23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/163

1.1

La inscripción formal de los derechos de ciudadanía europea en los últimos tratados no ha bastado para frenar el aumento del euroescepticismo en la opinión pública. La percepción que tienen los propios europeos de Europa se ve aquejada por un cúmulo de déficits: los déficits de visibilidad, apropiación, información, diálogo y eficacia son los primeros que cabe citar de una larga lista. En resumen, reina un clima de desconfianza. El proceso de ratificación del Tratado Constitucional ha sido el primer afectado, y ese bloqueo corre el riesgo de alimentar aún más el euroescepticismo.

1.2

Hay que actuar, pues, con urgencia; hoy la prioridad no debe residir tanto en la elaboración de nuevas declaraciones de derechos, sino en la realización de acciones concretas que permitan a la ciudadanía europea expresarse plenamente. Esto requiere un compromiso militante y fortalecido de la Comisión en este sentido, un código de conducta de mejor gobernanza de las instituciones, salvar las crecientes distancias entre las ambiciones depositadas en Europa y los limitados medios asignados, cooperaciones reforzadas entre los Estados que están dispuestos a avanzar juntos, una mayor presión e iniciativas de los agentes de la sociedad civil.

1.3

El CESE propone, en primer lugar, colmar las lagunas europeas especialmente injustificadas; en otras palabras:

1.4

El CESE propone, en segundo lugar, desarrollar una gobernanza de la Unión más cercana a los ciudadanos; es decir:

1.5

Por último, el CESE propone promover iniciativas comunes con fuerte contenido de identidad, tales como:

1.6

En resumidas cuentas, el CESE está convencido de que tales iniciativas permitirían que los europeos se sintieran más identificados con su ciudadanía europea y ejercieran más eficazmente las libertades que les brinda, con lo que Europa recuperaría, de este modo, la identidad, el dinamismo, la competitividad y la cohesión que a los Estados miembros tanto les cuesta asegurar.

1.7

A fin de contribuir a este objetivo, el CESE pretende crear un Grupo permanente «Ciudadanía europea activa» y organizar próximamente un simposio sobre este tema.

2.1

Más allá del clima actual de euroescepticismo, los europeos están íntimamente ligados a los acervos esenciales de la construcción europea, que les resultan tan naturales como irreversibles:

2.2

Los europeos son igualmente exigentes en lo que se refiere a esta construcción europea. Esperan de ella una plusvalía efectiva y, más concretamente:

2.3

Para muchos europeos, estas expectativas están hoy día muy lejos de cumplirse en lo que respecta a sus preocupaciones de la vida diaria y con vistas al futuro. El doble «no» de los electores franceses y neerlandeses al proyecto de Tratado Constitucional fue una muestra especialmente indicativa de ese descontento y de las dudas que se les plantean a los ciudadanos, aunque, por supuesto, también influyeron otros motivos que nada tenían que ver con lo europeo.

2.4

Sin embargo, tanto en los Tratados recientes (Ámsterdam y Niza) como en la Carta de los Derechos Fundamentales y el Tratado Constitucional sometido a referéndum (que, entre otras cosas, daba fuerza jurídica a la Carta al integrarla), se recogieron algunos progresos reales en materia de derechos de ciudadanía europea, introducidos por primera vez en el Tratado de Maastricht. La Convención encargada de preparar el Tratado Constitucional, que constituyó una verdadera innovación al incluir entre sus miembros a parlamentarios y abrirse a la sociedad civil, se dedicó especialmente a consolidar esos derechos a nivel político, cívico, económico y social. El propio Comité Económico y Social Europeo, además de participar en la Convención, no ha dejado de luchar, a lo largo de los últimos años, por el pleno reconocimiento de los derechos de los ciudadanos europeos y la consideración de sus preocupaciones. Pero hay que admitir que la inclusión formal de esos derechos en los Tratados apenas ha servido para frenar el aumento del euroescepticismo en la opinión pública. La cita de Jean Monnet «se trata de unir a los pueblos, y no a los países» no se considera hoy día como la realidad dominante del modo de funcionamiento de la Unión.

2.5

Existe ahora el riesgo de que, por una serie de razones, estas preocupaciones de la opinión pública se aviven aún más:

2.5.1

la no ratificación del Tratado Constitucional va a someter el funcionamiento de la Unión ampliada a una dura prueba: el carácter engorroso y las complejidades del Tratado de Niza, a las que el nuevo Tratado pretendía poner fin, van a mostrar rápidamente sus efectos negativos;

2.5.2

está aumentando el desfase entre las ambiciones fijadas para Europa y la debilidad de sus medios de gestión, tanto políticos (dificultades para tomar decisiones entre 27) como presupuestarios (modicidad de los recursos previstos para 2007-2013);

2.5.3

no podrán oficializarse los nuevos derechos de los ciudadanos europeos reconocidos en el Tratado Constitucional, que integra la Carta de los Derechos Fundamentales;

2.5.4

es muy probable que este contexto tan poco favorable impida que la situación mejore en Europa y consolide el deplorable papel de cabeza de turco que ya le atribuyen demasiados ciudadanos.

