23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/66

1.1

El CESE tiene por costumbre examinar las reformas previstas de la Política Agrícola Común (PAC) en profundidad y en una fase temprana, dentro de lo posible antes de las Comunicaciones o los textos legislativos de la Comisión Europea. Con su dictamen exploratorio de 2007 «Chequeo y futuro de la PAC después de 2013» (1), solicitado por la Comisión Europea, el CESE fue incluso la primera institución europea que llevó a cabo una amplia reflexión sobre el futuro de la política agrícola común.

1.2

Tanto la Presidencia francesa en el segundo semestre de 2008 como la Presidencia checa en el primer semestre de 2009 se esforzaron por impulsar el debate sobre la configuración de la PAC después de 2013, esfuerzos que aún no han dado resultado. Debido precisamente a que el Consejo de Agricultura ha evitado hasta ahora definir formalmente el contenido o las modalidades de la PAC, el CESE considera que es absolutamente esencial elaborar lo antes posible un «dictamen adicional» sobre los principales avances actuales. De este modo, después del «chequeo» de 2008 se puede tender un «puente» para debatir el futuro de la PAC después de 2013. Además, el CESE considera necesario elaborar otro dictamen en profundidad centrado en el conjunto de los aspectos relacionados con la PAC.

1.3

Desde la Decisión del Consejo de Ministros de Agricultura sobre el chequeo de la PAC, en noviembre de 2008, se han producido caídas, a veces drásticas, de los precios en los mercados agrarios. Especialmente grave ha sido la caída del precio de la leche. El CESE considera que deben revisarse una vez más las redes de seguridad, incluidos los sistemas actuales de cuotas, para determinar si son adecuadas para paliar tales situaciones.

2.1

Con la reforma de la PAC de 2005, los pagos directos a la agricultura se disociaron ampliamente de la producción y en algunos Estados miembros se redistribuyeron parcial o totalmente a nivel regional. Además de los pagos directos, las medidas de apoyo al desarrollo rural (FEADER) constituyen un segundo pilar importante de la política agrícola de la UE. Con la combinación de estas medidas y los pagos directos, el objetivo es lograr una agricultura competitiva y sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, conforme al concepto de «multifuncionalidad».

2.2

Durante décadas, la seguridad de abastecimiento alimentario de los consumidores europeos a precios relativamente baratos parecía algo natural y no planteaba ningún problema. No obstante, en las décadas venideras se predice una tendencia global hacia la subida de precios de las materias primas agrarias y no agrarias (por ejemplo, el petróleo). Al mismo tiempo, se prevé un fuerte aumento de la volatilidad de los precios.

2.3

Las fluctuaciones extremas de los precios de los productores para los productos agrícolas de base durante los dos pasados años –y el nivel extremadamente bajo de los precios, por ejemplo, de la leche y los cereales– deberían considerarse como una señal de alarma. En el futuro, la dimensión social de la seguridad del abastecimiento alimentario –especialmente para las personas con escasos ingresos– volverá a adquirir importancia, sobre todo porque en general los mercados agrícolas son especialmente sensibles a las fluctuaciones de los precios, que pueden tener repercusiones negativas en la estabilidad del abastecimiento y de las explotaciones agrarias. Además, existen desequilibrios considerables y evidentes en la cadena alimentaria. A partir de un comercio minorista concentrado se produce una fuerte presión económica sobre la producción agrícola primaria y la cadena de transformación. Actualmente se plantea el debate sobre si el sector agrícola recibe una parte equitativa del margen de beneficios de la cadena alimentaria.

2.4

La Unión Europea y los Estados miembros persiguen objetivos ambiciosos en materia de seguridad alimentaria y de protección del medio ambiente, el clima y los animales. Esto constituye una parte importante del modelo agrícola europeo. Con la reforma de la PAC de 2003/2005 se decidió vincular el pago único disociado al cumplimiento de unas normas básicas y unas «buenas condiciones agrícolas y medioambientales» (la llamada condicionalidad, cross compliance). Además de esta «línea de base», también se ofrecían medidas agroambientales, aunque desde 2007 se eliminó el incentivo de que iban acompañadas. La estructura de las medidas de apoyo para cumplir los objetivos medioambientales y sociales de la agricultura debe seguir desarrollándose después de 2013. El CESE ha señalado en reiteradas ocasiones su concepción fundamental de que basar la agricultura europea únicamente en las condiciones o los precios de los mercados mundiales sería un enfoque equivocado.

2.5

Para cumplir las tareas y los objetivos expuestos para 2014-2020 se requerirá una dotación financiera adecuada. El porcentaje de los gastos de la política agrícola común con relación al Producto Interior Bruto (PIB) de la UE asciende actualmente a menos del 0,4 %. Una tarea a largo plazo será informar a los ciudadanos sobre qué contribuciones importantes a la sociedad se apoyan con cargo al presupuesto de la PAC. El porcentaje del gasto agrícola en el presupuesto total de la UE descenderá de un 50 a un 33 % en el periodo comprendido entre 1993 y 2013.

3.1

Los debates iniciales sobre la organización de la política agrícola de la UE después de 2013 ya se iniciaron en el Consejo con las Presidencias francesa y checa.

3.2

Sobre esta base, es probable que la Comisión presente (en una Comunicación) sus reflexiones iniciales para iniciar un debate político sobre la política agrícola posterior a 2013, una vez sea nombrada la nueva Comisión a principios de 2010. En este contexto habrá que tener en cuenta también la «revisión financiera» aún pendiente. Para la presentación de las propuestas legislativas sobre la PAC después de 2013 habrá que esperar a mediados de 2011. El Parlamento, el Consejo y la Comisión podrían entonces tomar una decisión en el primer semestre de 2012.

