—

Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los objetivos establecidos en el artículo 3 del TUE, en particular la lucha contra la exclusión social y la discriminación, el fomento de la justicia social, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño, así como la cohesión económica, social y territorial,

—

Vistos el artículo 8 sobre la integración de la perspectiva de género, que consagra el objetivo de la Unión de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, y la cláusula social horizontal del artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los objetivos de la política social establecidos en los artículos 151 y 153 del TFUE,

—

Vista la Carta Social Europea revisada, en particular sus artículos 15, sobre el derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación, y 23, sobre el derecho de las personas de edad avanzada a protección social,

—

Vistos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular su artículo 25, sobre el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, ysu artículo 26, sobre la integración de las personas discapacitadas, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tal y como menciona el artículo 6 del TFUE,

—

Visto el primer principio del pilar europeo de derechos sociales y, en particular, su decimoséptimo principio sobre la inclusión de las personas con discapacidad, y su decimoctavo principio, sobre el derecho a los cuidados de larga duración,

—

Vistos la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030) y el marco de la OMS para que los países consigan una continuidad integrada de cuidados de larga duración (1),

—

Visto el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y sus objetivos principales de aquí a 2030,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular los objetivos n.o 3 sobre «Salud y bienestar», n.o 5 sobre «Igualdad de género», n.o 8 sobre «Trabajo decente y crecimiento económico» y n.o 10 sobre «Reducción de las desigualdades»,

—

Vistos el informe temático A/75/2020 de la experta independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores, de 22 de julio de 2020, sobre el impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores (2) y su declaración sobre la autonomía y los cuidados de las personas mayores ante la 30.a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (3),

—

Vistos los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y, en particular, el Convenio sobre el Personal de Enfermería (Convenio n.o 149) de 1977 y su Recomendación adjunta n.o 157, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (Convenio n.o 183) de 2000 y su Recomendación adjunta n.o 191, el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (Convenio n.o 189) de 2011 y su Recomendación adjunta n.o 201, el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (Convenio n.o 190) de 2019 y su Recomendación adjunta n.o 206 y la Recomendación n.o 202 sobre los Pisos de Protección Social,

—

Visto el informe de la OIT, de 19 de diciembre de 2019, titulado «The Employment Generation Impact of Meeting SDG Targets in Early Childhood Care, Education, Health and Long-Term Care in 45 Countries» (El impacto en la creación de empleo de la consecución de los ODS en el cuidado de la primera infancia, la educación, la salud y los cuidados de larga duración en 45 países),

—

Vista la Resolución de la OIT en relación con un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente, adoptada en la 109.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2021,

—

Visto el informe de la Organización Internacional del Trabajo, de 7 de marzo de 2022, titulado «Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work» (Los cuidados en el trabajo: invertir en permisos y servicios de cuidados para un mundo laboral con más igualdad de género),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vistas las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen,

—

Visto el programa de trabajo de la Comisión para 2022,

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (4),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (5),

—

Visto el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE) (6),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/522, por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 2021-2027 (7),

—

Vista la iniciativa conjunta de la OCDE y de la Comisión titulada «State of Health» (Estado de la salud),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (8),

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (9),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (10),

—

Vista la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (11),

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (12),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

—

Visto el plan de acción de la Comisión para impulsar la economía social y crear puestos de trabajo, de 9 de diciembre de 2021,

—

Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el envejecimiento, de 27 de enero de 2021 (COM(2021)0050),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «A Long-Term Vision for Rural Areas» (Una visión a largo plazo para las zonas rurales) de 2021,

—

Vista la Declaración Ministerial adoptada con motivo de la cuarta Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en Lisboa el 22 de septiembre de 2017 titulada «A Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer» (Una sociedad sostenible para todas las edades: aprovechar las posibilidades que brinda la prolongación de la esperanza de vida),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento (COM(2021)0093),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (COM(2020)0682),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) SOC/687-EESC-2021, de 19 de enero de 2022, titulado «Hacia un nuevo modelo asistencial para las personas mayores: aprender de la COVID-19»,

—

Visto el Dictamen SOC/535-EESC-2016 del Comité Económico y Social Europeo (CESE), de 21 de septiembre de 2012, titulado «Derechos de los cuidadores domésticos internos»,

—

Visto el informe sobre los cuidados de larga duración de 2021 elaborado por el Comité de Protección Social y la Comisión Europea (DG EMPL) titulado «Trends, challenges and opportunities in an ageing society» (Tendencias, retos y oportunidades en una sociedad que envejece),

—

Vista la opinión del panel de expertos, de 23 de junio de 2021, sobre las maneras eficaces de invertir en salud titulada «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Apoyo a la salud mental del personal sanitario y otros trabajadores esenciales),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo EPSCO, de 14 de junio de 2021, sobre las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 en la igualdad de género (ST/8884-21),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (13),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (14),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género (15),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Plan de Acción en materia de Género III de la UE (16),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos (17),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad (18),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre los derechos de la infancia a la luz de la Estrategia de la UE sobre los derechos del niño (19),

—

Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19 (20),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada (21),

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas (22),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, sobre el envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020 (23),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101),

—

Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (24),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad (25),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2021, titulada «Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 — La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación» (COM(2021)0323),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020 (incluida una mejor protección de los trabajadores frente a la exposición a sustancias nocivas, el estrés laboral y las lesiones por movimientos repetitivos) (26),

—

Visto el informe del ETUI y la FSESP sobre la transparencia retributiva y el papel de la evaluación y la clasificación del empleo neutras respecto al género en los servicios públicos,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia (27),

—

Vistas las actividades de la ALE y, en particular, la de colaborar con los Estados miembros en la lucha contra el trabajo no declarado,

—

Visto el índice de igualdad de género de 2021 elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y su enfoque temático sobre la salud,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0189/2022),

A.

