13.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 54/81

1.

destaca la importancia del mercado único para impulsar el crecimiento económico, aumentar la inversión, mejorar las condiciones de vida y crear puestos de trabajo en las regiones y ciudades de la UE;

2.

insiste en la urgencia de completar el mercado único de bienes y servicios según lo establecido en la Estrategia del Mercado Único y señala que muchas de las barreras económicas más significativas que persisten afectan al ámbito de los servicios;

3.

hace hincapié en que los servicios son el principal componente de la economía europea, representando el 70 % tanto del PIB como del empleo; señala, no obstante, que el sector de los servicios de la UE se caracteriza por el lento crecimiento de la productividad y la escasa competencia, que frenan su potencial; subraya que la eliminación de los obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios, derivados principalmente de las divergencias existentes entre las normas y los procedimientos nacionales, figuran entre las causas principales de los deficientes resultados de este sector y que la eliminación de estos obstáculos brindaría a los proveedores de servicios y a sus clientes mayores oportunidades para aprovechar plenamente el potencial del mercado interior; y, en consecuencia, insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a seguir adoptando medidas que aceleren la productividad del sector servicios, que incrementen la competencia entre las empresas y que eliminen las barreras legales y procedimentales que entorpecen la prestación transfronteriza de servicios;

4.

destaca que los servicios son un insumo intermedio importante en la economía y que contar con servicios competitivos, especialmente los servicios prestados a las empresas, es esencial para la productividad y la competitividad de los costes en otros sectores como la fabricación, que revisten gran importancia para las economías regionales y locales;

5.

señala que, diez años después de su adopción, el potencial de la Directiva de servicios para mejorar la libre circulación de servicios aún no se ha aprovechado plenamente y que los proveedores en una serie de sectores de servicios se enfrentan todavía a una amplia gama de obstáculos cuando quieren establecerse en otro Estado miembro o prestar servicios transfronterizos con carácter temporal; insta a la Comisión y a los Estados miembros a seguir adoptando medidas que eliminen esas trabas; toma nota de que las estimaciones indican que solventar los obstáculos al comercio transfronterizo y a la inversión en el sector de los servicios, en el marco facilitado ya por la Directiva de servicios, podría aumentar en un 1,7 %, el PIB de la UE;

6.

acoge con satisfacción el interés de la Comisión por acabar con los obstáculos burocráticos injustificados a la prestación de servicios y considera que las propuestas pueden contribuir a la creación de un verdadero mercado único de servicios, que también estimularía el crecimiento económico, la inversión y el empleo en las regiones y ciudades de Europa; pero subraya la necesidad de respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad a la hora de aplicar el paquete sobre los servicios;

7.

destaca las interconexiones entre los diversos componentes del paquete y la necesidad de considerarlos como parte de un conjunto integrado y de evaluar los méritos de cada una de las propuestas en este contexto;

8.

considera muy probable que la propuesta de procedimiento de notificación deba modificarse a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-320/16 (Uber France SAS) para la que el abogado general presentó sus conclusiones preliminares el 4 de julio de 2017, en las que afirma que los Estados miembros podrán prohibir y sancionar el ejercicio ilegal de una actividad de transporte como UberPop sin tener que notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley;

9.

señala que la Directiva de servicios exige a los Estados miembros que reduzcan los obstáculos administrativos que disuaden a los proveedores de servicios de operar a escala transfronteriza, pero no ha sido plenamente eficaz a este respecto;

10.

acoge con satisfacción la nueva tarjeta electrónica de servicios como una útil contribución a la promoción de la movilidad de los proveedores de servicios, pero solicita que se aclare en qué medida la nueva tarjeta electrónica de servicios tiene relación con sistemas ya existentes, como el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) y la tarjeta profesional europea. Cree que la tarjeta electrónica puede ayudar a reducir la complejidad administrativa y los costes para los proveedores de servicios transfronterizos a la hora de gestionar los requisitos administrativos; las pymes, que son la columna vertebral de las economías regionales y locales, sufren en particular las repercusiones en este ámbito, ya que son las más afectadas por la complejidad administrativa a la hora de operar a escala transfronteriza;

11.