2.6

Como subrayó el CESE en su contribución al Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006 (1), el periodo de reflexión abierto tras el bloqueo actual del Tratado Constitucional no debería servir de pretexto para ninguna actitud de espera en cuanto a una mejor apropiación de Europa por parte de los ciudadanos. Al contrario, urge afianzar la percepción de Europa por parte de la opinión pública, so pena de entrar en una espiral de desconfianzas, renuncias y bloqueos, cuyas repercusiones serían incalculables. Por otra parte, sería completamente ilusorio pretender remediar, de una forma u otra, el fracaso actual de la ratificación del Tratado Constitucional sin antes tratar de suscitar un mejor sentimiento de apropiación de Europa entre los europeos. Esto implica analizar en qué y por qué carece Europa de visibilidad y poder de atracción para tantos europeos en la actualidad.

3.1

La «ciudadanía» se siente, de forma intuitiva y hasta emocional, incluso antes de que se plasme en derechos y deberes. La ciudadanía «europea» debería percibirse como un valor añadido, enriqueciendo, sin suprimirla, la ciudadanía nacional, y como una «nueva frontera», que brinda más derechos, libertades y responsabilidades. En este sentido y a pesar de los progresos reales en el comercio, la ciudadanía europea está lejos de haber dado prueba de sus aptitudes. En ocasiones da incluso la impresión de que se ha hecho prácticamente todo para desalentarla. Juzguémoslo a través de algunas constataciones simples. Para todos los europeos, y sobre todo para el «europeo de a pie», existen claramente cuatro déficits en lo que se refiere a Europa:

3.1.1

un déficit de visibilidad y de percepción: los objetivos y el perfil de la construcción europea, incluso en el sentido geopolítico (¿qué fronteras?), se ven en la actualidad enturbiados por divergencias políticas en cuanto al objetivo mismo de la integración y por una falta de criterios claros en la prosecución, que parece permanente, del proceso de ampliación;

3.1.2

un déficit de apropiación y de proximidad: a pesar de las libertades y derechos adquiridos, Europa se percibe como un asunto relegado sobre todo al ámbito político, diplomático y de los expertos, y sólo cuenta con una participación secundaria y muy limitada de sus ciudadanos; las propias administraciones nacionales y locales no están exentas de ese sentimiento de externalidad de Europa, percibida a menudo como extranjera;

3.1.3

un déficit de información y de diálogo: los europeos no conocen bien ni sus derechos y libertades ni las condiciones de funcionamiento de su mercado común. Con frecuencia sus preguntas sobre Europa no se entienden bien, no se responden correctamente o no se satisfacen. Por su parte, los gobiernos tienden a presentarles lo que les conviene de Europa y a denunciar o encubrir lo que les molesta, aunque jueguen peligrosamente con la credibilidad de esta Europa. Los grandes medios de comunicación (la radio, la televisión), esencialmente nacionales, dan claramente la impresión de estar muy poco familiarizados con estas cuestiones, que los propios periodistas consideran complejas debido a su insuficiente formación en la materia. Apenas difunden información al respecto, salvo de manera puntual, a menudo a modo de sumario y frecuentemente de forma inexacta. La ausencia de toda opinión pública «europea» que no sea una adición de opiniones nacionales tampoco facilita el desarrollo de medios de comunicación europeos y viceversa;

3.1.4

un déficit de eficacia económica y social: en el contexto de la globalización, Europa no es para muchos ni un motor potente, debido a sus resultados insuficientes en materia de crecimiento y empleo (incluido en términos cualitativos), ni un escudo eficaz ante el aumento de la competencia externa, con frecuencia considerada excesiva o incluso desleal, y de las deslocalizaciones (con tensiones igualmente avivadas por el incremento inédito de las diferencias de coste de producción en la Unión ampliada).