Considerando que los derechos sociales forman parte de los derechos humanos y constitucionales, los derechos de la mujer son derechos humanos fundamentales y que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el TEDH y la Carta subrayan que los derechos humanos forman parte del Estado de Derecho; que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece iniciativas concretas relativas a la aplicación de principios que son esenciales para construir una Europa social más fuerte en pro de unas transiciones y una recuperación justas, como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el equilibrio entre vida profesional y vida privada, la atención a la infancia y el apoyo a los niños y la inclusión de las personas con discapacidad y en cuidados de larga duración; que ampliar y reforzar el valor y los derechos de la mano de obra del sector de los cuidados será un requisito previo para la aplicación de estas iniciativas, incluidas las relacionadas específicamente con los principios 17 y 18; que el Semestre Europeo y el cuadro de indicadores sociales deben utilizarse para reforzar una sociedad más justa, igualitaria, sostenible y resiliente; que el disfrute del más alto nivel posible de salud es un derecho fundamental y que debe garantizarse y aplicarse un alto nivel de protección de la salud a través de todas las políticas y actividades de la Unión; que el acceso a servicios públicos de calidad es un factor decisivo para la calidad de vida como parte de la estrategia de cuidados y el aumento de las inversiones en el sector;

B.

Considerando que los niños representan el 18,3 % de la población de la Unión (28); que en 2020 el 47,5 % de los hogares en la Unión tenían al menos un niño y el 14 % de los hogares estaban compuestos por niños y un progenitor soltero, en su mayoría mujeres (29);

C.

Considerando que la inmensa mayoría de los cuidadores, profesionales y no profesionales, remunerados y no remunerados, son mujeres; que las responsabilidades de cuidado en el hogar influyen en la capacidad, la duración y el tipo de trabajo remunerado que pueden asumir las mujeres a lo largo de su ciclo de vida laboral, por lo que afectan a su participación en la vida social, económica, cultural y política; que los estereotipos sobre que las mujeres son mejores cuidadoras y la percepción de que los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados son «trabajo de mujeres» refuerzan el modelo de «hombre sostén económico / mujer cuidadora» que sigue configurando el acceso a los derechos sociales, lo que repercute en la independencia económica de las mujeres y contribuye a la infravaloración y la invisibilidad económica de los cuidados, especialmente a la contribución de los cuidadores familiares, así como de los cuidadores en instituciones públicas y privadas;

D.

Considerando que los cuidadores no profesionales, en su inmensa mayoría mujeres, sin condiciones de trabajo justas y casi siempre no remunerados o sin un apoyo social adecuado, prestan el 80 % del total de los cuidados de larga duración en Europa (30), lo que hace de los cuidados un ámbito sumamente determinado por el género; que la prestación de cuidados no profesionales está asociada a la falta de derechos como las bajas por enfermedad y las vacaciones anuales, así como a la reducción de las tasas de empleo por los permisos de maternidad, paternidad y parentales, al aumento de las tasas de pobreza y exclusión social, a una menor salud mental y mayores sentimientos de aislamiento social y soledad, lo deteriora su salud física y mental, su bienestar y su inclusión social; que se estima que la contribución de las mujeres en trabajo de cuidados no remunerado añade 11 000 000 000 000 USD (31) a la economía mundial cada año, lo que equivale al 9 % del PIB mundial (32);

E.

Considerando que el 15,4 % de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación se halla en esta situación porque están cuidando de niños o adultos discapacitados o tienen otras responsabilidades familiares; que el 88 % de esos jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación son mujeres (33);

F.

Considerando que es necesario reconocer que todos los seres humanos dependen de los cuidados en distinta medida en función, entre otras cosas, de la edad, la situación socioeconómica, la constitución física y el contexto personal desde la infancia hasta la vejez; que los cuidados deben diferenciarse del apoyo a las personas con discapacidad o con problemas de salud; que el valor social y económico del trabajo de prestación de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, no se valora ni reconoce y debe reevaluarse y situarse en el centro de las políticas económicas; que deben abordarse urgentemente las repercusiones sociales, en materia de igualdad de género y económicas de las personas con responsabilidades asistenciales, en particular a la vista de los cambios demográficos;

G.

Considerando que todos los Estados miembros y la Unión están vinculados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD), incluido su artículo 19 sobre la adopción de medidas eficaces y adecuadas para garantizar la igualdad de todas las personas con discapacidad en cuanto a su derecho a vivir de forma independiente, a participar y a ser incluidas en la comunidad; que un acceso equitativo y efectivo a unos servicios de cuidados y apoyo de calidad y asequibles constituye un requisito previo esencial para la vida independiente de las personas con discapacidad, su participación en la vida comunitaria y su inclusión social;

H.

Considerando que los cuidados abarcan todos los servicios que apoyan la autonomía e independencia de las personas necesitadas de cuidados, así como las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales, personales y domésticas de las personas y grupos en situaciones vulnerables; que los cuidados deben reconocerse como un derecho que garantiza el ejercicio igualitario de los derechos, la dignidad, la autonomía, la inclusión y el bienestar de todas las personas necesitadas de cuidados; que la Unión puede complementar y apoyar la acción de los Estados miembros en la mejora de los servicios de cuidados, tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los prestan;

I.

Considerando que el trabajo de cuidados se refiere a una variedad de servicios prestados por personas, familias, comunidades, proveedores de servicios remunerados, organizaciones públicas e instituciones estatales en diferentes tipos de contextos, desde instituciones hasta hogares privados;

J.

Considerando que la Comisión define los servicios personales y domésticos como un amplio abanico de actividades que contribuyen al bienestar en el hogar de las familias y las personas, que incluyen la atención a la infancia, los cuidados de larga duración y a personas con discapacidad, las tareas domésticas, las clases de recuperación, las reparaciones domésticas, la jardinería y la asistencia informática; que los servicios personales y domésticos incluyen servicios asistenciales y no asistenciales, directos e indirectos; que, a nivel mundial, los servicios personales y domésticos suelen describirse bajo el término «trabajo doméstico»; que, por tanto, al incluir a los trabajadores domésticos en la mano de obra del sector de los cuidados se reconoce que la prestación de cuidados no solo incluye los cuidados personales, sino también los cuidados indirectos no relacionales, que proporcionan las condiciones previas necesarias para la prestación de cuidados personales; que, en los servicios personales y domésticos, las actividades de cuidados y distintas de los cuidados están muy interrelacionadas y que una gran proporción de los trabajadores realizan ambas, y, por tanto, forman parte de la mano de obra del sector de los cuidados;

K.

