COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 5.12.2025
COM(2025) 751 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Informe anual de 2025 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Balance de la aplicación de la Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE
Informe anual de 2025 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Balance de la aplicación de la Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE
Índice
1.Introducción
2.Garantizar la aplicación efectiva de la Carta por parte de los Estados miembros.
3.Capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos y a los profesionales de la Justicia
4.Fomentar el uso de la Carta como brújula para las instituciones de la UE.
5.Reforzar la conciencia de las personas acerca de los derechos que les confiere la Carta
6.Conclusión
1.Introducción
En 2025 se celebra el 25.º aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). Proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000, la Carta consagra los derechos fundamentales de toda persona en la Unión Europea. Reafirma y reúne los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, trasladándolos al contexto de la UE. La Carta pone de manifiesto el papel que tienen los derechos fundamentales como valores fundacionales de la UE, que tanto las instituciones de la UE como sus Estados miembros están obligados a respetar al aplicar el Derecho de la Unión.
En 2020, la Comisión Europea presentó su Estrategia de la UE para reforzar la aplicación de la Carta (en lo sucesivo, la «Estrategia para la aplicación de la Carta»), en la que reconocía la necesidad de hacer de los derechos y principios de la Carta una realidad para todos. En aplicación de 2020 a 2030, la Estrategia para la aplicación de la Carta se basa en una cooperación eficaz entre la Comisión y las partes interesadas que son esenciales para reforzar la ejecución y la aplicación de los derechos fundamentales, esto es, las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, los profesionales de la justicia y las instituciones de la UE. La Estrategia también aborda la necesidad de informar al público acerca de los derechos fundamentales y las vías de recurso disponibles en caso de que se produzcan violaciones de dichos derechos fundamentales.
En los últimos años se ha prestado mayor atención al avance y la salvaguardia de los derechos fundamentales en toda la UE. Los derechos fundamentales de la Carta, que abarcan la dignidad humana, las libertades, la igualdad, la solidaridad, los derechos de los ciudadanos y la justicia, constituyen el núcleo de la legislación y las políticas de la UE, lo que refleja nuestro compromiso compartido con una sociedad democrática y justa. Durante los cinco primeros años de aplicación de la Estrategia, se ha adoptado nueva legislación de la UE que protege y promueve derechos fundamentales específicos. Esta legislación ha detallado algunas de las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos fundamentales y ha encargado a grupos de partes interesadas, como los organismos independientes de derechos fundamentales y la sociedad civil, que apoyen la aplicación de la Carta a través de su papel a la hora de aplicar la legislación pertinente de la UE.
No obstante, los avances en la protección de los derechos fundamentales no pueden darse por sentados. Los mecanismos para proteger estos derechos deben seguir funcionando en todo momento, y se necesitan esfuerzos sostenidos a todos los niveles para garantizar y reforzar la protección de los derechos de la Carta.
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¿Cuándo se aplica la Carta?
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta adquirió el mismo valor jurídico que los Tratados, esto es, el Derecho de la UE en el que se basan la legislación y las políticas de la UE. Las instituciones, los órganos y los organismos de la UE deben cumplir la Carta en todas sus actuaciones, al igual que los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión.
Los Estados miembros aplican el Derecho de la UE cuando:
- hacen efectiva la legislación de la UE mediante la adopción de medidas nacionales de aplicación;
- adoptan legislación en los casos en que el Derecho de la Unión impone obligaciones concretas o permite que se establezca una excepción;
- adoptan medidas específicas destinadas a contribuir a la consecución del objetivo de un acto de la UE, cuando así lo autorice el acto en cuestión;
- ejecutan los programas de financiación de la UE de conformidad con las normas de financiación de la UE.
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El informe sobre la Carta de este año brinda una importante oportunidad para hacer balance de los avances en la aplicación de la Estrategia sobre la Carta. El informe presenta una visión general de las medidas adoptadas entre 2020 y 2025 para reforzar la aplicación de la Carta a escala de la UE y en los Estados miembros. También destaca los retos pendientes a este respecto y determina dónde son necesarios esfuerzos adicionales, proponiendo ámbitos de mejora y apoyando una cooperación más estrecha entre las instituciones de la UE, los Estados miembros y otras partes interesadas para la segunda mitad del proceso de aplicación de la estrategia.
La Comisión ha recopilado datos para el presente informe a través de varias consultas específicas y una convocatoria de datos. El presente informe se basa en una evaluación cualitativa de las aportaciones presentadas en las consultas, incluidas consultas específicas en línea con: i) Estados miembros; ii) centros de referencia de la Carta; iii) autoridades locales y regionales; iv) la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI), la Red Europea de Organismos para la Igualdad (Equinet) y la Red Europea de Defensores del Pueblo y sus miembros; v) jueces y otros profesionales de la justicia, proveedores de formación judicial y sus redes; iv) los servicios de la Comisión; y vii) la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Se llevó a cabo una consulta en línea con la sociedad civil a través de la Plataforma de Derechos Fundamentales de la FRA, así como una serie de reuniones de consulta.
2.Garantizar la aplicación efectiva de la Carta por parte de los Estados miembros.
Los Estados miembros desempeñan un papel clave en la aplicación y ejecución de la Carta, y las autoridades nacionales dan pleno efecto a los derechos fundamentales siempre que aplican el Derecho de la UE. Por lo tanto, en la Estrategia de la Carta, la Comisión se comprometió a reforzar su asociación con los Estados miembros para garantizar la ejecución y aplicación efectivas de la Carta mediante la prevención de las violaciones de los derechos fundamentales, la promoción de la sensibilización sobre los derechos fundamentales, el aumento de la coordinación y la garantía de su cumplimiento.