3.2

Los europeos más familiarizados con el funcionamiento de Europa, por sus contactos, sus profesiones y sus desplazamientos, además de percibir de la misma manera los cuatro déficits mencionados anteriormente, sufren las consecuencias de otros igualmente perceptibles:

3.2.1

un déficit de cohesión, que se agravó inevitablemente con las ampliaciones: las disparidades administrativas, culturales y sociales se han agudizado en gran medida, y los diferenciales de desarrollo se han triplicado en algunos casos; a esto hay que añadir las diferencias de integración económica y monetaria en una zona euro limitada en la actualidad a doce países;

3.2.2

el funcionamiento del mercado único adolece de un déficit de realización, pues sigue habiendo un alto grado de compartimentación en los servicios (2/3 del PIB), la contratación pública (16 % del PIB) y la fiscalidad, al igual que en la libre circulación de ciudadanos procedentes de los nuevos Estados miembros, aún sometida a restricciones transitorias: el mercado único sólo funciona, en el mejor de los casos, al 50 % de su capacidad;

3.2.3

existe un déficit de simplificación evidente para todos los ciudadanos europeos en calidad de usuarios de las reglamentaciones: las directivas y demás disposiciones comunitarias, concebidas en principio para simplificarles la vida, se superponen con demasiada frecuencia a las leyes nacionales, cada vez más numerosas;

3.2.4

un déficit de medios, paralelamente a un déficit de interés general y de poder público europeo, resulta también evidente para todos los observadores: a nivel financiero, el presupuesto comunitario (reducido al 1 % del PIB, a diferencia del 20 % en los Estados Unidos, en un contexto efectivamente muy diferente), que fue objeto de negociaciones tan laboriosas como conflictivas en su última programación 2007-2013, apenas está a la altura del conjunto de las competencias adjudicadas a Europa; a nivel institucional, la toma de decisiones resulta, por lo general, complicada, debido a la multiplicidad de partes interesadas y, en muchos casos, a la persistencia de exigencias o prácticas que requieren la unanimidad de los Estados miembros;

3.2.5

un déficit de infraestructuras transnacionales (transportes, energía y telecomunicaciones) paralelamente a un déficit de medios presupuestarios: en el acuerdo de diciembre de 2005 del Consejo Europeo se ha reducido incluso a la mitad (apenas el 2 % del presupuesto, en vez de casi un 4 %) la asignación propuesta por la Comisión para 2007-2013, aunque las conversaciones posteriores con el Parlamento Europeo hayan permitido moderar un poco dichas restricciones;

3.2.6

los informes de la Comisión dejan traslucir también un claro déficit de disciplina comunitaria en demasiados Estados miembros (transposiciones de las directivas, procedimientos de infracción del Derecho comunitario);

3.2.7

un déficit de comunicación y de aplicación de la Estrategia de Lisboa completa finalmente la lista: lejos de provocar un nuevo impulso de inversiones europeas en investigación, innovación, redes comunes de infraestructuras y formación, en la práctica esta estrategia no ha alcanzado en absoluto ni el grado de movilización requerido ni los objetivos perseguidos (la restricción en todos estos ámbitos de la programación presupuestaria 2007-2013 es indicativa de la situación).

3.3

Para muchos ciudadanos europeos, esta superposición (impresionante en su totalidad) de déficits percibidos en el funcionamiento de Europa provoca un sentimiento bastante lógico de falta de confianza. Para remediarlo, habrá que abordar con determinación el conjunto de las disfunciones detectadas. Para contribuir a ello, ya no cabe seguir enmendando una lista europea de derechos tan notable en su formulación como mal conocida y aplicada. Se trata ahora de aclarar y simplificar el enfoque de Europa por los europeos, dándoles las llaves de una ciudadanía común más visible y más efectiva.

3.4

Sin un mayor apoyo a este enfoque por parte de los principales protagonistas de Europa, no se lograrán los primeros avances significativos. Para ello se requerirá:

3.4.1

un compromiso militante y «fortalecido»; es decir, más audaz o incluso más intransigente, de la Comisión Europea con respecto a estas exigencias, en particular a través de su poder de propuesta y sus métodos de consulta;

3.4.2

un mejor funcionamiento de las instituciones europeas a través de un verdadero compromiso al servicio de los ciudadanos en forma de, por ejemplo, código de conducta de mejor gobernanza y de disposición a reconocer a los propios europeos más responsabilidades ante los asuntos que les afectan directamente;

3.4.3

un lenguaje más valorizador de Europa por parte de los dirigentes políticos, quienes deberán dejar de dar una imagen inútilmente sacrificada o excesivamente tecnócrata, reservándose unilateralmente el mejor papel (lo que supondría igualmente una actitud más pedagógica de los medios de comunicación);

3.4.4

una actitud igualmente responsable de dichos dirigentes, consintiendo que se provea a esa Europa que construyen juntos de los medios mínimos (en términos de decisiones, presupuestos y disciplina) que correspondan, al fin, a las ambiciones oficialmente fijadas para ella;

3.4.5

«cooperaciones reforzadas» entre Estados dispuestos a avanzar juntos para abrir camino –en unas condiciones que no pongan en duda la primacía del método comunitario– cuando la exigencia de la unanimidad obstaculice excesivamente aquellos progresos considerados esenciales por los europeos;

3.4.6

más presión e iniciativas de los interlocutores sociales y demás agentes de la sociedad civil: sin su ayuda activa y constante, no serviría de nada prever el desarrollo de una ciudadanía europea visible y efectiva.