Considerando que el acceso a cuidados de calidad y la creación de entornos adaptados a las personas mayores resultan esenciales para un vida más larga, saludable y activa; que se prevé que el número de personas necesitadas de cuidados de larga duración en la Unión aumente de 30,8 millones en 2019 a 38,1 millones en 2050 (34); que varios Estados miembros ya se enfrentan a una escasez de mano de obra en el sector de los cuidados de larga duración, que no puede sino aumentar a medida que aumenta la demanda de cuidados de larga duración; que esto requiere inversiones en la mano de obra y sus condiciones dignas de empleo y de trabajo;

L.

Considerando que la crisis de la COVID-19 puso de relieve el papel clave desempeñado por los trabajadores de los servicios personales y domésticos dentro de nuestras sociedades, demostrando la necesidad urgente de garantizar el pleno reconocimiento de estos trabajadores en todos los Estados miembros, junto con su derecho a la negociación colectiva, seguridad social y protección social; que, debido a la persistente falta de reconocimiento adecuado de estos trabajadores en varios Estados miembros, muchos de ellos han perdido su empleo durante la pandemia de COVID-19 sin poder beneficiarse de una compensación salarial estatal ni de planes de conservación del empleo; que la pandemia acarreó la pérdida del alojamiento para muchos trabajadores de los servicios personales y domésticos, además de exponerlos a violencia y acoso en el trabajo;

M.

Considerando que, a pesar de que, a lo largo de la vida, cada persona asume al menos una vez el papel de cuidador y de beneficiario de los cuidados, existen estigmas y estereotipos en torno a la interdependencia, la discapacidad física o mental, la enfermedad, la debilidad y la necesidad de cuidados y apoyo que se interrelacionan con otros motivos de discriminación, como el género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, la nacionalidad, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, así como los entornos socioeconómicos desfavorecidos, la inmigración y otros contextos vulnerables, lo que agrava el riesgo de pobreza o exclusión social;

N.

Considerando que la población de la Unión está envejeciendo y que el 19 % de los ciudadanos de la Unión tenía sesenta y cinco años o más en 2018 (35); que la discriminación por edad y las necesidades de cuidados no satisfechas, no detectadas o no reconocidas siguen siendo un problema persistente en Europa; que el número de personas que dependen de la asistencia de otras personas o que tienen necesidades sanitarias y de cuidados de larga duración aumenta con la edad;

O.

Considerando que las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas se hallan entre las enfermedades no transmisibles con mayor prevalencia y más discapacitantes y onerosas del mundo, afectan a más de 100 millones de europeos y representan más del 50 % de los años vividos con discapacidad en Europa; que, debido a su prevalencia, sus consecuencias discapacitantes y su relación con la alta incidencia de comorbilidades, las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas constituyen una fuente significativa de demanda de cuidados de larga duración profesionales y no profesionales en Europa;

P.

Considerando que muchos trabajadores asistenciales y domésticos pertenecen a una minoría étnica o son migrantes (36) que se enfrentan a una situación muy precaria y sufren discriminación interseccional debido a su raza u origen étnico, género, situación socioeconómica y nacionalidad, y que prestan servicios de cuidados internos con horarios a menudo ilimitados, lo que vulnera la legislación sobre el tiempo de trabajo en la economía profesional y no profesional; que estos trabajadores son en su mayoría mujeres sin un contrato de trabajo oficial, por lo que son más vulnerables a la explotación y a menudo carecen de acceso a sus derechos, en particular a un trabajo digno y a la protección social;

Q.

Considerando la falta de servicios asistenciales de alta calidad, accesibles, disponibles y asequibles en todos los Estados miembros, en particular en las regiones rurales especialmente afectadas por el envejecimiento de la población; que el seguimiento de los cuidados profesionales y no profesionales y de la forma y los medios de los servicios asistenciales existentes se ve obstaculizado por la falta de datos, incluidos datos desglosados, la falta de indicadores de calidad, como la Encuesta Europea sobre el Uso del Tiempo (ETUS) de la evaluación y el seguimiento de los servicios prestados, la aplicación de hojas de ruta de y la falta de conocimientos entre los proveedores de asistencia sanitaria sobre las enfermedades incapacitantes temporales;

R.

Considerando que uno de los derechos más fundamentales en relación con los cuidados y el apoyo es el derecho a elegir el tipo de servicio y la ubicación del mismo; que el derecho a elegir el propio tipo de cuidados a menudo se ve socavado por la disponibilidad insuficiente de ayuda a domicilio y de asistencia personal; que la asistencia personal recibe con demasiada frecuencia un apoyo insuficiente por parte de los Estados miembros y sigue siendo inasequible para demasiadas personas; que hasta el 75 % de las personas mayores necesitadas de cuidados de larga duración informan de que se encontrarían por debajo del umbral de riesgo de pobreza si se vieran forzadas a adquirir servicios de cuidados domésticos a pleno coste de mercado (37); que, incluso en la mayoría de países más desarrollados en términos económicos, los sistemas de protección social cubren menos del 40 % de los costes totales de los cuidados de larga duración para las personas con necesidades moderadas (38); que los Estados miembros deben garantizar la prestación de servicios asistenciales de calidad, con financiación adecuada y que funcionen correctamente, y sistemas de protección social, así como una mejor integración de los cuidados de larga duración de calidad en ellos, lo que reviste una importancia crucial para mejorar la justicia social y contribuirá a la igualdad de género;