2.1.Centros de referencia de la Carta
Para garantizar una coordinación y cooperación eficaces en la aplicación de la Carta, la gran mayoría de los Estados miembros han designado un centro nacional de referencia de la Carta. La Comisión ha apoyado su trabajo organizando reuniones de información e intercambios de buenas prácticas, tanto en línea como presenciales, y compartiendo actualizaciones relativas a la Carta. Para seguir intensificando estos esfuerzos, la Comisión organizará el trabajo de los centros de referencia de la Carta como una red de la Comisión para intercambiar periódicamente información sobre la ejecución y aplicación de la Carta.
Las administraciones nacionales son las más indicadas para determinar cómo deben organizarse las tareas de los centros de referencia de la Carta para mejorar de manera efectiva la coordinación de los derechos fundamentales en cada contexto nacional. Las consultas indican asimismo la posibilidad de que los centros de referencia intensifiquen su colaboración con los organismos de derechos fundamentales, la sociedad civil y las autoridades locales y regionales. Por consiguiente, la Comisión invita a los Estados miembros a reforzar las medidas de divulgación de información, sensibilización y desarrollo de capacidades sobre la Carta a escala nacional, apoyando también las actividades de los centros de referencia de la Carta e implicando a la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos en esta labor.
2.2.Promover la formación sobre la Carta
En la estrategia de la Carta, se invita a los Estados miembros a promover el uso y el conocimiento de la Carta mediante el desarrollo de orientaciones y formación para las administraciones nacionales, regionales y locales y el intercambio de mejores prácticas, y a fomentar el aprendizaje mutuo sobre la Carta. Si bien la mitad de los Estados miembros han organizado formación específica sobre la Carta, es necesaria una formación más específica para garantizar que las autoridades pertinentes tengan conocimientos suficientes sobre los derechos fundamentales. La Comisión seguirá apoyando estos esfuerzos mediante la puesta en marcha de un programa de aprendizaje mutuo sobre la Carta para ayudar a las partes interesadas nacionales en la aplicación de la Carta mediante intercambios entre homólogos y talleres, y el intercambio transnacional de buenas prácticas.
La FRA ha apoyado la aplicación de la Carta a escala nacional mediante la recogida y el análisis de datos, en particular en sus informes sobre los derechos fundamentales y en Charterpedia. Para permitir el intercambio de buenas prácticas sobre la Carta, la FRA y la Comisión organizan, desde 2023, un evento anual en línea denominado CharterXchange, que reúne a profesionales y otros participantes, incluidas las administraciones nacionales, interesados para compartir experiencias y debatir acerca de los retos y oportunidades relacionados con la aplicación de la Carta.
La Comisión y la FRA han desarrollado programas y materiales de formación sobre la Carta y seguirán sensibilizando sobre los materiales, la información y las herramientas existentes. Además, se anima a los Estados miembros a que desarrollen material informativo y formativo sobre la Carta en sus lenguas nacionales, en particular, cuando proceda, traduciendo los recursos de la Carta de la FRA y adaptándolos al contexto nacional.
2.3.Aumentar el uso de las evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales a nivel nacional
En la Estrategia para la aplicación de la Carta, se invitó a los Estados miembros a utilizar evaluaciones de impacto y procedimientos de control legislativo para garantizar que las iniciativas de aplicación del Derecho de la UE se ajusten a la Carta. Algunos Estados miembros han elaborado directrices y hacen uso de organismos consultivos y consultas públicas para ayudar en la aplicación de la Carta, mientras que los ministerios y los órganos parlamentarios desempeñan también un papel central en la supervisión y revisión de la adecuación de las propuestas legislativas a la Carta. Al mismo tiempo, la investigación de la FRA indica que las evaluaciones del impacto de las propuestas legislativas en los derechos fundamentales no se llevan a cabo sistemáticamente, y las evaluaciones ex post son la excepción y no la norma. Esto indica la necesidad de seguir apoyando a las autoridades nacionales en la evaluación de las repercusiones que la legislación nacional que transpone las obligaciones de la UE puede tener en los derechos fundamentales en aquellos casos en los que las medidas de transposición podrían tener un impacto importante en los derechos consagrados en la Carta. La Comisión invita a los centros de referencia de la Carta a distribuir herramientas e información pertinentes a los responsables políticos nacionales y locales para ayudarles a llevar a cabo dichas evaluaciones de impacto.
2.4.El papel de los entes locales y regionales
Los entes locales y regionales utilizan la Carta y el marco de ciudades de derechos humanos de la FRA se considera útil para ayudarles a desarrollar planes de acción y redes basados en los derechos fundamentales. Se están desarrollando herramientas de formación específicas como parte del proyecto RIGHTSCITIES financiado en el marco del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (programa CERV). Desde 2021, la Comisión ha ayudado a las autoridades locales y regionales a promover la Carta a través de la convocatoria de hermanamiento de ciudades del programa CERV. El hermanamiento de ciudades crea oportunidades de cooperación entre municipios de diferentes países, lo que permite a las autoridades locales abordar retos comunes a través del prisma de la Carta. Los proyectos se han centrado, por ejemplo, en la no discriminación, la inclusión, la participación democrática, la igualdad de género y los derechos de las personas que pertenecen a minorías.
No obstante, se necesita más información sobre el valor añadido de la Carta en comparación con otros instrumentos de derechos humanos y cuando se aplica a nivel local. Las consultas indican la necesidad de un mayor apoyo práctico, como formación adaptada, sensibilización y financiación. Por consiguiente, la Comisión invita a los Estados miembros a apoyar a las autoridades locales y regionales en la aplicación de la Carta, por ejemplo, basándose en los materiales desarrollados por el proyecto RIGHTSCITIES.