3.5

Como señalaba el CESE en su Dictamen sobre el «Programa de acción ciudadanía activa» (2), la eficacia del programa «Ciudadanos con Europa» (2007-2013) presentado por la Comisión se ve obstaculizada por la excesiva modicidad de su ámbito de acción y de su presupuesto (235 millones de euros, que se ha reducido desde entonces hasta los 190; es decir, menos de medio euro por habitante para ese periodo). A pesar de sus buenas intenciones, no hay modo de que alcance su objetivo de asegurar «un sitio central a los ciudadanos» en la construcción europea; como mucho podrá desempeñar una función de acompañamiento.

3.6

Hoy día la prioridad no debe residir tanto en la elaboración de nuevas declaraciones de derechos o en la concesión de algunas subvenciones puntuales como en la realización de acciones determinadas que permitan a la ciudadanía europea manifestarse plenamente. Para progresar en esta vía, el Comité Económico y Social Europeo propone crear nuevas iniciativas en tres ámbitos:

4.1

Los ciudadanos europeos pueden, con razón, asombrarse de la ausencia de instrumentos comunes y de libertades europeas en ámbitos clave que deberían, por el contrario, ilustrar su pertenencia a la Unión. Éste es el caso de las lagunas especialmente injustificadas en lo que se refiere a un estatuto europeo para las asociaciones, las mutualidades y las pequeñas empresas, una patente comunitaria única o una protección fiscal europea frente a toda doble imposición, incluidas las prestaciones sociales y los regímenes de pensión. Estas lagunas se tratarán más adelante.

4.2

Resulta paradójico que, medio siglo después de la creación del mercado común, las miles de asociaciones que se crearon para defender los intereses europeos de sus miembros no estén amparadas por un estatuto jurídico de Derecho comunitario y se vean obligadas a optar por el Derecho nacional de su lugar de implantación, que suele ser el Derecho belga.

4.2.1

En octubre de 2005, la Comisión retiró el proyecto de dicho estatuto europeo junto con otros sesenta proyectos, abandonados por razones de simplificación de la normativa o de ausencia de perspectiva de adopción. Al retirar el proyecto de estatuto sin consultar a los sectores afectados, la Comisión desgraciadamente tiró, como quien dice, los cubiertos a la basura.

4.2.2

El primer paso para consolidar la ciudadanía europea sería que la Comisión se retractase públicamente y volviera a presentar el proyecto. Obviamente, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían comprometerse a aprobarlo rápidamente, después de explicar o incluso justificar las razones de dicho bloqueo.

4.3

El mismo enfoque debería adoptarse en lo que se refiere a un estatuto europeo de mutualidades, cuyo proyecto también fue retirado injustificadamente por la Comisión Europea. Dicho estatuto contribuiría, sin embargo, a promover nuevas iniciativas europeas, confirmando el reconocimiento del pluralismo del espíritu empresarial en Europa.

4.4

Otra paradoja estriba en la ausencia de un estatuto jurídico europeo unificado y simplificado que facilite el funcionamiento de las PYME, mientras que los programas plurianuales, las declaraciones e incluso una Carta de las PYME se han ido amontonando sin cambios muy perceptibles para los empresarios.

4.4.1

En 2002 el Comité presentó, por unanimidad, recomendaciones precisas en relación con dicho estatuto (3). Hasta la fecha, no se han visto seguidas de ninguna propuesta de la Comisión. Mientras se suceden los comunicados oficiales apelando a una Europa más emprendedora y competitiva, la situación resulta cada día más injustificable.

4.4.2

El Comité reitera, por tanto, su petición a la Comisión de presentar, en breve plazo, un proyecto de reglamento para dicho estatuto.

4.5

Un fracaso especialmente emblemático lo constituye la patente comunitaria, a falta de ratificación por el conjunto de los Estados miembros desde su firma en 1975.

4.5.1

Los llamamientos reiterados del Consejo Europeo a los Estados miembros –y, por lo tanto, a sí mismo– para hallar finalmente una solución han resultado inútiles. Los inventores europeos siguen estando sometidos a un sistema complejo y costoso para proteger sus derechos de forma eficaz. Para una Unión Europea que se fijó el objetivo de convertirse, de aquí a 2010, en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, este bloqueo refleja una impotencia deplorable.

