16.5.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/66

1.1

El principio de la solidaridad entre las generaciones es una de las claves estructurales del modelo social europeo que, dadas las consecuencias de los desequilibrios demográficos, exige nuevos esfuerzos y soluciones que permitan reforzarlo en el marco de los nuevos y necesarios equilibrios económicos. El mantenimiento de este principio de la solidaridad intergeneracional requiere por lo tanto un enfoque activo, y a todos los niveles, por parte de los poderes públicos y el protagonismo de todos los agentes sociales con vistas a garantizar unos buenos servicios sociales de interés general para las familias, los jóvenes y todas las personas que no sean autosuficientes, y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de seguridad social.

1.2

Sobre todos estos argumentos —y, en particular, sobre la conciliación entre la vida profesional y la familiar, la promoción de la igualdad de oportunidades y el fomento del empleo, con especial atención al empleo femenino— ya se ha expresado recientemente el CESE en una serie de dictámenes (1) cuyas recomendaciones recoge y reformula en su integridad el presente dictamen, tanto en su componente analítico como en sus propuestas.

1.3

Aunque la Comunicación de la Comisión lleve por título «Promover la solidaridad entre las generaciones», su contenido se centra esencialmente en los problemas de la familias, y se relaciona también con la novedosa Alianza para las Familias, recientemente decidida por el Consejo Europeo. La actual dinámica comunitaria reflejada en la Alianza para las Familias no es ninguna novedad, aunque es indudable que, tras una larga interrupción, retoma una cuestión importante y, como afirma la propia Comunicación, constituye «el primer paso de una respuesta europea a los retos que plantea el cambio demográfico». Así pues, el presente dictamen gira en torno a estos problemas.

1.4

El Parlamento Europeo adoptó en 1983 una resolución sobre la política familiar europea, imprimiendo por primera vez una notoriedad europea a la política familiar y permitiendo, sobre todo, la apertura al año siguiente de una línea presupuestaria para la promoción de las actividades en favor de las familias.

1.5

En 1989 se celebró la primera reunión del Consejo de Ministros de la Familia, que adoptó importantes medidas basándose en las propuestas de la Comisión Europea. De este modo, se solicitó a la propia Comisión la creación de un Observatorio europeo de la situación social, la demografía y la familia —en la actualidad, Observatorio de la demografía y la situación social—, y la creación de un grupo de funcionarios nacionales de alto nivel en el ámbito de la familia. Por último, la Comisión creó un Grupo interservicios sobre la dimensión familiar de las distintas políticas comunitarias. En aquella ocasión, el Consejo decidió también la institucionalización de los contactos con las organizaciones familiares y con el intergrupo «Familia y protección de la infancia» del Parlamento Europeo.

1.6

El Parlamentó aprobó nuevas resoluciones en 1994, 1999 y 2004, y en 1988 se constituyó el intergrupo «Familia».

1.7

Sin embargo, la crisis que tuvo lugar en 1998 en torno a las líneas presupuestarias y su fundamento jurídico también puso fin a la línea dedicada al apoyo a las familias.

1.8

La Comunicación que ahora se examina continúa la reflexión que inició la Comisión en torno al tema de la demografía en su Libro Verde de 2005 sobre los retos demográficos (2) y que, posteriormente, se materializó en la Comunicación «El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad» (3). Este documento se inscribe además en una iniciativa institucional más amplia, emprendida por la Presidencia alemana con las conclusiones del Consejo Europeo de primavera y que culminó con las conclusiones del Consejo de Ministros sobre la Alianza para las Familias de 30 de mayo de 2007, recogidas posteriormente en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007.

1.9

La Comunicación recuerda que en Europa existen fundamentalmente tres tipos de intervención en apoyo a la familia: la compensación de los costes, directos e indirectos, relacionados con la familia; los servicios de apoyo a los padres para la custodia y educación de los hijos y para la atención de las personas dependientes y, por último, la adaptación de los horarios y condiciones de trabajo y empleo, y la organización del acceso a los servicios sociales locales de interés general. Estas cuestiones se han desarrollado de manera muy distinta en cada uno de los Estados miembros, en función de las opciones políticas y los objetivos marcados por éstas. Si la Comisión cree que es difícil señalar cuáles son las políticas más eficaces, sí subraya en cambio que algunos Estados (los países escandinavos) han encontrado una combinación de políticas que respaldan la conciliación entre las vidas profesional y familiar, y la igualdad entre los hombres y las mujeres, de manera que favorecen al mismo tiempo una elevada tasa de fecundidad y un nivel igualmente sostenido de empleo femenino.

