COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 6.12.2022

COM(2022) 716 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Un espacio cívico próspero para la defensa de los derechos fundamentales en la UE





Informe anual de 2022 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

Un espacio cívico próspero para la defensa de los derechos fundamentales en la UE

Informe anual de 2022 sobre la aplicación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

Índice

1.    Introducción    

2.    El papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos    

3.    La protección de las OSC y los defensores de los derechos    

4.    El apoyo a las OSC y a los defensores de los derechos    

5.    El empoderamiento de las OSC y los defensores de los derechos    

6.    Conclusión    

1.Introducción

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta») reúne un amplio abanico de derechos fundamentales y reafirma que la UE está fundada sobre los valores de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Su carácter vinculante ha favorecido que el ordenamiento jurídico de la UE se convierta en un estandarte de la protección de los derechos fundamentales.

A fin de mejorar la aplicación de la Carta y dársela a conocer en mayor medida a la ciudadanía, en 2020 la Comisión Europea presentó la Estrategia para Reforzar la Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «la Estrategia para la Aplicación de la Carta») 4 . Tal como se establece en dicha estrategia, la Comisión está adoptando ahora un enfoque temático en sus informes anuales sobre la Carta para poner de relieve algunas de las cuestiones más acuciantes en relación con los derechos fundamentales y la aplicación de la Carta en los ámbitos elegidos.

En la Estrategia para la Aplicación de la Carta, la Comisión se comprometió a apoyar un entorno propicio para los agentes de la sociedad civil y a emprender acciones contra las medidas que infringen el Derecho de la UE, incluida la Carta, cuando afectan a las organizaciones de la sociedad civil. La Estrategia también recalcó la importancia de crear y mantener instituciones nacionales de derechos humanos sólidas e independientes.

Esta es la razón por la que el informe de 2022 gira en torno al espacio cívico y su papel en la protección y promoción de los derechos fundamentales conferidos por la Carta.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 17 y los defensores de los derechos 18 son esenciales en nuestras sociedades democráticas constitucionales para hacer realidad y proteger los valores y derechos consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en la Carta 19 . Estos aportan sus conocimientos especializados a la labor legislativa y de elaboración de políticas de las autoridades nacionales e instituciones de la UE y ayudan a velar por que estas entidades sean responsables del respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Como el presente informe muestra, los Estados miembros y la UE han tomado medidas, en diversos grados, para proteger, apoyar y empoderar a los agentes de la sociedad civil, ofreciéndoles con ello una variedad de oportunidades de cooperación. Sin embargo, en los últimos años, las OSC y los defensores de los derechos se han enfrentado a cada vez más retos asociados a la limitación del espacio cívico. Diversas medidas jurídicas, administrativas y políticas han venido coartando paulatinamente sus libertades fundamentales, lo que ha afectado a su capacidad para llevar a cabo actividades de apoyo a los derechos fundamentales como socios estratégicos de la UE y los Estados miembros 20 .

A pesar de estos retos, las OSC y los defensores de los derechos dan muestras de una resiliencia considerable al proseguir con su labor. En algunos Estados miembros, han desempeñado un papel esencial durante la pandemia de COVID-19 21 y en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania 22 , y se han situado en primera línea para garantizar que se comprenden, comunican y satisfacen las necesidades de las personas y que se defienden sus derechos 23 .

El presente informe llega en un momento crítico para el espacio cívico de la UE. Se enmarca en los esfuerzos de la Comisión por reconocer la contribución de las OSC y los defensores de los derechos a la defensa de los valores fundamentales de la UE y en su compromiso de apoyo a su labor, tanto en el contexto de su acción interior como exterior 31 . En una Unión cimentada en los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, los agentes de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en la promoción y la protección de los derechos fundamentales recogidos en la Carta y contribuyen a garantizar que la Carta se aplique correctamente. De ese modo, el informe complementa los informes anuales sobre el Estado de Derecho 32 , el Plan de Acción para la Democracia Europea 33 , el cuadro de indicadores de la justicia en la UE 34 y el trabajo de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) respecto al espacio cívico 35 , y reafirma que las OSC y los defensores de derechos deben poder trabajar en un entorno en el que se respeten sus propios derechos fundamentales, presentando ejemplos que ilustran cómo esto se logra o se cuestiona a escala de la UE o a escala nacional. El informe responde a los llamamientos para que la UE adopte nuevas medidas, incluidos los que se realizaron en la Conferencia sobre el Futuro de Europa 36 .

2.El papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos

Las OSC y los defensores de los derechos realizan numerosas actividades en los Estados miembros y a escala de la UE. Al tratarse de un grupo diverso, las OSC abarcan desde las que poseen amplios mandatos asociados a los derechos fundamentales hasta las que proporcionan conocimientos especializados o prestan apoyo en relación con determinados derechos. Pueden llevar a cabo actividades a escala nacional o tener competencias regionales o locales. También pueden realizar un amplio abanico de actividades o centrarse únicamente en determinadas labores, como la defensa de causas o la prestación de servicios, adaptadas a las necesidades de sus miembros o beneficiarios 41 . Las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos de igualdad y las instituciones del Defensor del Pueblo, igualmente importantes, también contribuyen a las actividades de aplicación del Derecho y las políticas de la UE de múltiples maneras.

Aumento de la sensibilización

Las OSC y los defensores de los derechos sensibilizan, informan, educan y forman al público, a grupos específicos y a las autoridades de los Estados miembros acerca de los derechos fundamentales y su respeto, la toma de decisiones democrática y el Estado de Derecho. Al hacerlo, las OSC y los defensores de los derechos promueven una cultura de derechos y rendición de cuentas democrática en la UE. Por ejemplo, en Croacia, el Defensor del Pueblo imparte formación sobre la Carta a funcionarios y jueces, que incluye las obligaciones que se derivan de la Carta, así como su posible uso en campañas, actividades de defensa de causas y apoyo a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos 42 . En Lituania, las OSC han organizado recientemente un acto internacional interactivo con el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre la incitación al odio y sus consecuencias para la sociedad, animarlos a desarrollar capacidades para combatirlo y darles formación con ese objetivo 43 .

Además, las OSC y los defensores de los derechos proporcionan información sobre cuestiones que podrían afectar al público y sobre los métodos a través de los cuales los ciudadanos pueden participar en los procesos democráticos de toma de decisiones. Los agentes de la sociedad civil movilizan a la población para que exprese públicamente sus puntos de vista a través de manifestaciones, peticiones, referendos y paneles de ciudadanos. Estos pueden aumentar la sensibilización y propugnar conjuntamente las políticas y la legislación más allá de las fronteras de cada Estado miembro, transmitiendo valiosos conocimientos desde el nivel nacional a los responsables de la toma de decisiones a escala de la UE o internacional, y viceversa 44 .

Supervisión

Las OSC y los defensores de los derechos supervisan el respeto de los derechos fundamentales sobre el terreno y desempeñan una importante función de vigilancia. Suelen ser los primeros en recibir información sobre los efectos de las medidas legislativas y políticas, por lo que están en una situación idónea para formular sugerencias sobre cómo seguir desarrollando las medidas vigentes. Obtienen información de primera mano sobre posibles vulneraciones de los derechos. Por ejemplo, en Irlanda, las OSC desempeñan un papel oficialmente reconocido en la supervisión de la aplicación de las estrategias nacionales de igualdad en materia de migración, igualdad de género, derechos de los viajeros y los gitanos, inclusión de las personas LGBTIQ y derechos de las personas con discapacidad 45 . En Rumanía, durante la pandemia, el Defensor del Pueblo evaluó el impacto de las medidas nacionales en los derechos fundamentales y emitió una recomendación sobre el respeto de los derechos humanos y las medidas excepcionales ordenadas durante el estado de emergencia y el estado de alarma 46 . En varios Estados miembros, las OSC y los defensores de los derechos contribuyen de manera significativa a los procedimientos periódicos de supervisión por países a cargo de organismos internacionales de derechos humanos 47 .

Apoyo a los titulares de derechos

Las OSC y los defensores de los derechos prestan apoyo a los titulares de derechos y a las víctimas de vulneraciones de los derechos fundamentales al explicar, defender y hacer valer sus derechos 48 . Para ello, recopilan y facilitan información, investigan las presuntas infracciones e informan a los organismos de supervisión nacionales, regionales e internacionales. Pueden ayudar a las víctimas de infracciones a interponer recursos judiciales o extrajudiciales, ofrecerles asistencia jurídica o entablar litigios estratégicos 49 . Las OSC y los defensores de los derechos pueden llevar a cabo actividades similares a escala internacional y ayudar a los denunciantes particulares informando a los organismos encargados de supervisar los derechos humanos de causas que suscitan preocupación. Por ejemplo, el organismo belga de promoción de la igualdad litiga en nombre de empleados presuntamente discriminados por razón de sexo 50  y, en Eslovenia, el Defensor del Pueblo puede presentar recursos de amparo por violación de los derechos fundamentales en casos particulares 51 . En los Países Bajos, una coalición de OSC y particulares incoó procedimientos judiciales en los que alegó un incumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Carta, sobre el respeto de la vida privada y familiar y la protección de los datos de carácter personal, y cuestionó la legalidad de un instrumento jurídico para detectar el fraude 52 .

Además, las OSC y los defensores de los derechos apoyan a los titulares de derechos mediante la prestación de servicios a particulares 53 . Pueden complementar los servicios prestados por las autoridades nacionales, regionales o locales o tener el mandato asignado de prestar servicios en nombre del Estado. Por ejemplo, en Suecia, los centros de acogida de mujeres sin ánimo de lucro ofrecen alojamiento y rehabilitación a las víctimas de violencia de género y la trata de seres humanos, mientras que otras OSC apoyan a los solicitantes de asilo y a las personas que denuncian casos de discriminación 54 . En Chequia, algunas OSC colaboraron para crear dos centros de apoyo específicos para las víctimas de la esterilización ilegal 55 .

Propugnación de los derechos

Las OSC y los defensores de los derechos también contribuyen a la toma de decisiones democrática propugnando los derechos fundamentales en la legislación o en la elaboración de políticas. Las actividades de consulta pueden tener lugar a través de mecanismos estructurados o por iniciativa propia de las OSC y los defensores de los derechos, y brindan a las personas la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones sobre asuntos que les conciernan. Algunas OSC y defensores de los derechos también promueven la participación democrática de grupos vulnerables. Por ejemplo, en Bélgica, los representantes de la sociedad civil participan en el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad de Bruselas y en el Consejo de la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Bruselas (ambos creados por el Gobierno), que pueden emitir dictámenes sobre propuestas legislativas 56 . En Francia, las OSC están representadas en la Commission Nationale Consultive des Droits de l’Homme, que presenta informes anuales al Gobierno sobre diferentes asuntos, incluida la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, la trata de seres humanos y la discriminación de las personas LGBTIQ 57 . Varios Estados miembros hacen partícipes a las OSC y a los defensores de los derechos en la ejecución de planes de acción de gobierno abierto para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la integridad pública y la colaboración en la sociedad 58 .

Apoyo a la aplicación de la legislación de la UE

La legislación de la UE a menudo encomienda expresamente a las OSC tareas que son cruciales para una aplicación eficaz de la legislación sobre el terreno. Por ejemplo, el Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores 59 concede a las organizaciones de consumidores el derecho a notificar a las autoridades los incumplimientos de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores 60 . La Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo 61 exige a los Estados miembros que dispongan que, cuando se cumplan determinadas condiciones 62 , las OSC puedan iniciar procedimientos judiciales y administrativos que sean de su incumbencia, bien en nombre del demandante, bien en su apoyo.

El Reglamento de Aarhus 63 modificado refuerza el derecho de las organizaciones ecologistas a solicitar a las instituciones y organismos de la UE que revisen sus decisiones para garantizar el cumplimiento del Derecho medioambiental de la UE 64 . La modificación amplió considerablemente el número y los tipos de decisiones que pueden impugnarse. De manera similar, la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad establece el derecho de las organizaciones a presentar denuncias directamente ante una empresa cuando las operaciones o cadenas de valor de esta puedan causar perjuicios en materia de derechos humanos o medio ambiente 65 .

La Directiva sobre los derechos de las víctimas 66 prevé la creación de servicios de apoyo como servicio público o por parte de las OSC 67 . Del mismo modo, al prestar servicios de apoyo a las víctimas del terrorismo en virtud de la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo 68 , muchos Estados miembros combinan servicios prestados directamente por el Estado con otros prestados por las OSC 69 . La propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 70 también confirma que las OSC pueden prestar apoyo especializado a las víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, propone obligar a los Estados miembros a consultar a las OSC en lo que respecta a los servicios de apoyo, la elaboración de políticas, la facilitación de información y la sensibilización, los programas de investigación y educación, la formación y el seguimiento.

El artículo 4, apartado 3, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 71 , en la que la UE es Parte, exige que se consulte estrechamente a las personas con discapacidad acerca de las políticas que les conciernan a través de las organizaciones que las representan 72 . En cuanto a los derechos de los pasajeros, la legislación de la UE exige que estas organizaciones también sean consultadas cuando los operadores de aeropuertos, buques y terminales portuarias adopten normas sobre los pasajeros con discapacidad 73 y cuando los operadores ferroviarios, de buques, de autobuses y de autocares adopten normas sobre el acceso no discriminatorio a sus servicios 74 .

El Reglamento general de protección de datos (RGPD) 75 y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal 76 establecen que, en caso de tratamiento ilícito de datos personales, puede darse mandato a una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro para que presente una reclamación ante la autoridad de control y el órgano jurisdiccional nacional competentes. 

