movilizar hasta el momento, no sólo en ayuda pública al desarrollo, sino también en otras formas de ayuda y préstamos.

4.6   Por otra parte, si se exceptúan las intenciones manifestadas por la UE, el informe de la OCDE demuestra que, para la mayoría de los donantes bilaterales, la crisis está produciendo un mayor distanciamiento entre compromisos y desembolsos, además de frecuentes retrasos y aplazamientos en los pagos. Está aumentando la cuantía de las ayudas procedentes de países que no forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo, pero su volumen global aún dista mucho de ser suficiente para incidir en las tendencias generales. El total de la ayuda de los países no pertenecientes al Comité de Ayuda al Desarrollo que han facilitado datos a la OCDE fue de 5 600 millones de dólares en 2007.

4.7   Aunque los datos no son completos, la tendencia de las ayudas de los donantes privados es positiva: en 2007 alcanzaron la cifra de 18 600 millones de dólares, con un incremento del 25 % respecto de 2006. Los únicos datos internos que se conocen en Estados Unidos y que no se han transmitido a la OCDE calculan el volumen de los flujos de donantes privados en unos 37 000 millones de dólares en 2007, mientras que muchas de las grandes fundaciones, como la Fundación Gates, han anunciado para 2009 aumentos de hasta el 20 %.

5.   Eficacia de las ayudas y lucha contra la corrupción

5.1   En tiempos de crisis es de la máxima importancia aumentar la eficacia de las ayudas. Ya son evidentes los daños económicos provocados por la falta de previsibilidad de los desembolsos, la fragmentación de las actuaciones y la descoordinación de los donantes. La Comisión ha calculado que la volatilidad de las ayudas públicas al desarrollo puede provocar un incremento del 15-20 % de los costes, mientras que la plena aplicación del programa para la eficacia de las ayudas supondría un ahorro anual de 5 000 a 7 000 millones de euros. Por lo tanto, se hace necesaria una aplicación rápida de lo previsto en la Declaración de París de 2005 y en el Programa de Accra de 2008, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones ya tomadas por la UE, que ciertamente podrían marcar la diferencia: distribución del trabajo entre los Estados miembros y la Comisión, utilización mejorada de la planificación por países, previsibilidad de las ayudas y más responsabilidad en cuanto a los resultados, incluida una menor condicionalidad (5).

5.2   En la OCDE se ha comprobado que los progresos en la mejora de calidad de las ayudas son insuficientes por el momento. A nivel mundial, 225 organismos bilaterales y 242 agencias multilaterales financian cientos de miles de actividades todos los años. A título de ejemplo, en el mundo existen más de 90 fondos para la salud, la OMS rinde cuentas a 4 600 donantes y facilita cada año alrededor de 1 400 informes a los donantes. Cada año, el gobierno de un país en desarrollo recibe y responde, por término medio, unas 200 misiones de donantes oficiales, a las que se suman varios centenares de misiones de donantes privados. Además, la última encuesta de seguimiento de la OCDE demuestra que, como media, sólo el 45 % de las ayudas se entrega en los plazos previstos.

5.3   Por tanto, es precisa una aceleración para alcanzar los objetivos definidos en los foros internacionales. Hace falta, sobre todo, una voluntad política adecuada de los 27 gobiernos de los Estados miembros de la UE:

—	en la transparencia respecto del uso de los doce indicadores previstos por la Declaración de París;

—	en la aplicación de los códigos de conducta de la UE;

—	en acentuar la búsqueda de coherencia entre las políticas, particularmente por lo que se refiere a las políticas de comercio y de desarrollo;

—	en inversiones decididas para una reforma completa del sistema de ayudas internacionales que dé relieve a los agentes no estatales y ponga en marcha una nueva etapa multilateral.