S.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado y hecho más visibles las desigualdades y los retos existentes y puesto de manifiesto los numerosos problemas estructurales arraigados en el sistema europeo de asistencia social, como los insuficiencia de recursos en los centros asistenciales y los sistemas sanitarios o la falta de inversión en lo que respecta al acceso a los cuidados profesionales y a los servicios domésticos, incluidos los tratamientos médicos oportunos, asequibles y de alta calidad, y ha puesto de relieve las crisis preexistentes en el sector asistencial debido al gran aumento de la carga de trabajo en el sector, la escasez de mano de obra asistencial, la falta de financiación, la tensión de los sistemas de asistencia sanitaria, la dependencia excesiva de cuidados no profesionales no remunerados o el trabajo no declarado; que esto aumenta los riesgos psicosociales que afrontan los cuidadores que siguen en el sector, en su mayoría mujeres; que los retos derivados de la pandemia han provocado soledad y aislamiento social y aumentado el riesgo de abusos, abandono, deterioro de la salud física y mental de las personas necesitadas de cuidados y el bienestar general de todas las generaciones en toda la Unión, en particular cuando los niveles de inversión en cuidados previos a la pandemia eran inferiores (39); que estos efectos a largo plazo en la salud y el bienestar de las personas, así como sus consecuencias sociales y económicas, aún deben evaluarse e integrarse de forma plena en los ámbitos políticos pertinentes;

T.

Considerando que las necesidades de los cuidadores no profesionales no están cubiertas en Europa y que la pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las dificultades a las que se enfrentan estos cuidadores y las personas que reciben sus cuidados y ha puesto de manifiesto la dependencia desproporcionada de las mujeres y las niñas (40); que la falta de reconocimiento de los trabajadores de los servicios personales y domésticos o la clasificación errónea de su situación laboral provocaron que muchos de los que perdieron el puesto de trabajo durante la pandemia de COVID-19 no pudieran acceder a las medidas de protección social;

U.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades de género existentes, en particular en lo que respecta al aumento del trabajo asistencial no remunerado y del desequilibrio entre la vida profesional y la vida privada, y ha dado lugar a una doble carga para muchas mujeres, que tuvieron que asumir turnos de trabajo más largos y cuidados no profesionales adicionales en el hogar; que, antes de la pandemia de COVID-19 (41), un 37,5 % de las mujeres de la Unión cuidaban cada día de niños, personas mayores o personas con discapacidad, en comparación con un 24,7 % de los hombres; que la pandemia supuso un aumento de una media de trece horas adicionales de trabajo no remunerado por semana para las mujeres (42); que las mujeres que trabajan desde casa, a tiempo parcial o se encuentran en situación de desempleo se han visto sometidas a una presión incluso mayor, dado que han seguido realizando la mayoría de las responsabilidades de cuidados familiares y del trabajo doméstico (43); que todavía no se conocen totalmente los efectos de la pandemia de COVID-19, que seguirá teniendo un impacto socioeconómico en las mujeres;

V.

Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud, hasta la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa correspondieron a residentes de instalaciones de cuidados de larga duración (44); que más del 70 % de los trabajadores sociales y sanitarios que lucharon contra la COVID-19 en primera línea eran mujeres, muchas de las cuales se enfrentaron a los efectos a corto y largo plazo de la infección por COVID-19, fueron aisladas y experimentaron niveles sin precedentes de estrés, ansiedad, depresión, suicidios e incluso trastornos por estrés postraumático; que, en 2021, el 30 % de los enfermeros abandonaron la profesión en la Unión (45); que la elevada incidencia y las altas tasas de mortalidad de la COVID-19 en instalaciones de cuidados de larga duración, en particular debido a la falta de acceso a equipos de protección, pruebas y tratamiento médico, pusieron de relieve las debilidades sistémicas relacionadas con una transición demasiado lenta de la asistencia institucional a los servicios de cuidados en la familia o en la comunidad, la escasez de personal resultante de las dificultades para atraer y retener a trabajadores, las malas condiciones de empleo y de trabajo, la falta de oportunidades de desarrollo profesional para los trabajadores del sector de los cuidados y las dificultades para los cuidadores transfronterizos, así como la falta de apoyo y acceso a la seguridad social para los cuidadores no profesionales;

W.

Considerando que, además de las necesidades médicas no satisfechas, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo significativo en el acceso a la educación, la vivienda digna y los servicios que son esenciales para el bienestar y el desarrollo de los niños, generando una carga adicional en deberes de cuidados y de educación para todos los progenitores, sobre todo para las mujeres y los progenitores solos (46); que las pruebas empíricas confirman que la reducción de los servicios de cuidados y el aumento del trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres durante la pandemia de COVID-19 ha reinstaurado y reforzado las desigualdades de género;

X.

Considerando que la prestación de cuidados de calidad depende de la existencia de una mano de obra suficientemente amplia, bien formada, motivada y especializada, de la creación de condiciones de trabajo atractivas y dignas a través del diálogo social y la negociación colectiva y de salarios adecuados y justos, así como de servicios integrados y de una financiación pública adecuada; que el sector de los cuidados lleva tiempo enfrentándose a una escasez de mano de obra y que, en los años 2019 a 2020, 421 000 trabajadores abandonaron el sector de los cuidados residenciales (47); que el trabajo de cuidados de calidad es una profesión cualificada que requiere formación y experiencia y que la demanda de cuidadores cualificados no hará sino aumentar en los próximos años; que el empleo y la formación continua en el lugar de trabajo a través de la profesionalización del sector pueden contribuir a un aumento de la calidad de la prestación de servicios de cuidados; que, en un contexto de itinerarios de cuidados más largos y de evolución de las prácticas y las tecnologías, los cuidadores están acumulando unos conocimientos técnicos que deben reconocerse; que la Directiva sobre derechos adquiridos (2001/23/CE) debe aplicarse siempre que se transfieran contratos de empleo a un prestador de cuidados adquisidor;

Y.

Considerando que en la Unión se emplea sin declarar a al menos 3,1 millones de trabajadores en servicios personales y domésticos, que carecen de reconocimiento y de derechos laborales fundamentales, como la negociación colectiva, la seguridad social y la protección social (48); que el trabajo no declarado conduce a una menor protección de los trabajadores, lo que facilita la explotación laboral y los abusos, al tiempo que representa una pérdida de ingresos para los Estados miembros; que las condiciones de los nacionales de terceros países indocumentados que trabajan en el sector asistencial son especialmente difíciles en lo que respecta a sus derechos sociales y a su acceso a condiciones de trabajo dignas;

Z.