2.5.Prevención, seguimiento y aplicación
Con arreglo al Derecho de la UE, las autoridades nacionales son las principales responsables de aplicar correctamente el Derecho de la UE. Los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan un papel clave en el cumplimiento de la Carta al aplicar e interpretar el Derecho de la Unión en el ordenamiento jurídico interno. El procedimiento de decisión prejudicial establece un mecanismo de diálogo entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los órganos jurisdiccionales nacionales para garantizar que el Derecho de la Unión, incluida la Carta, se interprete de manera uniforme.
En la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión destacó la importancia de mantener un diálogo continuo con los Estados miembros para prevenir las violaciones de los derechos fundamentales. Este diálogo tiene lugar, en particular, en grupos de trabajo de políticas específicas y a través de actividades de aprendizaje mutuo. Al mismo tiempo, la Comisión reafirmó su compromiso de supervisar la aplicación de la Carta y de la legislación conexa de la UE y de seguir de cerca los casos en los que un Estado miembro esté mostrando un fallo sistémico en la aplicación de la Carta al aplicar el Derecho de la UE. En los últimos años, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción relacionados con el respeto de derechos específicos de la Carta, como, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva, la protección de los datos personales, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, la no discriminación por razón de nacionalidad, sexo u orientación sexual, el respeto de la dignidad humana, la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación, el derecho al secreto profesional y la presunción de inocencia.
Desde 2021, la Comisión ha presentado informes anuales sobre la aplicación de la Carta, en los que se analiza el impacto de la Carta en ámbitos estratégicos concretos. La estrategia para la aplicación de la Carta y los informes anuales sobre su aplicación forman parte de un esfuerzo más amplio a escala de la UE para reforzar los valores fundacionales, en particular el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia y la igualdad. Esto también incluye los informes anuales sobre el Estado de Derecho, el Plan de Acción para la Democracia Europea, el paquete de Defensa de la Democracia, informes sobre la ciudadanía de la Unión, el Escudo Europeo de la Democracia, la estrategia para la sociedad civil, y estrategias para abordar las necesidades de grupos específicos de titulares de derechos.
Al elaborar los informes anuales sobre la aplicación de la Carta, la Comisión trabaja en colaboración con otras instituciones y agencias de la UE, en particular la FRA, para recopilar información y datos para los informes, y lleva a cabo amplias consultas con las partes interesadas. Los informes sobre la Carta son herramientas valiosas para hacer hincapié en la importancia de los derechos fundamentales en diversas políticas, al tiempo que sirven de recordatorio sobre el amplio ámbito de aplicación y la aplicabilidad de la Carta. Los informes también se consideran útiles para la sociedad civil y el poder judicial, ya que proporcionan resúmenes agregados periódicos de la legislación pertinente de la UE, orientan las acciones de promoción en apoyo de los derechos fundamentales y, en general, subrayan el reconocimiento de los retos existentes. Sin embargo, las partes interesadas han pedido que se potencie el uso de los informes como herramientas de seguimiento, en particular proponiendo centrarse en la protección de los derechos específicos de la Carta; e incluir referencias a las resoluciones judiciales.
La Comisión estudiará formas de seguir desarrollando los informes sobre la Carta para ofrecer una visión más detallada de los principales avances relativos a la aplicación de los derechos específicos consagrados en la Carta relacionados con el tema seleccionado, incluidas las resoluciones judiciales pertinentes. La Comisión apoyará sus conclusiones con indicadores de datos pertinentes, cuando estén disponibles, de Eurostat y otras fuentes pertinentes. Llevará a cabo un estudio de viabilidad para analizar nuevas oportunidades de reforzar el seguimiento de los derechos fundamentales en el contexto de los informes temáticos anuales sobre la Carta. Estos aspectos también se debatirán en el marco de la nueva Plataforma de la Sociedad Civil que se creará en 2026.
Las consultas muestran que el seguimiento a escala nacional de los informes sobre la Carta ha seguido siendo limitado. Por consiguiente, la Comisión invita a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos haciendo un seguimiento de los informes sobre la Carta, en particular organizando actos con los grupos de partes interesadas pertinentes a debatir la cuestión del informe anual en el contexto nacional.
La Comisión también ha invitado al Parlamento Europeo y al Consejo a organizar debates de fondo para dar seguimiento a los informes sobre la Carta. En 2021, el Consejo adoptó unas Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la aplicación de la Carta, en las que se detallan las medidas que los Estados miembros podrían adoptar para apoyar la aplicación de la Estrategia. Cada año, ha invitado a la Comisión a presentar las conclusiones del informe sobre la Carta a los Estados miembros y ha adoptado conclusiones del Consejo sobre el tema del informe con recomendaciones adicionales.
En la Estrategia, la Comisión también animó al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales a desarrollar la cooperación interparlamentaria en relación con la aplicación de la Carta. Invita una vez más al Parlamento Europeo a que implique a los Parlamentos nacionales en el refuerzo de la aplicación de la Carta, también mediante la organización de una reunión de coordinación interparlamentaria sobre la aplicación de la Carta. La Comisión está dispuesta a apoyar el desarrollo de esta iniciativa.
2.6.Garantizar la protección de los valores de la Carta a través de los fondos de la UE
La financiación de la UE es fundamental para apoyar la aplicación de las políticas de la UE. Para garantizar que la ejecución de los fondos de la UE se ajuste a la Carta, el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) incluye una «condición favorable» horizontal sobre la aplicación e incidencia efectivas de la Carta. La condición favorecedora horizontal de la Carta exige a los Estados miembros que dispongan de mecanismos para garantizar que los programas apoyados por los fondos del Reglamento sobre disposiciones comunes se ajusten a la Carta en todas las fases de programación y ejecución. Se les anima a implicar en estos mecanismos a las organizaciones de la sociedad civil, como los organismos independientes de derechos fundamentales. Los Estados miembros también están obligados a establecer mecanismos para la presentación de informes a los comités de supervisión para los casos de falta de conformidad de las operaciones con la Carta y las reclamaciones relacionadas con la Carta.
