—

La normativa de la Unión Europea no contiene ninguna disposición que confiera a la Comisión la competencia para imponer a un Estado miembro una obligación de pago de un importe correspondiente a la pérdida de recursos propios de la UE, generada por una condonación de derechos aduaneros decida por otro Estado miembro que era el responsable de la liquidación, recaudación y transferencia de los mismos al presupuesto de la Unión Europea como recursos propios tradicionales.

—

La decisión impugnada carece de la motivación suficiente y adecuada exigida por el artículo 296 TFUE. Además, la decisión impugnada no contiene el fundamento jurídico que sirvió de base para su adopción ni éste puede deducirse de otros elementos de la misiva de la Comisión. Por otra parte, la Comisión no expuso, en el contenido de la decisión impugnada, el razonamiento jurídico que la llevó a imponer a Rumanía la obligación de pago en concepto de compensación de daños por la pérdida de recursos propios tradicionales de la Unión Europea, generada por la condonación de una deuda aduanera notificada por otro Estado miembro.

—

La Comisión incumplió su deber de diligencia y de buena administración al no examinar atentamente toda la información pertinente que obraba en su poder ni solicitar otra información necesaria antes de adoptar la decisión impugnada. La Comisión no ha demostrado una relación directa de causalidad entre los hechos reprochados a Rumanía y la pérdida de recursos propios de la Unión Europea. La Comisión tampoco ha acreditado la relación entre el importe reclamado a Rumanía y el importe de los derechos aduaneros que corresponden por el valor del tránsito en cuestión, basándose suficientemente en el valor condonado por la República Federal de Alemania.

—

Las actuaciones de la Comisión carecieron de previsibilidad y no permitieron a Rumanía ejercitar su derecho de defensa.

—

Las normas jurídicas en que la Comisión se basó para imponer la obligación de pago mediante la decisión impugnada no se identifican ni se precisan en ella, ni la aplicación de las mismas fue previsible para Rumanía. El Estado Rumano no pudo prever ni conocer, antes de recibir la misiva de la Comisión, la obligación de poner a disposición de esta última el importe solicitado, correspondiente a la pérdida de recursos propios de la UE. Asimismo, al adoptar la decisión impugnada e imponer a Rumanía la obligación de pago cuatro años después de que sucedieran los hechos y a pesar de lo que la Comisión concluyó en el diálogo que durante ese periodo sostuvo con las autoridades rumanas, la Comisión violó la confianza legítima de Rumanía por lo que respecta a la inexistencia de una obligación económica en relación con el pago de la deuda aduanera de que se trata y, en consecuencia, de alguna obligación frente al presupuesto de la Unión Europea.