El Reglamento sobre la Ley de Servicios Digitales 77 reconoce la importancia de la sociedad civil a la hora de hacer frente eficazmente a los contenidos ilícitos en línea, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales, y al controlar las sólidas medidas de transparencia que los servicios digitales tendrán que adoptar una vez que el Reglamento entre en vigor. La Ley de Servicios Digitales reconoce asimismo la necesidad de tener en cuenta los profundos conocimientos que la sociedad civil aporta sobre los riesgos para la sociedad y anima a las plataformas en línea de muy gran tamaño y a los motores de búsqueda a consultar a la sociedad civil a la hora de cumplir sus obligaciones de gestión de riesgos.

Los organismos de igualdad cumplen una función esencial en la aplicación de la legislación de la UE en materia de igualdad de trato. Para ayudarles a desempeñar esta función, la Comisión adoptará propuestas legislativas destinadas a ampliar el mandato y reforzar las competencias, los recursos y la independencia de los organismos de igualdad en cuanto a la promoción de la igualdad de trato 78 .

Además de las tareas atribuidas a las OSC y a los defensores de los derechos en la legislación de la Unión, las OSC contribuyen a la eficacia de las políticas europeas. En el marco del Código de Conducta de la UE para la Lucha contra la Incitación Ilegal al Odio en Internet de 2016, una red de OSC supervisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por las plataformas en línea, contribuyendo a la protección de grupos en situación de riesgo frente a la incitación al odio en toda la Unión. De manera análoga, el Foro de la UE sobre Internet reúne a representantes de los Gobiernos, las fuerzas y los cuerpos de seguridad, el sector tecnológico y la sociedad civil para frenar la difusión de contenidos extremistas violentos, terroristas y de abusos sexuales de menores 79 . Desde 2022, el Foro también aborda la dimensión en línea de la trata de seres humanos. La Comisión también coordina la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, una red europea de profesionales de primera línea que trabajan diariamente con personas vulnerables a la radicalización y con aquellas que ya han sido radicalizadas 80 .

El Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 anima a los Estados miembros a hacer partícipes a las OSC en el diseño, la aplicación y la evaluación de los planes nacionales de acción contra el racismo.

3.La protección de las OSC y los defensores de los derechos

Las OSC y los defensores de los derechos promueven y protegen los derechos conferidos por la Carta sobre el terreno, y deben poder trabajar en un entorno de apoyo en el que se respeten en primer lugar sus propios derechos fundamentales 81 . Deben poder llevar a cabo sus actividades sin injerencias injustificadas del Estado 82 , y los Estados deben tomar medidas activamente para proteger y promover el espacio cívico y a quienes actúan en él 83 . Si bien la mayoría de los Estados miembros ya garantizan que esto sea así, las OSC y los defensores de los derechos siguen denunciando una serie de retos, obstáculos y restricciones en algunos Estados miembros que han coartado su capacidad para llevar a cabo sus actividades 84 . El alcance de sus actividades se ve a menudo afectado por limitaciones presupuestarias, jurídicas o de recursos humanos.

3.1.Ejemplos de cómo protegen los Estados miembros el espacio cívico

Para que las OSC y los defensores de los derechos lleven a cabo su trabajo y se salvaguarde su derecho de asociación, es esencial que cuenten con un entorno propicio. En muchos Estados miembros, reciben apoyo y aliento por su trabajo y gozan de protección jurídica 96 . En los últimos años, se han producido varios avances positivos en toda la UE para fomentar este entorno propicio para las OSC y los defensores de los derechos 97 , y algunos Estados miembros están aplicando cambios legislativos e institucionales. Por ejemplo, Croacia 98 y Alemania 99 están preparando planes de acción nacionales para mejorar la situación de las OSC. En Eslovenia 100 , una ley en materia de organizaciones no gubernamentales tiene por objeto crear un entorno propicio para las OSC. En otros Estados miembros, como Bulgaria 101 y Lituania 102 , algunos organismos públicos especiales se encargan de desarrollar políticas de apoyo a la sociedad civil. En Finlandia, el Consejo Consultivo de Política de la Sociedad Civil, organismo gubernamental, ha desarrollado una estrategia para la sociedad civil 103 .

Sin embargo, en algunos Estados miembros, las OSC y los defensores de los derechos expresaron su preocupación por que su libertad de asociación se había visto afectada por la legislación, en particular en materia de orden público o seguridad, preocupaciones que en algunos casos se han planteado ante los tribunales 104 . Otros obstáculos mencionados por las partes interesadas están relacionados con la legislación en materia de transparencia 105 , lucha contra el terrorismo 106 y blanqueo de capitales 107 . Entre los impedimentos citados por la sociedad civil se incluyen las medidas disuasorias, como auditorías e investigaciones de la financiación 108 , y los obstáculos para acceder a financiación 109 .

En la mayoría de los Estados miembros no existen procedimientos especiales para denunciar y supervisar las amenazas y los ataques 110 . Como consecuencia de ello, las propias OSC y los propios defensores de los derechos desempeñan un papel esencial en la supervisión del espacio cívico y la presentación de informes al respecto 111 . Por ejemplo, el Centro Nacional de Derechos Humanos eslovaco ha documentado amenazas, casos de intimidación y acoso y restricciones de los derechos experimentados por la sociedad civil que trabaja en la protección del medio ambiente, los derechos de las personas LGBTIQ y los derechos de las mujeres, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos 112 . En Finlandia, una OSC desarrolló la herramienta «Juntos contra el odio» para recopilar datos sobre amenazas o ataques contra las OSC y los defensores de los derechos 113 . Además, la plataforma de investigación en línea CIVICUS Monitor 114 lleva un seguimiento de la libertad de la sociedad civil en 197 países y territorios, y Civic Space Watch 115 recopila las constataciones de grupos europeos sobre las condiciones de la sociedad civil e identifica tendencias nacionales y transeuropeas.

Para hacer frente a las agresiones físicas y en línea contra las OSC y los defensores de los derechos en Francia, el Ministerio del Interior supervisa las denuncias de actos ilícitos contra estos grupos y puede aplicar las medidas apropiadas a través de su Servicio de Protección 116 . Luxemburgo 117 y los Países Bajos 118 han puesto en marcha sendos proyectos que permiten permanecer en condiciones de seguridad hasta tres meses a los defensores extranjeros de los derechos que se encuentran bajo amenaza o presión en su propio país. Suecia ha adoptado un plan de acción nacional para hacer frente a las amenazas y el odio dirigidos, entre otros agentes, contra las OSC y los defensores de los derechos 119 .

Las instituciones nacionales de derechos humanos y los organismos de igualdad también trabajan para promover un entorno seguro y propicio para las OSC a escala nacional. Dichas instituciones colaboran estrechamente con las OSC, por ejemplo, formándolas 120 y ayudándolas a desarrollar sus capacidades 121 . En Grecia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abogó por la adopción de una propuesta legislativa para proteger a los defensores de los derechos frente a los ataques, las represalias y las restricciones de sus derechos 122 .

3.2.Iniciativas de la UE para proteger el espacio cívico

La UE ha adoptado una serie de medidas para proteger a las OSC y a los defensores de los derechos 123 . Las herramientas desarrolladas para fomentar y proteger la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales tienen por objeto crear, mantener y proteger un entorno propicio para las OSC y los defensores de los derechos.

En particular, el Informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión, en su cuarto pilar, que abarca los controles y equilibrios institucionales, reconoce que «[l]a sociedad civil también desempeña un papel clave en el sistema de controles y equilibrios» 124 y examina los avances relacionados con el marco propicio para la sociedad civil. En 2022, en el Informe sobre el Estado de Derecho se formularon recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, entre otras cosas sobre la situación del espacio cívico en determinados casos 125 .

La iniciativa de la Comisión de 2022 contra las demandas estratégicas contra la participación pública introduce medidas concretas para proteger a todos los agentes que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, y por ello contribuirá a crear un entorno seguro y propicio para las OSC y los defensores de los derechos 126 .

La propuesta de una nueva Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal 127 confirma que las personas, incluidos los miembros de las OSC, que denuncien delitos medioambientales deben beneficiarse del apoyo y la asistencia necesarios en cualquier proceso penal. Los defensores del medio ambiente también están contemplados en la propuesta de Directiva y en la Recomendación contra las demandas estratégicas contra la participación pública, en consonancia con los requisitos del Convenio de Aarhus 128 .

La propuesta de Ley Europea sobre la libertad de los medios de comunicación mejorará el funcionamiento del mercado interior de los medios de comunicación al aumentar la transparencia y abordar los falseamientos del mercado, y con ello reforzará la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros y garantizará que los periodistas y los editores puedan trabajar sin injerencias 129 . Del mismo modo, la Recomendación de la Comisión sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación tiene por objeto garantizar unas condiciones de trabajo más seguras para los profesionales de los medios de comunicación, tanto en línea como fuera de línea 130 .

Impulsada por el Parlamento Europeo 131 , la Comisión también está trabajando en una iniciativa legislativa sobre el reconocimiento transfronterizo de las asociaciones en la UE 132 . Esta iniciativa se centrará en las actividades transfronterizas de las asociaciones y les permitirá beneficiarse plenamente del mercado único y de los derechos fundamentales que les confiere la Carta.

Además de las medidas jurídicas, la Comisión protege a las OSC y a los defensores de los derechos adoptando medidas de ejecución contra las medidas que les afectan y que son contrarias al Derecho de la UE, incluida la Carta 133 . La Comisión incoó dos procedimientos de infracción contra Hungría por una Ley sobre financiación extranjera para la sociedad civil 134 y un proyecto de ley que tipificaba como delito la asistencia prestada a los solicitantes de asilo 135 . Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en estos dos asuntos han sentado un precedente contra legislación similar y han puesto de relieve el papel fundamental del Tribunal en la protección del espacio cívico y los derechos fundamentales en la UE.

El compromiso de la UE de contribuir a proteger un espacio cívico propicio también se refleja en su acción exterior, en particular en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2020-2024) 136 . Asimismo, se enuncia en las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos 137 .

Desde 2015, la Comisión ha respaldado mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos en situación de mayor riesgo. El Fondo de Emergencia de la UE para los Defensores de los Derechos Humanos 138 presta apoyo, a través de pequeñas subvenciones, a los defensores de los derechos humanos. ProtectDefenders.eu 139 es una coalición de OSC que actúa a escala internacional para recibir, tramitar y responder a las solicitudes de ayuda de los defensores de los derechos humanos. Ofrece un servicio flexible y permanente para diseñar la ayuda, que abarca desde el desarrollo de capacidades y el asesoramiento jurídico y en materia de seguridad hasta servicios de reubicación y acogida. El Mecanismo para Crisis de los Derechos Humanos concede subvenciones a las OSC con el objetivo de garantizar la supervivencia de los movimientos en pro de los derechos humanos en los entornos operativos más represivos 140 .

Además, la Comisión financió el desarrollo de la herramienta CSO Meter 141 , que evalúa la apertura del entorno de la sociedad civil en los países de la Asociación Oriental en el marco de su Instrumento Europeo de Vecindad 142 .

Para proteger el espacio cívico, la UE ha desarrollado una estrecha cooperación y mantenido un diálogo cercano con organizaciones internacionales. En particular, la UE hace pleno uso de las normas y los conocimientos desarrollados por el Consejo de Europa y sus organismos de supervisión. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado tres instrumentos no vinculantes sobre el espacio cívico 143 . El Comité Director intergubernamental de Derechos Humanos analiza la repercusión de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales en las actividades de las OSC y los defensores de los derechos, y determina cuáles son las mejores prácticas para promover y proteger el espacio cívico. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG supervisa la aplicación de una Recomendación sobre la condición jurídica de las ONG 144 y asesora sobre cómo armonizar la legislación y las prácticas nacionales con las normas europeas 145 . Además, la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas realiza un seguimiento de los ataques contra periodistas, indicando si fueron iniciados por agentes estatales o no estatales y la gravedad de los ataques 146 .

Las Naciones Unidas también son un socio clave, en particular sus mecanismos de seguimiento que se centran en hacer frente a los ataques, el acoso, la criminalización y las campañas de difamación que han afectado a la sociedad civil en todo el mundo en los últimos años, también en la UE 147 .

La cooperación con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también es crucial. La OIDDH ayuda a las autoridades nacionales a cumplir sus compromisos de proteger a los defensores de los derechos humanos supervisando la capacidad de estos últimos para actuar 148 y desarrollando las capacidades a través de educación y formación en materia de derechos humanos 149 .

4.El apoyo a las OSC y a los defensores de los derechos

El acceso a recursos financieros y la libertad para utilizarlos son parte integrante del derecho a la libertad de asociación 150 . Las OSC y los defensores de los derechos necesitan recursos financieros suficientes para desempeñar sus misiones con eficacia 151 . Varios Estados miembros informan de que han aumentado el apoyo financiero a las OSC en general 152 y para compensar el impacto de la pandemia de COVID-19 153 ; en los últimos años, los donantes internacionales y la UE han complementado significativamente estos esfuerzos 154 . Sin embargo, en toda la UE, las OSC y los defensores de los derechos tienen dificultades para financiar sus actividades específicas, una tendencia que se ha visto agravada por la pandemia y la actual crisis del coste de la vida 155 , en particular en lo concerniente a las funciones de defensa y vigilancia.

4.1.Ejemplos de cómo apoyan los Estados miembros a los agentes de la sociedad civil

Los Estados miembros constituyen una fuente esencial de financiación y recursos para las OSC y los defensores de los derechos. Todos los Estados miembros desembolsan financiación pública para las OSC a nivel nacional, regional y local, y existen numerosos programas de financiación diferentes. Por ejemplo, los fondos para las OSC de Estonia 158 , Letonia 159 , Lituania 160 y Malta 161 proporcionan apoyo institucional para el desarrollo de las capacidades de las OSC. En Finlandia, las OSC reciben financiación estatal de diversas fuentes, entre ellas, los ingresos de una empresa pública que opera en el mercado regulado de los juegos de azar 162 . En algunos Estados miembros, como Dinamarca, los Países Bajos y Suecia, se dispone de financiación pública para la defensa de los derechos fundamentales 163 . Varios Estados miembros también ofrecen financiación para cubrir en cierta medida los costes administrativos y de infraestructura de las OSC 164 .

