15.11.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 351/36

1.1

La cuestión del «coste de la no Europa», que resurge casi un cuarto de siglo después de la publicación del Informe Cecchini de 1988, constituye una manera relevante e interesante de avanzar en el debate sobre la construcción europea. Pero así como el Informe Cecchini abordaba esta cuestión exclusivamente desde la perspectiva del mercado único, ahora es esencial ir más allá y analizar los costes que entraña la no culminación de la unión económica y política en Europa. Estos costes son extremadamente elevados y podrían agravarse todavía más si no se toman cartas en el asunto.

1.2

El problema es tanto más grave en un contexto en el que los Estados nacionales se ven obligados a redoblar los esfuerzos para reducir la deuda, no solo por la presión de los mercados financieros sino también por las nuevas normas institucionales vinculantes. ¿Cómo hacerlo sin sacrificar el crecimiento que también exigen los mercados financieros? El proceder adecuado para evitar caer en una espiral depresiva sin fin, y asimismo para reducir la pobreza y la miseria de una parte significativa de la población europea, es poner en común a nivel europeo una serie de gastos y a la vez aplicar unas políticas europeas más ambiciosas. Esto permitiría a la Unión poner en marcha un ciclo virtuoso de crecimiento con el fin de forjar una identidad económica, industrial y tecnológica fuerte en el mundo globalizado y defender nuestro modelo social, que en gran parte ha hecho de Europa lo que es hoy.

1.3

Abordar la cuestión de los costes de la no Europa de la forma que sugiere el presente dictamen sin duda plantea algunos inconvenientes metodológicos y técnicos, pero la principal ventaja es que pone sobre la mesa argumentos para salir de la crisis actual y lograr una verdadera unión económica y política en Europa que son difícilmente objetables de forma racional. Se trata, en esencia, de formular una demostración incontestable que convenza a la opinión pública de que es preciso encontrar soluciones a los problemas orientando la subsidiariedad hacia más y mejor Europa en un momento en que algunas fuerzas políticas están tratando de hacer de Europa el chivo expiatorio.

1.4

En este contexto, la Estrategia Europa 2020 contiene elementos muy interesantes. Es muy loable su ambición de promover la convergencia real, en particular a través de políticas y objetivos comunes, y de reforzar la coordinación entre los Estados miembros en todos los niveles y ámbitos en los que el enfoque europeo es inexistente o incipiente. Sin embargo, cabe preguntarse si esta estrategia se halla a la altura del desafío de lograr una verdadera unión económica y política capaz de reforzar la posición de Europa en el mundo globalizado y que –en su forma actual– tenga un destino más feliz que el de la Estrategia de Lisboa.

1.5

Nos parece necesario ir más allá irrumpiendo en los debates semestrales programados –tanto de los dirigentes de la zona euro de 17 Estados miembros como de los 27 Estados miembros– y sacudiendo las conciencias de nuestros dirigentes y nuestra opinión pública para promover una revolución copernicana que influya en las relaciones Estados-Europa-Mundo. Los «costes de la no Europa» a los que nos enfrentamos hoy en día, y a los que corremos el peligro de enfrentarnos en el futuro, son una muy buena manera de trabajar en esta dirección. Hay que centrar el peso de la argumentación en términos de desarrollo económico, político y estratégico, hay que contrarrestar a los euroescépticos y tomar a la opinión pública como testigo: Europa no es el problema, debe ser la solución.

1.6

Este enfoque tiene la ventaja de reducir los costes, optimizar los gastos y maximizar las oportunidades para dar una respuesta adecuada con la que hacer frente a los retos actuales y encontrar una salida hacia arriba que sea favorable para todos.

1.7

Teniendo en cuenta todos estos factores, los costes de la no Europa deben analizarse de una manera mucho más amplia que lo que se propone en el marco del estudio encargado por la Comisión Europea sobre «El coste de la no Europa: el potencial sin explotar del mercado único europeo». Pero no necesitamos un enésimo estudio (probablemente de gran calidad, por otra parte) que quede arrinconado en un estante y sea consultado de vez en cuando por unos pocos especialistas destacados.