La Comisión seguirá supervisando si la condición favorecedora horizontal de la Carta sigue cumpliéndose a lo largo de todo el período de programación y adoptará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, según proceda. No obstante, las consultas indican la necesidad de más información y orientación para ayudar a las autoridades nacionales y regionales que gestionan los fondos de la UE en la aplicación de la Carta, por ejemplo, ofreciendo orientación a través de módulos de formación, el desarrollo de capacidades o el intercambio de buenas prácticas. En consonancia con el compromiso asumido en la Estrategia para la aplicación de la Carta, dichas orientaciones se han publicado en forma de manual para orientar a las autoridades y organismos nacionales y regionales a la hora de garantizar una aplicación coherente y eficaz de la condición favorecedora horizontal de la Carta. La Comisión traducirá el manual a las lenguas oficiales de la UE para garantizar que sea accesible a las partes interesadas nacionales. La Comisión también estudiará si es necesario adoptar nuevas medidas en virtud del próximo marco financiero plurianual, como actividades de desarrollo de capacidades o el intercambio de buenas prácticas.
La propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual incluye salvaguardias e incentivos sólidos para garantizar que la financiación de la UE respete la Carta y el Estado de Derecho. El respeto de los principios del Estado de Derecho y de la Carta es un requisito previo para el apoyo financiero. Para que sus planes nacionales y regionales sean aprobados, y en virtud de la propuesta, los Estados miembros tendrán que demostrar que disponen de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y de la condición favorecedora horizontal de la Carta durante toda la ejecución de los fondos.
3.Capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos y a los profesionales de la Justicia
3.1.Sociedad civil
La Estrategia para la aplicación de la Carta pone de manifiesto la contribución indispensable de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los derechos fundamentales. En la Estrategia, la Comisión invitó a los Estados miembros a promover un entorno favorable y seguro para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en su país, en particular a escala local.
La Comisión dedicó el informe sobre la Carta de 2022 a un espacio cívico próspero y en dicho informe describió el papel de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos para la igualdad y los defensores del pueblo en el apoyo a la aplicación de la Carta, hizo inventario de las medidas adoptadas a escala nacional y de la UE para protegerlos, apoyarlos y reforzar su labor, y detectó retos, lagunas y ámbitos de mejora a este respecto. El informe también señaló un mayor deterioro del espacio cívico en toda la UE, además de denuncias de amenazas y acoso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y sus miembros.
Para dar seguimiento al informe sobre la Carta de 2022, la Comisión organizó una serie de seminarios sobre las medidas necesarias para seguir capacitando, protegiendo y apoyando a la sociedad civil, que concluyeron con un acto de alto nivel en noviembre de 2023. Un informe final recomendó que los Estados miembros y las instituciones de la UE se comprometieran en la protección, promoción y apoyo de un espacio cívico en la UE. Estas conclusiones se integraron en la Recomendación de la Comisión de 2023 sobre la promoción del compromiso y la participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas. En consonancia con esta Recomendación, la Comisión ha desarrollado una serie de instrumentos para implicar a la ciudadanía en la elaboración de sus políticas, en particular los paneles europeos de ciudadanos, que podrían inspirar a las autoridades nacionales y locales a establecer sus propias estrategias de participación ciudadana. En 2024, la Comisión también adoptó dos Directivas sobre normas mínimas para el funcionamiento de los organismos para la igualdad con el fin de mejorar su eficacia y garantizar su independencia.
Sobre la base de estas iniciativas y en respuesta a los llamamientos de la sociedad civil, el 12 de noviembre de 2025 la Comisión adoptó la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil. La estrategia establece un marco para fomentar el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil a escala nacional y de la UE, así como para protegerlas, apoyarlas y garantizar una financiación sostenible y transparente de estas organizaciones. La Comisión creará una Plataforma de la Sociedad Civil para intensificar su compromiso con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales y otras políticas de la UE basadas en valores. La Comisión también invita a los Estados miembros a implicar a la sociedad civil en las actividades relacionadas con la Carta a escala nacional para garantizar el intercambio de información y el desarrollo mutuo de capacidades.
La Comisión también se comprometió a apoyar un entorno propicio para la sociedad civil, en particular a través de la financiación del programa CERV. Entre 2022 y 2025, se han concedido más de 1 300 millones EUR a agentes que contribuyen a la aplicación de los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en la Carta.
En julio de 2025, la Comisión adoptó su propuesta para un nuevo programa de financiación, AgoraEU, destinado a seguir financiando la promoción y la protección de los derechos fundamentales a través de su componente de «Democracia, Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores» (CERV+) de 2028 a 2034. En virtud del nuevo marco financiero plurianual, en colaboración con los presupuestos nacionales y como complemento a otros esfuerzos a escala europea y nacional, la Unión Europea apoyará a la sociedad civil en el adelanto de la aplicación de la Carta, en particular a través del programa propuesto AgoraEU y del programa Justicia, una vez adoptado.