Algunos Estados miembros también ofrecen sistemas fiscales favorables para las donaciones a OSC 165 , que fomentan las donaciones privadas. La mayoría de los Estados miembros permiten a las OSC recibir subvenciones, ayudas y donaciones libres de impuestos 166 . Por ejemplo, en Italia las donaciones a las OSC son deducibles, y en Chequia las OSC están exentas del impuesto sobre la renta, del impuesto de circulación y del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria cuando los costes se destinan a fines organizativos 167 .

Incluso cuando tienen financiación a su disposición, las OSC y los defensores de los derechos denuncian la existencia de obstáculos para acceder a dicha financiación, como por ejemplo procedimientos de solicitud o de presentación de informes y criterios de admisibilidad complejos, gravosos y no siempre transparentes, así como la demanda elevada para la financiación disponible 168 . Otro reto señalado por las OSC es la financiación de proyectos a corto plazo, que está sustituyendo paulatinamente a la financiación a más largo plazo o a la financiación para gastos administrativos 169 .

Varios Estados miembros están trabajando para hacer frente a estos retos en relación con la disponibilidad y la sostenibilidad de la financiación y el acceso a ella. Estos intentan garantizar una distribución equitativa a través de criterios transparentes y mediante la publicación de convocatorias de propuestas para que sean ampliamente accesibles. Por ejemplo, en España se garantiza una distribución equitativa de los fondos a través de un acto legislativo 170 que exige que se publiquen los criterios de evaluación.

La mayoría de los Estados miembros también tiene previsto simplificar y agilizar el acceso a financiación, entre otras cosas por medio de la digitalización 171 . Por ejemplo, en Eslovaquia y Croacia se están creando nuevos sistemas en línea para simplificar los trámites administrativos de la financiación pública 172 . Mientras tanto, en Eslovenia, se están utilizando tipos fijos e importes a tanto alzado para simplificar el sistema de financiación.

En algunos Estados miembros, la politización de la distribución de la financiación pública ocasiona obstáculos adicionales al excluir a las OSC críticas con el Gobierno en beneficio de las ONG creadas y operadas por el Gobierno 173 . Estos obstáculos pueden consistir en prácticas que bloquean el acceso de las OSC a los fondos públicos al considerar que sus actividades de defensa de causas constituyen actividades políticas 174 , lo que afecta a su estatuto de exención fiscal 175 , y en normas sobre las donaciones extranjeras 176 . Las OSC que trabajan en algunos ámbitos sensibles, como los derechos de las personas LGBTIQ y la igualdad de género, lo que incluye actividades de defensa de causas y litigios estratégicos 177 , se enfrentan a una mayor exclusión de la financiación pública 178 .

4.2.El apoyo de la UE a los agentes de la sociedad civil

4.2.1.Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV)

Las OSC y los defensores de los derechos siempre se han incluido entre los beneficiarios de los programas de financiación de la Comisión, complementando de este modo los esfuerzos de los Estados miembros. Con un presupuesto de 1 550 millones EUR para el período 2021-2027, el Programa CERV es el mayor fondo de la historia destinado a los derechos fundamentales dentro de la UE. Su objetivo es proteger e impulsar los derechos y valores consagrados en los Tratados de la UE, la Carta y los convenios internacionales apoyando a las OSC y otras partes interesadas en el ámbito local, regional, nacional y transnacional 179 .

El Programa CERV se compone de diferentes capítulos de financiación. El nuevo capítulo «Valores de la Unión» apoya a las OSC, los defensores de los derechos y otras partes interesadas que promueven una cultura de valores en la UE sustentada en los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Existe financiación disponible para el desarrollo de capacidades y la concienciación sobre la Carta, así como para actividades que refuercen los conocimientos de los profesionales (de la rama del Derecho o de otra índole), las OSC y los organismos independientes de derechos humanos a fin de que entablen eficazmente litigios a escala nacional y europea, así como para mejorar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos a través de formación, el intercambio de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas 181 . La financiación para el desarrollo de capacidades y los litigios se incrementará sustancialmente en el marco del programa de trabajo 2023-2024.

Como nueva posibilidad en el marco del capítulo «Valores de la Unión», la Comisión ha seleccionado a intermediarios de las OSC a través de una convocatoria de propuestas abierta. Estos organismos prestarán apoyo financiero a las OSC a través de un sistema de reasignación de subvenciones (para la transferencia de subvenciones de la UE) al objeto de desarrollar la capacidad de múltiples OSC de base que promueven y protegen los valores de la UE 182 . Además, la Comisión apoya a los socios de acuerdos marco, como las redes europeas, las OSC que actúan a escala de la UE y los grupos de reflexión europeos activos en el ámbito de los valores de la UE 183 . La Comisión apoya, en particular, a la ENNHRI y a varias redes de OSC, como la Unión por las Libertades Civiles, el European Center for Not-for-Profit Law (ECNL, el Centro Europeo para el Derecho sin Ánimo de Lucro) y el Foro Cívico Europeo, que trabajan todos ellos en pro de la creación y el mantenimiento de un espacio cívico propicio.

Las OSC también tienen acceso a una financiación sustancial en el marco de los restantes capítulos del Programa CERV, «Igualdad, derechos e igualdad de género», lucha contra la violencia de género y la violencia contra los niños («Daphne»), y «Compromiso y participación de los ciudadanos», en los que las OSC constituyen casi la mitad de los beneficiarios 184 . En 2021, el Programa CERV proporcionó financiación por un importe de unos 91,8 millones EUR 185 . Esta suma aumentó a unos 200 millones EUR en 2022 186 .

Para el período de financiación 2021-2027, se ha diseñado un sistema de gestión de riesgos para todas las fases del ciclo de los proyectos. El respeto de los valores de la UE se aplica a todas las convocatorias de propuestas y a lo largo de todo el ciclo de un proyecto. Todos los solicitantes y beneficiarios son examinados periódicamente para comprobar que se respetan los valores de la UE en las fases de solicitud, evaluación y ejecución.

4.2.2.Apoyo en el marco de otros programas de la UE

Además del Programa CERV, la UE es un importante promotor de la sociedad civil a través de muchos otros programas europeos. El programa «Justicia» garantiza el acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia mediante el apoyo a la formación judicial y concede subvenciones a las OSC para la ejecución de proyectos en colaboración con las autoridades judiciales 188 , tales como proyectos transfronterizos de formación en materia del Derecho de la UE dirigida a los profesionales de la justicia. Los programas de financiación para la investigación y la innovación, Horizonte 2020 y su sucesor Horizonte Europa, también apoyan a las OSC y a los defensores de los derechos en una serie de ámbitos temáticos 189 .

El programa Erasmus+ financia proyectos que promueven los derechos fundamentales y los valores de la UE. Erasmus+ ofrece apoyo financiero estructural (subvenciones de funcionamiento) a las OSC europeas que desarrollan su actividad en el ámbito de la educación y la formación o en el de la juventud, y desde 2021 ofrece también subvenciones de acciones anuales 190 . Por último, el Programa de Capacitación de la Sociedad Civil financia formación destinada a la sociedad civil para crear discursos contra el extremismo violento 191 .

En sus acciones exteriores, la UE ha consolidado prácticas de financiación de larga data, colaborando con la sociedad civil e identificando los retos a los que esta se enfrenta a través de programas temáticos y geográficos. Los instrumentos geográficos, como el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI-Europa Global), proporcionan apoyo específico a las OSC a través de dotaciones regionales y nacionales (programas del Instrumento para la Sociedad Civil) con el fin de reforzar las capacidades de las OSC, afianzar el diálogo entre estas y el Estado y promover un espacio cívico abierto. Las OSC también son las principales beneficiarias de la ayuda del programa temático «Organizaciones de la Sociedad Civil» y del programa temático «Derechos Humanos y Democracia» en el marco del IVCDCI-Europa Global 192 .

5.El empoderamiento de las OSC y los defensores de los derechos

La sociedad civil es un socio activo e independiente del sistema de derechos fundamentales de la UE. La Unión y los Estados miembros deben reconocer el papel de las OSC y los defensores de los derechos, permitirles actuar y asegurarse de que se dan las condiciones adecuadas para que puedan participar de manera significativa en la toma de decisiones y en la aplicación de las políticas nacionales y de la UE que benefician a nuestras democracias. Este empoderamiento es crucial para que exista un espacio cívico dinámico 193 y para que las OSC y los defensores de los derechos puedan contribuir al diseño de las políticas nacionales y de la UE 194 . Sin embargo, muchas partes interesadas señalan que las OSC y los defensores de los derechos tienen dificultades para acceder a consultas y diálogos con las partes interesadas en algunos Estados miembros. No siempre hay disponible información sobre las consultas abiertas o directrices claras para acceder a ellas.

5.1.Ejemplos de cómo empoderan los Estados miembros a los agentes de la sociedad civil

La involucración de las OSC y los defensores de los derechos es esencial para elaborar, aplicar y supervisar la legislación y las políticas. Varios Estados miembros han creado mecanismos de consulta para garantizar que las OSC y los defensores de los derechos puedan involucrarse y tengan la posibilidad de evaluar cómo pueden afectarles las medidas propuestas a ellos mismos, a sus miembros o a los derechos fundamentales en general.

Muchos Estados miembros recaban aportaciones de las OSC y de los defensores de los derechos a través de consultas públicas abiertas. Por ejemplo, en España, antes de que se elabore legislación, se realizan una consulta pública abierta y una audiencia pública durante las cuales las OSC pueden compartir sus conocimientos y opiniones 197 . De manera similar, muchos Estados miembros facilitan la participación de las partes interesadas a través de plataformas de consulta en línea, que proporcionan información sobre las consultas en curso 198 . En Austria, la elaboración del Plan Estratégico nacional sobre la política agrícola común se sustentó en un proceso en el que cualquier persona podía obtener información y contribuir 199 .

En varios Estados miembros, las normas generales para la realización de evaluaciones del impacto legislativo permiten estudiar el impacto de una propuesta legislativa en la sociedad civil 200 . En algunos Estados miembros, constituye una obligación para el legislador. Por ejemplo, en Alemania, deben evaluarse todas las repercusiones normativas de los proyectos legislativos elaborados por el Gobierno federal, en particular su impacto en el espacio cívico 201 . En Letonia, las repercusiones de las propuestas en los derechos humanos, los valores democráticos y el desarrollo de la sociedad civil se evalúan como repercusiones horizontales 202 .

Las estructuras para el diálogo permanente son esenciales para favorecer el desarrollo de la sociedad civil 203 . Varios Estados miembros involucran a las OSC y a los defensores de los derechos a través de plataformas y redes específicas, que les proporcionan un mecanismo oficial para contribuir a aplicar y supervisar la legislación y las políticas. Por ejemplo, en Chequia, el Consejo de ONG debate cuestiones clave sobre la labor de las OSC y participó en la creación de la estrategia de cooperación entre la Administración pública y las ONG. Actualmente se está desarrollando una metodología para facilitar en mayor medida su participación 204 . En Finlandia, se creó el Comité Consultivo de Política de la Sociedad Civil para promover la interacción entre el Gobierno y la sociedad civil 205 . En Irlanda, las autoridades locales pueden ponerse en contacto con grupos comunitarios, incluidas las OSC, a través de una red de participación pública. El objetivo principal de la red es permitir a sus miembros expresar sus opiniones dentro de las estructuras oficiales de toma de decisiones a nivel local 206 .

Varios Estados miembros involucran a las OSC y a los defensores de los derechos a través de plataformas y redes dedicadas a salvaguardar los derechos fundamentales de grupos específicos. Por ejemplo, en Grecia, las OSC participan en el Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia y cooperan con la Oficina del Ponente Nacional para cuestiones relacionadas con la trata de seres humanos 207 . En España, las OSC participan en el Consejo de Participación de la Mujer, que trabaja para promover la igualdad y la no discriminación. Las OSC también participan en el Consejo Nacional de la Discapacidad y en el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico 208 . En Portugal, el Consejo Económico y Social ofrece un foro para el diálogo entre los interlocutores sociales y las OSC sobre cuestiones socioeconómicas 209 .

Las instituciones nacionales de derechos humanos y los organismos de igualdad mantienen contactos periódicos con las OSC y actúan como enlace entre estas y los distintos niveles de gobierno. Hacen partícipes a las OSC en consultas, comités consultivos, proyectos conjuntos y encuentros para el diálogo. La mayoría de los organismos de igualdad han incorporado a las OSC a sus órganos de gobierno 210 . Aunque varias instituciones nacionales de derechos humanos y organismos de igualdad hacen alusión a la buena cooperación con las autoridades, siguen existiendo retos en relación con la realización de consultas oportunas y transparentes, la facilitación de información y su participación sistemática e independiente por iniciativa propia 211 . Cuatro Estados miembros todavía no han creado una institución nacional de derechos humanos acreditada en consonancia con los Principios de París de las Naciones Unidas 212 .

5.2.Actuación de la UE para empoderar a los agentes de la sociedad civil

Los Tratados fundacionales de la UE reconocen la importancia de la participación de la sociedad civil y el diálogo con ella. El artículo 11 del TUE exige que las instituciones de la UE den a los ciudadanos y a las asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. El artículo obliga además a las instituciones a mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil y a mantener amplias consultas sobre las iniciativas nuevas. El artículo 15, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a las instituciones, órganos y organismos de la Unión a actuar con el mayor respeto posible al principio de apertura a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil.