1.8

Por consiguiente, el Comité pide a la Comisión que, en una primera etapa, realice una estimación lo más precisa posible de todos los costes de la no Europa que se mencionan en el presente dictamen y de su impacto en el empleo y el crecimiento. En un segundo paso, proponemos que se incluyan en la Estrategia Europa 2020 unos objetivos cuantitativos de reducción de costes, con un plan de acción claro y una evaluación sistemática de su progreso.

2.1

El CESE ha abordado la cuestión del coste de la no Europa desde diferentes ángulos en varios dictámenes emitidos en los últimos años (1). A finales de 2010 el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relanzaron el debate sobre la no Europa. La Comisión también ha encargado un ambicioso estudio para actualizar los trabajos del Informe Cecchini (2)  (3).

2.2

La elección del método y el tema por parte de la Comisión y el Parlamento estuvo motivada en gran medida por la preparación del Acta del Mercado Único II (Single Market Act II), aunque en sus Comunicaciones también subrayaran la necesidad de centrar el tema y basarse en la «evidencia científica» (4) que aportaría este tipo de enfoque. Recordemos que, según el modelo relativamente complejo recogido en el Informe Cecchini, habría un beneficio estimado entre un 4,5 % y un 7 % el PIB de la UE (para los doce Estados miembros), con perspectivas de creación de 2 a 5 millones de puestos de trabajo adicionales en el espacio unificado. Sin embargo, estas estimaciones se basaron en un enfoque metodológico y unos supuestos no exentos de posibles críticas y objeciones. Por otra parte, a pesar de su éxito en términos de comunicación, estas predicciones nunca han sido, a nuestro entender, objeto de un informe motivado que permitiera evaluar su exactitud a posteriori (5).

2.3

El CESE acoge con satisfacción que el tema vuelva al centro del escenario, aunque es sorprendente que se produzca casi un cuarto de siglo después de la publicación del Informe Cecchini. Sin embargo, la manera de abordarlo, es decir, retomar la misma metodología y calcular de nuevo el impacto económico potencial de la eliminación de las barreras al comercio dentro del mercado único es un enfoque que se antoja restrictivo en el mejor de los casos y, en el peor, simplemente inadecuado por al menos dos razones complementarias.

2.4

La primera es el riesgo de quedar atrapados en un debate sobre los costes de la no Europa que sea puramente técnico (por no decir tecnocrático), cuando en realidad –a pesar de las herramientas muy complejas que puedan utilizarse– el tecnicismo no es más que una apariencia en las ciencias sociales.

2.5

La segunda –más fundamental– es que el momento actual es completamente diferente. En 1988 el debate se centraba principalmente en la situación del mercado común, rebautizado con el nombre de «mercado único». En este sentido, el Informe Cecchini fue muy útil porque detectó y cuantificó los obstáculos y retrasos en la materia. Al hacerlo, ayudó a justificar un programa de recuperación y a fomentar una dinámica positiva que desembocó en concreto en el programa Delors y sus objetivos de 1992.

2.6

En el año 2012 ya no es el mercado único y su situación lo que constituye el núcleo del problema. Aparte de que el desarrollo del mercado único ha avanzado considerablemente desde hace un cuarto de siglo, es sobre todo el contexto lo que ha cambiado significativamente, y ahora está determinado por al menos cinco nuevos elementos clave con respecto a finales de la década de los ochenta: 1) una globalización mucho más avanzada, con la aparición en el mercado internacional de países emergentes como Brasil, India y especialmente China, cuando en los años ochenta los competidores de Europa eran en su mayoría países avanzados; 2) una Europa de 27 países cuyos niveles de desarrollo, estructuras económicas y sistemas sociales son más heterogéneos que en los años ochenta; 3) un estadio mucho más avanzado de la construcción europea y la aparición de ciertas instituciones clave, como el euro y el BCE; 4) una crisis económica sin precedentes desde los años treinta, que sigue causando estragos y ahora asume la forma de «crisis de la deuda soberana»; 5) por último, el imperativo de que los Estados europeos reduzcan la deuda en los años venideros.