1.10

Aunque las políticas familiares son, en su sentido más estricto, competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión recuerda que la Unión Europea siempre ha pretendido tener en cuenta en su acción política la dimensión familiar y la calidad de vida de sus miembros. Además, la conciliación entre la vida familiar y profesional se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de las políticas comunitarias de empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa.

1.11

La Comunicación de la Comisión procede posteriormente a esbozar las características de la Alianza europea para las Familias y la correspondiente acción comunitaria de apoyo. Se prevé, en particular, la creación de un grupo de alto nivel de expertos gubernamentales sobre las cuestiones demográficas, la organización de foros y redes no sólo de ámbito europeo, sino también nacional, regional y local, la institución de un observatorio de buenas prácticas en el seno de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y, por consiguiente, la creación de una serie de dispositivos de investigación centrados específicamente en el Séptimo Programa Marco. Por último, la Comisión pretende movilizar recursos de los Fondos Estructurales europeos para apoyar la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida familiar y profesional.

2.1.1

La solidaridad entre las generaciones es, sin lugar a dudas, una cuestión bastante amplia y compleja que se inscribe en un marco más general: el que constituyen los desafíos planteados por las diversas transformaciones que se están produciendo en el ámbito social, económico e internacional —como el envejecimiento de la población—, que tendrán un impacto duradero en la vida futura de los ciudadanos europeos y, especialmente, en las condiciones laborales y sociales. La Comisión observa en su Comunicación que la Estrategia de Lisboa ofrece las bases para la modernización de la política familiar mediante la promoción de la igualdad de oportunidades y, sobre todo, una mejor conciliación de las vidas profesional y familiar o privada, lo cual se traduce en una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. Esta conciliación se pone también de manifiesto en las directrices integradas de crecimiento y empleo, según las cuales la política de empleo debería adaptarse a las condiciones de la vida familiar y a los cambios que en ella tienen lugar en las distintas fases de la vida. El método abierto de coordinación relacionado con la protección y la participación sociales hace hincapié en la mejora de la situación de los niños pobres y de sus familias, el apoyo a la asistencia de larga duración a las personas dependientes y la modernización de los sistemas de pensiones.

2.1.2

El encuentro intergeneracional que tiene lugar y se desarrolla en el seno de la familia se ha convertido, también en Europa, en un desafío de enorme alcance. La familia es un ámbito privilegiado donde se ejerce fisiológicamente la solidaridad de género y del ciclo vital. Las transformaciones sociales han dado lugar a una gran diversidad de estructuras familiares. A la hora de planificar las medidas se deberán tener en cuenta todas y cada una de las distintas situaciones familiares, en el respeto del principio de subsidiariedad y las legislaciones nacionales (4).

2.1.3

Los informes más recientes sobre la situación sociodemográfica en los distintos países señalan un aumento en el número de núcleos familiares y una disminución de su tamaño. Al mismo tiempo, la estructura de las familias se transforma a una velocidad mucho mayor que antes por la disminución de los matrimonios (el número de matrimonios ha descendido desde los 8 por 1 000 habitantes en los años 60 hasta los 5,1 por 1 000 de 1999) y por el incremento de la edad en que se contrae matrimonio, de las separaciones y divorcios, del número de personas que viven solas y de los hijos nacidos fuera del matrimonio. A este respecto, el número de niños que viven en una familia monoparental en la UE ha aumentado en un 50 % desde 1983, de modo que, en la actualidad, el 13 % de los niños de la Unión vive en una familia con un solo progenitor (Gran Bretaña registra el valor máximo con un 25 %) (5). Cada vez es mayor el número de niños que viven en grandes familias, con abuelos y hermanastros procedentes de las anteriores familias de los progenitores; igualmente, aumenta la adopción de niños no europeos y, con la inmigración, han aparecido nuevas culturas familiares.

2.1.4

La tasa de fecundidad en Europa ronda en la actualidad los 1,45 hijos por mujer, por lo que se sitúa bastante por debajo del índice de renovación demográfica. Los niveles más bajos se encuentran en los países mediterráneos y en la Europa del Este. El declive de la natalidad es un fenómeno casi universal dentro de la Unión Europea, donde se registra, desde los años sesenta, una caída superior al 45 %.