Considerando que la Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado se ha convertido en un grupo de trabajo permanente de la Autoridad Laboral Europea (ALE), con el objetivo de aumentar la cooperación con las autoridades de los Estados miembros en la lucha contra el trabajo no declarado;

AA.

Considerando que estudios muestran que más del 90 % de las personas mayores querrían vivir en sus propios hogares a una edad avanzada; que, sin embargo, solo un 20 % pasan los últimos años de su vida en su vivienda privada y muchos viven en instalaciones de asistencia institucional (49); que existe una falta de servicios asistenciales que estén adaptados a las necesidades y las preferencias de las personas; que esto requiere (50) cambiar las estructuras asistenciales de instituciones centralizadas a asistencia centrada en el paciente, familiar y comunitaria para fomentar mejor la autonomía de las personas necesitadas de cuidados y apoyo, aportando beneficios económicos y sociales tangibles y aumentando el nivel de bienestar de los beneficiarios de los cuidados; que los cuidados residenciales a menudo no cumplen la norma de apoyar la independencia de las personas que utilizan estos servicios y suelen estar asociados con el final de la vida de una persona, en lugar de considerarse como un lugar en que vivir con dignidad, florecer y seguir participando en la vida social y cultural; que este cambio no se ha producido o es demasiado lento y no se dispone de recursos y para llevarlo a cabo se deben tener en cuenta las diferentes necesidades y vulnerabilidades de las comunidades, por ejemplo en lo que respecta a las diferencias de ingresos y otras desigualdades; que los Estados miembros deben invertir en esta dirección;

AB.

Considerando que es importante realizar ulteriores investigaciones sobre el abuso en todos los contextos de cuidados, informar sobre los factores que conducen a estas prácticas, promover la sensibilización, la formación, la detección y la lucha contra el abuso para todas las profesiones implicadas en los cuidados y crear plataformas públicas para denunciar dichas prácticas;

AC.

Considerando que el mercado laboral tiende a la segregación por sexos e infravalora los sectores en los que las mujeres representan la mayoría de la mano de obra; que, en 2020, los ingresos brutos por hora de las mujeres en la Unión fueron, de media, un 13,0 % inferiores a los de los hombres (51);

AD.

Considerando que los cuidados con frecuencia siguen estando infravalorados y obteniendo poco reconocimiento y que los cuidadores reciben una compensación financiera insuficiente o, a menudo, no reciben ninguna; que la infravaloración en términos de remuneración y de condiciones de trabajo y la falta de visibilidad del trabajo asistencial y doméstico están estrechamente relacionadas con los roles y normas de género predominantes, que definen a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como sostén económico, y con un círculo vicioso de «doble devaluación», donde los cuidados a menudo se delegan en los grupos más desposeídos de la sociedad debido a su escaso valor y, a su vez, la actividad de los cuidados se devalúa porque la llevan a cabo los grupos más desposeídos y porque los cuidados a domicilio y otros servicios de cuidados domésticos se lleva a cabo a puerta cerrada;

AE.

Considerando que la feminización del sector de los cuidados contribuye a las brechas de género en materia de empleo, de salarios y de pensiones debido a la proporción de mujeres que trabajan en los cuidados profesionales y no profesionales y puede conducir a un aumento del riesgo de pobreza, así como a una reducción de los impuestos pagados a los Estados miembros, con una pérdida anual de 370 000 000 000 EUR de PIB para Europa (52);

AF.

Considerando que las mujeres y los migrantes, en particular los trabajadores móviles de la Unión y de terceros países, dominan en el sector asistencial, donde las mujeres representan el 76 % de los 49 millones de cuidadores registrados en la Unión (53) y más del 85 % de los cuidadores no remunerados en todos los Estados miembros si se tienen en cuenta las tareas tanto diarias como semanales (54);

AG.

Considerando que 6,3 millones de profesionales trabajan en el sector de los cuidados de larga duración, entre los cuales las mujeres (81 %) están sobrerrepresentadas y hay cada vez más trabajadores de más de cincuenta años, a tiempo parcial, precarios y de plataformas digitales, así como trabajadores migrantes, no profesionales y móviles, incluidos cuidadores domésticos internos (el 8 % de los trabajadores no es nativo); que en 2020 los trabajadores migrantes y móviles representaron el 28 % de los cuidadores personales (55); que las deficiencias en materia de cuidados en algunas regiones de la Unión se ven agravadas por esta pérdida de cuidadores y el fenómeno de las cadenas asistenciales mundiales; que esto hace imposible pensar en los cuidados como algo circunscrito a las fronteras nacionales; que sigue habiendo obstáculos que dificultan la libre prestación de servicios de cuidados en la Unión; que estos trabajadores son esenciales para nuestras sociedades tanto en términos de salud pública como de inclusión social para las personas bajo cuidados que a veces se encuentran aisladas;

AH.

Considerando que, en todos los Estados miembros, la retribución en el sector del trabajo doméstico y asistencial se sitúa muy por debajo de la retribución media y por debajo de la retribución que reciben los trabajadores por el mismo trabajo en otros sectores, en especial en la asistencia sanitaria (56); que esto se debe al trabajo no profesional, una menor cobertura de la negociación colectiva en estos sectores y a la infravaloración de los sectores mayoritariamente femeninos, como el de los cuidados; que aquellos empleados que trabajen en los sectores con fines de lucro y sin ánimo de lucro con frecuencia no tienen acceso a la representación de los trabajadores y a la negociación colectiva; que la menor diferencia respecto a la retribución media se produce en los Estados miembros con convenios colectivos para partes del sector (57); que la representación de los trabajadores, por ejemplo los sindicatos, y la negociación colectiva son fundamentales para representar y defender los derechos e intereses de los trabajadores en todos los entornos asistenciales, así como para elevar y mantener las normas en todo el sector asistencial;

AI.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve diversos retos relativos a las modalidades y condiciones de empleo de los cuidadores de larga duración; que los cuidadores de larga duración corrían un riesgo de contraer la COVID-19 todavía mayor que los trabajadores sanitarios en los hospitales, debido a la falta de equipos de protección individual y de formación adecuada para aplicar protocolos de infección y otras actividades de prevención;

AJ.