4.5.2

En el caso de que, de momento, siguiese siendo imposible un acuerdo unánime, el Comité sugiere que la patente comunitaria se aplique, con arreglo a normas eficaces, simples y competitivas, entre los Estados miembros que la hayan ratificado.

4.6

La supresión de la doble imposición entre Estados miembros sigue estando dominada por un entramado, tan complejo como incompleto, de cientos de convenios bilaterales entre Estados, que dejan a los ciudadanos a la discreción de las administraciones fiscales, las cuales están a menudo muy mal informadas de las disposiciones aplicables.

4.6.1

El proyecto de un reglamento único y simplificado presentado por la Comisión para solucionar este problema no ha podido seguir adelante al no haberse logrado un acuerdo unánime entre los Estados.

4.6.2

Se conseguiría avanzar en este aspecto si los Estados miembros que estén en condiciones de hacerlo reconocieran y aplicasen ya estas disposiciones. Sería lógico que todos los Estados miembros de la zona euro decidieran aprobarlo.

4.6.3

El CESE subraya igualmente la necesidad de asegurar una portabilidad efectiva de las prestaciones sociales sin discriminación fiscal en el marco de la movilidad intracomunitaria. El CESE recuerda, en particular, su reciente Dictamen sobre la «Portabilidad de los derechos de pensión complementaria» (4), en el que pide una armonización de la fiscalidad de los regímenes complementarios, elemento que no se menciona en el proyecto de directiva: la desigualdad en el tratamiento fiscal que se aplica en los Estados miembros representa efectivamente un serio obstáculo para la movilidad en la medida en que los trabajadores pueden verse sometidos a una doble imposición en las cotizaciones y prestaciones.

5.1

La construcción europea sigue percibiéndose, con demasiada frecuencia, como un asunto de Estados en el que los ciudadanos quedan relegados a un papel secundario. Para poner remedio a esta situación, sería necesario desarrollar una gobernanza de la Unión más cercana a los ciudadanos; es decir, que el funcionamiento de la Unión se orientara más claramente al servicio de los ciudadanos: promover un enfoque más europeo en los medios de comunicación, analizar mejor el efecto de los proyectos dirigidos a los ciudadanos, hacer un mejor uso de los procedimientos de diálogo y de consulta, justificar las razones de los bloqueos o retiradas, promover más los enfoques de autorregulación y corregulación, fomentar el desarrollo de negociaciones colectivas transfronterizas entre los interlocutores sociales, adoptar un concepto de servicio público que favorezca el mercado único con aduanas exteriores comunitarizadas, producir una información europea más interactiva y hacer que los interlocutores sociales y demás agentes representativos de la sociedad civil participen sobre el terreno en la aplicación de programas que cuenten con ayudas comunitarias. Estas exigencias se tratarán más adelante.

5.2

Mientras que en la actualidad los medios de comunicación se asocian a un «cuarto poder» –que se suma al legislativo, ejecutivo y judicial–, resulta sorprendente que la dimensión europea no haya dejado ninguna huella en él, a diferencia de la que ha dejado en los otros tres, aunque es el poder más visible y familiar para todos. No existen grandes cadenas de radio o televisión de alcance y carácter europeo, y el multilingüismo sigue teniéndose poco en cuenta en los medios de comunicación. Comparativamente hay muy pocos debates y emisiones políticas europeas en los medios de comunicación. La actualidad de las instituciones europeas, exceptuando acontecimientos episódicos como las cumbres, las crisis y las nuevas adhesiones, apenas es objeto de comentarios y sigue siendo confidencial. A modo indicativo, según un reciente Eurobarómetro, apenas un 30 % de los ciudadanos que se declaran interesados por los asuntos europeos (y, por lo tanto, en el resto de los ciudadanos sería un porcentaje mucho menor) serían capaces de dar tres respuestas correctas a tres preguntas básicas (número de Estados miembros, elección o designación de parlamentarios europeos y representación o no representación de todas las nacionalidades en la Comisión). Convendría, pues, que se adoptaran medidas para solucionar esta desinformación crónica como, por ejemplo:

5.2.1

una emulación de los medios de comunicación nacionales en lo que se refiere a las cuestiones europeas con indicaciones de que se conceda más importancia a la información sobre la vida política de la Unión;

5.2.2

la promoción y la coordinación de estas iniciativas en los medios de comunicación, posiblemente con el apoyo de una Agencia Europea del Sector Audiovisual en colaboración con otros órganos similares que existan en los Estados miembros.

5.3

Por lo que respecta al funcionamiento de las instituciones europeas, en los últimos tratados se ha prestado más atención a los procedimientos de codecisión (ampliando, con razón, las competencias del Parlamento Europeo) que a las modalidades de consulta, terreno en el que deberían realizarse muchas mejoras.