2.1.5

Por lo tanto, nuestras sociedades tienen cada vez menos jóvenes y niños, y más pensionistas y ancianos en general. En 1950, el 40 % de la población de la UE-25 tenía menos de 25 años. En 2000, esta cifra se situaba ya en un 30 %, mientras que en 2025 descenderá hasta el 25 %. Por el contrario, en 1950, sólo una de cada 10 personas tenía más de 65 años, mientras que en 2000 esta proporción era de una de cada seis y en 2025 se aproximará a una de cada cuatro. Estas cifras denotan unas transformaciones profundas en la estructura del consumo, en las necesidades de vivienda y asistencia, en los comportamientos sociales y en las propias prioridades de las políticas públicas.

2.1.6

Es cierto que hoy en día, gracias a los distintos modelos de seguridad social que existen en Europa, las condiciones de trabajo y los avances médicos, la mayor parte de las personas ancianas puede vivir bastante más años y con una renta relativamente confortable. No obstante, existen graves problemas de pobreza que afectan al menos a una de cada seis mujeres mayores de 65 años y, en general, a una cuarta parte de los ancianos que viven solos (6). Por lo general, el problema de la pobreza y la discriminación de las mujeres de edad avanzada son consecuencia de la deficiencia, o inexistencia, de su vida profesional. Esta situación se agrava obviamente en el caso de las personas mayores de 70 y 80 años, con lo que se crea una carga cada vez más insostenible para las familias si el sistema público de servicios sociales y asistencia no lograr prestar estos servicios de manera suficiente.

2.2

Según el Eurobarómetro (7), el 97 % de los europeos considera que la familia es uno de los aspectos más significativos de sus vidas, únicamente por detrás de la salud. La opinión positiva de los europeos es aún más importante si se les pregunta su opinión en clave de futuro (8). La importancia de la familia es evidente cuando se necesita ayuda: el 70 % manifiesta recurrir a su pareja, mientras el 25 % acude a otro miembro de la familia, especialmente en caso de enfermedad (88 %), consejo (78 %) o dinero (68 %).

2.3

Las familias europeas viven cada vez más en la periferia de las grandes ciudades. Sin embargo, este modelo oculta grandes diferencias según los grupos de edad: las personas muy ancianas y los jóvenes se ven obligados en mayor medida a vivir en las grandes ciudades, mientras que las familias con hijos y las personas en edad de jubilación tienden a mudarse a centros más pequeños. Esta distinta ubicación en función del grupo de edad tiende a generar nuevos problemas en términos de gestión de servicios y de cohesión social en las grandes áreas metropolitanas; este fenómeno se ve acentuado además por los movimientos migratorios, más importantes por lo general en aquellas ciudades donde se necesita una mayor cantidad de mano de obra.

2.4

Por lo que respecta a la edad de la población, el porcentaje de europeos con más de 65 años ha aumentado hasta llegar al 17,2 % en 2005 (UE-15). Por su mayor longevidad, las mujeres son el sexo predominante en el grupo de edad, cada vez más numeroso, de la población anciana y representan en todos los países europeos más del 50 % de la población con edad superior a los 65 años.

2.5

En lo referente a la pobreza, ésta afecta a cerca de 72 millones de personas en la UE-25 (es decir, al 15 % de su población), mientras que 26 millones de personas rozan este umbral de riesgo (9). De éstas, cerca de 12 millones son ancianos. El 9 % de la población de la Unión Europea ha vivido en una familia con pocos ingresos durante dos de los últimos tres años de su vida. El riesgo de pobreza se concentra principalmente en las familias con más hijos. Aproximadamente el 20 % de los 94 millones de jóvenes de menos de 18 años en Europa está expuesto al riesgo de pobreza y, en las últimas tres décadas, el índice de pobreza infantil ha crecido en todos los Estados miembros de la Unión, superando en la actualidad el de la población total. Esta situación es especialmente grave en el caso de las familias monoparentales, aquellas que sufren situaciones de desempleo o subempleo de larga duración y las familias numerosas. Los hijos de las familias pobres sufren privaciones y grandes desventajas, tienen más problemas de salud y sus resultados escolares son peores, con el evidente coste social, económico y político que ello acarrea de cara al futuro. Esta indiferencia hacia los derechos de los niños es el caldo de cultivo de la delincuencia que sufren los niños, la explotación y el tráfico de menores.

