—

Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 4, 6, 9, 114, 153, 169 y 191 y, en particular, el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 2, 3, 14, 15, 21, 31, 32 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

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Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular su principio 10,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

—

Vista la Estrategia de Salud Mental y Bienestar de las Naciones Unidas de 2018,

—

Visto el Manifiesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una recuperación de la COVID-19 saludable, de 18 de mayo de 2020,

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Visto el Día Mundial de la Salud Mental 2021 de la OMS, cuyo lema es «Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad»,

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Visto el marco de actuación en materia de salud mental de la OMS para 2021-2025,

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Vistos el estudio de política sanitaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 8 de junio de 2021, titulado «A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill Health» (Un nuevo marco de referencia para los sistemas de salud mental: atajar los costes sociales y económicos de los problemas de salud mental) y el estudio de la OCDE, de 4 de noviembre de 2021, titulado «Fitter Minds, Fitter Jobs: From Awareness to Change in Integrated Mental Health, Skills and Work Policies» (Mentes más saludables, empleos más saludables: de la concienciación al cambio en políticas integradas en materia de salud mental, capacidades y trabajo),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (1),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (3),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (4),

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Vista la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (5),

—

Vista la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (6),

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Vista la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (7),

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Vista la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (8),

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Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (9),

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Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19 (10),

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el derecho a la desconexión (11),

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Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2022, sobre el empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la pandemia (12),

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Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital (13),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de octubre de 2019, sobre la economía del bienestar (14), que pedían una estrategia global de la Unión en materia de salud mental,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, sobre el bienestar en el trabajo,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2021, titulada «Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 — La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación» (COM(2021)0323),

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Visto el Libro Verde, de 14 de octubre de 2005, de la Comisión Europea titulado «Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental» (COM(2005)0484),

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Visto el informe, de 14 de julio de 2021, de la Comisión titulado «Employment and Social Developments in Europe — towards a strong social Europe in the aftermath of the COVID-19 crisis: reducing disparities and addressing distributional impacts» (Empleo y avances sociales en Europa — Hacia una Europa social fuerte tras la crisis de la COVID-19: reducir las disparidades y responder a los impactos distributivos),

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Visto el Pacto europeo para la salud mental y el bienestar de 2008,

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Visto el informe del Foro Europeo de la Juventud, de 17 de junio de 2021, titulado «Beyond Lockdown: The “Pandemic Scar” on Young People» (Después del confinamiento: la «cicatriz de la pandemia» en los jóvenes),

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Vistos el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 9 de noviembre de 2021, titulado «Impact of COVID-19 on young people in the EU» (Efectos de la COVID-19 en los jóvenes de la UE) y el informe de Eurofound, de 10 de mayo de 2021, titulado «Living, working and COVID-19: Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year» (Vivir, trabajar y la COVID-19: salud mental y disminución de la confianza en toda la Unión según entramos en otro año de pandemia),

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Visto el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 7 de diciembre de 2020, titulado «Preventing musculoskeletal disorders in a diverse workforce: risk factors for women, migrants and LGBTI workers» (Prevención de los trastornos musculoesqueléticos en una mano de obra diversa: factores de riesgo para las mujeres, los migrantes y los trabajadores LGBTI),

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Visto el informe de la EU-OSHA, de 7 de octubre de 2011, titulado «Mental health promotion in the workplace — a good practice report» (Promoción de la salud mental en el lugar de trabajo: informe de buenas prácticas),

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Visto el informe de la EU-OSHA, de 22 de octubre de 2021, titulado «Telework and health risks in the context of the COVID-19 pandemic: evidence from the field and policy implications» (El teletrabajo y los riesgos para la salud en el contexto de la pandemia de COVID-19: pruebas sobre el terreno e implicaciones políticas),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de diciembre de 2012, titulado «Año Europeo de la Salud Mental — Mejorar el trabajo y aumentar la calidad de vida» (15),

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Visto el informe del Grupo de expertos sobre fórmulas eficaces de invertir en salud de la Comisión, de 23 de junio de 2021, titulado «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Apoyo a la salud mental del personal sanitario y otros trabajadores esenciales),

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Visto el informe conjunto de la EU-OSHA y Eurofound, de 13 de octubre de 2014, titulado «Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention» (Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de prevención),

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Vista la encuesta de Willis Towers Watson de 2021 sobre la experiencia de los trabajadores,

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Vistas las peticiones presentadas ante la Comisión de Peticiones, por ejemplo la n.o 0956/2018 y la n.o 1186/2018,

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0184/2022),

A.

Considerando que el derecho a la salud física y mental es un derecho humano fundamental y que todo ser humano tiene derecho al nivel de salud más elevado posible; que la OMS define la salud mental como «un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad» (16); que la salud mental también está vinculada a otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Carta y el derecho a la integridad de la persona, incluida la integridad psíquica, consagrado en el artículo 3 de la Carta;

B.