Por último, la Comisión invitó a las redes de la sociedad civil a intensificar sus esfuerzos de desarrollo de capacidades mediante la cooperación en la formación sobre la Carta y el intercambio de prácticas, tomando como base el apoyo y los instrumentos desarrollados por la Comisión y la FRA. Señaló que las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos para la igualdad y los defensores del pueblo están en una posición idónea para compartir información y ayudar a las personas a acceder a la protección judicial cuando se vulneran sus derechos fundamentales. Una protección judicial efectiva y los litigios estratégicos, en particular, pueden contribuir a la aplicación efectiva de los derechos fundamentales y la Comisión ha financiado varios proyectos para desarrollar la capacidad de la sociedad civil para llevar a cabo litigios estratégicos sobre la base de la Carta.
Para reforzar aún más la aplicación de los compromisos mencionados, la Comisión invita a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos para la igualdad y los defensores del pueblo a redoblar sus esfuerzos de cooperación e intercambio de prácticas sobre la Carta. Además, invita a dichas partes interesadas, así como a los profesionales de la justicia y a los beneficiarios de financiación de la UE, a compartir jurisprudencia y otras buenas prácticas sobre la Carta con la FRA para facilitar la actualización de la base de datos Charterpedia.
3.2.La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos
El segundo componente de la Estrategia para la aplicación de la Carta destaca la importancia de unas instituciones nacionales de derechos humanos fuertes e independientes. Con mandatos amplios que abarcan todos los derechos fundamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan una labor única a la hora de garantizar que los agentes estatales protejan los derechos fundamentales y de crear vínculos entre las administraciones públicas y la sociedad civil. Por consiguiente, en la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión invitó a los Estados miembros que no han creado una institución nacional de derechos humanos independiente a que lo hicieran. También invitó a los demás Estados miembros a garantizar que las instituciones nacionales de derechos humanos dispongan de los recursos y los medios necesarios para cumplir los principios del Acuerdo de París de las Naciones Unidas, y a hacer referencia a la Carta en sus mandatos. Asimismo, tomó nota del papel de la ENNHRI a la hora de ayudar a los Estados miembros a lograr y mantener la acreditación de categoría A de sus instituciones nacionales de derechos humanos, en particular mediante la coordinación del desarrollo de capacidades y el intercambio de prácticas sobre la Carta.
Tras la adopción de la Estrategia para la aplicación de la Carta, otras cinco instituciones nacionales de derechos humanos han recibido la acreditación de categoría A (en Estonia, Chipre, Austria, Eslovenia y Suecia) y se han realizado avances hacia la creación de una institución nacional de derechos humanos acreditada en Chequia y Rumanía. La ENNHRI ayuda a las instituciones designadas a obtener su acreditación y a mejorarla mediante asesoramiento técnico y consultas. La Comisión supervisa la situación de los defensores del pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos para la igualdad y otras autoridades independientes en sus informes sobre el Estado de Derecho en el apartado dedicado a «Otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios».
Tras la adopción de la Estrategia para la aplicación de la Carta, la ENNHRI y las instituciones nacionales de derechos humanos se han implicado cada vez más en el apoyo a la aplicación de la Carta. La ENNHRI organiza el desarrollo de capacidades en relación con la Carta y contribuye, junto con sus miembros, a la preparación de legislación y políticas que afectan a los derechos fundamentales y a los valores fundacionales.
Para apoyar sus esfuerzos, la Comisión considerará la necesidad de orientaciones adicionales en lo que respecta al papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en virtud del Derecho de la UE, también en la aplicación de la Carta, y la manera en que los Estados miembros podrían apoyarlas. La Comisión seguirá apoyando a las instituciones nacionales de derechos humanos en la aplicación de la Carta, también a través de la financiación del programa CERV 2021-2027 y del programa propuesto AgoraEU, una vez adoptado.
Además, la Comisión invita a las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos para la igualdad y los defensores del pueblo a seguir apoyando la aplicación de la Carta a través de actividades específicas en sus Estados miembros, en particular ofreciendo información y asesoramiento a las personas en materia de derechos fundamentales y vías de recurso en caso de violación de los derechos fundamentales.
Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden apoyar la aplicación de la Carta en todos los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión invita a los Estados miembros a que impliquen a las instituciones nacionales de derechos humanos en los procesos de consulta para que puedan contribuir de manera significativa a la evaluación de las repercusiones en los derechos fundamentales a la hora de elaborar legislación y políticas en ámbitos en los que se aplica la Carta. Asimismo, invita a los Estados miembros a desarrollar iniciativas de sensibilización y desarrollo de capacidades para la Carta a escala nacional, regional y local, aprovechando los conocimientos compartidos de las instituciones nacionales de derechos humanos, los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, las autoridades locales y regionales y las administraciones públicas.
3.3.Profesionales de la justicia
Los jueces y otros profesionales de la justicia desempeñan un papel único a la hora de garantizar la aplicación de los derechos fundamentales. En la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión se comprometió a financiar oportunidades de formación sobre la Carta para jueces y otros profesionales de la justicia en el marco del programa Justicia. En la Estrategia europea sobre la formación judicial 2021-2024, la Comisión especificó que los profesionales de la justicia deben recibir formación específica sobre la Carta, su ámbito de aplicación y los derechos fundamentales específicos, así como sobre su relación con el Derecho nacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los tribunales nacionales se remiten cada vez con más frecuencia a la Carta. El número de peticiones de decisión prejudicial relativas a la Carta ha aumentado anualmente a partir de 2020, alcanzando las 128 solicitudes en 2024. Según las consultas a los profesionales de la justicia realizadas en apoyo de la presente revisión, se considera que la Carta aporta valor añadido como norma jurídica adicional a las disposiciones constitucionales y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular, en los casos de migración y asilo, así como en la aplicación de la legislación de la UE relativa a la orden de detención europea, la protección de datos, la protección de los menores y la fiscalidad. Los profesionales de la justicia que respondieron a la consulta también hacen referencia a la aplicación de los derechos procesales de la Carta (artículos 47 a 50). Sin embargo, los profesionales de la justicia informan sobre determinadas dificultades que encuentran para determinar la aplicabilidad de la Carta.