3.3

Con arreglo a lo previsto en el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo adquiere por primera vez derecho de codecisión en el ámbito de la PAC. Este refuerzo del Parlamento tendrá consecuencias fundamentales y positivas en el debate sobre el desarrollo de la PAC después de 2013.

4.1

En opinión del CESE, el debate sobre el desarrollo de la PAC después de 2013 debe seguir basándose en el modelo de agricultura multifuncional orientada hacia el mercado y que al mismo tiempo respete los intereses de la sociedad. Con las reformas de la PAC desde 1992 se ha intentado reconciliar los objetivos en conflicto entre, por una parte, una apertura a los mercados internacionales (Ronda de Doha de la OMC) y, por otra, unas normas sociales de nivel elevado (protección preventiva de los consumidores, protección del medio ambiente y de los animales). La continuación de esta política agraria más allá de 2013 sigue haciendo necesaria una financiación suficiente de la PAC.

4.2

El instrumento de los pagos directos a la agricultura seguirá desempeñando un papel central dentro de la PAC. El CESE considera que la PAC deberá cambiar su función si quiere seguir existiendo. La función de compensación por la caída de los precios de la organización de mercado irá decayendo progresivamente. En cambio, se adquirirán nuevas funciones, en particular la de garantizar la prestación de servicios a la sociedad y los bienes públicos. En vista de la crisis actual y las previsibles fluctuaciones de precios en los mercados agrarios, las funciones de estabilizar y asegurar el abastecimiento adquieren cada vez más importancia. Por ello, la PAC también será de utilidad a los consumidores. De igual modo, hay que tener también más en cuenta las cuestiones relativas al cambio climático.

4.3

Debería seguir manteniéndose en principio la actual combinación del primer y el segundo pilar de la política agrícola, pero debería coordinarse mejor. Es preciso volver a conceder más atención a una transposición uniforme de la PAC en los Estados miembros. Pero, sobre todo, en lo que respecta a las medidas de apoyo deben definirse mejor sus motivaciones e intenciones, y los objetivos que se persiguen.

4.4

El CESE espera que los importes de los pagos directos, tan diferentes en función de las explotaciones y los Estados miembros por razones históricas, se armonicen después de 2013. Para ello deberán definirse criterios objetivos que tengan en cuenta las diferentes condiciones estructurales, geográficas y agroclimáticas. Además, hay que tomar en consideración las grandes diferencias entre regiones en lo que respecta a la ayuda financiera destinada al desarrollo rural. En opinión del CESE, es preciso evitar que sigan aumentando las divergencias entre los Estados miembros a la hora de poner en práctica la PAC.

4.5

En vista de la drástica caída de los precios en algunos mercados agrarios importantes, el CESE espera que se tomen efectivamente las medidas adecuadas para asegurar una participación equitativa del sector de la agricultura en la cadena de valor.

Además, teniendo en cuenta las experiencias de la crisis internacional, el CESE espera que en adelante se extraigan conclusiones sobre cómo deben adaptarse las redes de seguridad para los mercados agrarios.

4.6

En opinión del CESE, el proceso de adaptación de las explotaciones agrarias o del sector agrario a la evolución del mercado y de la competencia debe seguir apoyándose con medidas tales como, por ejemplo, la inversión para la mejora de la calidad, la seguridad alimentaria o un uso sostenible de recursos. Con todo, parece más importante aún reforzar la posición de los agricultores y las organizaciones de productores en el mercado. La futura PAC debería incluir instrumentos que permitan a los Estados miembros financiar estas prioridades con suficiente flexibilidad.

4.7

El CESE considera que en los casos en que existan obstáculos a la competitividad de las explotaciones agrarias, por ejemplo en las regiones menos favorecidas y las zonas de montaña, debe ofrecerse una adecuada compensación para seguir garantizando el aprovechamiento agrícola de estas superficies. En el sector lácteo, por ejemplo, que se practica en el 60 % de las regiones menos favorecidas de la UE y, de ellas, en el 25 % de las zonas de montaña, está claro que si se abandona el apoyo estatal a los precios y a otras regulaciones de los mercados agrarios en las zonas desfavorecidas, ello puede dar lugar a una presión económica particularmente fuerte.

4.8

Las medidas de apoyo al desarrollo rural deberían tener más en cuenta los problemas demográficos (por ejemplo, la dotación en infraestructuras y la disponibilidad de mano de obra cualificada). Se requieren medidas especiales de ajuste cuando hay sectores de producción enteros (por ejemplo, azúcar, leche, tabaco) en ciertas regiones tradicionalmente productoras que se enfrentan al declive económico. También habría que tener en cuenta aspectos sociales, como, por ejemplo, la seguridad laboral.

4.9

Tras la supresión oficial de los incentivos en las medidas agroambientales, se corre el riesgo de que éstas queden en una situación marcada por la desorientación. Para garantizar que los agricultores sigan prefiriendo las medidas de apoyo, el CESE pide que se tomen otras medidas, además del reembolso de los gastos en que se haya incurrido, de modo que los agricultores sean verdaderamente recompensados por sus esfuerzos en favor del medio ambiente. También deberían preverse compensaciones similares por la contribución activa de los agricultores a la protección del medio ambiente y de los animales.

4.10

La condicionalidad, introducida en 2000 primero de manera facultativa y, luego, en 2005 obligatoriamente, es un compromiso general de recepción de pagos relacionados con la superficie. Por una parte, ha sido criticada por el Tribunal de Cuentas Europeo por su aplicación demasiado superficial. Por otra parte, los agricultores y las autoridades locales de supervisión han criticado el sistema por ser demasiado burocrático. El CESE recomienda que se avance con prudencia: cada propuesta de modificación de la lista de criterios de condicionalidad deberá someterse a un control estricto para evaluar si conducirá verdaderamente a una mejora.