Considerando que las investigaciones demuestran que la pandemia de COVID-19 ha configurado las prácticas organizativas y de gestión y ha cambiado las condiciones de trabajo de muchos trabajadores en Europa, con consecuencias para el tiempo de trabajo, el bienestar y el entorno físico del lugar de trabajo; que se ha sometido a los trabajadores sanitarios y esenciales a presiones extraordinarias; que estos trabajadores han tenido que hacer frente a un entorno de trabajo exigente, a falta de protección y a miedos relativos a su seguridad, lo que ha tenido un impacto psicológico negativo; que comprender los problemas de salud mental en el lugar de trabajo no solo significa ser consciente de los trastornos mentales en consonancia con los criterios de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad (por ejemplo, la depresión) (17), sino también tratar de promover el bienestar, evitar malentendidos y estigmatizaciones, y concebir y aplicar medidas y tratamientos adecuados para gestionar estos trastornos (18);

C.

Considerando que la pandemia provocó un fuerte aumento de las responsabilidades de cuidados en combinación con el trabajo, que afectó de forma desproporcionada a las mujeres y amplió la desigualdad de género en los cuidados no retribuidos; que esto tuvo un impacto negativo en la salud mental de las personas con responsabilidades asistenciales, ya que muchos trabajadores tuvieron que hacer frente a un estrés mucho mayor asumiendo el incremento de responsabilidades asistenciales que supusieron la escolarización a domicilio y el cuidado de los niños durante el confinamiento, la prestación de cuidados informales o la realización de cualquier otro tipo de labor destinada a familiares dependientes;

D.

Considerando que las investigaciones muestran que la pandemia provocó un aumento del teletrabajo a gran escala, que ha tenido consecuencias positivas, como mayores niveles de flexibilidad y autonomía y, en algunos casos, una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada; que, sin embargo, estos beneficios no siempre compensan las consecuencias negativas, como la excesiva conexión, la difuminación de las líneas entre la vida laboral y la vida privada, una mayor intensidad del trabajo y del estrés tecnológico; que, según las encuestas de Eurofound sobre la COVID-19, la pandemia ha planteado muchos retos para los trabajadores que desempeñan su actividad a distancia; que, si bien el considerable aumento del teletrabajo puede beneficiar a los trabajadores y a las empresas, también debe salvaguardarse y promoverse el derecho a la salud física y mental en este contexto;

E.

Considerando que los riesgos psicosociales son los riesgos sanitarios más prevalentes asociados al teletrabajo; que una mayor prevalencia del teletrabajo está vinculada a horarios de trabajo prolongados y a estrés relacionado con el trabajo; que, según la EU-OSHA, los riesgos psicosociales pueden tener consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas, como la ansiedad relacionada con el trabajo, el agotamiento profesional o la depresión; que las condiciones laborales que conducen a riesgos psicosociales pueden incluir una carga laboral excesiva, cometidos que se contradicen, la falta de claridad en relación con las propias funciones, la falta de participación en la toma de decisiones que afectan a los propios trabajadores, la falta de influencia en la manera en que se lleva a cabo el propio trabajo, la mala gestión de los cambios organizativos, la inseguridad laboral, la comunicación ineficaz, la falta de apoyo de la dirección o de los compañeros de trabajo, el acoso psicológico o sexual y la violencia por parte de terceros; que los Estados miembros no tienen las mismas normas y principios comunes jurídicamente vinculantes en relación con los riesgos psicosociales, lo que da lugar a una desigualdad de facto en la protección jurídica de los trabajadores;

F.

Considerando que un creciente número de empleadores utilizan herramientas digitales como aplicaciones, software e inteligencia artificial (IA) para gestionar a sus trabajadores; que la gestión algorítmica, como tal, plantea nuevos desafíos para el futuro del trabajo, como el control y la vigilancia habilitados por la tecnología mediante herramientas de predicción y marcado, el seguimiento a distancia y en tiempo real de los avances y del rendimiento y el control del tiempo, y puede entrañar importantes riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular su salud mental, su derecho a la intimidad y su dignidad como personas; que la digitalización y las nuevas tecnologías avanzadas, como la IA y los mecanismos basados en la IA, están transformando la naturaleza del trabajo; que en la actualidad alrededor del 40 % de los departamentos de recursos humanos de las empresas internacionales utiliza aplicaciones de IA y el 70 % las considera una alta prioridad para su organización; que debe regularse la nueva economía digital para fomentar la prosperidad compartida y garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto;

G.

