a)

reducción de las exenciones fiscales, en particular del mínimo exento del impuesto sobre la renta, con el fin de aumentar los ingresos en al menos 2 831 millones EUR en 2012;

b)

aplicación de un impuesto permanente sobre el capital inmobiliario, recaudado por medio de las facturas de electricidad, con el fin de ingresar al menos 1 667 millones EUR en 2011, y 1 750 millones EUR anuales a partir de 2012;

c)

aplicación inmediata de la tabla salarial revisada de los funcionarios, lo que contribuirá a reducir el gasto en al menos 101 millones EUR en 2011, acompañada de una prórroga de al menos 552 millones EUR para 2012, que se añadirían a los ahorros previstos en la EPMP, que abarca hasta 2015. Esta reforma englobará a todos los empleados públicos, salvo aquellos a los que se aplican regímenes salariales especiales. Estos ahorros netos tienen en cuenta el efecto de esta medida en la recaudación del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales, así como las bonificaciones que deben pagarse a determinadas categorías de trabajadores;

d)

recorte de las pensiones principales y complementarias, así como de los importes a tanto alzado que se abonan en el momento de la jubilación, con el objetivo de ahorrar al menos 219 millones EUR en 2011, con una prórroga de 446 millones EUR en 2012, que se añadirían a los ahorros previstos en la EPMP;

e)

limitación del gasto del Fondo Verde al 5 % de sus depósitos con el objetivo de ahorrar 360 millones EUR en 2012;

f)

decisiones o circulares ministeriales sobre medidas relacionadas con los impuestos especiales aplicables al gas natural, con los combustibles para calefacción y con el impuesto sobre los vehículos, previstas en la EPMP;

g)

decisiones ministeriales sobre la regulación uniforme de las prestaciones sanitarias de los organismos de la seguridad social;

h)

normas sobre la recaudación de la sobretasa de solidaridad mediante retenciones de impuestos;

i)

decisiones ministeriales que pongan en marcha la liquidación, fusión o reducción importante del tamaño de las entidades siguientes: KED, ETA, ODDY, Instituto Nacional de la Juventud, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE, ERT y otras 35 entidades menores;

j)

una decisión ministerial que especifique los criterios aplicables para la atribución de las pensiones de invalidez, que sean coherentes con los objetivos de ahorro de la EPMP;

k)

una ley para congelar la indexación de las pensiones principales y complementarias hasta 2015;

l)

finalización de la lista de productos farmacéuticos que fija los precios que se cobran a los organismos de la seguridad social;

m)

transferencia al fondo de privatización «Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos» (HRADF) de los activos siguientes: Alpha Bank (0,619 % de las acciones); Banco Nacional de Grecia (1,234 % de las acciones); Piraeus Bank (1,308 % de las acciones); Autoridad Portuaria del Pireo (23,1 % de las acciones); Autoridad Portuaria de Salónica (23,3 % de las acciones); autoridades portuarias de Elefsina, Lavrio, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volos, Kavala, Corfú, Patras, Rafina y Heraclión (100 %); Compañía de Aguas y Saneamiento de Atenas (27,3 %); Compañía de Aguas y Saneamiento de Salónica (40 %); aeropuertos estatales regionales (transferencia de derechos de concesión); instalación marina de almacenamiento de gas natural de «Kavala Meridional» (transferencia de derechos de concesiones actuales y futuras); autopistas helénicas (transferencia de derechos de concesiones actuales y futuras); Egnatia Odos (100 %); Servicio de Correos Griego (90 %); OPAP, SA (29 %) y cuatro edificios estatales;

n)

nombramiento de los asesores legales, técnicos y financieros como mínimo para catorce de las privatizaciones que están previstas hasta finales de 2012;

o)

basándose en el diálogo con los agentes sociales y habida cuenta del objetivo de crear y conservar puestos de trabajo y mejorar la competitividad de las empresas, adopción de nuevas medidas que permitan la adaptación de los salarios a las condiciones económicas. En concreto, se suspenderá la prórroga de los convenios colectivos profesionales y sectoriales y el denominado «principio de causa más favorable» durante el período de aplicación de la EPMP, de tal modo que los convenios de ámbito empresarial tengan prioridad sobre los sectoriales y profesionales; además, los contratos colectivos de ámbito empresarial podrán firmarlos los sindicatos o, en caso de que una empresa carezca de ellos, los comités de empresa u otros órganos de representación de los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa.».

a)

La letra a) se sustituye por el texto siguiente:

b)

La letra d) se sustituye por el texto siguiente:

c)

Se añaden las letras siguientes:

«c)

inicio de la segunda fase de la actual revisión del funcionamiento de los programas sociales, que comprende una revisión más detallada de los programas específicos, con el fin de reducir la fragmentación excesiva, generar ahorros y fomentar la eficiencia;

d)

cobertura de todos los actos médicos mediante prescripciones electrónicas (medicamentos, traslados, diagnósticos, cirugía), tanto en los establecimientos del sistema nacional de sanidad (SNS), como en los centros contratados por EOPYY y los organismos de la seguridad social; elaboración mensual de informes detallados de auditoría por parte de los establecimientos del SNS y por proveedores; menor participación en los costes de medicamentos genéricos cuyo precio sea significativamente inferior al precio de referencia (inferior al 60 % del precio de referencia), según la experiencia de otros Estados miembros; publicación por los organismos de la seguridad social de un informe anual sobre la prescripción de medicamentos; adopción por parte de todos los hospitales de registros de compromisos;

e)

adquisición centralizada de productos farmacéuticos y bienes médicos para el SNS a través del comité de coordinación de suministros con el apoyo del comité de especificaciones, para lo que se utilizará el sistema de codificación uniforme de suministros médicos y farmacéuticos;

f)

con el fin de reforzar el control del gasto, adopción de normas para racionalizar el procedimiento de presentación y aprobación de presupuestos suplementarios; continuación del proceso de implantación de registros de compromisos, que debe incluir al conjunto de las administraciones públicas.».

a)

preparación de las medidas que habrá que adoptar conjuntamente con el presupuesto de 2013 y conjuntamente con el presupuesto de 2014 y comienzo de una revisión de los programas de gasto público con el fin de determinar medidas que supongan el 3 % del PIB. La revisión se llevará a cabo recurriendo a asistencia técnica externa y se centrará en las pensiones y transferencias sociales (de modo que se conserve la protección social básica); reducción del gasto en defensa sin causar perjuicio a la capacidad defensiva del país; reestructuración de la Administración central y de las locales; ajustes de los regímenes salariales especiales; racionalización adicional del gasto farmacéutico y de los gastos de funcionamiento de los hospitales, y de las prestaciones pecuniarias de asistencia social.».