se declara contrario al enfoque por el que se traslada la responsabilidad principal del procedimiento a las autoridades del Estado miembro de origen en la medida en que contraviene el principio del Estado miembro de acogida que rige la Directiva de servicios. De hecho, la tarjeta electrónica de servicios no debería impedir o dificultar los controles que las autoridades públicas competentes del Estado miembro de acogida deben realizar en relación con las actividades económicas desplegadas en su territorio. La propuesta de tarjeta electrónica de servicios que presenta la Comisión permitiría a los proveedores de servicios tratar exclusivamente con el Estado miembro de origen como intermediario y armonizar el intercambio de datos sobre la base del principio del país de origen;

12.

se pregunta por la repercusión de la propuesta de tarjeta electrónica europea de servicios sobre las tarjetas sectoriales de identidad social ya existentes emitidas por las autoridades públicas competentes de los Estados miembros o los interlocutores sociales;

13.

señala que la propuesta no especifica cuáles son los elementos que el Estado miembro de origen debería evaluar para declarar que un proveedor de servicios está legalmente establecido en su territorio, mientras que en la Directiva 2014/67/UE se enumeran elementos fácticos para determinar si una empresa desempeña realmente actividades fundamentales en el Estado miembro en cuestión;

14.

recuerda, en este contexto, que la expedición del PD A1 relacionado con el desplazamiento de trabajadores ya ha puesto de relieve posibles dificultades derivadas del hecho de basarse exclusivamente en el Estado miembro de origen para validar datos sobre los proveedores de servicios entrantes, en especial en el caso de los falsos autónomos. En este caso, la evaluación de impacto que acompañaba a la propuesta por la que se modificaba la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores, sugiere que no se puede garantizar la precisión de la información incluida en los documentos PD A1 debido a la falta de controles formales por parte de las autoridades de los países emisores, entre otros motivos (1);

15.

señala que algunas de las características de la tarjeta electrónica de servicios, como el principio de «solo una vez» para la transmisión de la información, su período de validez indefinido, la obligación de los Estados miembros de utilizar información contenida en la tarjeta electrónica de servicios sin posibilidad de solicitar una prueba de la validez de la información proporcionada posteriormente, así como los procedimientos de retirada restrictivos que pueden requerir una resolución firme por parte de los órganos jurisdiccionales, podrían dificultar el control de la adecuación con las leyes nacionales y la aplicación de los derechos de los trabajadores;

16.

indica que la tarjeta electrónica europea de servicios debe incluir información sobre la cobertura de seguro. Ahora bien, la duración ilimitada de la tarjeta permite suponer que la información solo deberá facilitarse una vez, lo que podría socavar la eficacia de los controles e inspecciones en los Estados miembros de acogida;

17.

destaca que la tarjeta electrónica de servicios se pondría a disposición tanto de los proveedores que presten servicios transfronterizos temporalmente como de los que presten servicios mediante el establecimiento de una sucursal, una agencia o una oficina en otro Estado miembro;

18.

considera importante que, aunque incumbe a los Estados miembros que esté disponible, la tarjeta electrónica tiene carácter voluntario para los proveedores de servicios, ya sean empresas o personas físicas que trabajan por cuenta propia;

19.

señala que, como instrumento voluntario, la aceptación de tarjeta electrónica de servicios dependerá del valor añadido manifiesto que tenga para los proveedores de servicios y también de la labor de la comunidad empresarial y de las autoridades relevantes en los Estados miembros, también a escala regional y local, para promocionar lo más posible la tarjeta electrónica y sus beneficios;

20.

critica la aprobación tácita en el supuesto de que una solicitud de tarjeta electrónica del proveedor no recabe respuesta alguna por parte de la autoridad del Estado miembro de acogida en los plazos establecidos; una autorización ficticia así debería suprimirse por completo o al menos ajustarse a unos plazos de prueba y tramitación adecuados;

21.

lamenta que importantes aspectos de la tarjeta electrónica de servicios, incluidos los detalles de la información que debe figurar en el formulario de solicitud normalizado, así como los justificantes que deben adjuntarse, no se contemplen en el proyecto de legislación, sino que la Comisión prevea especificarlos en actos delegados; señala que esto podría impedir que los entes regionales y locales puedan expresarse sobre estas importantes cuestiones; pide que el Comité Europeo de las Regiones reciba todos los documentos relativos a estos actos delegados al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el Consejo y pueda participar en las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión encargados de elaborar los actos delegados relevantes para que pueda formular observaciones dentro de plazo;

