4.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 153/26

1)

¿Debe interpretarse el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública» empleado por el artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE, (1) de 29 de abril de 2004, en el sentido de que sólo pueden justificar una expulsión peligros perentorios para la seguridad exterior o interior del Estado miembro y, a este respecto, sólo se pueden considerar la propia existencia del Estado con sus instituciones fundamentales, el funcionamiento de éstas, la supervivencia de la población, las relaciones exteriores y la convivencia pacífica de los pueblos?

2)

¿En qué condiciones se puede perder la especial protección contra la expulsión con arreglo al artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, obtenida tras diez años de residencia en el Estado miembro de acogida? ¿En esas circunstancias es de aplicación, por analogía, el motivo de pérdida de la protección del derecho de residencia permanente previsto en el artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y aplicación analógica del artículo 16, apartado 4, de la Directiva: ¿Se pierde la especial protección contra la expulsión por el mero transcurso del tiempo, independientemente de las razones que hayan conducido a la ausencia?

4)

También en caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y aplicación analógica del artículo 16, apartado 4, de la Directiva: ¿El regreso forzoso al Estado miembro de acogida con motivo de una medida de justicia penal antes de que expire el plazo de dos años es razón suficiente para conservar la especial protección contra la expulsión, aun cuando inmediatamente a su regreso el interesado no vaya a poder disfrutar de las libertades fundamentales durante un tiempo prolongado?