5.4   En el contexto de este planteamiento, también es preciso considerar la enorme cantidad de recursos que se pierden en muchos países en desarrollo por la corrupción y las salidas ilegales de capitales, sobre todo las inversiones ligadas al aprovechamiento de materias primeras y a las grandes infraestructuras. Además, se ha demostrado que una parte considerable de los flujos de las ayudas se pierde por la corrupción, lo cual tiene efectos devastadores para las poblaciones locales y provoca la pérdida de confianza de los contribuyentes de los países donantes. Según el informe de 2009 de Transparency International sobre la corrupción en el mundo, ésta ha alcanzado los 50 000 millones de dólares, casi la mitad el volumen mundial de las ayudas públicas al desarrollo y las inversiones necesarias para garantizar los objetivos de agua potable y sanidad pública. Una clara mejora de la gobernanza, particularmente en lo relativo a la trazabilidad de las ayudas, y unos sistemas de condicionalidad más clara para los desembolsos han de ser uno de los ejes prioritarios de los compromisos tanto de la UE como a nivel multilateral. Es cuando menos lamentable que en la Comunicación no se mencione esta cuestión.

6.   El papel de los agentes privados y de la sociedad civil

6.1   Hoy se reconoce la importancia del papel de los agentes no estatales –que, según la definición del Acuerdo de Cotonú, son el sector privado, los interlocutores socioeconómicos y sobre todo los sindicatos y la sociedad civil en todas sus formas (art. 6)–. Resulta sorprendente que la Comunicación objeto de examen no mencione en modo alguno su papel ante la crisis, más por cuanto son los únicos que han demostrado poder movilizar recursos adicionales. Además, en muchos países pobres las consecuencias de la crisis afectan notablemente al sector privado y reducen la capacidad de acción de los interlocutores sociales y de las distintas organizaciones de la sociedad civil, que ciertamente son esenciales para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

6.2   El pasado 18 de mayo, el Tribunal de Cuentas Europeo dio a conocer su informe especial sobre cómo gestiona la Comisión la participación de los agentes no estatales (6) en la cooperación comunitaria al desarrollo. Al tiempo que manifiesta su gran satisfacción por las crecientes inversiones de fondos comunitarios a través de los agentes no estatales (7), el Tribunal formula tres críticas principales:

—	una participación limitada de los agentes no estatales en el proceso de cooperación, a menudo reducidos a meros ejecutores de proyectos o proveedores de servicios, a los que, en el mejor de los casos, se consulta poco y tarde;

—	una acción insuficiente en el ámbito del aumento de capacidades, que, en cambio, favorece sistemas de comunicación y participación que excluyen de hecho a la mayor parte de las pequeñas y medianas organizaciones de base no urbanas;

—	numerosas carencias en los sistemas de seguimiento y de aplicación de los procedimientos, que a menudo son demasiado complejos y poco comprensibles para muchas organizaciones y que a veces no proporcionan datos apropiados sobre el progreso de las iniciativa ni sobre su impacto final.

6.3   Los problemas señalados por el Tribunal incitan a reiterar decididamente lo que desde hace muchos años afirma el CESE sobre la necesidad de recordar la importancia de invertir en los agentes no estatales, reforzando todos los procedimientos que permiten que verdaderamente se amplíe su participación e incrementando –hasta el 20 %– el volumen de los fondos que se gestionan a través de ellos, como ya defendió el CESE en un dictamen anterior (8).

7.   Hacia una revisión de las ayudas y nuevos instrumentos de financiación

7.1   Hoy resulta obvia la necesidad de llevar a cabo una amplia reforma de las instituciones financieras internacionales, ante todo el Banco Mundial y el FMI, conforme a la inequívoca afirmación de la Conferencia de Naciones Unidades de junio de que las instituciones financieras internacionales deben orientarse claramente al desarrollo y que es preciso reformarlas para que favorezcan la perspectiva, la voz y la participación de los países en desarrollo y reflejen mejor su realidad actual (9).

Ciertamente es paradójico comprobar que, en esta crisis, el 82 % de los préstamos concedidos por el FMI se ha destinado a países de la zona europea y sólo el 1,6 % a países africanos, o que los países más pobres han recibido poco más de 20 000 millones de dólares de un total de 1,1 billones de dólares que se asignaron en la Cumbre del G-20 de Londres el 2 de abril de 2009.