La Carta reconoce los derechos a la libertad de expresión y de información (artículo 11) y a la libertad de reunión pacífica y de asociación (artículo 12). En consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el TJUE ha confirmado que el derecho a la libertad de asociación constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y pluralista, ya que permite a los ciudadanos actuar colectivamente en ámbitos de interés común y contribuir, de ese modo, al buen funcionamiento de la vida pública 213 .

Este reconocimiento del papel clave del espacio cívico se ve reflejado en el funcionamiento de la UE y en sus políticas.

Participación en la elaboración de políticas

Desde 2015, el Programa de Mejora de la Legislación exige que se tengan en cuenta las repercusiones en los derechos fundamentales a la hora de preparar iniciativas legislativas, junto con las repercusiones económicas, sociales y medioambientales en general 214 . Esto requiere que las instituciones de la UE evalúen cómo se promueven y protegen mejor los derechos fundamentales en cada uno de los expedientes, y también permite a las OSC y a los defensores de los derechos ver cómo se tienen en cuenta las posibles repercusiones relacionadas con los derechos fundamentales en la sociedad civil a la hora de elaborar la legislación de la UE. Los mecanismos de consulta y diálogo permiten asimismo a las OSC y a los defensores de los derechos exponer sus puntos de vista sobre la legislación y la política de la UE a lo largo de todo el ciclo político, desde la preparación inicial de la iniciativa hasta las negociaciones entre los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo.

Los agentes de la sociedad civil son socios fundamentales a la hora de preparar las iniciativas de la UE. Un ejemplo reciente de ello es el papel que desempeñaron las OSC en el diseño del enfoque de la UE respecto a una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable 220 . Más de 160 OSC contribuyeron a la consulta pública relativa al Libro Blanco sobre la IA 221 . Estas aportaron una valiosa contribución a la propuesta de Reglamento sobre la IA 222 , cuyo objetivo es crear un mercado único para una IA fiable que sea segura y respete los derechos fundamentales.

Otros ejemplos recientes que cabe citar son la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad 223 , el paquete frente a las demandas estratégicas contra la participación pública 224 , la propuesta para el establecimiento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios 225 , la Recomendación de la Comisión sobre la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación 226 y la iniciativa legislativa para reforzar el papel y las competencias de los organismos de igualdad 227 . Las consultas con la sociedad civil también forman parte integrante de la preparación y aplicación de los acuerdos comerciales 228 de la UE. La Comisión creó el Grupo de Expertos sobre los puntos de vista de los migrantes en el ámbito de la migración, el asilo y la integración, compuesto por representantes de la sociedad civil con conocimientos especializados pertinentes, con el fin de que proporcionen asesoramiento sobre las políticas migratorias.

La Estrategia de la UE para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 229 ha establecido una consulta continua con las OSC acerca de su aplicación. Esta estrategia también hace partícipes a las OSC en muchas de sus acciones, como es el caso del diálogo con los Estados miembros. El marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos 230 hace especial hincapié en la participación, principalmente la de la sociedad civil gitana, en todas las fases del proceso de elaboración de políticas.

Ejecución de los fondos de la UE

En virtud del Reglamento sobre Disposiciones Comunes (RDC) 231 , se pueden encomendar funciones a las OSC y a los defensores de los derechos. Con arreglo a dicho acto legislativo, los Estados miembros deben implantar mecanismos efectivos para garantizar que los programas financiados por la UE 232 se conciban y ejecuten de conformidad con las disposiciones correspondientes de la Carta. Esto forma parte de la condición favorecedora horizontal relativa a la aplicación y ejecución efectiva de la Carta (la «condición favorecedora horizontal») 233 . También prevé la «asociación» con una serie de organismos regionales, locales y de la sociedad civil, como los organismos de promoción de los derechos fundamentales. El Estado miembro involucrará a estos organismos a lo largo de la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas, incluso mediante su participación en un comité encargado del seguimiento de la ejecución de los programas de financiación, en el que se garantizará una representación equilibrada de los socios interesados.

Los Estados miembros están tomando cada vez más medidas para involucrar a las OSC en el cumplimiento de la condición favorecedora horizontal 234 . Cuando sea pertinente, estos deben destinar una cantidad adecuada de los recursos de los Fondos al desarrollo de la capacidad administrativa de los interlocutores sociales y las OSC 235 .

Por ejemplo, en Dinamarca, se involucró a las OSC y las instituciones nacionales de derechos humanos en las consultas bilaterales y públicas organizadas por la autoridad de gestión de los programas en el marco del RDC. Además, participan en el seguimiento de la ejecución de todos los programas 236 . En Rumanía, las autoridades de gestión de cada programa han creado comités de seguimiento en los que participan OSC para todos los programas 237 . En Chequia, las OSC se incluyen entre los organismos que preparan, ejecutan y supervisan los Fondos del RDC, lo que les permite influir en el contenido de los programas y convocatorias de financiación y participar en la evaluación y el seguimiento, entre otras cosas, de la conformidad de las operaciones con la Carta 238 .

Mejora de los diálogos estructurales

Además de las consultas, la Comisión ha creado varios mecanismos de diálogo a medida para que las partes interesadas, incluidas las OSC y los defensores de los derechos, puedan contribuir periódicamente a la elaboración y aplicación de políticas en ámbitos específicos. Los diálogos estructurales con la sociedad civil se celebran, por ejemplo, a través de foros y plataformas dedicados a ámbitos de actuación amplios, como es el caso del Foro Permanente de la Sociedad Civil para la Lucha contra el Racismo, la Plataforma sobre Discapacidad 239 , el Foro Europeo de la Migración 240 y la Plataforma de Política Sanitaria de la UE. La Red de la UE para los Derechos del Niño se ha creado para apoyar la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño. En 2020 se lanzó la Plataforma sobre los Derechos de las Víctimas con objeto de facilitar el diálogo y el intercambio de las mejores prácticas e información entre sus miembros, dos tercios de los cuales proceden de la sociedad civil 241 .

La UE también ha establecido diálogos sobre cuestiones más específicas, como por ejemplo, el Foro de la Sociedad Civil para la Igualdad de las Personas LGBTIQ, la Plataforma Europea para la Integración de la Población Gitana y el proyecto de supervisión de la sociedad civil gitana para 2025 242 , el Foro de la Sociedad Civil sobre las Drogas 243 y la Plataforma de la Sociedad Civil de la UE contra la Trata de Seres Humanos. El Foro de la Sociedad Civil sobre la Lucha contra el Antisemitismo reúne a representantes de la Comisión y de las comunidades judías, la sociedad civil y otras partes interesadas con el fin de crear lazos y de maximizar el efecto de las acciones conjuntas. Como signatarias del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación y como miembros del grupo de trabajo permanente del Código, las OSC proporcionan asesoramiento especializado sobre una mejor comprensión de los discursos emergentes de desinformación o sobre el desarrollo de entregables clave, como indicadores para medir el impacto del Código en la desinformación dentro de la UE 244 .

La sociedad civil también es un socio clave para la UE en la promoción de una cultura del Estado de Derecho más sólida. Al elaborar los informes anuales sobre el Estado de Derecho, la Comisión celebra reuniones con las partes interesadas, como las redes europeas, las OSC nacionales y europeas y las organizaciones profesionales 245 . Las OSC y los defensores de los derechos también aportan contribuciones por escrito a los informes, que resultan esenciales para hacer una evaluación informada de los ámbitos cubiertos por los informes, a saber, los sistemas judiciales, los sistemas de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con los controles y equilibrios institucionales.

También se celebran diálogos periódicos con la sociedad civil 246 y con grupos consultivos internos 247 en torno a cuestiones comerciales de la UE, y los grupos de diálogo civil ayudan a la Comisión a mantener diálogos periódicos acerca de todas las cuestiones relacionadas con la política agrícola común 248 . La Comisión también mantiene un diálogo civil estructurado con las OSC que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, la exclusión social y la pobreza 249 y en los sectores cultural y creativo 250 .

Una oportunidad destacada para intercambiar puntos de vista con la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en el marco de la acción exterior de la UE es el Foro anual UE-ONG sobre Derechos Humanos, organizado conjuntamente por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Comisión y la Red de Derechos Humanos y Democracia, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil. Este acontecimiento reúne a cientos de OSC, defensores de los derechos humanos y representantes de las instituciones de las Naciones Unidas y de la UE para debatir las cuestiones más acuciantes en materia de derechos humanos 251 .

La principal plataforma de la UE para el diálogo estructural entre la UE y las redes de OSC sobre cuestiones de desarrollo, en particular cuestiones relativas a un entorno propicio para la sociedad civil en los países socios de la UE, es el Foro Político sobre el Desarrollo (FPD).

A nivel de los países socios de la UE, el apoyo a la sociedad civil se enmarca en 110 hojas de ruta por países referentes a las OSC, que incluyen estrategias de la UE y de los Estados miembros para el compromiso con la sociedad civil y que reflejan las principales prioridades de la Unión, como por ejemplo hacer un mayor hincapié en el apoyo a un entorno propicio para la sociedad civil. La nueva generación de hojas de ruta se centra además en la inclusión de la sociedad civil, en particular de las mujeres, los jóvenes y las organizaciones locales, en el diálogo político a nivel nacional.

6.Conclusión

La sociedad civil es un elemento esencial de nuestras democracias y es fundamental para poner en práctica los valores fundamentales sobre los que está fundada la UE. Las OSC y los defensores de los derechos son socios de valor inestimable a la hora de hacer de los derechos fundamentales una realidad en la vida de las personas. Han mostrado incesantemente una gran fuerza y una enorme resiliencia en circunstancias sumamente difíciles, especialmente durante las crisis recientes.

Por ello, es necesario que los Estados miembros y la UE realicen un esfuerzo sostenido y conjunto para velar por que las OSC y los defensores de los derechos puedan actuar en un entorno propicio como socios clave para la protección de nuestras democracias, entre otras cosas, frente a autócratas extranjeros que tienen en el punto de mira a nuestros propios países 252 .

El presente informe deja patente que los Estados miembros y la UE están adoptando medidas, en distintos grados, para proteger, apoyar y empoderar a los agentes de la sociedad civil. También muestra la variedad de oportunidades de que disponen las OSC y los defensores de los derechos, en cuanto valiosos socios de los responsables políticos, para dar a conocer sus puntos de vista sobre la legislación y la elaboración de políticas. Al mismo tiempo, persisten numerosos retos.

Como han puesto de relieve las OSC 253 , el Parlamento Europeo 254 y la Conferencia sobre el Futuro de Europa 255 , es necesario intensificar la labor para lograr un espacio cívico propicio y capacitador a través de medidas concretas y específicas adaptadas a las particularidades de las OSC y los defensores de los derechos. Los retos a los que se enfrentan las OSC y los defensores de los derechos y las respuestas que requieren pueden diferir en función de la situación nacional y del ámbito de que se trate. Sin embargo, el objetivo común de la UE debe seguir siendo el mismo: proteger, apoyar y empoderar a las OSC y a los defensores de los derechos.

La Comisión acoge con satisfacción el firme compromiso y las contribuciones de los agentes de la sociedad civil, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros, así como del Comité Económico y Social Europeo y la Agencia de los Derechos Fundamentales, de cara a la elaboración del presente informe. Este constituye una buena base sobre la que seguir trabajando juntos en este ámbito.

La Comisión anima a otras instituciones de la UE, a los Estados miembros y a las partes interesadas a que utilicen el presente informe para debatir sus conclusiones y desarrollar un diálogo sobre el espacio cívico en la UE. En particular, la Comisión anima al Parlamento Europeo y al Consejo a celebrar un debate específico sobre las conclusiones del informe. Para respaldar este debate, la Comisión pondrá en marcha un diálogo específico con las partes interesadas a través de una serie de seminarios temáticos sobre la salvaguardia del espacio cívico, centrándose en la manera en que la UE puede seguir reforzando su papel a la hora de proteger, apoyar y empoderar a las OSC y los defensores de los derechos con el fin de abordar los retos y oportunidades señalados en el presente informe. En estos seminarios podrían tratarse temas como la protección del espacio cívico digital, cómo orientar mejor la financiación nacional y de la UE para apoyar a las OSC y a los defensores de los derechos, y formas de empoderar el espacio cívico para reafirmar nuestra resiliencia democrática. El resultado del citado debate se presentará y comentará en una mesa redonda europea de alto nivel en 2023.

(1)

Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

(2)

Artículo 51, apartado 1, de la Carta.

(3)

Cuando los Estados miembros aprueban leyes en un ámbito en el que la UE carece de competencia y cuando no existe Derecho de la Unión, no están aplicando el Derecho de la Unión y no están sujetos a la Carta. Sin embargo, muchos de los derechos fundamentales consagrados en la Carta se recogen al mismo tiempo en las constituciones y la jurisprudencia nacionales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que son signatarios todos los Estados miembros de la Unión.

(4)

COM(2020) 711 final. La Estrategia para la Aplicación de la Carta se centra en cuatro aspectos: 1) garantizar la aplicación efectiva de la Carta por parte de los Estados miembros; 2) capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos y a los profesionales de la Justicia; 3) fomentar el uso de la Carta como brújula para las instituciones de la UE; y 4) reforzar la conciencia de las personas acerca de los derechos que les confiere la Carta.

(5)

Para consultar el primer informe temático, véase el documento « Protección de los derechos fundamentales en la era digital . Informe anual de 2021 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE»; COM(2021) 819 final.

(6)

  https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_es .

(7)

  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/justice-programme_es .