3.1

A pesar de todo lo señalado en la introducción, las instituciones de la Unión Europea han encontrado hasta ahora graves dificultades para considerar la familia una estructura social que desempeña un papel esencial en la sociedad contemporánea y que, por lo tanto, merece ser objeto de un mayor interés por parte de la UE.

3.2

Si bien en el panorama internacional y europeo abundan las declaraciones oficiales por parte de los organismos públicos más variados —que atribuyen a la familia un papel fundamental en la sociedad—, en el plano concreto Europa no parece haber incluido hasta ahora la familia entre sus prioridades, que se basan fundamentalmente en dos pilares: las fuerzas del libre mercado y de la competencia, por un lado, y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, por el otro. La referencia a estos dos pilares es evidente, por ejemplo, en la Estrategia de Lisboa y en la Agenda social 2005-2010.

3.3

En líneas generales, la Comisión Europea aborda el tema de la familia en los capítulos de la política social, el empleo y la igualdad de oportunidades (10). Sin embargo, en numerosos documentos relacionados con aspectos como la juventud, los derechos de los niños o la formación, la norma es que la propia noción de familia esté casi siempre ausente y que el enfoque esté orientado predominantemente hacia la única perspectiva de los derechos individuales o de la percepción de las personas como sujetos económicos. Es raro que se considere a la persona en su dimensión relacional, que la concibe ante todo como parte de una familia y del sistema de relaciones sociales que gira en torno a ella. Mientras tanto, la familia continúa desempeñando un papel predominante a la hora de apoyar el proceso de crecimiento de la persona, acompañarla en su inserción social y laboral y, en numerosas ocasiones, hacerse cargo de ella durante la enfermedad, así como durante las eventuales condiciones, provisionales o permanentes, de discapacidad y dependencia. Los servicios sociales y de asistencia dispensados por las administraciones públicas, el sector privado o el social siguen siendo fundamentales, especialmente a la hora de promover la conciliación entre las vidas profesional y familiar, y luchar contra la pobreza familiar y el desempleo en la familia, así como para apoyar y ayudar a aquellas familias que sufren los efectos de las enfermedades, el abuso del alcohol y la droga, los problemas educativos y la violencia familiar. Estos servicios no pueden constituir por sí solos una respuesta que sustituya las necesidades emocionales y afectivas de la persona, ya sea ésta quien recibe los cuidados o quien los dispensa (11).

3.4

En cualquier caso, parece que la demanda de los ciudadanos europeos para que se preste una atención cada vez mayor a la familia está siendo atendida de manera bastante positiva por la Presidencia alemana de la UE, que ha propuesto una «gran alianza» interinstitucional al objeto de favorecer políticas coordinadas que puedan contrarrestar la disminución de los nacimientos y el aumento de la tercera edad. Así pues, se ha venido registrando en los dos últimos años un nuevo impulso que afecta a todas las instituciones de la Unión y se caracteriza por un planteamiento más sistemático, estratégico y prospectivo que, por lo tanto, entraña un mayor potencial.

3.5

Esto es evidente cuando se tienen en cuenta las importantes disposiciones recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo referente a la familia (12), aunque, con motivo de la revisión de los Tratados de la Unión Europea, habría sido deseable la introducción de una referencia al «apoyo de la vida familiar» en el artículo 3, dedicado a los objetivos de la Unión Europea.

3.6

El CESE valora muy positivamente la Comunicación de la Comisión, que ofrece una agenda operativa concreta para dotar de contenido a la prevista Alianza para las Familias. Se trata de una plataforma constructiva que hace suyas algunas de las orientaciones ofrecidas por el CESE y que, en términos generales, se han venido formulando en los últimos años, con objeto de responder a los desafíos que plantea el cambio demográfico, respaldar la cooperación y la asociación entre los distintos interlocutores, dar una mejor respuesta a las necesidades que entraña para las familias la atención de los hijos o de otras personas dependientes y conciliar mejor las vidas profesional y familiar o privada, invirtiendo también de modo decisivo en un sistema de servicios infantiles y familiares de calidad que contribuya a reactivar una solidaridad intergeneracional nueva y más sólida.

3.7

Sin embargo, cabe lamentar el hecho de que, como consecuencia de la falta de apoyo de algunos Estados miembros, no se haya podido aplicar en este ámbito el método abierto de coordinación, que habría dotado a la Alianza de un mayor peso estratégico y estructural. De cualquier modo, el CESE reconoce que esta Comunicación brinda escasas posibilidades para desarrollar una plataforma orgánica, sin perjuicio de un posible desarrollo posterior basado en una coordinación más explícita.