Considerando que, pese a ser emocionalmente gratificante para una gran mayoría de cuidadores, los cuidados a menudo generan efectos negativos para la salud física y mental de los cuidadores y dificultades para conciliar los cuidados con el trabajo remunerado, lo que es especialmente significativo en el caso de las mujeres cuidadoras (58); que la salud mental de los cuidadores profesionales y no profesionales se ha visto desproporcionadamente afectada durante la pandemia de COVID-19; que los problemas mentales han aumentado durante la pandemia, incrementando a su vez la carga de los cuidados; que el trabajo de cuidados a menudo se asocia con el trabajo por turnos, con un breve plazo de aviso y con horarios de trabajo prolongados; que los riesgos para la salud y la baja calidad del horario de trabajo son las principales causas de un absentismo relativamente alto en el sector de los cuidados de larga duración; que el 38 % de los profesionales de los cuidados consideran que, debido a los efectos adversos de su trabajo, no serán capaces de seguir trabajando hasta los 60 años (59);

AK.

Considerando que en Europa el 33 % de los cuidadores de larga duración se han visto expuestos a algún tipo de comportamiento social adverso (incluidos abuso verbal, amenazas y comportamiento humillante) y solo el 22 % de los cuidadores de larga duración se sienten muy satisfechos con sus condiciones de trabajo (60);

AL.

Considerando que existen varias formas de empleo de cuidadores domésticos internos profesionales, por ejemplo, a través de empresas de cuidados o agencias e intermediarios de empleo temporal;

AM.

Considerando que las mujeres representan la mayoría de las personas que reciben cuidados y que 44 millones de personas en la Unión prestan cuidados no profesionales de larga duración a familiares, vecinos o amigos (61), la mayoría de los cuales son mujeres, y que el 12 % de las mujeres y el 7 % de los hombres que prestan cuidados no profesionales de larga duración lo hacen durante más de cuarenta horas a la semana (62); que casi el 30 % de las personas de más de 65 años están viviendo con dos o más enfermedades no transmisibles; que las enfermedades no transmisibles imponen una carga sustancial y creciente para los pacientes, los cuidadores, las sociedades y los sistemas sanitarios;

AN.

Considerando que el elevado número de beneficiarios de cuidados que necesitan cuidados no profesionales está directamente relacionado con la indisponibilidad, la inaccesibilidad y la imposibilidad de costear servicios profesionales de calidad adaptados a sus necesidades, así como con la decisión por defecto de muchos Estados miembros de recurrir a los cuidados no profesionales no remunerados como la principal fuente de prestación de cuidados (63); que la prestación de cuidados no profesionales debe ser una elección y no una necesidad debida a la falta de servicios de cuidados disponibles;

AO.

Considerando que una proporción significativa del sector de los cuidados domésticos internos profesionales opera en una «zona gris», lo que afecta negativamente a la calidad de los cuidados domésticos; que existe una falta de datos que permitan identificar de forma precisa el número de cuidadores en la «zona gris»;

AP.

Considerando que las mujeres de la Unión realizan trece horas más de cuidados y trabajo doméstico no remunerados a la semana que los hombres (64); que el acceso a unos servicios de cuidados de larga duración profesionales asequibles y de calidad para los familiares dependientes y el reparto desigual del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado entre hombres y mujeres representan factores vitales a la hora de determinar si las mujeres acceden al empleo y lo conservan y la calidad de los puestos que ocupan; que 7,7 millones de mujeres en la Unión permanecen fuera del mercado laboral debido a sus responsabilidades en materia de cuidados no profesionales, frente a solo 450 000 hombres. y que el 29 % de las mujeres empleadas a tiempo parcial apuntan a los deberes de cuidados como la principal razón para asumir empleo a tiempo parcial (65); que solo el 6 % de los hombres declaran que la principal razón para trabajar a tiempo parcial es debido a responsabilidades de cuidados, frente al 29 % de las mujeres, y que solo el 64 % de los padres prestan cuidados cada día en la Unión (66);

AQ.

Considerando que las mujeres también sufren más interrupciones de la carrera profesional, tienden a trabajar menos horas y tienen mayor probabilidad de tener un empleo a tiempo parcial, precario o temporal; que la segregación sectorial y el reparto desigual de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados representan las causas principales de la persistente brecha en materia de empleo, de salarios y de pensiones, así como del mayor riesgo de pobreza y de exclusión social de las mujeres; que la brecha de género en materia de pensiones se sitúa, en promedio, en el 27 % en 2020 (67); que un reparto equitativo del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, que implica una participación equivalente de los hombres, tiene un claro impacto positivo en la proporción de mujeres con empleo remunerado y en la reducción de la brecha de género en materia salarial; que las responsabilidades en materia de cuidados de la infancia son una causa de cambio en el empleo para el 60 % de las mujeres, frente al 17 % de los hombres empleados, y conducen a la reducción del horario laboral para el 18 % de las mujeres empleadas y tan solo el 3 % de los hombres (68); que disponer de servicios de atención a la infancia accesibles, asequibles y de buena calidad es fundamental para que las personas, en especial las mujeres, con responsabilidades de cuidados puedan participar en el mercado laboral; que los retos de salud pública, como la migraña, son más comunes entre las mujeres (69), que una gran proporción de las mujeres afectadas siguen en primera línea en la atención a la infancia y las tareas domésticas;

AR.

Considerando que estas discrepancias se ven confirmadas a nivel mundial, dado que las mujeres dedican en promedio 3,2 veces más tiempo (201 días laborables al año) que los hombres (63 días laborables) a trabajo de cuidados no remunerado, y son más pronunciadas en el caso de las niñas y las mujeres que viven en países de renta media o en zonas rurales, con menores logros educativos y con niños que no hayan alcanzado la edad escolar (70);

AS.