5.3.1

En la práctica y, a raíz, entre otras cosas, de la presentación en 2002 del Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea, se han hecho los primeros progresos reales: un mayor recurso a los «libros verdes», consultas públicas en Internet (aunque su alcance operativo siga siendo desigual) y cada vez más solicitudes de dictámenes exploratorios dirigidas al CESE.

5.3.2

Entre los progresos pendientes, cabe citar un recurso más sistemático a los análisis previos de impacto de los proyectos de la Comisión –que debería plantearse cuál es el valor añadido y la simplificación real que aportan a los ciudadanos y usuarios, así como sobre la viabilidad de otros enfoques alternativos a la normativa clásica– que deberían acompañar a cada proyecto. En particular, no podrá asegurarse una simplificación efectiva de la reglamentación sin una asociación de representantes de usuarios y programas paralelos de simplificación a nivel nacional.

5.3.3

Convendría, asimismo, velar por una mejora de la calidad de las consultas: la Comisión debería, entre otras cosas, justificar el seguimiento que se ha realizado de los debates y aportar las razones por las que se han elegido ciertas opciones y argumentaciones en lugar de otras. En cualquier caso, la fase de consulta debería separarse bien de la fase decisoria o de codecisión, lo que con frecuencia no es, ni de lejos, el caso. Excepto en el caso de los dictámenes exploratorios mencionados anteriormente, la eficacia de las consultas del Comité Económico y Social Europeo se ve menoscabada por la consulta paralela y simultánea de los órganos de decisión.

5.3.4

El Consejo Europeo de marzo de 2006 pidió oportunamente que los interlocutores sociales y otros agentes de la sociedad civil directamente afectados por la Estrategia de Lisboa ejercieran más control sobre el proceso. El Comité Económico y Social Europeo se congratula igualmente de que el Consejo Europeo le haya renovado su mandato de contribuir, junto con el Comité de las Regiones, a la evaluación y promoción de la aplicación de la estrategia. Las redes de intercambios que el CESE ha creado para ese fin con los Consejos Económicos y Sociales u órganos representativos análogos en los Estados miembros contribuyen eficazmente a una gobernanza más cercana a los ciudadanos de la Unión.

5.3.5

Convendría que a nivel nacional los gobiernos y los parlamentos consultaran sistemáticamente a los interlocutores sociales antes de cada Consejo Europeo de otoño y primavera a fin de que éstos pudieran intervenir en las grandes orientaciones de política económica, las directrices para el empleo y la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Los informes nacionales de los Estados miembros deberían basarse explícitamente en esas consultas.

5.4

Las instituciones europeas no sólo deberían sentirse responsables de consultar adecuadamente a los ciudadanos y a sus organizaciones representativas antes de aprobar proyectos u orientaciones que les afecten, sino que también deberían proceder igualmente en caso de bloqueo persistente o de retirada de un proyecto con el fin de:

5.5

Una mayor promoción de los enfoques de corregulación y autorregulación –según los cuales los propios agentes socioprofesionales intervienen, y no sólo son objeto de consulta, en la definición de las reglas económicas y sociales que les afectan directamente– constituiría igualmente un gran paso hacia una ciudadanía europea visible y efectiva.

5.5.1

Hubo que esperar al Tratado de Maastricht en 1992 para que la capacidad contractual de los interlocutores sociales europeos en el marco de un diálogo autónomo, tanto en el plano interprofesional como sectorial, se reconociera oficialmente. Y tuvo que pasar otra década para que en un acuerdo interinstitucional europeo, firmado en diciembre de 2003 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, se admitieran los enfoques de autorregulación y corregulación de los agentes de la sociedad civil en otros ámbitos y se precisaran sus definiciones y modalidades.

5.5.2

Aparte de en el diálogo social, estas prácticas ya han experimentado un importante desarrollo, en particular en lo que se refiere a las normas técnicas y profesionales, los servicios, los consumidores, el ahorro de energía y el medio ambiente (5). No obstante, están aún lejos del nivel de desarrollo que merecen, aunque ya afectan a todos los ciudadanos europeos de una forma u otra.

5.5.3

Con vistas a un ejercicio óptimo de la ciudadanía europea en las regiones limítrofes, resultaría especialmente útil que se fomentara el desarrollo de negociaciones colectivas transfronterizas, como prevé la Comisión en su Comunicación de 2005 sobre la Agenda Social.

5.5.4

El desarrollo de la autorregulación y de la corregulación debería permitir, como complemento a la acción del legislador y, llegado el caso, bajo su responsabilidad, que avanzara tanto Europa como los derechos de ciudadanía de los europeos en numerosos ámbitos como, por ejemplo, en:

5.5.5

Por su parte, el CESE ha adoptado un enfoque sistemático de supervisión y fomento de las prácticas alternativas de regulación (como, por ejemplo, en cuanto a la resolución de litigios), en particular a través de sus audiencias y su base de datos PRISM2, modernizada en la actualidad, que constituye la principal referencia sobre el estado de la autorregulación en Europa.