2.7

Estos elementos nos llevan a proponer que el debate sobre los costes de la no Europa se plantee de una manera muy diferente. La desventaja que sufre Europa en este momento no reside tanto en los retrasos en la construcción de su mercado único (que por cierto beneficia a nuestros competidores tanto como a los propios europeos), sino, sobre todo, en la creación de una identidad económica, industrial y tecnológica fuerte en el mundo globalizado, que se hace multipolar, lo que implica una competencia cada vez más fuerte, sobre todo por parte de las potencias llamadas «emergentes», en un contexto de crisis sistémica sin precedentes.

2.8

Así pues, sobre lo que hay que reflexionar es sobre el conjunto de los «costes de la no Europa» que se derivan del carácter incompleto de la construcción europea. Estos costes no se corresponden con los que podrían causar las eventuales barreras al comercio intracomunitario que siguen existiendo a fecha de hoy. El Comité reconoce la dificultad de abordar el tema con un enfoque más amplio y fundamentalmente político, pero es el único planteamiento que tiene sentido para nosotros en la situación actual (6).

3.1

Hace sesenta años, la esperanza de vivir en paz de los europeos se concretó en la creación de la primera Comunidad Europea, la CECA. La marcha hacia la integración ha sido lenta pero constante hasta 1992. En los últimos veinte años, la ampliación de la UE a 27 Estados miembros ha constituido un avance capital incontestable, pero ha sido el único avance verdaderamente completo. La profundización de la Unión anunciada a principios de los años ochenta ha pasado al olvido. La moneda única, el mercado interior, la política de cohesión y la PAC son sin duda logros importantes, pero incompletos y, sobre todo, insuficientes para crear una verdadera unión.

3.2

Más allá de los términos del debate está, sin duda alguna, el debate sobre los conceptos. ¿Qué significa «el coste»? ¿Qué significa «la no Europa»? ¿Qué significa concretamente el «no»? En potencia, todo puede considerarse Europa o no Europa. Es difícil seleccionar objetivamente los instrumentos y políticas o bienes públicos implicados, delimitar su impacto, determinar en qué nivel (europeo/nacional/local) su implantación sería más eficaz, decidir en qué términos expresar la relación coste/beneficio o en qué marco temporal analizarlos (y la lista de dificultades no es exhaustiva). Teniendo en cuenta todos estos factores, ponerse de acuerdo sobre un enfoque metodológico riguroso e ir más allá de las generalidades asumidas de común acuerdo no es un asunto baladí. La Comunicación del Parlamento Europeo sobre los aspectos metodológicos aporta aclaraciones valiosísimas al respecto y muestra perfectamente su extraordinaria complejidad.

3.3

No obstante, cualquiera que sea el enfoque, las definiciones del concepto –incluso las más amplias– no permiten integrar en el ámbito del debate una parte de los bienes públicos fundamentales (como la paz o la libre circulación de los ciudadanos) que ha generado la construcción de Europa en poco más de medio siglo de existencia.