Considerando que las mujeres están sobrerrepresentadas de forma abrumadora entre los trabajadores esenciales (cuatro de las dieciséis otras categorías profesionales consideradas esenciales tienen más del 50 % de mujeres en su mano de obra en la Unión) (71), como los profesionales de cuidados, gran parte de cuyas tareas no pueden realizarse en una modalidad de teletrabajo, y en los sectores que se han visto más duramente afectados por la pandemia, por lo que se han visto expuestas a un alto riesgo de contagio, una elevada carga laboral, la perturbación del equilibrio entre vida profesional y vida privada y la pérdida de empleo; que las condiciones de trabajo y de vida se han visto especialmente socavadas para las mujeres con niños pequeños y con un empleo remunerado (72);

AT.

Considerando que los cuidados siguen siendo uno de los principales ámbitos de reproducción de los arquetipos de género, que se ven todavía más reforzados por la falta de inversión en servicios de calidad y el sesgo de género en otras políticas que afectan desproporcionadamente a la autodeterminación de las mujeres en la vida social y profesional, como el sistema de beneficios fiscales;

AU.

Considerando que las empresas de la economía social pueden aportar un potencial y una contribución significativos para facilitar la reintegración de los cuidadores en el mercado laboral;

AV.

Considerando que varios Estados miembros y regiones de la Unión siguen sin cumplir el objetivo de ofrecer servicios de atención a la infancia al 90 % de los niños entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria y al 33 % de los niños de tres años o menos; que la falta de suficientes infraestructuras que ofrezcan servicios de atención a la infancia accesibles y de calidad para todos, especialmente servicios de primera infancia, afecta en particular a los niños de familias desfavorecidas, lo que refleja unas tasas de matriculación inferiores a la media de los niños con discapacidad, los niños romaníes y otras comunidades minoritarias, los niños migrantes, los niños que viven en la pobreza y los niños de otros grupos desfavorecidos, que se habrían beneficiado más de la atención infantil temprana (73);

AW.

Considerando que, en 2020, el 24,2 % de los niños de la Unión —casi 18 millones— se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social; que los niños de familias con bajos ingresos, los niños sin hogar, los niños con discapacidad, los niños de origen migrante, los niños que pertenecen a una minoría étnica, en particular los niños romaníes, los niños que reciben cuidados institucionales y los niños en situaciones familiares precarias, en familias monoparentales, en familias LGBTIQ+ y en familias en que los progenitores se ausentan para trabajar en el extranjero, se enfrentan a graves dificultades; que la probabilidad de que los niños con discapacidad de la Unión sean internados en centros de asistencia institucional es desproporcionadamente superior a la de los niños sin discapacidad, y que es mucho menos probable que los primeros se beneficien de iniciativas encaminadas a propiciar una transición de tales centros a los cuidados en la comunidad y la familia (74); que la Garantía Infantil Europea es un instrumento de la Unión cuyo objetivo es prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social garantizando el acceso gratuito y efectivo de los niños necesitados a servicios de cuidados esenciales, como educación y atención para la primera infancia, actividades educativas y escolares, asistencia sanitaria y al menos una comida saludable por jornada escolar, así como el acceso efectivo de todos los niños necesitados a una alimentación sana y una vivienda adecuada (75); que la accesibilidad y la asequibilidad de la atención a la infancia y la educación resultan fundamentales para el desarrollo personal y el bienestar de los niños; que existe una correlación positiva inequívoca entre el acceso a servicios de atención a la infancia, por una parte, y el empleo y los ingresos de los hombres y, en especial, de las mujeres, por la otra parte (76);

AX.

Considerando que el acceso a servicios de cuidados de calidad, especialmente a los de larga duración, está cada vez más condicionado a los ingresos individuales y familiares, el lugar de residencia, la disponibilidad de los servicios y la capacidad de prestación y a la disponibilidad geográfica, así como a las capacidades libres de los prestadores; que se estima que dos de cada tres personas necesitadas de cuidados no tienen acceso a servicios de cuidados, principalmente por no estar disponibles o por no poder costeárselos (77); que los hogares de renta baja, de menor nivel educativo y migrantes sufren las mayores dificultades a la hora de acceder a los servicios de cuidados de larga duración domésticos profesionales; que un tercio de los hogares de toda la Unión, y en cinco Estados miembros incluso más de la mitad de ellos, informan de que necesitan servicios de cuidados de larga duración profesionales, pero no pueden acceder a ellos por motivos económicos (78); que el acceso a la asistencia sanitaria y los cuidados debe ser universal, efectivo, independiente de las condiciones económicas de la persona, de que tenga un lugar de residencia diferente y de su situación administrativa o su estatuto; que las personas con ingresos más bajos también son un grupo con mayor prevalencia de necesidades de cuidados (79);

AY.

Considerando que las tecnologías digitales albergan el potencial de apoyar a los cuidadores tanto profesionales como no profesionales y de reducir la carga que afrontan, por ejemplo, a la hora de transportar a los pacientes a consultas que podrían celebrarse en línea; que una encuesta de Eurocarers de 2021 sugiere que el 78 % de los cuidadores no profesionales nunca han utilizado tecnologías relacionadas con los cuidados (80); que la digitalización y el internet de las cosas en el sector asistencial deben tenerse en cuenta, pero no deben sustituir por completo la irreemplazable interacción humana asociada a los cuidados; que se deben fomentar la investigación y los proyectos piloto para probar la viabilidad y la eficacia de los servicios digitales; que las personas mayores, en particular las que reciben cuidados, tienen dificultades para acceder a los servicios digitales; que el acceso a los servicios digitales, incluido el acceso a la alfabetización digital, debe considerarse un derecho de los beneficiarios de los cuidados; que el cambio drástico al teletrabajo reveló la necesidad de ejecutar mejor, revisar y actualizar la legislación relacionada con las condiciones de trabajo en el entorno digital y el uso de inteligencia artificial en la vida profesional;

AZ.