(8)

En el marco de la  convocatoria de propuestas para subvencionar acciones de apoyo a proyectos transnacionales de formación judicial sobre Derecho civil, Derecho penal y derechos fundamentales , la Comisión dedicó alrededor de 5 millones EUR a apoyar proyectos de formación sobre Derecho civil, Derecho penal y los derechos fundamentales consagrados en la Carta, entre ellos la protección de datos.

(9)

COM(2022) 518 final.

(10)

  https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/home_en .

(11)

  https://e-justice.europa.eu/37134/ES/member_states_best_practices_on_the_charter .

(12)

  https://e-justice.europa.eu/459/ES/fundamental_rights_interactive_tool .

(13)

 Esta abarca un amplio abanico de información sobre la Carta, en particular, jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales que hace referencia a esta. La Agencia también ha puesto a disposición esta herramienta a través de una nueva aplicación móvil sobre la Carta. Las herramientas de la FRA están disponibles en la siguiente dirección: https://fra.europa.eu/es/eu-charter/fra-charter-resources . 

(14)

  #RightHereRightNow (europa.eu) . La campaña se desarrolló entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 en las redes sociales y a través de actos en los medios de comunicación. Entre los principales colaboradores había OSC, instituciones nacionales de derechos humanos y organismos de igualdad, además de la FRA y otros órganos y organismos de la UE.

(15)

  https://e-justice.europa.eu/512/ES/your_rights .

(16)

  https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_es .

(17)

A efectos del presente informe, se entiende por organizaciones de la sociedad civil las organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil activas en el ámbito de los derechos fundamentales y que constituyen organizaciones u organismos autorregulados de carácter voluntario creados para perseguir los objetivos esencialmente no lucrativos de sus fundadores o sus miembros. Véanse el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º  168/2007 del Consejo, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Recomendación CM/Rec(2007)14 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en Europa . Véase asimismo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos , en la que el concepto de «defensores de los derechos humanos» no se limita a las OSC de derechos humanos, sino que también puede incluir a individuos y otros grupos. En virtud del Derecho de la UE, los «defensores de los derechos humanos» se definen como «aquellos individuos, grupos y organismos de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos» [ Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos (2008), p. 3].

(18)

A efectos del presente informe, se entiende que los «defensores de los derechos» abarcan, además de las OSC, las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos de igualdad y las instituciones del Defensor del Pueblo. No incluyen otros organismos independientes, como las autoridades de protección de datos, ni partidos políticos o sindicatos.

(19)

Como también se reconoce en las Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea , de 5 de marzo de 2021, pp. 3 y 11.

(20)

 Véase European Partnership for Democracy, Repression and Resilience: Diagnosing closing space mid-pandemic [«Represión y resiliencia: diagnóstico de la reducción del espacio de acción en el contexto de la pandemia», documento en inglés] (2021), p. 9. Véanse también FRA, Europe’s civil society: still under pressure – 2022 update [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión. Actualización de 2022», documento en inglés] (2022) , y la Nota de Orientación de las Naciones Unidas sobre la protección y promoción del espacio cívico (2020). Aunque algunas medidas tienen directamente en el punto de mira a las OSC con el objetivo de hacer peligrar sus actividades, no siempre es necesariamente el caso y puede tratarse de una consecuencia negativa indeseada de medidas con un fin legítimo, en particular cuando su aplicación no es proporcionada.

(21)

Véase Comité Económico y Social Europeo, The response of civil society organisations to face the Covid-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe [«La respuesta de las organizaciones de la sociedad civil para afrontar la pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas restrictivas adoptadas en Europa», documento en inglés] (2021).

(22)

  https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/civil-society-organisations-helm-volunteer-assistance-ukrainian-civilians  

(23)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 12.

(24)

Véase Foro Cívico Europeo, Towards vibrant European civic and democratic space [«Hacia un espacio cívico y democrático europeo dinámico», documento en inglés] (2022), p. 11. Cerca de la mitad de las medidas nuevas adoptadas en los Estados miembros para apoyar y proteger a las víctimas de violencia doméstica y a sus hijos durante los confinamientos fueron aplicadas por OSC; véase Instituto Europeo de la Igualdad de Género, The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU [«La pandemia de COVID-19 y la violencia doméstica contra la mujer en la UE», documento en inglés] (2021), p. 18. En Polonia, el 15,8 % de las OSC llevaron a cabo actividades adicionales para asistir mejor a sus beneficiarios durante la pandemia y, en Portugal, las OSC y los defensores de los derechos difundieron información sobre las vacunas entre comunidades a las que es difícil llegar, lo que se tradujo en la vacunación de 600 000 ciudadanos extranjeros, independientemente de su situación migratoria. Véase el informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 4.

(25)

Véase la Comunicación conjunta  «La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos» [JOIN (2020) 8 final].

(26)

Para obtener una visión general de los distintos tipos de apoyo prestado por la sociedad civil durante la guerra de Rusia contra Ucrania, véase FRA, Europe’s civil society: still under pressure – 2022 update [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión. Actualización de 2022», documento en inglés] (2022), pp. 45-50.

(27)

  https://missingchildreneurope.eu/ukraine/ .

(28)

La Plataforma de Política Sanitaria de la UE reúne a más de 5 000 participantes activos de más de ochenta redes, como grupos de pacientes y organizaciones de profesionales sanitarios, autoridades de los Estados miembros y la Comisión. Esta última ayudó a la red a encontrar y garantizar financiación para las iniciativas de las OSC centradas en el apoyo a los refugiados y pacientes ucranianos relacionado con cuestiones como la salud mental y las necesidades psicológicas. Además, el Premio de la Salud de la UE ha servido para concienciar acerca del papel de las OSC, las ciudades y los centros educativos en el refuerzo de la democracia participativa y la ciudadanía activa en la esfera de la salud pública.

(29)

Véanse la Declaración política de la Conferencia ministerial sobre la rendición de cuentas respecto a Ucrania , puntos 13 y 14, y Eurojust, Guidelines for Civil Society Organisations on Documenting International Crimes and Human Rights Violations for Criminal Accountability Purposes [«Directrices para las organizaciones de la sociedad civil sobre la documentación de crímenes internacionales y vulneraciones de derechos humanos con fines de responsabilidad penal», documento en inglés] (2022). Varias OSC ucranianas dedicadas a documentar crímenes de guerra e informar sobre ellos (que forman parte de la Coalición 5 AM ) están recibiendo subvenciones de la UE o de proyectos financiados por la UE.

(30)

  FRA, Europe's civil society: still under pressure – 2022 update  [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión. Actualización de 2022», documento en inglés] (2022).

(31)

Pese a que la Carta no es estrictamente aplicable en las relaciones exteriores de la UE en virtud del artículo 51, apartado 1, sus disposiciones son vinculantes para las instituciones y órganos de la Unión, incluidos los servicios responsables de las relaciones exteriores de la UE, en todas sus actividades. Además, independientemente de que el contexto jurídico y político en la acción interior y exterior sea distinto, estos servicios cuentan con una dilatada experiencia en el trabajo con las OSC y los defensores de los derechos, su protección y seguimiento y el mantenimiento de un diálogo con ellos.

(32)

Informe sobre el Estado de Derecho de 2022: la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea; COM(2022) 500 final.

(33)

COM(2020) 790 final.

(34)

  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_es .

(35)

Véanse FRA, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU [«Desafíos para las organizaciones de la sociedad civil del ámbito de los derechos humanos en la UE», documento en inglés] (2018); FRA, Protecting civic space in the EU [«La protección del espacio cívico en la UE», documento en inglés] (2021), y FRA,   Europe's civil society: still under pressure – 2022 update [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión. Actualización de 2022», documento en inglés] (2022). Véase también https://fra.europa.eu/es/cooperation/civil-society/civil-society-space .

(36)

  Informe sobre el resultado final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa , véase en particular: «[i]ncluyendo a la sociedad civil [...] en el proceso de participación ciudadana» (propuesta 36, p. 79, punto 5); «[p]roporcionar un mayor apoyo estructural, financiero y de otro tipo a la sociedad civil, especialmente a la sociedad civil juvenil [...]; esto podría lograrse [...] estableciendo una estrategia específica para la sociedad civil» (punto 8); «[r]eforzar la cooperación entre los legisladores de la UE y las organizaciones de la sociedad civil para aprovechar el vínculo entre los responsables de la toma de decisiones y los ciudadanos que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil» (punto 10); «[r]eformar el funcionamiento de la Unión Europea mediante una mayor participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada» (propuesta 39, punto 6, p. 83); «[l]os interlocutores sociales y la sociedad civil organizada deben involucrase más en el proceso de toma de decisiones, dada su importancia en la vida democrática europea» (propuesta 40, punto 5, p. 84).

(37)

Veintidós de los veintisiete Estados miembros respondieron a la consulta específica.

(38)

  https://fra.europa.eu/es/cooperacion/la-sociedad-civil-y-la-plataforma-de-derechos-fundamentales .

(39)

El informe se basa en informes recientes sobre el espacio cívico y la sociedad civil del Parlamento Europeo , el Comité Económico y Social Europeo , la FRA (véase la nota al pie n.º 35), las Naciones Unidas , y el   Consejo de Europa .

(40)

Los resultados de las cuatro consultas específicas fueron evaluados y resumidos por la FRA. Véanse los  informes de síntesis de las consultas y las respuestas individuales a estas por parte de los Estados miembros y las partes interesadas .

(41)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 2. Las instituciones nacionales de derechos humanos también establecen las prioridades de su trabajo de acuerdo con la situación nacional y las necesidades más acuciantes, mientras que los organismos de igualdad se centran en la aplicación de la legislación en materia de igualdad y no discriminación (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 6).

(42)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 8; En Suecia, una OSC llevó a cabo un proyecto de financiación estatal para informar a los salones de masaje del riesgo de violencia contra las mujeres vinculada a la prostitución y la trata de seres humanos. El proyecto creó una etiqueta para los salones de masaje, impartió formación a los participantes y elaboró material informativo para los análisis de riesgos y la acción política en el seno de las grandes empresas (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 2).

(43)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, pp. 5 y 6;

(44)

 Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 4. Por ejemplo, «Fridays for Future» (Viernes por el Futuro) es un movimiento internacional de huelgas por el clima dirigido y organizado por jóvenes que comenzó en Suecia. Estos jóvenes proporcionan información sobre cuestiones climáticas y ofrecen recursos y apoyo a aquellas personas que deseen ejercer influencia en la elaboración de políticas a través de manifestaciones y huelgas similares ( https://fridaysforfuture.org ).

(45)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 6.

(46)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 8.

(47)

Por ejemplo, la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica un diálogo con las OSC a través del cual los Gobiernos colaboran activamente con estas en cuestiones de derechos humanos y les permiten participar en la labor del Consejo (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 6). El Consejo de Europa alienta la presentación de informes y la participación de las OSC; véase por ejemplo el manual Working with the Council of Europe: a practical guide for civil society [«La colaboración con el Consejo de Europa: una guía práctica para la sociedad civil», documento en inglés], así como: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos , https://www.coe.int/en/web/minorities/role-of-ngos , https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/ngo y https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/civil-society .

(48)

En los últimos años, las OSC han llamado la atención sobre la tragedia de los migrantes desaparecidos, al tiempo que han apuntado a la necesidad de identificarlos y restablecer su dignidad. El Consejo de Europa pidió una actuación inmediata a este respecto, y el próximo marco para la interoperabilidad de los sistemas informáticos de gran magnitud de la Unión contribuirá significativamente al hallazgo de una solución.

(49)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 6.

(50)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 10.

(51)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 8.

(52)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 4. donde se hace referencia al Tribunal de Primera Instancia de La Haya, 5 de febrero de 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:865, apartado 5.1). Una OSC también emprendió acciones judiciales alegando que el Estado debía adoptar medidas adicionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de proteger el derecho a la vida y a la vida privada y familiar (Tribunal Supremo de los Países Bajos, 20 de diciembre de 2019, ECLI:NL:HR:2019:2007).

(53)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 7. La institución nacional de derechos humanos lituana ha llevado a cabo investigaciones relacionadas con la asistencia a las víctimas de violencia doméstica y la prestación de servicios psicológicos a las personas en instituciones de asistencia social; Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 9.

(54)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 3.

(55)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 7.

(56)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 5.

(57)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 5. En Croacia, las OSC contribuyen al Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil y al Consejo de Derechos Humanos, así como a los grupos de trabajo de expertos encargados de redactar documentos de políticas nacionales (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 5).

(58)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 5; los planes de acción son obligatorios para formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, entre cuyos miembros se cuentan Alemania, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia; https://www.opengovpartnership.org/policy-area/civic-space-and-enabling-environment/ .

(59)

Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004.

(60)

La Oficina Europea de Uniones de Consumidores (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC) ha emitido varias alertas que han llevado a las autoridades de protección de los consumidores de la UE a tomar medidas contra WhatsApp y TikTok ( https://www.beuc.eu/publications/consumer-groups-file-complaint-against-whatsapp-unfairly-pressuring-users-accept-its/html , https://www.beuc.eu/tiktok ). Gracias a su primera alerta contra las prácticas desleales de algunas compañías aéreas, dieciséis grandes aerolíneas se comprometieron a informar mejor y a reembolsar rápidamente a los pasajeros los importes correspondientes en caso de cancelación de vuelos ( https://www.beuc.eu/publications/beuc-reports-major-airlines-breaching-passenger-rights-and-calls-industry-investigation/html , https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/air-travel_es ).

(61)

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).

(62)

La calificación de qué asociaciones, organizaciones y otras personas jurídicas tienen un interés legítimo (en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la citada Directiva) se rige por los criterios establecidos en el Derecho nacional correspondiente. Además, estas entidades solo pueden iniciar procedimientos judiciales o administrativos con la autorización del demandante.

