—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Tayikistán,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

—

Visto el 12.o diálogo anual UE-Tayikistán sobre derechos humanos,

—

Vista la declaración de la UE sobre los últimos acontecimientos en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán (Tayikistán) en el Consejo Permanente n.o 1375 de la OSCE, celebrado en Viena el 26 de mayo de 2022,

—

Vista la declaración conjunta de la Delegación de la Unión Europea en Tayikistán y las embajadas de Francia, Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, de 18 de mayo de 2022, sobre los acontecimientos en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán,

—

Vista la carta conjunta de los relatores especiales de las Naciones Unidas al Gobierno de Tayikistán, de 11 de marzo de 2022,

—

Vista la declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, de 20 de mayo de 2022,

—

Vistos los informes y las declaraciones anteriores de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Tayikistán,

—

Visto el resultado del examen periódico universal sobre Tayikistán del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 23 de marzo de 2022,

—

Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que en mayo de 2022 estallaron protestas en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán, después de meses de persecución de residentes locales tras las protestas de noviembre de 2021; que los ciudadanos tayikos de la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán estaban ejerciendo pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de reunión para protestar por los abusos contra su comunidad cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad iniciaron una violenta represión;

B.

Considerando que, el 25 de noviembre de 2021, un grupo de agentes policiales torturó y asesinó a Gulbiddin Ziyobekov, un joven representante de la minoría pamiri al que acusaron de atacar a un fiscal adjunto; que, tras su muerte, se produjeron protestas civiles pacíficas en las que se exigió una investigación de las circunstancias del asesinato, la retirada de la mayoría de los militares estacionados en Jorog, el desmantelamiento de los puestos de control militares en Jorog y la destitución del recién nombrado gobernador Alisher Mirzonabotov; que, como consecuencia de ello, la policía abrió fuego contra la multitud, mató a varios manifestantes e hirió a muchos otros;

C.

Considerando que, entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, el Gobierno y los dirigentes de las protestas intentaron negociar una resolución de la crisis; que, el 16 de mayo de 2022, se reanudaron las propuestas como reacción a la falta de una investigación sobre el asesinato de Gulbiddin Ziyobekov en noviembre de 2021;

D.

Considerando que las autoridades tayikas afirman que las protestas fueron organizadas por grupos delictivos con conexiones con organizaciones terroristas; que la policía dispersó violentamente las protestas, con el apoyo militar desplegado desde la capital, Dusambé; que, el 18 de mayo de 2022, las autoridades tayikas anunciaron una «operación antiterrorista» especial y, al parecer, utilizaron granadas de gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes;

E.

Considerando que las organizaciones de derechos humanos han acusado a las autoridades tayikas de violar los derechos humanos fundamentales, dado que se han denunciado casos de tortura contra detenidos, secuestros y saqueos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad; que varias personas fueron asesinadas durante los enfrentamientos violentos, y se notificaron presuntas ejecuciones extrajudiciales; que la policía tayika detuvo a un número considerable de habitantes de la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán en relación con las protestas;

F.

Considerando que los medios de comunicación independientes y la sociedad civil son cada vez más objeto de intimidación, detenciones arbitrarias y ataques; que Ulfatjonim Mamadshoeva, representante destacada de la minoría pamiri, periodista independiente y activista en favor de los derechos civiles, fue detenida arbitrariamente y acusada del delito de incitación pública a la violencia para forzar al Gobierno a modificar el orden constitucional; que se enfrenta a una pena de hasta quince años de prisión; que la policía ha clasificado su caso como «secreto», lo que imposibilita la supervisión del mismo;

G.

Considerando que la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión han sido continuamente reprimidas en el país desde 2015, y que los recientes actos de violencia en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán han aumentado aún más la presión ejercida sobre los medios de comunicación para que no informen de los acontecimientos, bajo la amenaza de cierre, o para que informen únicamente de la versión de los hechos apoyada por el Estado, incluidas las campañas de difamación contra residentes locales; que, recientemente, un tribunal de Dusambé ordenó que dos blogueros independientes, Daleri Imomali y Abdullo Ghurbati, fueran privados de libertad durante dos meses a la espera de juicio por haber cooperado con organizaciones y partidos políticos prohibidos y por atacar supuestamente a un agente de policía;

H.

Considerando que al menos trece miembros de la organización de la sociedad civil «Comisión 44», incluidos el director de la Asociación de Abogados del Pamir, Manuchejr Joliknazarov, y Faromuz Irgashov y Jursy Mamadshoev, fueron detenidos los días 28 y 29 de mayo de 2022 en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán por acusaciones falsas;

I.

Considerando que, en mayo, el Gobierno central cortó la conexión a internet y las conexiones móviles de la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán; que ya se habían cortado las conexiones en noviembre y que solo se restablecieron parcialmente a finales de marzo, de manera que se dejó a los residentes de la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán sin internet durante cuatro meses; que esto ha dificultado enormemente la comunicación de las organizaciones internacionales de la sociedad civil con la región y ha privado a la población de la región de su derecho de acceso a la información;

J.

Considerando que la mayoría de la población de la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán pertenece a una minoría lingüística y religiosa; que la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán se ha distinguido tradicionalmente por tener una sociedad civil y un sector no gubernamental relativamente fuertes y bien desarrollados; que, desde 2012, el acoso y la persecución por parte de las autoridades tayikas en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán han dado lugar periódicamente a enfrentamientos violentos entre la población y el ejército; que bajo el mandato del actual presidente, Emomali Rahmon, la Provincia Autónoma ha ido cayendo gradualmente bajo el control total de las autoridades tayikas, como resultado de la destitución de los líderes locales del Gobierno y la represión de la sociedad civil y los periodistas en particular;

K.

Considerando que la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán es la región más pobre de Tayikistán, con la tasa de desempleo más elevada, y sufre una distribución desigual de los ingresos procedentes de la explotación de minas de piedra preciosa, el principal recurso natural de la provincia; que la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán se ha visto gravemente afectada desde el punto de vista económico por la guerra ilegal, injustificada y no provocada por Rusia de agresión contra Ucrania y las consiguientes sanciones económicas;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.