7.2   La UE debe esforzarse por lograr una revisión radical de estas cifras, empezando por considerar más seriamente y poner en práctica la propuesta del Banco Mundial de un nuevo fondo específico contra la vulnerabilidad, destinado particularmente a financiar la seguridad alimentaria, la protección social y el desarrollo humano, para lo cual debe crearse un marco específico y común entre el Banco Mundial y las agencias especializadas de las Naciones Unidas. Asimismo es necesario lograr una nueva emisión de derechos especiales de giro del FMI, al menos por un valor de 250 000 millones de dólares destinados concretamente a aportar liquidez para financiar el desarrollo.

7.3   Además, la actuación de la UE debe servir de motor para que la financiación del comercio y la pronta recuperación de las negociaciones de Doha den la máxima importancia a las necesidades de los países en desarrollo y contemple medidas de ayuda y salvaguarda para los países más pobres y para la seguridad alimentaria.

7.4   Hace tiempo que el CESE está convencido de la necesidad de un trabajo intenso para impulsar y multiplicar nuevos instrumentos de financiación del desarrollo. Lamenta lo poco conseguido hasta el momento e insiste en que es preciso ampliar el alcance de las iniciativas y decisiones más recientes, como el International Finance Facility for Immunization (IFF-Im), de noviembre de 2006, que financia vacunas en los países pobres; los compromisos anticipados de mercado, del mismo período; la iniciativa de la Cumbre del G-8 celebrada en L'Aquila de reducir un 50 % en los próximos cinco años el coste de las transacciones oficiales de las remesas de los emigrantes hacia sus países de origen, que de este modo podrían aumentar su valor unos 13-15 000 millones de dólares anuales. El CESE respalda la propuesta de iniciar finalmente el debate sobre la aplicación de una tasa voluntaria del 0,005 % a las transacciones financieras internacionales (tasa Tobin), que hace poco volvieron a plantear en la Cumbre del G-20 en Pittsburg los gobiernos francés y alemán. Estas nuevas modalidades de financiación, que indudablemente deben seguir siendo adicionales a los compromisos de la ayuda pública al desarrollo, deberían estar ligadas de forma más clara a la consecución de los distintos Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como a los problemas urgentes del cambio climático y a los costes que los países pobres deberán soportar en los próximos años.

7.5   La reflexión sobre la reforma del sistema internacional de ayuda, que oportunamente propone la Comisión en el punto 11 de sus propuestas, es más urgente que nunca, y la UE puede ser un claro líder en esta cuestión, al menos en los puntos siguientes:

—	la creación de un sistema internacional de alerta que pueda controlar durante los próximos años el impacto de la crisis sobre las condiciones de vida de las poblaciones y sobre las perspectivas de desarrollo, a fin de orientar las ayudas y las inversiones;

—	el desarrollo de un sistema riguroso de responsabilización para controlar los progresos y medir la eficacia de las propias acciones, tal como se decidió en la Cumbre del G-8;

—

más inversiones en estabilización de zonas en conflicto, en la construcción institucional, en gestión de crisis, reforzando las capacidades locales y regionales de programación e intervención, incrementando la creación de sistemas universales de protección social y previendo las inversiones necesarias para afrontar los nuevos retos de la seguridad alimentaria y del cambio climático;

—	reforzamiento y ampliación de las posibilidades de acceso al microcrédito para apoyar las iniciativas empresariales que no cuenten con respaldo bancario.

7.6   Convertir la seguridad alimentaria y el «desarrollo verde» en dos objetivos de inversión estratégica a largo plazo puede ser el importante hilo conductor del relanzamiento del sistema de ayudas e inversiones, más importante aún a consecuencia de la crisis. Además, puede generar una utilización más coordinada de los recursos y competencias de países emergentes y representar una oportunidad concreta de asociación económica para Europa y la OCDE.