(63)

Reglamento (UE) 2021/1767, de 6 de octubre de 2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

(64)

Propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE [COM(2021) 851 final]. La Comisión también adoptó una Comunicación destinada a facilitar el acceso de los particulares y las ONG a la justicia en materia de medio ambiente [COM(2020) 643]. Una sentencia reciente del TJUE confirma que el Convenio de Aarhus, leído en relación con la Carta, impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la protección judicial efectiva y permitir a las asociaciones de defensa del medio ambiente verificar ante los órganos jurisdiccionales nacionales el cumplimiento de determinadas normas del Derecho de la UE en materia de medio ambiente (8 de noviembre de 2022, Deutsche Umwelthilfe eV/República Federal de Alemania, C-873/19, EU:C:2022:857).

(65)

Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71], en la que también se prevé la consulta de las partes interesadas y las OSC.

(66)

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, en cuyo considerando 62 se insta a los Estados miembros a colaborar estrechamente con las OSC que ayuden a las víctimas de delitos.

(67)

Artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/29/UE.

(68)

Artículo 24 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.

(69)

SWD(2021) 324 final, p. 10, donde se hace referencia a Bélgica, Francia, Alemania, Grecia y España, que combinaban servicios prestados directamente por el Estado con otros prestados por las OSC.

(70)

Artículo 27, apartado 3, y artículos 40 y 41 de la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica [COM(2022) 105 final].

(71)

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_11_4 .

(72)

Por ejemplo, en el documento C(2018)6550, el artículo 2.2.4 del anexo 1 exige a los Estados miembros que realicen consultas con las partes interesadas nacionales, en particular las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, y que tengan debidamente en cuenta la opinión de las partes interesadas acerca de sitios web específicos que deben ser objeto de seguimiento.

(73)

Artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1107/2006 y artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1177/2010.

(74)

Artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1371/2007, artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1177/2010, artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 181/2011 y anexo III del Reglamento (UE) 2021/782. A partir de junio de 2023, los operadores ferroviarios estarán obligados a consultar periódicamente a estas organizaciones representativas de las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida acerca de las normas de calidad para la asistencia a las personas con discapacidad.

(75)

Reglamento (UE) 2016/679, artículo 80.

(76)

Directiva (UE) 2016/680, artículo 55.

(77)

Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE [COM(2020) 825 final]. Al evaluar los riesgos sistémicos y las medidas de reducción de estos, la Ley de Servicios Digitales alienta a los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño a colaborar con: i) los interlocutores de la sociedad civil, entre otras cosas, estableciendo códigos de conducta, para fomentar la correcta aplicación de las normas; y ii) las OSC que llevan a cabo investigaciones científicas, dado que contribuyen a detectar, identificar y comprender los riesgos sistémicos en la UE.

(78)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación, y por la que se suprimen el artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE y el artículo 11 de la Directiva 2010/41/UE [COM(2022) 688]; y propuesta de Directiva del Consejo sobre las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato entre las personas con independencia de su origen racial o étnico, la igualdad de trato entre las personas en asuntos de empleo y ocupación con independencia de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en el acceso a bienes y servicios y su suministro, y por la que se suprimen el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE y el artículo 12 de la Directiva 2004/113/CE [COM(2022) 689]

(79)

  https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-union-internet-forum-euif_es .

(80)

  https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran/about-ran_es#who-are-we . La red incluye a representantes de la sociedad civil, trabajadores sociales, trabajadores en el ámbito de la juventud, profesores, profesionales de la salud, representantes de las autoridades locales, agentes de policía y funcionarios de prisiones que se dedican a prevenir y combatir el extremismo violento y a rehabilitar y reinsertar a extremistas violentos.

(81)

Las OSC y los defensores de los derechos están desarrollando cada vez más instrumentos para proteger los derechos que les confiere la Carta, en especial los derechos a la libertad de expresión, incluido el acceso a la información, y a la libertad de reunión pacífica y de asociación; véase el documento del European Center for Not-for-Profit Law Stichting (ECNL), el European Foundation Centre (EFC) y la Donors and Foundations Network in Europe (DAFNE) How to Use EU Law to Protect Civic Space [«Cómo utilizar el Derecho de la UE para proteger el espacio cívico», documento en inglés] (2020).

(82)

Como reconocen la Comisión en la Estrategia para la Aplicación de la Carta, el Parlamento Europeo [Resolución 2021/2103(INI) y Resolución de iniciativa legislativa 2020/2026 (INL)] y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476, apartado 113.

(83)

Véanse Consejo de Europa, Recomendación CM/Rec(2018)11 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la necesidad de reforzar la protección y la promoción del espacio de la sociedad civil en Europa y la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (artículo 2).

(84)

Véanse los informes de la FRA, nota a pie de página n.º 35 , así como la Nota de Orientación de las Naciones Unidas sobre la protección y promoción del espacio cívico (2020) , p. 8.

(85)

  Consulta de la FRA sobre la Carta de 2022 : pregunta G) Obstáculos en el ámbito «espacio seguro y protección». Véase también la encuesta de la FRA sobre el espacio cívico: experiencias de organizaciones en 2018 y 2019 .

(86)

Por ejemplo, según lo apuntado por las partes interesadas, las OSC han sido objeto de discursos negativos de funcionarios públicos en Eslovenia (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Eslovenia, pp. 23 y 24), campañas de difamación y desinformación en Croacia (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Croacia, p. 26) y ataques verbales por parte de personalidades públicas en Eslovaquia (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Eslovaquia, p. 23). En Hungría, la comunidad LGBTIQ y determinadas OSC se quejan de ser el blanco de campañas de difamación gubernamentales (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Hungría, p. 30).

(87)

Por ejemplo, en lo que respecta a Grecia, los ONG han señalado una ley de 4 de septiembre de 2021 que tipifica como delito determinadas labores de las OSC, en particular de las que participan en misiones de búsqueda y salvamento en el mar (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Grecia, p. 22).

(88)

Las demandas estratégicas contra la participación pública son procesos judiciales claramente infundados o abusivos iniciados normalmente por personas poderosas, grupos de presión, empresas y órganos estatales contra quienes participan en la protección del interés público. Su objetivo es censurar, intimidar y silenciar a las personas críticas imponiéndoles la carga económica de una defensa jurídica. Véanse la propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas [COM(2022) 177 final], y el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022 (pp. 24 y 29), en el que se indica que este fenómeno ha ido ganando terreno en la UE y constituye uno de los retos a los que se enfrentan las OSC.

(89)

FRA, Europe’s civil society: still under pressure – 2022 update [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión. Actualización de 2022», documento en inglés] (2022), p. 21, donde se enumeran como ámbitos sensibles la migración, la protección medioambiental, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTIQ, el antirracismo y los derechos de los menores. Véanse también el informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 8, y el informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, pp. 15 y 16. Por ejemplo, en Polonia, las personas LGBTIQ y las ONG siguen siendo objeto de proyectos de iniciativas legislativas (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Polonia, p. 29). En Italia, los grupos de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos de los migrantes se han visto especialmente afectados por una reducción del espacio cívico (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Italia, p. 25).

(90)

Véanse la Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, p. 24; el informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 10; así como ENNHRI, State of the rule of law in the European Union [«La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea», documento en inglés] (2022).

(91)

Las instituciones nacionales de derechos humanos también afirmaron ser blanco de informes o campañas negativos en los medios de comunicación, ser objeto de demandas relacionadas con su trabajo y tener que denunciar incidentes a la policía. Una institución nacional de derechos humanos informó de que sus instalaciones habían sido atacadas; FRA, Strong and effective national human rights institutions – challenges, promising practices and opportunities [«Unas instituciones nacionales de derechos humanos sólidas y efectivas: retos, prácticas prometedoras y oportunidades», documento en inglés] (2019), p. 45. Véase también ENNHRI,  2020 Guidelines on support for NHRIs under threat [«Directrices de 2020 sobre el apoyo a las instituciones nacionales de derechos humanos bajo amenaza», documento en inglés] (2020).

(92)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 6. Por ejemplo, en Hungría persisten las preocupaciones por la independencia del comisario de Derechos Fundamentales (Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, p. 24).

(93)

Por ejemplo, en Lituania se ha manifestado preocupación por que la falta de recursos y los nuevos proyectos legislativos puedan menoscabar la capacidad de la Oficina del Defensor del Pueblo del Parlamento para cumplir su mandato (Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, p. 24). Véanse asimismo, en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, las recomendaciones a Croacia y Polonia.

(94)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 7. Véase también Equinet, Legislating for stronger, more effective equality bodies [«Legislar en favor de unos organismos de igualdad más fuertes y efectivos», documento en inglés] (2021) .

(95)

Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los organismos para la igualdad (considerando 21). Véase también la nota a pie de página 78.

(96)

Según CIVICUS Monitor, https://monitor.civicus.org/ , el espacio cívico se considera: i) abierto en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia; ii) reducido en Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Malta y Rumanía; y iii) obstruido en Hungría y Polonia.

(97)

Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, p. 25.

(98)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 12. Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, p. 25.

(99)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 12. Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Alemania, p. 25.

(100)

 Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, pp. 18 y 19;

(101)

Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Bulgaria, p. 25.

(102)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 12.

(103)

  https://oikeusministerio.fi/en/-/an-autonomous-and-dynamic-civil-society-for-all . 

(104)

Por ejemplo, la sociedad civil austriaca ha manifestado su preocupación por el impacto de la legislación antiterrorista en el espacio operativo de las OSC, en particular el de las organizaciones musulmanas (véanse los Informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2021, capítulo relativo a Austria, pp. 23 y 18, respectivamente). En Francia, una serie de partes interesadas expresaron su preocupación por el proyecto de ley para «reforzar el respeto de los principios republicanos» en lo que respecta a sus posibles repercusiones sobre el espacio cívico (Ley 2021-1109, de 24 de agosto de 2021; Informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2021, capítulo relativo a Francia, pp. 23 y 17, respectivamente). En Grecia, algunas OSC manifestaron su preocupación por el proceso de registro de las ONG que actúan en el ámbito del asilo, la migración y la inclusión social (Ley 4662/2020, modificada por la Ley 4686/2020; véanse los Informes sobre el Estado de Derecho de 2020, 2021 y 2022, capítulo relativo a Grecia, pp. 22, 12 y 12, respectivamente). Hay tres recursos pendientes ante el Consejo de Estado en los que se impugnan algunos aspectos de la legalidad de la Ley sobre el registro de las ONG. (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Grecia, p. 21).

(105)

Por ejemplo, en Polonia, un proyecto de propuesta legislativa encaminada a garantizar la «transparencia de las organizaciones no gubernamentales» ha suscitado preocupaciones a las partes interesadas (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Polonia, p. 29).

(106)

En Suecia, se presentó una propuesta de modificación de la Constitución para ampliar las posibilidades legales de restringir la libertad de asociación de las asociaciones terroristas o que apoyen el terrorismo, y las OSC expresaron sus reservas en cuanto a que la modificación pueda permitir injerencias indebidas en el derecho de asociación (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Suecia, p. 19). Véase el Grupo de Acción Financiera Internacional,  Lucha contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro (recomendación 8)  (2015).

(107)

En Chipre, las OSC han señalado que la legislación introducida para garantizar el cumplimiento de las normas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales ha ocasionado la baja del registro de varias OSC (Informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2021, capítulo relativo a Chipre, pp. 16 y 12, respectivamente).

(108)

Por ejemplo, los controles de auditoría de las OSC en Hungría han suscitado preocupación (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Hungría, p. 29).

(109)

Véase el capítulo 4: «El apoyo a las OSC y los defensores de los derechos».

(110)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 13.

(111)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 9; informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 19. Véase también ENNHRI, State of the rule of law in the European Union 2022 [«La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea», documento en inglés] (2022).

(112)

El Centro Nacional de Derechos Humanos eslovaco recopiló once casos que los encuestados consideraron amenazas, acoso o intimidación. El acoso y la calumnia contra particulares o sus familias fueron los casos más habituales. También predominaron las amenazas y el uso de procedimientos administrativos como forma de acoso (por ejemplo, denuncias o informes penales) (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 9).

(113)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 13, donde se hace referencia a Yhdessä vihaa vastaan (yhdessavihaavastaan.fi) , un proyecto financiado en el marco del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía.

(114)

  https://monitor.civicus.org/ .

(115)

  https://civicspacewatch.eu/ .

(116)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 14, donde se señala que se ha concedido protección durante varios años a ciudadanos o periodistas bajo amenaza.

(117)

Contribución de la ENNHRI, p. 10, en la que se señala que en Alemania se ha establecido un programa de protección para los defensores de los derechos humanos que son objeto de amenazas por su trabajo. Este incluye asistencia in situ y subvenciones para la reubicación temporal.

(118)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 14.

(119)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 13.

(120)

El evento NHRI Academy de 2021 de la ENNHRI, coorganizado con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se dedicó a este aspecto. «Protecting human rights defenders and co-creating inclusive civil society space in Europe: The role of NHRIs – 2021 NHRI Academy Follow-up Training»  [«La protección de los defensores de los derechos humanos y la creación conjunta de un espacio inclusivo para la sociedad civil en Europa: el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos – Formación posterior a la NHRI Academy de 2021», página en inglés] OSCE .

(121)

ENNHRI, State of the rule of law in the European Union [«La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea», documento en inglés] (2022), p. 39.

(122)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 8.

(123)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 19.

(124)

  Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 , p. 20.

(125)

Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros sobre el espacio cívico y los retos a los que se enfrentan las OSC y los defensores de los derechos (como los mecanismos de consulta y el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos) en Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía y Suecia.