22.

toma nota de que la tarjeta electrónica de servicios estará circunscrita en una primera fase a los servicios prestados a las empresas y a los servicios de construcción, sectores ambos de especial importancia económica aunque caracterizados tanto por un volumen limitado de intercambios comerciales transfronterizos y de inversión como por un escaso aumento de la productividad, y que, por tanto, podrían beneficiarse del aumento de la competencia transfronteriza;

23.

hace hincapié en que el buen funcionamiento del sistema de tarjeta electrónica de servicios se basará en la cooperación entre los Estados miembros a través del Sistema de Información del Mercado Interior, que engloba a los entes regionales y locales, lo cual requiere que las autoridades públicas recurran más a la plataforma e inviertan más en su desarrollo; teniendo en cuenta también que la puesta en práctica de otros elementos importantes del paquete sobre los servicios, en particular el procedimiento de notificación, dependerá de su eficacia, pide a la Comisión que elabore un plan de acción para adaptar la plataforma de apoyo a los procedimientos necesarios;

24.

pide a la Comisión que el sistema de tramitación de la tarjeta electrónica de servicios sea respetuoso con los sistemas de tramitación electrónica ya existentes en los Estados miembros y se facilite la interoperabilidad con los mismos;

25.

insta a la Comisión Europea a ampliar el alcance de la tarjeta electrónica de servicios, de forma que en el futuro esté disponible para el mayor número posible de sectores, incluidas las pequeñas empresas y las microempresas, así como las empresas innovadoras y de crecimiento rápido;

26.

apoya el concepto de que los proveedores de servicios abonen tasas por la expedición de una tarjeta electrónica de servicios siempre que los importes de las tasas no sean desproporcionadamente elevados; recomienda a la Comisión que realice un seguimiento pormenorizado e informe sobre el importe de las tasas cobradas por los Estados miembros, ya que podría ser un elemento determinante de la aceptación de la tarjeta electrónica como instrumento de carácter voluntario;

27.

considera que un elemento esencial de la tarjeta electrónica de servicios desde el punto de vista de los proveedores de servicios es la disposición en virtud de la cual las autoridades de los Estados miembros no deberán pedir al titular de la tarjeta electrónica que facilite información que ya figure en ella, incluso en relación con la concesión de un contrato público, un concurso de proyectos o una concesión, con la creación de filiales o el registro de sucursales en virtud del Derecho de sociedades, o con el registro en sistemas de seguros sociales obligatorios, ya que esto reduciría en general los costes de cumplimiento a cargo de los proveedores de servicios administrativos y, por lo tanto, haría la tarjeta atractiva para ellos y fomentaría su utilización;

28.

subraya que esto puede tener consecuencias prácticas para los procedimientos organizativos y electrónicos, por ejemplo, las licitaciones en los entes regionales y locales, y puede que se necesiten períodos transitorios para permitir una adaptación fluida de los sistemas a fin de cumplir los nuevos requisitos;

29.

apoya las disposiciones para facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos relacionados con el desplazamiento de personal y para facilitar la cobertura de seguro de los servicios transfronterizos, ya que esto también aumentará el atractivo de la tarjeta electrónica para los proveedores de servicios y fomentará su utilización;

30.

subraya que la legislación, en consonancia con las disposiciones de la Directiva de servicios, no afecta a la definición ni a la organización de los servicios de interés económico general, no se aplica a los servicios no económicos de interés general –que suelen prestarse en la esfera local y regional– y no afecta a la legislación laboral o las condiciones de empleo;

31.

insta a la Comisión a introducir sistemas de control eficientes sobre la tarjeta electrónica de servicios, a fin de evitar la competencia desleal y las prácticas fraudulentas. Una rigurosa aplicación de tales controles, que no se limiten al mero análisis de los datos electrónicos, permitiría reducir el posible dumping social y el recurso al trabajo no declarado;

32.

señala que es dudoso que los beneficios producidos por la introducción de la tarjeta electrónica de servicios para los proveedores de servicios compensen los costes administrativos derivados para las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas las de nivel regional y local, teniendo en cuenta además que en la actualidad ya existe un punto de contacto único en todos los Estados miembros para las cuestiones y problemas relacionados con la prestación de servicios transfronteriza, y que las autoridades de los Estados miembros ya pueden intercambiar información a través del sistema IMI; Por otra parte, lamenta que la propuesta no especifique claramente qué obligaciones administrativas de los proveedores de servicios pasarán a ser superfluas para los titulares de una tarjeta electrónica. en este sentido, considera que la tarjeta de servicios electrónicos resulta problemática desde el punto de vista de la proporcionalidad;