7.7   Por lo que se refiere a la UE, dos observaciones más:

—

la primera está relacionada con una valoración cuidadosa del desarrollo en los últimos años del instrumento de ayuda presupuestaria, para estudiar si sería oportuno dirigirla más precisamente a cuestiones sectoriales, como la salud, el trabajo digno, la enseñanza y la formación, las infraestructuras, los servicios sociales y el desarrollo verde, tal y como ha apuntado el propio PE (10);

—	la otra se refiere a una revisión de los mandatos en el seno del nuevo grupo de comisarios, en particular confiando de nuevo al Comisario de Desarrollo el control directo de EuropeAid, que hoy corresponde al Comisario de Relaciones Exteriores.

7.8   En el ámbito del desarrollo se descubre como en ningún otro que cada vez es más urgente que la UE hable con una sola voz, que refuerce su capacidad para la acción unitaria y coordinada entre sus Estados miembros en los nuevos escenarios internacionales que surgen de la crisis y abrir posibilidades, tanto en lo que se refiere a su papel como al volumen de recursos y competencias con que ya cuenta. Hoy más que nunca, ante el cambio de agentes en el ámbito internacional, se comprueba que el desarrollo de los países más pobres, y de África en particular, posee un interés estratégico para el desarrollo futuro de Europa (11).

7.9   A consecuencia de la crisis, hoy es una realidad el reforzamiento de la cooperación internacional para combatir la corrupción y la evasión fiscal, particularmente lo que se refiere a la lucha contra los paraísos fiscales. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico ilegal y la evasión fiscal generan entre 1 y 1,6 billones de dólares, de los que la mitad procede de los países en vías de desarrollo o de las economías en fase de transición. De esos 500 000-800 000 millones de dólares, sólo el 3 % corresponde a la corrupción, el 30 % a actividades delictivas y el 67 % a la evasión fiscal. En otras palabras, la evasión fiscal cuesta a los países en desarrollo entre 300 000 y 500 000 millones de dólares, de los que 285 000 están relacionados con el sector informal y 1 60000 con el fraude fiscal en muchas sociedades transnacionales que operan en esos países (12). El CESE insiste en la urgencia de un cambio de rumbo radical en este sector, cambio que hoy parece más realista. Podrían liberarse recursos no previstos para las inversiones y las ayudas al desarrollo, además de permitir la creación de sistemas fiscales más sólidos y equitativos en muchos países pobres, lo cual constituye una base indispensable para reforzar las instituciones y para unas perspectivas firmes de desarrollo a largo plazo.

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(1)  Especialmente la cumbre de la ONU, en enero de 2009, y la del G-8 en L'Aquila, en julio de 2009.

(2)  Véase el dictamen del CESE sobre la Comunicación de la Comisión Integración regional para el desarrollo de los países ACP, DO C 317, 23.12.2009, p. 126. Ponente: Sr. Dantin; coponente: Sr. Jahier.

(3)  Banco Mundial 2009 y Banco Africano de Desarrollo, marzo de 2009. El margen indicado representa los extremos de las previsiones actuales.

(4)  Conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores de la UE, 18 de mayo de 2009.

(5)  COM(2009) 160 final y Consejo de la UE de 22 de julio de 2008.

(6)  La definición de agentes no estatales que emplea el Tribunal en este informe incluye únicamente a las organizaciones de la sociedad civil y excluye al sector privado.

(7)  Según EuropeAid, los importes de los contratos establecidos con los agentes no estatales en 2006 y 2007 pueden calcularse en 836,43 y 915,26 millones de euros, respectivamente (se excluye la ayuda humanitaria gestionada a través de ECHO), equivalentes al 10 % de las ayudas de la UE a los países en desarrollo. Aproximadamente el 50 % de la financiación de ECHO se destina a las ONG (unos 353 millones de euros en 2007).

(8)  Dictamen del Sr. Florio, DO C 234, 2003, «El papel de la sociedad civil en la política europea de desarrollo».

(9)  Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis económica y financiera, junio de 2009.

(10)  Proyecto de Resolución de la Comisión DEVE, septiembre de 2009.

(11)  Véanse el documento DO C 318, 2009 sobre el tema «La UE, África y China» (ponente: Sr. Jahier) y el dictamen sobre el tema «La dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa» (DO C 128, 2010).

(12)  CIDSE, noviembre de 2008.

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