La formación judicial sobre la Carta aún no ha llegado a un mayor número de profesionales de la justicia. Las razones citadas con más frecuencia para no participar en este tipo de formación son la falta de conocimiento sobre la formación o la falta de oportunidades de formación a escala nacional y de la UE. La Comisión seguirá apoyando la formación judicial sobre la Carta, también a través del programa Justicia propuesto en virtud del nuevo marco financiero plurianual, una vez adoptado. La Comisión también invita a los Estados miembros a garantizar que la formación judicial inicial y continua sobre la Carta se imparta en sus lenguas nacionales.
En la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión también se comprometió a apoyar el desarrollo de una herramienta de aprendizaje electrónico para los jueces. En diciembre de 2025, publicará las «píldoras electrónicas sobre el Derecho de la UE», que son breves cursos de formación en línea que resumen las principales características del Derecho de la UE en más de cuarenta temas, entre los que se encuentra la Carta. A principios de 2026, la Comisión también publicará cincuenta y tres cursos gratuitos de aprendizaje en línea sobre la Carta que presentan cada artículo sustantivo y las disposiciones generales de la Carta en sesiones de treinta minutos. Además, un manual escrito complementario resumirá la jurisprudencia pertinente relativa a cada artículo. Los cursos están dirigidos a empleados públicos nacionales y de la UE. Toda la formación mencionada estará a disposición del público en la Plataforma Europea de Formación del Portal Europeo de e-Justicia.
Para garantizar la disponibilidad de información sobre la Carta, la Comisión invitó a las redes de jueces y otros profesionales de la justicia a cooperar en la formación y el intercambio de buenas prácticas sobre la aplicación de la Carta, tomando como base el apoyo y las herramientas ofrecidos por la Comisión, la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) y la FRA. Sin embargo, el conocimiento y el uso de estos materiales han seguido siendo escasos. Esto refleja una mayor necesidad de orientación práctica e información sobre la jurisprudencia relacionada con la Carta, como bases de datos y fichas informativas, así como intercambios de buenas prácticas sobre la aplicación de la Carta y la traducción de materiales clave a las lenguas nacionales. Por lo tanto, la Comisión seguirá sensibilizando a los profesionales de la justicia acerca de los recursos de formación en línea existentes sobre la Carta en colaboración con la FRA e invita a las instituciones de formación judicial a utilizar estos recursos en su oferta de formación. También invita a los Estados miembros a compartir con el poder judicial información acerca de las oportunidades de formación sobre la Carta y las herramientas en línea existentes, garantizando al mismo tiempo el debido respeto de la independencia judicial. La Comisión también aumentará la accesibilidad de sus nuevos cursos en línea sobre la Carta y seguirá facilitando información sobre la Carta y su aplicación en su sitio web.
La Comisión reconoció que la digitalización de la justicia tiene el potencial de mejorar la capacidad de los tribunales para abordar eficazmente las cuestiones relativas a los derechos fundamentales, por lo que apoya los esfuerzos de digitalización de los Estados miembros. Al mismo tiempo, la digitalización de la justicia debe llevarse a cabo de manera que se garantice el respeto de los derechos fundamentales, asegurando también que haya juicios presenciales a disposición de aquellas partes que los necesiten para ejercer sus derechos fundamentales de manera efectiva.
4.Fomentar el uso de la Carta como brújula para las instituciones de la UE.
En la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión destaca que el cumplimiento de la Carta es fundamental para la sostenibilidad de la legislación de la UE. Se comprometió a evaluar el cumplimiento de la Carta por parte de iniciativas clave que podrían tener repercusiones importantes en los derechos fundamentales desde la fase preparatoria y a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones.
Para reforzar la ayuda al personal de la UE a la hora de evaluar las repercusiones en los derechos fundamentales, la Comisión ha actualizado las orientaciones para su personal sobre la aplicación de la Carta en las evaluaciones de impacto y las difundirá como fuente de información para los responsables políticos a escala nacional y local, tal como se ha comprometido en la estrategia. Además de las sesiones de formación periódicas sobre la mejora de la legislación, la Comisión ha desarrollado un curso de formación específico sobre la «Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en evaluaciones de impacto» para formar al personal de la UE sobre la Carta y orientarlo en la evaluación de las repercusiones de las propuestas legislativas en los derechos fundamentales en consonancia con las normas relativas a la mejora de la legislación. La FRA también ha ofrecido asesoramiento a las instituciones de la UE y a los Estados miembros sobre la evaluación de las repercusiones de los proyectos de legislación y las políticas en el ámbito de los derechos fundamentales. Los cincuenta y tres cursos de formación en línea sobre la Carta organizados por la Comisión incluyen asesoramiento para el personal de la UE sobre cómo garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales a la hora de formular iniciativas legislativas.
La Comisión se basa en las aportaciones de las partes interesadas a la hora de preparar iniciativas, también las relacionadas con la integración de la Carta en sus políticas y propuestas. La sociedad civil también participa a través de una serie de formas descentralizadas de diálogo estructurado y consultas y participa en numerosos grupos de expertos de la Comisión. La nueva Estrategia de la UE para la Sociedad Civil establece un marco común para orientar y reforzar el compromiso de la Comisión con las organizaciones de la sociedad civil.
El Grupo de Trabajo sobre la Igualdad de la Comisión trabaja para garantizar la integración de las consideraciones en materia de igualdad en todas las iniciativas. El Grupo de Trabajo ha desarrollado procedimientos para orientar al personal de la Comisión a la hora de garantizar que las políticas, la legislación y los programas de financiación de la UE promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y luchen contra la discriminación. También ha impartido formación al personal sobre la integración de la igualdad. Además, las estrategias de la Unión de la Igualdad contribuyen a convertir la igualdad y la no discriminación en acciones estratégicas.