Considerando que las mujeres que sufren discriminación interseccional se enfrentan a barreras adicionales a la hora de acceder a servicios de asistencia sanitaria y de cuidados y que se debe prestar especial atención a abordar los efectos de los sesgos implícitos en el acceso a servicios privados y públicos causados por los estereotipos persistentes y la infrarrepresentación de determinados grupos en estas instituciones;

BA.

Considerando que se debe prestar especial atención a las personas muy mayores, con el fin de ayudar, cuando sea necesario, a las personas que han perdido su autonomía y de evitar que se queden aisladas;

BB.

Considerando que se debe tener debidamente en cuenta la importancia de la prevención y la rehabilitación geriátrica para un envejecimiento saludable y digno;

BC.

Considerando que existe la necesidad de reconfigurar los cuidados de enfermería proporcionando apoyo de enfermería doméstico asequible o, cuando sea posible, gratuito;

BD.

Considerando que el aumento de la inversión en la economía asistencial en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible traería casi 300 millones de puestos de trabajo adicionales en todo el mundo para 2035 (81); que estos se compondrían de 96 millones de trabajos directos en atención a la infancia, 136 millones de trabajos directos en cuidados de larga duración y 67 millones de trabajos indirectos en sectores distintos de los cuidados; que este nivel de creación de empleo requeriría una inversión del 3,2 % del PIB mundial, teniendo en cuenta los costes totales menos la recaudación tributaria (82); que la Comisión estima que se prevé la creación de ocho millones de nuevos empleos en el sector de los cuidados en la Unión de aquí a 2030 (83);

BE.

Considerando que la evolución demográfica y el envejecimiento de la población asociado aumentarán la demanda de servicios de cuidados; que no es probable que la automatización sustituya o reduzca los trabajos de cuidados; que esto debe motivar a la Unión y a los Estados miembros a invertir en la economía asistencial como un sector prometedor para la creación de empleo, en el marco de la transición digital, con el fin de aumentar la cantidad de personal cualificado y de atraer a más personas a este sector;

BF.

Considerando que siguen sin existir normas de calidad para los cuidados, en especial para los servicios de asistencia social, o que estas son inadecuadas;

BG.

Considerando que el sector de los cuidados necesita una inversión, unos recursos y una reforma significativos; Considerando que, en 2018, el déficit de inversión anual estimado en infraestructura social de Europa ascendía a entre 100 000 000 000 y 150 000 000 000 EUR (84); que el informe sobre el envejecimiento de 2021 calcula el aumento de gasto público necesario para cubrir los costes de los cuidados y el apoyo de larga duración en hasta el 2,9 % del PIB al año en 2070, respecto al 1,7 % en 2016, aunque un escenario de «envejecimiento saludable» puede reducir de forma significativa este coste y la plena cobertura de las necesidades de cuidados de larga duración lo aumenta de forma significativa;

BH.

Considerando que resulta fundamental comprender la interacción entre cuidados profesionales y no profesionales; que los servicios de cuidados profesionales pueden prestar apoyo a los cuidadores no profesionales, por ejemplo, permitiéndoles ausentarse del trabajo y ofreciéndoles formación; que la falta de reconocimiento oficial de los cuidadores no profesionales y la falta asociada de datos sobre ellos y sus necesidades constituye una barrera para esta interacción;

BI.

Considerando que la prestación de cuidados depende de unos servicios públicos y unos sistemas de protección social bien financiados y que funcionen correctamente;

BJ.

Considerando que existe una diversidad significativa en la población de cuidadores no profesionales; que sus necesidades varían en función de su contexto socioeconómico, su participación en el mercado laboral, las necesidades de sus beneficiarios de cuidados y la cantidad de tiempo que pasan cuidando de personas dependientes;

BK.

Considerando que las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de enfermedades invalidantes relacionadas con la memoria, siguen estando infradiagnosticadas en la mayoría de los países europeos; que existen indicios claros de que la actual cifra de nueve millones de casos confirmados de personas con demencia se duplicará para 2050; que las mujeres siguen viéndose desproporcionadamente afectadas por la demencia (85);

BL.

Considerando que, en febrero de 2021, el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación de oficio sobre el papel de la Comisión en el proceso de desinstitucionalización en la Unión, centrándose en el cumplimiento de la obligación de la Comisión de garantizar que los Estados miembros utilizan los fondos de la Unión de una manera que promueva la transición de las instituciones de cuidados residenciales a la vida independiente y la participación en la vida comunitaria;

BM.

Considerando que el mecanismo proporcionado por la Directiva de 2001 sobre la protección temporal se ha activado por primera vez como respuesta a la afluencia masiva de refugiados, sobre todo mujeres con niños y otras personas dependientes, que están huyendo de la guerra en Ucrania, garantizando a las personas desplazadas la igualdad de acceso al mercado laboral, a la vivienda, a la asistencia médica y a la educación para los niños; que la activación de dicho mecanismo tendrá un impacto directo significativo en el sector de los cuidados, ya que aumentará el número de personas necesitadas de servicios de cuidados integrales y personalizados en la Unión, pero también el número de cuidadores tanto profesionales como no profesionales;

BN.

Considerando que los datos sobre calidad de los servicios de cuidados se basan casi exclusivamente en encuestas de satisfacción del cliente no normalizadas;

BO.

Considerando que las dificultades asociadas con la facilitación de una vivienda adecuada, digna y asequible, en especial para las personas mayores, las personas solas, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, las familiares con niños pequeños y los progenitores solos, obstaculizan de forma significativa el acceso a servicios de cuidados de calidad;

BP.

Considerando que en once países de la OCDE el salario medio de los cuidadores de larga duración es de solo nueve euros por hora, mientras que el salario medio de los trabajadores de los hospitales —en su mayoría hombres— es de catorce euros por hora (86);

BQ.

Considerando que más de la mitad de los cuidadores declaran que no ganan suficiente para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda y alimentos, y que el 31 % no tienen un acceso adecuado a equipos de protección individual (87);

BR.

Considerando que la mayoría de cuidadores no ganan lo bastante para permitirse un nivel de vida digno para sí mismos y sus familias (88);

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