5.6

Tanto la reglamentación europea clásica (directivas y reglamentos) como la corregulación y la autorregulación deberían contribuir a profundizar en el mercado único y mejorar su funcionamiento. Los ciudadanos europeos deberían poder apropiarse de este mercado único como dimensión natural de sus iniciativas y actividades.

5.6.1

Constituyendo un marco natural de emulación y competencia para los agentes económicos, el mercado único no debería confrontarse sistemáticamente con los conceptos de servicio público y de interés general, que merecen igualmente valorarse a nivel europeo. De este modo, las diferentes agencias europeas que se han creado en los Estados miembros para contribuir a diversos aspectos del funcionamiento del mercado único deberían fijarse verdaderas «misiones europeas de servicio público» en el ejercicio de sus funciones. Dichas orientaciones podrían desempeñar un papel útil en el debate sobre la apertura de los servicios públicos europeos. De este modo, se contribuiría efectivamente a superar la oposición reductora entre los que no conciben un servicio público que no sea nacional y los que asimilan forzosamente la apertura europea al desarrollo de las privatizaciones.

5.6.2

En la misma línea, la gestión de las fronteras exteriores de la Unión debería, con el tiempo, correr a cargo de una administración comunitaria de aduanas –que contara con un símbolo distintivo– y no de las administraciones nacionales. Un primer paso sería crear, en colaboración con la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras comunes, un cuerpo de inspectores y de guardafronteras europeos, ofreciendo al conjunto de los aduaneros una formación troncal común y favoreciendo más los intercambios mutuos, que actualmente son bastante infrecuentes. La armonización de las incriminaciones y las sanciones sería igualmente necesaria, paralelamente al reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales y administrativas entre Estados miembros.

5.6.3

Europa debería, asimismo, dotarse de un dispositivo común, móvil y eficiente de protección civil, apto para asistir rápida y eficazmente a los Estados miembros y a su población en caso de catástrofes naturales o atentados terroristas.

5.6.4

Por lo que se refiere a la información de los ciudadanos sobre sus derechos y oportunidades en el mercado único, convendría desarrollar en cada Estado miembro una comunicación, hasta ahora normalmente inexistente, sobre los centros SOLVIT y otros puntos de contacto sobre Europa, creados en todos los países de la UE para ayudar a los ciudadanos a solucionar los problemas que aún puedan encontrar en sus transacciones comerciales. Las agencias europeas, mencionadas previamente, apenas se han dado a conocer entre los ciudadanos desde su creación. Para solucionar esto deberían realizarse campañas informativas.

5.6.5

La información sobre el funcionamiento de Europa y del mercado único, así como sobre los derechos y libertades del ciudadano a este nivel, debería igualmente adaptarse a las expectativas y al lenguaje de los interlocutores. A menudo resulta necesario partir de sus preguntas y aspiraciones, muy especialmente en lo que se refiere a los jóvenes, en vez de aportarles respuestas elaboradas «ex cátedra». El desarrollo de puntos de contacto e información sobre Europa debería, de este modo, ir de la mano de una verdadera capacidad de integrar plenamente el lenguaje, el enfoque y el punto de vista de los interlocutores a través de un diálogo interactivo que permita una mejor apropiación de la información europea en función de las características individuales. El uso de Internet reúne ese pliego de condiciones: tanto las instituciones europeas como las asociaciones de la sociedad civil deberían servirse plenamente de él en aras de una mayor eficacia de la ciudadanía europea.

5.7

Por otro lado, todavía queda mucho por hacer para que los ciudadanos europeos participen en las intervenciones de los Fondos Estructurales. Mientras que las disposiciones que regulan la ayuda comunitaria a los países ACP de África, el Caribe y el Pacífico prescriben expresamente una estrecha colaboración de la sociedad civil (véase el Acuerdo de Cotonú), nada de eso existe –por paradójico que parezca– en lo que se refiere a la participación de los interlocutores sociales y demás agentes representativos de las organizaciones de la sociedad civil europea en la política de cohesión aplicada por la Unión.

5.7.1

Las orientaciones estratégicas propuestas por la Comisión para 2007-2013 sólo hacen una referencia informal a tal consulta y colaboración, sin prever disposiciones explícitas en los textos propuestos, ya se trate de las orientaciones o de los reglamentos de los Fondos Estructurales.

5.7.2

Convendría solucionar esta situación y hacer que los textos estipulen dicha colaboración con disposiciones directamente aplicables por las instituciones comunitarias y los Estados miembros.

