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Tras haber aceptado la metodología de cálculo de los pagos correspondientes a la medida 1a y el resultado de esta, mediante la adopción de la Decisión de Ejecución C(2012) 3529 final, por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Rumanía para el período de programación 2007-2013, la Comisión debió haber asumido su responsabilidad en caso de que, tras las auditorías posteriores, estos fueran considerados contrarios al artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.o 1698/2005.

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Asimismo, la Comisión erró al concluir, tras las auditorías realizadas, que la metodología de cálculo relativa a los pagos correspondientes a la medida 1a provoca una sobrecompensación de los beneficiarios y que infringe con ello el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.o 1698/2005.

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La Comisión aplicó erróneamente tanto el artículo 12, apartados 6 y 7, del Reglamento n.o 907/2014 como sus propias Directrices para el cálculo de las correcciones financieras, cuando determinó el motivo de la aplicación de las correcciones y el tipo de estas últimas.

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La Decisión impugnada infringe el principio de protección de la confianza legítima, en un contexto en el que, con la adopción de la Decisión de Ejecución C(2012) 3529 final, la Comisión creó esperanzas legítimas tanto para las autoridades rumanas como para los beneficiarios en relación con la regularidad de la metodología de cálculo de los pagos correspondientes a la submedida 1a y de su resultado.

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Con su actuación, concretada en posturas divergentes y en la respuesta tardía ofrecida a las autoridades rumanas en relación con una situación provocada por ella misma, la Comisión vulneró los principios de seguridad jurídica y de buena administración.

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La Comisión no ha argumentado de manera suficiente y adecuada, en lo que atañe a la medida 1a, por qué una metodología de cálculo que se presupone errónea da lugar a una situación contemplada en los supuestos regulados por el artículo 12, apartados 6 y 7, del Reglamento n.o 907/2014, o a una irregularidad en el sentido de las Directrices de la Comisión para el cálculo de las correcciones financieras, ni tampoco su posición oscilante sobre la calificación jurídica de una metodología de cálculo que se presupone errónea.