Considerando que esta nueva situación hace necesaria una definición nueva y más amplia de salud y seguridad en el trabajo, en la que ya no puede prescindirse de la salud mental;

H.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada al bienestar mental de los trabajadores sanitarios y asistenciales de larga duración —la mayoría de los cuales son mujeres—, así como de las poblaciones vulnerables, incluidas las minorías étnicas, la comunidad LGBTIQ +, las personas mayores, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y problemas de salud mental preexistentes, las personas con un nivel socioeconómico más bajo, los desempleados y las personas que viven en las regiones ultraperiféricas y en zonas remotas y mal conectadas; que la salud mental de los jóvenes ha empeorado de forma significativa durante la pandemia, la cual ha duplicado los problemas relacionados con la salud mental en varios Estados miembros y ha provocado un grave impacto en el empleo de los jóvenes y una reducción de sus ingresos, incluida la pérdida de puestos laborales; que nueve millones de adolescentes en Europa (personas de entre diez y diecinueve años) viven con trastornos de salud mental, la mitad de los cuales corresponden a casos de ansiedad y depresión;

I.

Considerando que demasiadas personas en la Unión no disponen de acceso a servicios públicos de salud mental y de salud en el trabajo; que el bienestar mental ha alcanzado su nivel más bajo en todos los grupos de edad desde el inicio de la pandemia, y que el deterioro de la salud mental se ha atribuido a perturbaciones en el acceso a los servicios de salud mental, un aumento de la carga de trabajo y una crisis del mercado laboral que ha afectado de manera desproporcionada a los jóvenes; que los servicios públicos de salud mental y de salud en el trabajo están notoriamente subfinanciados; que el estrés relacionado con el trabajo puede ser consecuencia de varios factores, como la presión por limitaciones de tiempo, horarios de trabajo prolongados o irregulares y una mala comunicación y cooperación en la organización; que existe una fuerte correlación entre las migrañas o cefaleas graves y la depresión y la ansiedad, entre otros trastornos psiquiátricos comórbidos, que tienen repercusiones sobre el rendimiento en el trabajo y propician las ausencias de los empleados; que la investigación clínica o aplicada en prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental está también considerablemente subfinanciada; que los problemas de salud mental son actualmente la principal causa de morbilidad mundial y que el suicidio es la segunda causa más importante de muerte de jóvenes en Europa; que la prevención, la concienciación, las actividades de bienestar y la promoción de la salud mental y una cultura de salud en el trabajo pueden generar resultados positivos en cuanto a la mejora de la salud de los trabajadores (19);

J.

Considerando que los problemas del lugar de trabajo que afectan a la salud mental incluyen el agotamiento profesional, el síndrome de desgaste profesional, el estrés, el acoso, la violencia, la estigmatización, la discriminación y las limitadas posibilidades de crecimiento o promoción, aspectos que pueden agravarse aún más en línea; que el año pasado la OMS reveló que más de trescientos millones de personas en todo el mundo padecían trastornos mentales relacionados con el trabajo, como el agotamiento profesional, la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático, lo que está relacionado con el hecho de que uno de cada cuatro trabajadores europeos considera que el trabajo tiene un impacto negativo en su salud (20); que un entorno de trabajo negativo puede dar lugar a problemas de salud física y mental, al consumo perjudicial de sustancias o de alcohol, al absentismo y a la pérdida de productividad;

K.

Considerando que el coste de las enfermedades mentales en 2015 se estimaba en más del 4 % del PIB en todos los Estados miembros de la Unión; que el coste de la depresión relacionada con el trabajo es una de las principales causas de incapacidad y depresión y se ha estimado en 620 000 000 000 EUR al año, lo que se traduce en una pérdida de producción económica de 240 000 000 000 EUR (21); que el coste estimado de todas las cefaleas en la Unión es superior a 110 000 000 000 EUR al año, de los que alrededor de 50 000 000 000 EUR se atribuyen a las migrañas; que los presupuestos relacionados con la prevención de todos los Estados miembros de la Unión siguen siendo bajos, situándose en el 3 % del total de gasto en salud;

L.

Considerando que, en el marco de las regulaciones sobre salud y seguridad en el trabajo de la Unión (22), los empleadores tienen el deber de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos de su trabajo; que los empleadores siguen siendo responsables de la salud y la seguridad en el trabajo en el contexto del teletrabajo; que los sindicatos y los organismos de salud y seguridad en el trabajo desempeñan un papel fundamental en la defensa del derecho humano fundamental de los trabajadores a un lugar de trabajo seguro y protegido, también en el marco del teletrabajo;

M.

Considerando que el empleo estable, la salud (incluida la salud mental), las condiciones para el pleno desarrollo y el sentido de influencia y participación de los jóvenes son las condiciones previas básicas para salir de la crisis, reforzar las sociedades y reconstruir las economías;

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