3.4

Sin querer tratar de cuantificar su contribución al bienestar de los ciudadanos europeos o de imaginar una historia alternativa (¿qué habría sucedido si la construcción europea no se hubiera hecho de este modo?), no está de más recordar –ahora que la reflexión sobre el «coste de Europa» está cada vez más de moda– que la historia de nuestro continente no siempre ha sido la que hemos conocido desde 1945 hasta la actualidad. La paz, la prosperidad, los derechos humanos (consagrados en la Carta de la Unión Europea (7)), la libre circulación de personas y bienes, la posibilidad de utilizar la misma moneda a través de las fronteras, la estabilidad de los precios y otros logros que actualmente forman parte de nuestra vida diaria son percibidos por muchos de nosotros (sobre todo las generaciones más jóvenes) con una normalidad absoluta, como una especie de «estado de cosas natural»: los controles fronterizos entre Francia y Alemania se considerarían una molestia, mientras que el espectro de la guerra entre países europeos suena a broma de mal gusto. Evidentemente, es difícil, por no decir imposible, saber con certeza cuál sería la situación hoy si nos hubiéramos quedado en un marco estrictamente nacional, pero no parece irrazonable afirmar que la construcción europea ha facilitado al menos la aparición de estos bienes públicos y los ha hecho evidentes y naturales para todo el mundo.

3.5

¿Significa esto que estos logros son definitivos? No hay que darlo por seguro. La hipótesis de una guerra fratricida hubiera parecido absurda e improbable a un yugoslavo en los años ochenta, lo que no impidió las guerras terriblemente sangrientas que se produjeron tras la desintegración del país. Otros logros que ha llevado décadas realizar pueden deshacerse: el establecimiento de controles en las fronteras o el cuestionamiento de la zona euro son perspectivas que hoy en día se plantean sin complejos en diversos frentes, ya sean comentaristas o partidos políticos euroescépticos y/o populistas, y –cada vez más a menudo– los movimientos políticos tradicionales.

3.6

Por último, aun sin caer en las hipótesis más extremas, no podemos obviar la cuestión de los costes de la no Europa en caso de desmantelamiento total o parcial de ciertas instituciones clave, como la moneda única. Pese a las críticas que se le puedan hacer en el plano metodológico, un estudio reciente realizado por el banco UBS (8) evalúa los costes de la salida del euro en un 40–50 % del PIB de un país «débil» solamente durante el primer año. Incluso la salida de un país «fuerte» (como Alemania), supondría un coste de un 20–25 % del PIB solamente durante el primer año, es decir, entre 6 000 y 8 000 euros por habitante. Todo ello sin contar los efectos desestabilizadores en el terreno político, las guerras entre las eventuales monedas con devaluaciones competitivas en cadena, el resurgimiento de las políticas proteccionistas en el ámbito nacional y el impacto potencialmente catastrófico en las expectativas de los agentes económicos. Estos fenómenos podrían sumir a Europa en una depresión prolongada durante varios años. Nadie puede predecir las consecuencias de estos sucesos, pero cabe imaginar que se producirían movimientos significativos de recomposición geopolítica que provocarían nuevas alianzas potencialmente desestabilizadoras para Europa como bloque político y económico unificado.

4.1

Contrariamente a las ideas demagógicas transmitidas por algunas corrientes políticas en muchos países de la UE, especialmente desde el estallido de la crisis de 2008-2009 y sus muchos avatares posteriores, las dificultades económicas actuales no están relacionados con el «exceso de eurócratas de Bruselas», sino precisamente con el carácter fundamentalmente incompleto de la construcción europea. El objetivo declarado de crear una unión monetaria en realidad nunca se ha logrado. El desinterés, del que cabe culpar a los Estados y las instituciones de la UE, rechazando constantemente los proyectos necesarios para llevar a cabo una verdadera integración económica, así como los procesos indispensables para la toma de decisiones legítima y democrática en los Estados miembros (algunos de los cuales han sido muy publicitados) han terminado –ante una perturbación exterior asimétrica de una violencia inusitada– por generar una espiral de desconfianza de los mercados. Esta situación está causando, cada vez en mayor medida y a todos los países de la UE, un perjuicio en términos de competitividad, crecimiento, empleo, cohesión social e incluso de legitimidad democrática a nivel continental.