Además, los convenios de derechos humanos de los que la UE es parte orientan sobre el uso de la Carta por parte de las instituciones de la UE, ya que la UE está obligada a cumplir sus normas en su proceso legislativo. Así pues, la adhesión a la UE refuerza la aplicación de la Carta en los ámbitos políticos cubiertos por estos convenios. El proceso de adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) también ha seguido avanzando con vistas a garantizar que los derechos fundamentales en la UE estén sujetos a un control externo adicional.
Para reforzar la integración de la Carta a lo largo del proceso legislativo de la UE, la Comisión invitó también al Parlamento Europeo y al Consejo a utilizar los instrumentos a su disposición para garantizar la aplicación efectiva de la Carta. Las Presidencias del Consejo han organizado material formativo sobre la aplicación de la Carta para el personal del Consejo y las delegaciones de los Estados miembros. En 2024, la formación se centró en el papel de cada institución en la evaluación de las repercusiones en los derechos fundamentales a la hora de llevar a cabo evaluaciones de impacto. Para seguir reforzando esta labor, la Comisión anima al Parlamento Europeo y al Consejo a organizar intercambios de buenas prácticas para garantizar el respeto de la Carta a lo largo de todo el ciclo legislativo. Invita al Consejo a que siga sensibilizando sobre sus orientaciones en materia de respeto de los derechos fundamentales en los grupos de trabajo del Consejo.
En consonancia con la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión ha seguido velando por que las acciones internas y externas de la UE para la promoción y protección de los derechos fundamentales sean coherentes y se refuercen entre sí. En 2020, adoptó el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia para el período 2020-2024. Este Plan guía la labor bilateral y multilateral de la UE en materia de derechos humanos y se ajusta a la Carta.
A escala multilateral, la UE colabora con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Tercera Comisión y la Asamblea General, y apoya el mandato y la independencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desde 2020, la UE ha llevado a cabo más de sesenta diálogos y consultas con terceros en materia de derechos humanos.
En consonancia con su compromiso de tener la Carta en consideración a la hora de preparar y negociar acuerdos comerciales y de inversión, la UE ha seguido supervisando el cumplimiento por parte de países no pertenecientes a la UE de las normas internacionales en materia de derechos humanos. La UE aplica su política comercial, en particular los capítulos dedicados al comercio y el desarrollo sostenible de sus acuerdos comerciales, guiada por la Comunicación de 2022 titulada «El poder de las asociaciones comerciales: juntos por un crecimiento económico ecológico y justo» y la Comunicación de 2022 sobre el trabajo digno en todo el mundo. La Comisión ha seguido examinando las quejas de las partes interesadas en relación con el incumplimiento por los socios de los compromisos asumidos por las Partes en los acuerdos comerciales.
La Comisión también ha seguido ayudando a los países candidatos a la adhesión a la UE a adaptarse a las normas de la Unión en materia de derechos fundamentales. Estos países deben adaptarse gradualmente a las disposiciones de la Carta, con vistas a lograr la plena adaptación antes de la fecha de adhesión. La Comisión presta apoyo en forma de asistencia técnica y financiera a este respecto y sigue los avances a través del paquete anual de ampliación.
Los países candidatos y los países con un acuerdo de asociación pueden solicitar el estatuto de observador en la FRA para ayudarles a adaptar su legislación y sus políticas al acervo en materia de derechos fundamentales. Albania, Macedonia del Norte y Serbia tienen actualmente estatuto de observador y otros países candidatos han manifestado su interés en obtenerlo.
5.Reforzar la conciencia de las personas acerca de los derechos que les confiere la Carta
El último componente de la Estrategia para la aplicación de la Carta se centra en la sensibilización del público. Una encuesta del Eurobarómetro sobre el conocimiento de la Carta, realizada en la primavera de 2025, indica que el 49 % de las personas había oído hablar de la Carta, lo que muestra avances modestos desde 2019. Sin embargo, solo el 12 % de los encuestados se sintió bien informado sobre sus derechos consagrados en la Carta, lo que indica una mayor necesidad de aumentar la sensibilización. Los encuestados están interesados en saber más sobre dónde acudir en casos de violación de sus derechos (64%), el contenido de la Carta (62%) y cuándo se aplica (62%).
La tutela judicial efectiva es esencial, ya que permite a los particulares hacer valer sus derechos fundamentales. La encuesta del Eurobarómetro de 2025 muestra que, si se vulneraran sus derechos consagrados en la Carta, el 23 % de las personas presentaría una denuncia ante la policía, seguido del 21 % que acudiría a una institución de la UE y el 18 % que acudiría a un tribunal nacional. Tan solo el 5 % se pondría en contacto con una organización de la sociedad civil. Estos resultados solo difieren ligeramente de la encuesta de 2019.
Ya en la Estrategia de 2010, la Comisión señaló lo difícil que era para la ciudadanía conocer las vías de recurso adecuadas para los casos en que se vulnera la Carta. La Comisión recibe una media de 1 500 cartas de ciudadanos al año relacionadas con violaciones de los derechos fundamentales, que se refieren principalmente a situaciones para las que no tiene competencia, ya que dichas situaciones no guardan relación con el Derecho de la UE. Dado que los Estados miembros tienen la responsabilidad principal de proporcionar vías de recurso en casos individuales, en la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión les invitó a elaborar iniciativas para promover la sensibilización de la ciudadanía acerca de sus derechos consagrados en la Carta y de a quién dirigirse cuando se vulneren tales derechos, en particular, mediante la capacitación de los representantes locales. Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo en gran medida desconocidas para el público. Por lo tanto, existe la posibilidad de ofrecer al público más información sobre cómo encontrar vías de recurso efectivos. Por consiguiente, la Comisión invita a los Estados miembros a trabajar con instituciones independientes de derechos fundamentales y con la sociedad civil para compartir información sobre los derechos fundamentales y las vías de recurso disponibles en casos de violación de los derechos fundamentales a todos los niveles.