(126)

Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»); propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»), COM(2022) 177 final; ENNHRI, The EU has a key role in safeguarding human rights defenders from strategic litigation against public participation [«La UE desempeña un papel clave en la protección de los defensores de los derechos humanos frente a los litigios estratégicos contra la participación pública», artículo en inglés] (2022).

(127)

COM(2021) 851 final, artículo 13.

(128)

COM(2022) 177 final. Como Partes en el Convenio de Aarhus, la UE y los Estados miembros deben garantizar que las personas que ejercen sus derechos de conformidad con las normas del Convenio estén protegidas de modo que no se vean en modo alguno penalizadas, perseguidas ni sometidas a medidas vejatorias.

(129)

C(2022)6536 final. Véanse ENNHRI, NHRIs evidence the need to adopt common EU standards on media transparency, pluralism and freedom [«Las instituciones nacionales de derechos humanos dejan patente la necesidad de adoptar normas comunes de la UE en materia de transparencia, pluralismo y libertad de los medios de comunicación», artículo en inglés] (2022), y el informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 8.

(130)

C(2021)6650 final.

(131)

Resolución del Parlamento Europeo de iniciativa legislativa con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas , 2020/2026(INL).

(132)

  Mercado único. Propuesta de iniciativa legislativa sobre las actividades transfronterizas de las asociaciones (europa.eu) . 

(133)

Estrategia para la Aplicación de la Carta, pp. 8 y 9.

(134)

Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

(135)

Sentencia del TJUE de 16 de noviembre de 2021, Comisión/Hungría, C-821/19, ECLI:EU:C:2021:930.

(136)

  https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/action-plan-es.pdf .

(137)

  https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/02_dh_directrices_defensores_es_.pdf . .

(138)

C(2018) 6798 final, Anexo 1.

(139)

  ProtectDefenders.eu .

(140)

C(2018) 6798 final, Anexo 2.

(141)

  https://csometer.info/ .

(142)

Este proyecto cuenta con un conjunto de normas e indicadores para evaluar el marco jurídico que afecta a las OSC y su situación en diez ámbitos, entre ellos, la libertad de asociación, reunión y expresión, el derecho a la privacidad y el acceso a financiación.

(143)

  Recomendación CM/Rec(2021)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el desarrollo y el refuerzo de unas instituciones nacionales de derechos humanos eficaces, pluralistas e independientes;  Recomendación CM/Rec(2019) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el desarrollo de la institución del Defensor del Pueblo; Recomendación CM/Rec(2018)11 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la necesidad de reforzar la protección y la promoción del espacio de la sociedad civil en Europa.

(144)

  Recomendación CM/Rec(2007)14 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en Europa.

(145)

  https://www.coe.int/en/web/ingo/expert-council .

(146)

  https://fom.coe.int/en/pays .

(147)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las organizaciones internacionales, pp. 2 y 4. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ayuda a proteger a los agentes de la sociedad civil supervisando el entorno mundial y nacional propicio para el espacio cívico y liderando los esfuerzos de las Naciones Unidas para supervisar, prevenir y hacer frente a la intimidación y las represalias contra quienes cooperan con las Naciones Unidas. Además de abogar por ello, la Oficina también proporciona orientación y asistencia sobre: i) la adopción y aplicación de leyes, políticas y prácticas que detecten las amenazas y protejan a la sociedad civil frente a los ataques, tanto en línea como fuera de línea; y ii) el desarrollo de redes de protección integradas a escala internacional, regional y nacional.

(148)

Véase OIDDH de la OSCE, The situation of human rights defenders in selected OSCE participating states. The final report of the first assessment cycle (2017-2019) [«La situación de los defensores de los derechos humanos en determinados Estados seleccionados participantes en la OSCE. Informe final del primer ciclo de evaluación (2017-2019)», documento en inglés] (2021), en el que se señala que en toda la región de la OSCE se lleva a cabo una supervisión periódica de la situación de los defensores de los derechos humanos y se presentan informes regularmente al respecto. La OIDDH de la OSCE también proporciona asesoramiento especializado, sensibiliza a los Estados sobre sus obligaciones de protección de los defensores de los derechos y facilita el diálogo entre los Estados y la sociedad civil sobre la labor de los defensores de los derechos. Además, la OIDDH de la OSCE también apoya a las instituciones nacionales de derechos humanos y a otros defensores desarrollando sus capacidades para llevar a cabo el seguimiento y la presentación de informes de manera segura y fiable.

(149)

  https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders .

(150)

Véase OIDDH de la OSCE, Guidelines on freedom of association [«Directrices sobre la libertad de asociación», documento en inglés] (2015), principio 7.

(151)

Tres Estados miembros mencionaron la prestación de apoyo por medios no financieros (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 18). El apoyo también puede prestarse por otros medios, como el desarrollo de capacidades, la implicación y el diálogo, la protección y las declaraciones en defensa de las OSC. El presente informe trata dichas actividades en los capítulos 2 y 5.

(152)

Por ejemplo, Francia ha aumentado la financiación destinada a los defensores de los derechos, el Defensor de los Derechos y la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH, por sus siglas en francés) entre 2021 y 2022 (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 19). En Alemania, la financiación destinada a las OSC a través del programa federal «Live Democracy» ha aumentado cuantiosamente desde 2015 (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 19).

(153)

En Austria se creó un fondo en consulta con las organizaciones interesadas para ayudar económicamente a las organizaciones sin ánimo de lucro a hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 (Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, capítulo relativo a Austria, p. 18).

(154)

 Las Subvenciones al EEE y de Noruega (EEA and Norway Grants) también se han centrado en la sostenibilidad y la capacidad a largo plazo de la sociedad civil a través del Fondo para unos Ciudadanos Activos (Active Citizens Fund) .

(155)

Véase la Comunicación relativa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 24; véanse también FRA, Protecting civic space in the EU [«La protección del espacio cívico en la UE», documento en inglés] (2021), p. 39; FRA, Europe’s Civil Society: Still Under Pressure [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión», documento en inglés] (2022), p. 32; y Equinet, Legislating for stronger, more effective equality bodies [«Legislar en favor de unos organismos de igualdad más fuertes y efectivos», documento en inglés] (2021) , p. 4.

(156)

 Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 22. Véase también Foro Cívico Europeo, Towards vibrant European civic and democratic space [«Hacia un espacio cívico y democrático europeo dinámico», documento en inglés] (2022), p. 37, sobre los principales retos que afrontan algunas OSC al acceder a financiación estructural europea.

(157)

  Consulta de la FRA sobre la Carta de 2022 : pregunta L) Obstáculos en el ámbito «marco de financiación».

(158)

En el marco de la Fundación Nacional para la Sociedad Civil (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Estonia, p. 15).

(159)

En el marco del Fondo para ONG, el programa presupuestario del Estado (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Letonia, p. 18).

(160)

En el marco del Fondo nacional para ONG (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Lituania, p. 20).

(161)

Por ejemplo, el Fondo para la Sociedad Civil maltés (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 20).

(162)

Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Finlandia, p. 19.

(163)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 20.

(164)

Por ejemplo, en Croacia y Dinamarca las OSC disponen de financiación pública para cubrir costes básicos. En Eslovenia y Suecia, la cobertura de los gastos administrativos está permitida dentro del presupuesto del proyecto (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, pp. 17 y 18).

(165)

Véase FRA, Protecting civic space in the EU [«La protección del espacio cívico en la UE», documento en inglés] (2021), p. 8.

(166)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 21. Eslovenia y Eslovaquia cuentan con sistemas de asignación tributaria que permiten a las personas físicas y a las empresas destinar un porcentaje del impuesto sobre la renta pagado a fines de interés público, entre los que se incluyen las OSC (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, pp. 17 y 18).

(167)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 21.

(168)

 Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, p. 22. Véase también FRA, Europe’s civil society: Still Under Pressure [«La sociedad civil europea: todavía bajo presión», documento en inglés] (2022), p. 32.

(169)

Véase FRA, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU [«Desafíos para las organizaciones de la sociedad civil del ámbito de los derechos humanos en la UE», documento en inglés] (2018), p. 32.

(170)

Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.

(171)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 20.

(172)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, pp. 20 y 21.

(173)

En Hungría se ha cuestionado el papel del Estado en la financiación de la sociedad civil. Según las partes interesadas, el Gobierno ha centralizado la distribución de la financiación a través del Fondo de Cooperación Nacional y favorece la financiación de las ONG creadas y operadas por el Gobierno. En 2021, Hungría dejó de poder optar a las Subvenciones al EEE y de Noruega al no llegar a un acuerdo respecto a un operador independiente de subvenciones encargado de gestionar la financiación para la sociedad civil. Véase, en relación con ambos puntos, el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Hungría, pp. 30 y 31. En Polonia no se han abordado las preocupaciones señaladas por las OSC sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de la Libertad-Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, responsable de la distribución de la financiación pública y de la financiación de la UE atribuida a nivel nacional a las ONG (Informes sobre el Estado de Derecho de 2021 y 2022, capítulo relativo a Polonia, pp. 27 y 29, respectivamente).

(174)

En Irlanda, las OSC han expresado su preocupación por el impacto de la Ley Electoral, que prohíbe las donaciones por encima de un determinado umbral «con fines políticos» o de donantes extranjeros (Informes sobre el Estado de Derecho de 2020, 2021 y 2022, capítulo relativo a Irlanda, pp. 15, 18 y 20, respectivamente).

(175)

En Alemania, la inseguridad jurídica en relación con la actividad política de las OSC con estatuto de exención fiscal sigue suponiendo un reto, aunque se ha anunciado una reforma de las normas correspondientes (Informes sobre el Estado de Derecho de 2022, 2021 y 2020, capítulo relativo a Alemania, pp. 24, 17 y 12, respectivamente).

(176)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a las OSC centrales de la UE, pp. 14 y 20; sentencia del TJUE de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

(177)

Como se indica en Comisión, Feasibility study for financial support for litigating cases relating to violations of democracy, rule of law and fundamental rights [«Estudio de la viabilidad del apoyo financiero en casos de litigios relativos a violaciones de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales», documento en inglés] (2020), p. 3, el 85 % de los encuestados señaló que la falta de financiación adecuada representa un obstáculo «en gran medida» de cara a los litigios, el asesoramiento jurídico y el apoyo en materia de derechos fundamentales.

(178)

En Eslovaquia, una reforma jurídica ha restringido las subvenciones a aquellas OSC que promueven el matrimonio y los valores familiares, excluyendo por consiguiente a las OSC activas en el ámbito de la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTIQ (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 8; Informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2021, capítulo relativo a Eslovaquia, pp. 23 y 20, respectivamente). En Chequia las partes interesadas han señalado la existencia de obstáculos para acceder a la financiación pública, en particular en el caso de las OSC dedicadas a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el Estado de Derecho, las personas LGBTIQ y el asilo, y la defensa de estas causas (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Chequia, p. 20).

(179)

  https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_es . Da continuidad al anterior programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía, https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm .

(180)

  Consulta de la FRA sobre la Carta de 2022 : Pregunta N) Los programas de financiación de la Comisión Europea en el ámbito de los derechos y valores («Programa CERV»).

(181)

En el marco de la última convocatoria de propuestas, se concedieron 2 millones EUR a siete proyectos, entre otras cosas, sobre la ampliación de los conocimientos de los profesionales del Derecho acerca del uso de la Carta, el apoyo a la aplicación de la jurisprudencia del TJUE en materia de igualdad de las personas LGBTIQ y los litigios estratégicos en favor del Estado de Derecho. Los proyectos abarcan catorce Estados miembros y cuentan con la participación de treinta OSC (véase https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti ).

(182)

La primera convocatoria para la reasignación de subvenciones de 2022 recibió 40 propuestas de intermediarios, con una solicitud de financiación total de 120 millones EUR. En total se seleccionaron 16 propuestas que ascendían a un importe de 51 millones EUR. Las propuestas financiadas abarcan 16 Estados miembros e incluyen a 49 intermediarios. En cada proyecto, los intermediarios tienen previsto distribuir una media de 25 000 EUR por OSC a una media de 100 OSC. Los proyectos se ejecutarán durante los próximos tres años. Están previstas otras dos convocatorias para la reasignación de subvenciones del Programa CERV hasta 2027.

(183)

Tras una convocatoria de propuestas en abril de 2021, se concedió apoyo financiero a setenta y tres organizaciones europeas para cubrir sus costes operativos durante cuatro años (presupuesto total de 25,3 millones EUR). Estos socios de acuerdos marco, que disponen de 5,8 millones EUR, pueden redistribuir financiación de la UE a sus miembros a nivel nacional y local; véase call-fiche_cerv-2021-og-fpa_en.pdf (europa.eu) .

(184)

En los dos primeros años del Programa CERV, se concedieron alrededor de 260 millones EUR a unos 600 proyectos.

(185)

Este importe incluía el apoyo a formación, seminarios y actividades de aprendizaje, investigación y estudios, y campañas de concienciación y en los medios de comunicación dirigidas al público.

(186)

  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf .

(187)

Por ejemplo, Women against Violence Europe, Stichting European Roma Grassroots Organisations Network, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe, y la Red Europea de la International Planned Parenthood Federation. De febrero a abril de 2022, la Fundación Schuman polaca, un socio de un acuerdo marco, llevó a cabo una campaña en las redes sociales sobre las actividades de la UE en el contexto de la guerra. También organizó una serie de reuniones sobre la situación y las necesidades de los voluntarios sobre el terreno, en particular sobre el apoyo psicológico y la formación de los mentores voluntarios.