4.2

La creación de una unión monetaria sin una verdadera unión económica ha mostrado todas sus limitaciones y ha acabado generando divergencia en lugar de convergencia. Hoy en día, Europa ya no tiene tiempo, históricamente hablando, de esperar a que «las cosas se desarrollen de forma natural en un futuro lejano». La elección es, o bien avanzar rápidamente para culminar una verdadera unión económica europea, que incluya un mecanismo eficaz que le permita resistir choques asimétricos, o bien asumir los costes potencialmente explosivos de la futura no Unión.

4.3

Las dificultades actuales del euro, una moneda «incompleta» en esencia, reflejan esta situación. Los niveles relativos de deuda pública en la zona del euro en su conjunto, incluso en los países europeos considerados «amenazados», son menores que los de los países «avanzados», como Estados Unidos, Reino Unido o Japón. Pero así como el dólar, la libra esterlina o el yen son percibidos como monedas de verdaderas potencias «plenas», el euro adolece de su imagen de moneda con un ámbito de soberanía poco claro (9), del mandato restrictivo a cargo del Banco Central Europeo y de la falta de una verdadera gobernanza económica a nivel europeo. Por todas estas razones, es crucial lograr una unión económica europea de facto, con normas, en particular normas vinculantes, y responsabilidades claras en cada nivel, lo cual, por otra parte, es inconcebible sin reformas políticas de fondo que confieran a dicha unión la legitimidad necesaria.

4.4

Es difícil medir la totalidad de los costes de esta desconfianza de los mercados, que en parte es también responsable del actual entorno recesivo. Sin embargo, el «coste de la no Europa» para los presupuestos públicos, aunque solo sea por las primas de riesgo que se imponen a algunos Estados en el periodo actual, podría valorarse entre el 0,4 y el 1,5 % del PIB en 2012 (entre 9 y 36 millones de euros) y entre el 1,8 % y el 2,4 % del PIB en 2013 y 2014 (42 000 millones y 56 000 millones de euros) para toda la zona euro y, obviamente, con diferencias muy fuertes entre los países (10).

4.5

Una construcción económica culminada, que prevea en particular una integración presupuestaria y fiscal más estrecha sometida a condiciones y controles estrictos podría eliminar estas primas de riesgo mediante la introducción de mecanismos de mutualización a nivel europeo (tales como los eurobonos u otros) en lugar de dispositivos de emergencia ad hoc improvisados y agotados una y otra vez cuando la situación se vuelve insostenible. Estados Unidos y Europa deben tener la valentía de no actuar de manera reactiva, sino de adoptar un plan de acción y reformas institucionales coherentes para dar una respuesta global a la crisis actual que dibuje una perspectiva verdaderamente creíble.

4.6

Recientemente se han dado algunos pasos en esta dirección. Por desgracia, no parece que estén a la altura de los desafíos.

5.1

Los recientes compromisos asumidos en la cumbre de Bruselas del 9 de diciembre de 2011, unidos a la disciplina del Pacto de Estabilidad de Maastricht, imponen una reducción drástica de los déficits públicos de los Estados mediante la introducción de sanciones, desde ahora automáticas, si se constata la violación de la «regla de oro». Los Estados se verán obligados, por la presión no solo de los mercados financieros, sino también de las nuevas normas vinculantes, a redoblar los esfuerzos para reducir la deuda.

5.2

La cuestión fundamental que se plantea a los dirigentes políticos de varios Estados europeos ante la situación de su deuda pública es la «cuadratura del círculo»: ¿cómo hacer frente a la desconfianza de los mercados, que exigen dos cosas que se contradicen? es decir, ¿cómo reducir drásticamente el déficit público y –casi simultáneamente– reactivar el crecimiento? Una manera de resolver esta ecuación sería eliminar las duplicaciones innecesarias entre Estados miembros mediante la realización conjunta de economías de escala y al mismo tiempo sentar las bases para una futura reactivación presupuestaria a nivel europeo. Haciendo esto, se podría evitar –o al menos contener– los efectos depresores de las políticas de austeridad adoptadas de manera unilateral sin degradar la calidad del servicio público a los ciudadanos, y atajar simultáneamente el problema del malgasto derivado de practicar 27 políticas diferentes –frecuentemente sin coordinación– en los mismos ámbitos. Claramente, esta idea es imposible de aplicar con un presupuesto comunitario limitado al 1 % del PIB y es totalmente contradictoria con la propuesta de aplicar recortes presupuestarios generalizados, también a nivel europeo.

