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Sostiene que la denegación de acceso a los documentos en virtud del perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, no constituye un motivo legítimo pues podía haberse comunicado una versión anónima.

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Estima que la aplicación de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento no 1049/2001 no está fundada puesto que el informe de evaluación y la relación de precios no incluyen información alguna acerca de los motivos técnicos o humanos ni revelan ningún conocimiento técnico o tecnicismo concreto.

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Alega que no se infringió el proceso de toma de decisiones, en el sentido del artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001, puesto que: i) la decisión de adjudicación se adoptó y el contrato de servicios se firmó con el licitador seleccionado en el momento en que se adoptó la decisión denegatoria del acceso; ii) los documentos solicitados no son tampoco opiniones en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo 2, del Reglamento no 1049/2001, y porque, en cualquier caso, la divulgación de los documentos no puede perjudicar al proceso de toma de decisiones de la Comisión.

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Sostiene que existe un interés público superior, a saber, el principio de transparencia en el ámbito de la ejecución presupuestaria.

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Estima que no se ha demostrado que no fuera posible una comunicación parcial de los documentos, en el sentido del artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001.