33.

apoya los principios con arreglo a los cuales determinadas normas nacionales que restringen la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios no deben ser discriminatorias por razón de nacionalidad o de residencia, deben ser proporcionadas y deben estar justificadas por una razón imperiosa de interés general;

34.

apoya las medidas para la mejora del procedimiento de notificación de los servicios, ya que en la práctica la aplicación de la Directiva de servicios demuestra que el procedimiento actual es ineficaz, el ámbito de la obligación de notificación no está claro y, por tanto, los Estados miembros lo gestionan de manera diferente y las partes interesadas no tienen acceso a las notificaciones;

35.

considera que toda reforma debe respetar el derecho de los Estados miembros a regular los servicios en su territorio sin perjuicio de la observancia de los principios establecidos en la Directiva de servicios;

36.

subraya que los problemas planteados por la Comisión Europea, como por ejemplo el hecho de que la información sobre las normas sea incompleta, podrían evitarse en particular con la mejora del actual sistema de notificación previsto en la Directiva de servicios. El valor añadido del nuevo procedimiento de notificación, más costoso de ejecutar y más restrictivo para el legislador nacional, también a nivel regional y local, debe examinarse a la luz de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

37.

acoge con satisfacción la aclaración de las medidas específicas que los Estados miembros están obligados a notificar, así como la información que deben aportar al respecto;

38.

aboga por una mayor transparencia, pero considera que debería incluirse una mención más explícita a las oportunidades concretas que debería brindarse a las partes interesadas para que puedan contribuir formulando observaciones durante el período de consultas;

39.

pide que los actos legislativos de alcance solo local queden excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva;

40.

considera que la consulta no debe impedir que el Estado miembro adopte las medidas correspondientes;

41.

considera que la alerta de la Comisión prevista en el artículo 6, apartado 1 debería exponer en detalle las razones por las que considera que la medida proyectada en cuestión es incompatible con la Directiva de servicios y formular sugerencias sobre modificaciones de la medida prevista que permitan disipar sus inquietudes; sugiere modificar el proyecto de Directiva en este sentido;

42.

considera que, cuando notifique una alerta, se debería pedir a la Comisión que entable un diálogo con los organismos competentes, incluidos los de ámbito regional y local;

43.

manifiesta su preocupación por el hecho de que el artículo 7 de la Decisión pueda restringir indebidamente la libertad de los legisladores de ámbito nacional, regional y local; considera que esto debería consistir más bien en una Recomendación no vinculante que no impida a los legisladores nacionales y regionales culminar el proceso legislativo teniendo en cuenta la Recomendación de la Comisión; toma nota de que la Comisión está facultada para impugnar la legalidad de la legislación vigente ante el Tribunal de Justicia y que ello representa una importante sanción potencial que los legisladores nacionales y regionales que hayan recibido una notificación de alerta o una Recomendación sobre la incompatibilidad por parte de la Comisión tendrán sin duda en cuenta;

44.

considera que las aclaraciones que aporta el proyecto de Directiva en relación con el ámbito de aplicación de las medidas que han de notificarse y la información que debe facilitarse, junto con la mejora de las consultas, un mecanismo de alerta y la emisión por la Comisión de una Recomendación sobre la incompatibilidad, deberían bastar para establecer un procedimiento de notificación mejorado que sea eficaz, respetando al mismo tiempo las prerrogativas de los legisladores nacionales y regionales;

45.

sugiere que la Comisión elabore unas previsiones del aumento anual del número de notificaciones que prevé recibir con arreglo al nuevo procedimiento de notificación para que, en su caso, pueda proyectar planes para poder responder de manera efectiva a los volúmenes previstos en los plazos impartidos en el proyecto de legislación;

46.

hace hincapié en que los servicios profesionales tienen gran relevancia económica, representando el 22 % de los trabajadores de la UE, es decir, 47 millones de puestos de trabajo;

47.