5.3

Así, los presupuestos de defensa acumulados de los países europeos ascendieron a cerca de 200 000 millones de euros en 2010, pero –en opinión de muchos expertos– las políticas nacionales en este ámbito siguen siendo fragmentarias y poco eficaces en general (11). A pesar de numerosas iniciativas a nivel europeo y nacional, los créditos para equipamiento y los programas de I+D en materia de defensa (cerca del 20 % del presupuesto total) son prácticamente el único ámbito donde se puede hablar de una auténtica mutualización de los gastos (e incluso en este sector es del 22 % en 2010 según la AED) (12). Los estudios sobre el tema indican que, en caso de mutualizar los gastos, aunque solo sea en esas partidas, el ahorro potencial sería de 32 % o 13 000 millones de euros (13).

5.4

El mismo razonamiento podría aplicarse a otras prerrogativas soberanas de los Estados, tales como el servicio diplomático, las aduanas, la policía de fronteras, la protección civil, la lucha contra el fraude, etc. La reducción de costes en todos estos ámbitos, a pesar de las posibles discrepancias en cuanto a su cuantificación exacta, es una mera cuestión de voluntad política.

5.5

El coste fiscal de la no Europa es un corolario que agrava el coste presupuestario. La competencia fiscal entre los Estados miembros no se ha enmarcado en términos de intereses europeos comunes. Esto se traduce en una infraimposición fiscal de las bases imponibles móviles deslocalizables y en una sobreimposición de otras, lo que genera pérdidas de ingresos fiscales (y, por lo tanto, costes) para Europa y los Estados miembros. Esta situación también genera desequilibrios, injusticias y sobre todo fuertes costes sociales, muy mal aceptados por la opinión pública.

5.6

En cuanto al ámbito social, el debate sobre los «costes de la no Europa» no es nuevo. La construcción europea no puede tener como único fundamento el principio de libre comercio, según el cual la política de la competencia y el bienestar del consumidor prevalecen sobre cualquier otro criterio y provoca una nivelación social a la baja. Es necesario recordar que, a pesar de las acusaciones a menudo oídas sobre las presuntas «normas impuestas por Europa», se trata –una vez más– de carencia de Europa, no de exceso. Más allá de lo que se percibe como injusticias y de los costes sociales extremadamente elevados, especialmente en el contexto actual, las conclusiones de varios estudios muestran que la no Europa en este ámbito también provoca elevados costes económicos (14). Así, los datos empíricos indican que una política social justa y eficaz contribuye a la estabilización macroeconómica, en particular reduciendo la amplitud de los fenómenos cíclicos y favoreciendo una mejor asignación de recursos y, en general, el bienestar de los ciudadanos (15). Además, las políticas sociales de calidad tienden a reducir los fenómenos de «selección adversa», a internalizar algunas externalidades y a mejorar la calidad de la mano de obra y el «capital social» en el sentido amplio. La Carta Social Europea tenía por objetivo introducir una normas básicas en este ámbito para todos los Estados miembros. En la actualidad, parece necesario ir más allá y considerar un marco estructurado de convergencia de las políticas sociales para reducir las disparidades excesivamente grandes y evitar que el agravamiento de los desequilibrios sociales y el crecimiento generalizado de la pobreza acaben por crear graves obstáculos a un crecimiento económico significativo, equilibrado y sostenible.