3.8

Por lo tanto, se trata de velar por que, tras el decisivo impulso imprimido por la Presidencia alemana de la Unión, esta nueva línea de trabajo no se vea marginada. En el marco de la nueva y creciente atención que las distintas instancias europeas prestan a las cuestiones sociales y al bienestar de los ciudadanos, la familia comienza a convertirse en un nuevo foco de interés, reflexión y acción. Estas primeras y tímidas aperturas deben reforzarse y extenderse progresivamente gracias a un plan de trabajo articulado que debería concluirse coincidiendo con el tercer Foro demográfico europeo, cuya celebración está prevista para 2010.

3.9

En términos más generales, se trata de mostrar pragmatismo y reconocer la contribución práctica y fundamental que las familias continúan garantizando a nuestras sociedades y a la atención concreta de las personas en cualquier etapa de sus vidas, teniendo también presente desde este punto de vista tanto la utilidad social y económica como el posible e insostenible aumento de los costes —ante todo, por lo que respecta a los servicios de bienestar— a que deben hacer frente las familias cuando no cuentan con apoyos ni incentivos adecuados para desempeñar su papel.

3.10

Desde esta perspectiva, los interlocutores sociales ya asumen, a distintos niveles, una función considerable. Con motivo de su primer programa de trabajo conjunto 2003-2006, los interlocutores sociales europeos presentaron una serie de acciones relacionadas con la igualdad de oportunidades en las que se hacía una referencia particular a la conciliación entre vida familiar y vida profesional, así como a otras cuestiones afines. Su segundo programa para 2006-2008 se basa ya en un amplio análisis de los principales retos del mercado laboral (13). El CESE anima a los interlocutores sociales a continuar en esta dirección.

3.11

Hay que considerar en todo momento la dimensión estructural que reviste el papel de producción y reproducción del capital social y relacional, algo que se percibe cada vez más como un aspecto fundamental para el bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad. El tiempo que se dedica a los hijos y a la familia es un tiempo que ciertamente se resta a la propia carrera, pero también es una inversión en la atención o la formación de las personas y, por lo tanto, debe ser reconocido y valorado. Así pues, hay que sopesar la posibilidad de acompañar las medidas ya existentes (transferencias, desgravaciones fiscales, permisos parentales, etc.) con algún tipo de reconocimiento en el ámbito de las pensiones del tiempo dedicado al cuidado de miembros de la familia dependientes (14), con lo que se evitaría que la solidaridad entre generaciones generara una deuda diferida (en forma de pensiones inadecuadas y el consiguiente aumento del riesgo de pobreza), que gravaría sobre todo a las mujeres.

3.12

De este modo, hay que considerar también la dimensión de una utilización gratuita del tiempo, algo difícil de contabilizar y, por lo tanto, a menudo invisible que, no obstante, incide profundamente en la calidad de la vida social, aspecto éste cada vez más buscado y apreciado por la mayor parte de las personas.

3.13

Por todo ello, hay que poner de manifiesto una valorización social distinta —explícita y positiva— en relación con esta dimensión estructural y fundamental de las personas, originaria y generativa del vínculo social, para que ello se traduzca en un mejor desarrollo y adecuación de todas aquellas condiciones de entorno y de servicios que puedan materializar las expectativas de crear una familia propia, tener el número deseado de hijos y poder dispensar con serenidad cuidados a las personas queridas.

4.1

La Comunicación de la Comisión establece alguna líneas de trabajo positivas y bien estructuradas por lo que respecta a las intenciones y las primeras aplicaciones (como es el caso de la creación de un grupo de alto nivel de expertos gubernamentales sobre las cuestiones demográficas). El CESE apoya estas líneas de trabajo, propugna su desarrollo y espera que se les dé constantemente la publicidad adecuada y que se divulguen los progresos registrados para garantizar así la mayor participación posible en este proceso.

4.2

Por lo que respecta al compromiso positivo de los agentes locales y regionales, que entraña una importancia particular dado el papel cada vez más significativo y central que estas instituciones desempeñan a la hora de prestar servicios sociales y llevar a la práctica experimentos eficaces, parece oportuno no sólo que se aliente la organización de foros locales y regionales, sino que se invite también a la Comisión a que asuma un papel proactivo y a que, en colaboración con las partes interesadas, elabore y respalde un plan articulado de foros e iniciativas en todos los países de la Unión con el fin de garantizar la máxima participación en el proceso.