insiste en que la regulación de los servicios profesionales sigue siendo una prerrogativa de los Estados miembros y que incumbe a los Estados miembros, ya sea en el ámbito nacional, regional o local, decidir si regular una profesión y de qué manera, dentro de los límites de los principios de no discriminación y de proporcionalidad;

48.

señala que los servicios profesionales pueden regirse por una regulación estatal o mediante autorregulación por parte de los organismos profesionales y que, en muchos casos, la regulación se realiza en los niveles regional y local en los Estados miembros, lo que genera un panorama muy complejo y disperso en el que los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones para garantizar la proporcionalidad, en particular por lo que se refiere a la participación de todas las partes interesadas que están directamente implicadas;

49.

constata que la heterogeneidad del análisis de la regulación de las profesiones en toda la Unión incide negativamente en la prestación de servicios y en la movilidad de los profesionales; reconoce que conviene garantizar un marco jurídico más coherente a escala de la UE para evaluar la proporcionalidad de los requisitos nuevos o modificados, el acceso o el ejercicio de una profesión regulada, incorporando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo;

50.

considera importante que la propuesta deje las decisiones sobre lo que hay que regular y cómo hacerlo a los Estados miembros y sus organismos competentes a escala regional y local, aunque debería garantizar que estas decisiones se basen en pruebas y en una evaluación previa transparente y objetiva que se aplique uniformemente en todos los Estados miembros y que tenga en cuenta determinados objetivos de interés público;

51.

considera que el conjunto exhaustivo de criterios establecidos en el artículo 6 debería considerarse de carácter indicativo, ya que no todos los criterios pueden aplicarse o revisten la misma importancia en cada caso concreto; considera que, pese a que las evaluaciones de proporcionalidad han de ser exhaustivas, objetivas y basadas en pruebas, también deben ser proporcionadas, ya que un enfoque «de talla única» podría resultar innecesariamente oneroso en muchas circunstancias; además, los requisitos previstos en el artículo 6 son excesivos en cuanto a su alcance y complejidad;

52.

acoge con satisfacción las disposiciones para brindar a las partes interesadas la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las nuevas disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas que limitan el acceso o el ejercicio de profesiones reguladas y considera que la transparencia y la participación de todas las partes interesadas son esenciales para garantizar una normativa adecuada;

53.

señala que las nuevas normas sobre proporcionalidad, que entrañan supervisar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de forma periódica y llevar a cabo evaluaciones de la proporcionalidad exhaustivas, objetivas y basadas en pruebas, en particular con la participación de organismos de control independientes y con una mayor implicación de las partes interesadas, aumentarán la carga de trabajo y los costes de las autoridades de los Estados miembros, así como de los niveles regional y local; esto se aplica en particular al artículo 4, según el cual es preciso efectuar una evaluación de la proporcionalidad no solo para introducir nuevas disposiciones sobre las profesiones reguladas sino también para modificar las que ya están en vigor, lo cual se considera excesivo;

54.

toma nota de los esfuerzos de la Comisión por garantizar que la regulación de las profesiones sea adecuada respecto de su finalidad, animando a los Estados miembros a comprobar si los requisitos profesionales existentes son necesarios para cumplir los objetivos de las políticas públicas nacionales;

55.

acoge con satisfacción las orientaciones para las reformas nacionales de la regulación de las profesiones, que podrían ser de gran utilidad para ayudar a los Estados miembros a adaptar sus marcos reglamentarios para aquellas profesiones con alto potencial de crecimiento y empleo, incluidos los arquitectos, abogados, contables, agentes de patentes, agentes de la propiedad inmobiliaria y guías de turismo;

56.

toma nota de que las orientaciones están destinadas a completar las evaluaciones del Semestre Europeo y considera que puede resultar conveniente integrarlas en el proceso del Semestre Europeo;

57.

considera que determinados aspectos de las propuestas recogidas en el paquete sobre los servicios plantean importantes cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad (2); señala que varios Parlamentos nacionales y regionales han emitido dictámenes motivados que plantean cuestiones de subsidiariedad y proporcionalidad, e incluyen interrogantes sobre las posibles interferencias en los procedimientos legislativos nacionales;

58.

expresa su preocupación por que las propuestas relativas a las tarjetas electrónicas de servicios, al procedimiento de notificación y al test de proporcionalidad impongan una carga administrativa adicional a las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los entes regionales y locales, con las consiguientes repercusiones presupuestarias y de disminución de su capacidad administrativa.