5.7

La competencia fiscal y social muy poco regulada en un espacio económico con pocas barreras a la libre circulación de bienes, servicios y capitales también genera otras tendencias particularmente nocivas en un entorno económico globalizado. El desmantelamiento progresivo del tejido industrial en varios países europeos es una realidad innegable que no solo suscita una fuerte oposición por parte de los ciudadanos sino que también plantea problemas estratégicos para nuestros países, ya que se trata de evoluciones de especial importancia, difícilmente reversibles a corto y medio plazo y, por lo tanto, con consecuencias graves (16). Las incoherencias provocadas por la primacía de las directrices nacionales en el ámbito de la política industrial dan lugar a soluciones no cooperativas que no son ni mucho menos óptimas y en ocasiones son incluso contraproducentes (17), en un momento en que los países emergentes están llevando a cabo una política industrial «sin complejos» apoyándose en una moneda débil y un apoyo público activo (18). En lugar de poner en común sus recursos, o al menos coordinar su uso para responder a estos retos, varios grandes países europeos se ven cada vez más obligados, a causa de la falta de una «Comunidad Europea de la Energía» (19), a celebrar acuerdos bilaterales con terceros países en áreas tan fundamentales como la energía o la I+D (20). Es evidente que una política europea, sin duda alguna, constituiría una solución mucho más eficaz.

5.8

El presupuesto de I+D de la Unión para el periodo 2014–2020 asciende a un 0,08 % del PIB, es decir, de veinte a treinta veces menor que los presupuestos nacionales. Sin embargo, un estudio llegó a la conclusión de que todo euro adicional público invertido en I+D de dimensión europea atrae en su estela 0,93 euros del sector privado (21). El Séptimo Programa Marco de Investigación (7o PM, 2007–2013), que cuenta con un presupuesto de 50 500 millones de euros, demuestra que esto no es una ilusión y que es posible practicar una política común en este ámbito. Este programa tiene repercusiones importantes: se calcula que cada euro del Programa Marco se traduce en última instancia en un aumento del valor añadido industrial entre 7 y 14 euros. A largo plazo, análisis macroeconómicos llevados a cabo por la Dirección General de Investigación predicen que el Séptimo Programa Marco, en 2030, habrá permitido la creación de 900 000 puestos de trabajo, 300 000 de los cuales serán de investigadores. Gracias al aumento de la competitividad, en la misma fecha también habrá permitido aumentar las exportaciones de la UE en casi un 1,6 % y reducir sus importaciones en alrededor de un 0,9 %.

5.9

La política industrial común debe tener en cuenta también forzosamente las cuestiones medioambientales y debe coordinarse estrechamente con la política energética de la Unión. La gestión de las cuestiones energéticas en un marco nacional puede producir la ilusión de facilidad a corto y medio plazo, pero también puede resultar muy costosa a largo plazo al provocar una fuerte dependencia de los Estados productores de hidrocarburos e incrementar las facturas de energía. La respuesta podría ser invertir en el desarrollo de infraestructuras energéticas y en la difusión de nuevas fuentes de energía a través de I+D de dimensión europea (22). Según un estudio realizado por Accenture para la Dirección General de Energía, la explotación de fuentes de energía renovables, como la eólica en el Reino Unido o la solar en España, junto a la interconexión de las redes nacionales, podría reducir la factura de los consumidores europeos en unos 110 000 millones de euros en 2020.

5.10

En la actual crisis, está aumentando el riesgo de sufrir desempleo de larga duración, que podría llegar a ser permanente. Esto podría impedir que las personas se sientan realizadas en su lugar de trabajo y privar a la economía europea de su potencial. Una situación de estas características está reñida con el objetivo de alcanzar un crecimiento integrador y exige una búsqueda intensiva de soluciones a largo plazo, que deberían, entre otros, incluir el respaldo de empleos integradores por parte de los fondos públicos, con el objetivo de conservar los hábitos de trabajo, y de actividades de reciclaje, con el objetivo de que las personas se adapten a las necesidades futuras del mercado laboral.