En la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión también destacó el papel fundamental de las autoridades locales en el fomento del conocimiento de la Carta. Las autoridades locales y regionales están bien situadas para organizar iniciativas de sensibilización, en particular campañas de información, actividades de participación de la comunidad, formación para funcionarios locales y acciones educativas, como las «Jornadas sobre la Carta». Aunque actualmente este potencial está infrautilizado, estos esfuerzos siguen siendo pertinentes para hacer la Carta más accesible a las personas.
La Comisión también tomó nota de la importancia de explicar los derechos fundamentales a las personas mediante historias de la vida real. Entre 2021 y 2022, llevó a cabo una campaña de sensibilización para informar a las personas sobre sus derechos consagrados en la Carta. En 2025, para conmemorar el 25.º aniversario de la proclamación de la Carta, la Comisión lleva a cabo una campaña en las redes sociales para sensibilizar sobre los distintos artículos de la Carta y lo que los derechos fundamentales significan para las personas.
El programa Erasmus + también ha apoyado proyectos sobre derechos fundamentales y comunicación de los derechos de la Carta a los jóvenes. Además, los valores fundamentales y la educación en materia de derechos humanos son una parte fundamental de la agenda de educación para la ciudadanía mundial en el programa de educación y sensibilización para el desarrollo (DEAR).
En la Estrategia para la aplicación de la Carta, la Comisión también se comprometió a sensibilizar a los niños acerca de sus derechos en el marco de la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño. La Estrategia, adoptada en 2021, se desarrolló con y para los niños con el fin de familiarizarlos con las políticas y la legislación de la UE. Los niños también contribuyeron a la elaboración de directrices para simplificar los documentos y hacer que sean más accesibles. Desde la creación de la Plataforma de Participación Infantil de la UE en 2022, se ha consultado a los niños sobre determinadas iniciativas políticas y estos han participado en la «traducción» de estas iniciativas a formatos adaptados a los niños.
Para reforzar aún más la provisión de información y la sensibilización sobre la Carta, la Comisión seguirá financiando estos esfuerzos a escala nacional, local y regional a través del programa CERV y su sucesor, el componente CERV+ del programa AgoraEU propuesto, una vez adoptado, así como llevando a cabo su propia labor de sensibilización, en particular actividades de comunicación y una conferencia para conmemorar el 25.º aniversario de la Carta.
6.Conclusión
Una cuarta parte de un siglo después de su proclamación, la Carta constituye una firme referencia para las políticas y la legislación de la UE, así como su ejecución y aplicación en los Estados miembros. Esta revisión intermedia muestra que se han cumplido la mayoría de los compromisos políticos de la estrategia de la Carta. La Comisión ha reforzado la cooperación con los Estados miembros, ha apoyado a la sociedad civil y a los organismos independientes de derechos fundamentales, ha promovido la formación judicial y ha reforzado el uso de la Carta en los procesos legislativos. Las consultas realizadas para esta revisión confirman, además, que las partes interesadas de toda la UE están tomando medidas significativas en consonancia con la Estrategia.
Al mismo tiempo, persisten los retos a la hora de garantizar la aplicación efectiva de la Carta. Es necesario mejorar el conocimiento de la Carta entre las autoridades, los profesionales y el público en general. El desarrollo sostenido de capacidades, la mejora del acceso a la información y la supervisión y la ejecución siguen siendo esenciales para garantizar que la Carta se incorpora y aplica de manera coherente a todos los niveles. En particular, los esfuerzos deben centrarse en aumentar la oferta de información y formación para que muchos más funcionarios, partes interesadas de la sociedad civil y profesionales de la justicia puedan beneficiarse de estas medidas y contribuir a aumentar la aplicación general de la Carta. La presente revisión intermedia establece nuevas medidas en estos ámbitos.
Durante la segunda mitad de la aplicación de la estrategia de la Carta, la Comisión seguirá desarrollando sus informes anuales sobre la Carta y adoptará medidas reforzadas para apoyar la ejecución y aplicación de la Carta en los Estados miembros. Organizará el trabajo de los centros de referencia de la Carta como una red de la Comisión para ayudarles a garantizar una coordinación y cooperación eficaces en la aplicación de la Carta y pondrá en marcha un programa de aprendizaje mutuo para ayudar a las partes interesadas nacionales a intercambiar las mejores prácticas sobre la Carta a todos los niveles. También son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar que la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los organismos independientes de derechos fundamentales sigan estando facultados para apoyar la aplicación de la Carta. La Comisión aplicará las acciones en el marco de la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil y estudiará la necesidad de orientaciones adicionales en lo que respecta al papel de las instituciones nacionales de derechos humanos con arreglo al Derecho de la UE.
Es necesario actuar con determinación para reforzar el respeto y la protección de los derechos consagrados en la Carta en todos los ámbitos políticos de la UE. Por lo tanto, se anima a los Estados miembros y a otras partes interesadas a que distribuyan este informe a escala nacional, regional y local. Es necesaria una cooperación continua entre las instituciones de la UE, los Estados miembros y otras partes interesadas para garantizar que la Carta se aplique y ejecute de 2026 a 2030, y posteriormente.