(188)

Convocatoria de propuestas para la subvención de acciones destinadas a apoyar proyectos transnacionales de formación judicial en materia de Derecho civil, Derecho penal o derechos fundamentales (JUST-2021-JTRA), https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027 . Por ejemplo, el proyecto dirigido por OSC  Pioneering anti-SLAPP training for freedom of expression (proyecto pionero para hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública en pro de la libertad de expresión) forma a abogados que representan a periodistas y defensores de los derechos en once Estados miembros.

(189)

  https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es . Por ejemplo, en el proyecto MIICT , un consorcio de OSC pretende abordar el reto de integrar a migrantes mediante la creación conjunta de mejores servicios de TIC con migrantes, refugiados, servicios del sector público, ONG y otros grupos de interés. El proyecto Re-InVEST se centra en la reconstrucción de una Europa inclusiva de solidaridad y confianza basada en valores a través de inversiones sociales. El proyecto de investigación DigiGen estudia la manera en que los niños se ven afectados por la transformación digital.

(190)

  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es . Por ejemplo, Erasmus+ cofinancia el Foro Europeo de la Juventud, una plataforma que representa a más de cien organizaciones juveniles y que trabaja para empoderar a los jóvenes a fin de que participen activamente en la sociedad con el objetivo de mejorar su propia vida, representando y defendiendo sus intereses y necesidades, así como los de sus organizaciones. Además, a través de convocatorias de propuestas anuales, las organizaciones centrales en el ámbito de la educación y la formación también pueden solicitar financiación. Un ejemplo de ello es la Plataforma de Aprendizaje Permanente, que reúne a 42 OSC europeas que actúan en el ámbito de la educación, la formación y la juventud, y que representan a más de 50 000 instituciones y asociaciones educativas que abarcan todos los sectores del aprendizaje formal, no formal e informal.

(191)

  https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran/civil-society-empowerment-programme_es .

(192)

Véanse sus respectivos Planes de Ejecución Plurianuales en https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/mip-2021-c2021-9158-civil-society-organisations-annex_en.pdf y https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/mip-2021-c2021-9620-human-rights-democracy-annex_en.pdf . 

(193)

Véase la Estrategia para la Aplicación de la Carta, p. 13, en la que se señala que la Comisión «[a]poyará un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil, en particular a través de la nueva vertiente de valores de la Unión del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores» y que la Comisión invita a los Estados miembros a «promover un entorno favorable y seguro para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en su país, incluso a escala local».

(194)

Véase FRA, Protecting civic space in the EU [«La protección del espacio cívico en la UE», documento en inglés] (2021), pp. 6 y 14.

(195)

  Consulta de la FRA sobre la Carta de 2022 : Pregunta K) Obstáculos en el ámbito «participación y cooperación con las autoridades».

(196)

Véase FRA, Protecting civic space in the EU [«La protección del espacio cívico en la UE», documento en inglés] (2021), p. 9.

(197)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 25.

(198)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 25.

(199)

  https://www.zukunftsraumland.at/seiten/185  

(200)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 24.

(201)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 14.

(202)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 15.

(203)

Véase FRA, Protecting civic space in the EU [«La protección del espacio cívico en la UE», documento en inglés] (2021), p. 23.

(204)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 24. Según el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, las partes interesadas señalan que la participación de las OSC en la toma de decisiones pública en Chequia todavía no es sistemática. La estrategia de cooperación entre la Administración pública y las ONG incluye, desde julio de 2021, medidas de apoyo a la asociación y la cooperación entre la Administración pública y el sector sin ánimo de lucro. En enero de 2022 se organizó una consulta pública sobre un proyecto de metodología para que la sociedad civil pueda participar en órganos consultivos y de trabajo y ayudar a desarrollar materiales legislativos y no legislativos de las autoridades administrativas centrales. Tras su aprobación por parte del Consejo de ONG del Gobierno, la metodología se validará para finales de 2024 (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Chequia, pp. 19 y 20).

(205)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 24.

(206)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 24.

(207)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 5.

(208)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 3.

(209)

El Informe sobre el Estado de Derecho de 2022 confirma que, pese a la existencia de algunos retos, las OSC de Portugal siguen involucrándose en iniciativas gubernamentales, en particular en materia de participación ciudadana e igualdad de género (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Portugal, pp. 1, 17, 18, 22 y 23).

(210)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, p. 4.

(211)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a la ENNHRI y a Equinet, pp. 6 y 13.

(212)

Según el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, en Italia sigue pendiente la creación de una institución nacional de derechos humanos por retrasos en el proceso legislativo. El informe recomienda a Italia que redoble sus esfuerzos para establecer dicha institución, habida cuenta de los Principios de París de las Naciones Unidas, y que se promueva la participación democrática de las OSC a través de un consejo consultivo permanente (Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo relativo a Italia, pp. 1 y 23). Se han dirigido recomendaciones similares a Chequia, Malta y Rumanía.

(213)

Sentencia del TJUE en el asunto C-78/18, Comisión/Hungría, cit., apartado 112, que hace referencia a las sentencias del TEDH de 17 de febrero de 2004, Gorzelik y otros/Polonia, demanda n.º 44158/98, apartados 88, 90 y 92, y de 8 de octubre de 2009, Tebieti Mühafize Cemiyyeti e Israfilov/Azerbaiyán, demanda n.º 37083/03, apartados 52 y 53.

(214)

 Herramienta n.º 11 de la caja de herramientas para la mejora de la legislación (2021).

(215)

  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es .

(216)

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es .

(217)

Caja de herramientas para la mejora de la legislación, pp. 113-132, 446.

(218)

  https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_es .

(219)

  https://www.ombudsman.europa.eu/es/home .

(220)

Las OSC se incluyeron entre los miembros del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la IA, que elaboró las Directrices éticas para una IA fiable y una herramienta de autoevaluación para desarrolladores e implementadores de sistemas de IA.

(221)

  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf .

(222)

COM(2021) 206 final. Las OSC mantienen asimismo un diálogo activo con la Comisión y el colegislador de la UE durante el proceso legislativo. Se consideran socios clave en el futuro grupo multilateral de expertos que respaldará la aplicación de la legislación tras su adopción.

(223)

La consulta pública abierta recibió respuestas de 1 620 ONG, cinco organizaciones de consumidores y cuatro organizaciones ecologistas ( https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation_es ). También se organizó una mesa redonda con OSC y se celebraron varias reuniones entre la Comisión, defensores de los derechos y organizaciones ecologistas.

(224)

Resultados disponibles en: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-EU-action-against-abusive-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders/public-consultation_es .

(225)

COM(2022) 197 final. La consulta pública abierta recibió 382 respuestas válidas, entre las de ochenta y cuatro ONG y cuatro organizaciones de consumidores. Se recogieron opiniones sobre una amplia variedad de cuestiones, como el acceso a los datos sanitarios, la interoperabilidad de los datos sanitarios, la infraestructura digital, los requisitos para los proveedores de soluciones sanitarias digitales, el uso secundario de los datos y los requisitos de calidad de los datos ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2083 ).

(226)

Recomendación (UE) 2021/1534 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2021, sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea, elaborada en consulta con organizaciones y asociaciones de periodistas o que prestan apoyo a estos últimos.

(227)

Se organizaron numerosas actividades de consulta con OSC, entre ellas, tres talleres, una conferencia final y el diálogo sobre política de juventud. En total respondieron a la consulta pública sobre la iniciativa treinta y ocho OSC (lo que constituyó el 21 % de los encuestados). Además de participar en estas actividades de consulta, todos los organismos de igualdad y Equinet fueron entrevistados y respondieron a encuestas específicas.

(228)

La Comisión publica sus recomendaciones de directrices de negociación para que la sociedad civil pueda formular observaciones. Para cada negociación comercial en curso se lleva a cabo una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad altamente participativa a fin de ofrecer un análisis en mayor profundidad de su posible impacto económico, social, ambiental y en los derechos humanos. Tras las negociaciones, la Comisión publica el texto definitivo del acuerdo y los informes y órdenes del día de los comités y diálogos establecidos en el marco de los acuerdos comerciales. Una vez que el acuerdo entra en vigor, la Comisión publica una evaluación ex post de su impacto, que se basa en gran medida en las aportaciones de las partes interesadas, entre ellas la sociedad civil.

(229)

 COM(2020) 698 final.

(230)

COM(2020) 620 final.

(231)

Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159). Para apoyar a los Estados miembros, la Comisión está elaborando un manual de formación digital con el fin de contribuir a velar por el respeto de la Carta en la ejecución de los Fondos en cuestión.

(232)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR), el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados.

(233)

Artículo 15 y anexo III del RDC. El artículo 8 del RDC exige a los Estados miembros que impliquen a las OSC en la elaboración de los acuerdos de asociación y a lo largo de la preparación, ejecución y evaluación de los programas, también en los comités de seguimiento. El artículo 9, apartado 1, del RDC exige a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen el respeto de los derechos fundamentales y la conformidad con la Carta en la ejecución de los Fondos contemplados en el RDC. Véase https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode/common-provisions-regulation_es .

(234)

Como por ejemplo a las organizaciones responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación, así como a los interlocutores medioambientales. Véase también el capítulo 2.

(235)

Artículo 8 del RDC.

(236)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 26.

(237)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 26. De manera similar, en Eslovaquia, las OSC participan en el seguimiento de los programas en el marco del RDC como miembros de los comités de seguimiento y grupos de trabajo. El Ministerio de Trabajo está creando un sistema de seguimiento de la condición favorecedora horizontal relativa a la aplicación y ejecución efectiva de la Carta (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 26). En España, las OSC están representadas en los comités de seguimiento de cada programa operativo cofinanciado por el FEDER, el FSE +, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Su participación se centra, entre otras cosas, en la aprobación de los criterios de selección, los informes de ejecución y los resúmenes públicos (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 26). En Finlandia, el comité de seguimiento designado para supervisar el programa de política regional y estructural de la UE para 2021-2027, dirigido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, incluye a dos representantes de organizaciones responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación (informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 26).

(238)

Informe de síntesis de la FRA sobre la consulta específica a los Estados miembros, p. 26.

(239)

  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10124&furtherNews=yes .

(240)

  https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/european-migration-forum-emf_es

(241)

La Plataforma está compuesta por 34 miembros, entre ellos 23 miembros de la sociedad civil ( https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-platform_en ).

(242)

  https://romacivilmonitoring.eu/  

(243)

El Foro de la Sociedad Civil sobre las Drogas de la UE es un grupo de expertos de la Comisión cuyo cometido es prestar apoyo en la formulación y aplicación de la política en materia de drogas. Se creó en 2007 y está compuesto actualmente por 43 miembros que representan una serie de ámbitos de la política en materia de drogas, como la reducción de daños, el tratamiento, la prevención, la reinserción social, etc.

(244)

  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation

(245)

La sociedad civil se ha mostrado activa a la hora de enviar comentarios y recomendaciones para el Informe sobre el Estado de Derecho como mecanismo: joint-statement-on-rule-of-law-reports-22-09-21-epd.pdf . La Comisión está reflexionando sobre modos de responder a estos comentarios y mejorar la participación; por ejemplo, en 2022 incluyó recomendaciones específicas por país, una petición de las OSC.

(246)

Actualmente hay unas 360 organizaciones registradas en la base de datos de diálogos con la sociedad civil, entre las que se incluyen organizaciones no gubernamentales tradicionales, organizaciones patronales, organizaciones sindicales, asociaciones de protección del medio ambiente y de consumidores, asociaciones comerciales, grupos confesionales, así como representantes del Comité Económico y Social Europeo. Un grupo de contacto compuesto por trece miembros favorece el diálogo con la sociedad civil.

(247)

  https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/transparency-eu-trade-negotiations/domestic-advisory-groups_es  

(248)

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/committees-and-advisory-councils/civil-dialogue-groups_es . En particular, como parte de la labor de la UE para proteger las indicaciones geográficas, los contactos frecuentes con las OSC sirven de ayuda a los Estados miembros y a la Comisión al transmitirles observaciones sobre el funcionamiento del mecanismo y señalar los ámbitos en los que es necesario adoptar medidas adicionales.

(249)

El principal acontecimiento del diálogo civil es la Convención Anual para el Crecimiento Inclusivo, celebrada a lo largo de una jornada en la que se reúnen unas 450 partes interesadas para debatir un tema especialmente pertinente para el desarrollo de la agenda social de la UE. El diálogo civil también incluye la Reunión Europea de Personas en Situación de Pobreza.

(250)

  https://voicesofculture.eu/ .

(251)

En la 23.ª edición del Foro, celebrada en 2021, se debatió acerca de una recuperación tras la pandemia basada en los derechos humanos y se formularon recomendaciones específicas a los responsables políticos ( https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ngo-human-rights-forum_en ), y en las últimas ediciones se han abordado temas como los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y la reducción del espacio cívico.

(252)

En 2023, la Comisión presentará un Paquete de Defensa de la Democracia destinado a profundizar las acciones en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea; COM(2022) 548 final, p. 11.

(253)

  Véanse Foro Cívico Europeo, Towards vibrant European civic and democratic space [«Hacia un espacio cívico y democrático europeo dinámico», documento en inglés] (2022); Civil society Europe, European Commission work programme 2023: the need to include the development of a European Civil Society Strategy  [«Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023: la necesidad de incluir el desarrollo de una Estrategia para la Sociedad Civil Europea», documento en inglés] (2022), Recharging Advocacy for Rights in Europe, Advocacy brief on an European strategy for civil society: recognition, inclusion, protection [«Informe de defensa de una Estrategia Europea para la sociedad civil: reconocimiento, inclusión, protección», documento en inglés] (2022).

(254)

Véase la nota a pie de página n.º 83, relativa a los dos informes del Parlamento Europeo.

(255)

Véase la nota a pie de página n.º 36, relativa a las propuestas de la Conferencia.