4.3

El CESE considera que se debe apoyar la creación de un Observatorio de buenas prácticas sobre políticas familiares en el seno de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, y recomienda que esta iniciativa se inscriba en el marco de una estrecha consulta con los agentes de la sociedad civil, y en particular con las asociaciones familiares, en las distintas fases del proceso, tanto a la hora de identificar estas buenas prácticas como en las etapas concretas de cotejo y reflexión.

4.4

Posteriormente, será necesario mostrarse vigilante para evitar que el enfoque principal de este observatorio se limite a cuestiones meramente familiares relacionadas con la vida laboral y para orientarlo, más bien, a reconocer de manera concreta tanto las necesidades de la familia y las generaciones, como la oferta y el gasto destinados a proteger y promover el desarrollo de nuevas solidaridades intergeneracionales. De este modo, se contribuiría a poner de manifiesto la situación en que se encuentran las infraestructuras de ciudadanía social existentes en la actualidad en los países de la Unión (15).

4.5

Por lo que respecta a la investigación, el CESE sugiere unas pautas de trabajo específicas basadas en:

4.6

Existen además dos ámbitos, todavía poco estudiados, a los que, a juicio del CESE, la Comisión debería prestar una atención mayor y más significativa en el ámbito de esta estrategia:

4.7

La propuesta recientemente formulada por un amplio grupo de organizaciones familiares de ámbito europeo a las distintas instituciones europeas es merecedora de una atención particular (19). En esta propuesta se solicita la revisión de los tipos de IVA para los artículos de la primera infancia, comenzando por los pañales para niños. A este respecto, la Comisión ya llegó a un compromiso político el 19 de julio de 2006 para presentar una propuesta de revisión de la Sexta directiva y, en especial, del anexo H de la Directiva 2006/112/CE, que recoge una lista de aquellos productos y servicios para los que los Estados miembros cuentan con la autorización de aplicar eventualmente un tipo reducido no inferior al 5 % (20). Estos artículos entrañan un coste que, por lo general, incide de manera muy significativa en los presupuestos familiares en toda Europa. El CESE apoya esta propuesta, que podría convertirse en una manera concreta, dentro de las competencias de la Unión Europea, de alentar a los Estados miembros a apoyar económicamente a las familias de todo tipo.

4.8

Por último, parece oportuno señalar dos líneas específicas de trabajo:

5.1

El tema de la solidaridad intergeneracional no deberá privilegiar y, por lo tanto, limitarse a la mera cuestión demográfica —aun asumiendo la importancia que entraña este desafío—, sino que deberá concebirse cada vez más entre los centros de responsabilidad horizontal (instituciones, interlocutores sociales, organizaciones de la sociedad civil, etc.) y longitudinal (jóvenes, ancianos, etc.) como un problema prioritario para los próximos años, en la medida en que es determinante para el desarrollo europeo —económico, social y cultural— y para renovar el propio pacto social por el que se rigen nuestras democracias.

De hecho, la cultura de la solidaridad que ha venido caracterizando hasta ahora el desarrollo europeo ha hecho posible, con el paso del tiempo, unas soluciones, tan originales como sostenibles, que se han revelado determinantes para su desarrollo humano, social y económico: desde los sistemas nacionales de bienestar social hasta la vinculación entre derechos y deberes sociales, pasando por el desarrollo de los derechos de los ciudadanos o la asunción y la continuidad de las responsabilidades intergeneracionales en la familia.

5.2

Como afirmaba el escritor Antoine de Saint-Exupéry, no se trata sólo de prever el futuro, sino de hacerlo posible. Así pues, se trata de actuar para que todos los ciudadanos, —en particular las familias y, sobre todo, los jóvenes— puedan recobrar la confianza en el futuro. De este modo, ya no se verán obligados a enfrentarse con un ambiente social tan desfavorable en términos de recursos, servicios y tiempo, que les obliga a aplazar en demasía la decisión de llevar a cabo sus proyectos familiares y de tener el número deseado de hijos. En cambio, podrán comprobar la solidez de una alianza renovada entre las generaciones y estarán en condiciones de ofrecer su propia contribución y de medirse con los desafíos de nuestro tiempo.