6.1

Los ciudadanos europeos, que esperan de Europa un valor añadido a su identidad nacional, regional y local constatan demasiado a menudo que esta valorización no sólo es modesta, sino superficial. Es cierto que, poco a poco, los gobernantes de Europa han conseguido avances significativos y de importancia creciente: el himno y la bandera europea, el pasaporte europeo, la asistencia mutua de las embajadas y consulados y, por supuesto, el euro, que ya es la moneda única de doce Estados miembros.

6.1.1

No obstante, estos avances se han logrado progresivamente y coexisten con fuertes retrasos de identidad común en otros ámbitos a menudo muy próximos. Para solucionarlo habría que considerar el concepto de subsidiariedad, pero no en un sentido sistemáticamente descendente, sino en un sentido adaptado al caso, que con frecuencia implique la intervención europea.

6.1.2

En este sentido, se deberían promover iniciativas de fuerte contenido identitario como: priorizar la financiación de grandes proyectos europeos, invertir en programas europeos ambiciosos en el campo de la educación y la formación que prevean un servicio civil voluntario europeo para los jóvenes, hacer que las celebridades reivindiquen su identidad europea, invertir igualmente en programas europeos ambiciosos a nivel cultural y mediático con un estatuto común de fundaciones y mecenazgo, y realizar proyectos particulares de integración económica y social a escala de la eurozona. Del mismo modo, convendría que se adoptaran decisiones de alto contenido político, tales como celebrar las elecciones al Parlamento Europeo el mismo día, oficializar con esplendor el día de Europa y aplicar en adelante el derecho europeo de iniciativa popular. Estas recomendaciones se tratarán más adelante.

6.2

La modicidad de los medios presupuestarios europeos debería constituir una razón más para que se consagrasen más fondos a la financiación de proyectos verdaderamente europeos.

6.2.1

Dicha financiación debería destinarse, en particular, a las regiones fronterizas que constituyen los «puntos de soldadura de Europa» y cuya cohesión se ve afectada, más que en otras regiones, por la falta de armonización entre Estados miembros. Los agentes socioprofesionales de estas regiones transfronterizas deberían desempeñar un papel clave en la concepción y activación de dichos programas transfronterizos. Sería conveniente asignar a este efecto un porcentaje significativo del presupuesto comunitario, en aumento plurianual. En particular, convendría que se aumentara la asignación presupuestaria para el programa EURES y se dieran a conocer sus actividades en las publicaciones, radios y televisiones regionales.

6.2.2

Esta financiación comunitaria debería contribuir también, con el apoyo de asociaciones eficaces entre el sector público y el privado, al desarrollo de las redes transeuropeas (transportes, energía y telecomunicaciones) al servicio de una Europa más potente y mejor interconectada. Sin embargo, la tendencia es actualmente la contraria, como lo ilustra la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2005 de reducir a la mitad la asignación de 2007-2013 inicialmente propuesta por la Comisión para estas redes, reducción modestamente moderada tras un acuerdo posterior con el Parlamento Europeo.

6.2.3

Asimismo, convendría que se concibieran más proyectos europeos industriales y tecnológicos de gran envergadura con el presupuesto comunitario o con contribuciones especiales de los Estados miembros que deseen participar. Los éxitos ya obtenidos en los ámbitos de la aeronáutica y del espacio muestran la vía que hay que seguir. Tales éxitos confirman tanto la imagen de Europa como un sentimiento común de pertenencia en la opinión pública, reforzándose así su competitividad. En particular, queda por desbrozar un amplio ámbito de cooperación e integración industrial y tecnológica en el sector de la defensa y la seguridad.

6.3

También deberían llevarse a cabo iniciativas ambiciosas que confirmen la ciudadanía europea a través de la educación y la formación, incluido a nivel de Europa.

6.3.1

Se debería garantizar una formación troncal común sobre Europa en todos los niveles de enseñanza: educación primaria y secundaria y universidad. El aprendizaje de idiomas debería fomentarse en gran medida sobre la base de un referente común de niveles de adquisición (cf. generalizar la iniciativa del Consejo de Europa creando portafolios europeos de las lenguas). La apertura a Europa debería garantizarse no mediante lecciones magistrales, sino a través de intercambios, prácticas y estancias en otros Estados miembros. Deberían fomentarse, en primer lugar, los hermanamientos y los programas de estudios escolares y universitarios europeos. Las facultades de periodismo deberían incluir un importante contenido académico sobre Europa.

6.3.2

Los jóvenes deberían poder efectuar un servicio civil voluntario europeo, atractivo y formativo, a una escala mucho mayor que las primeras experiencias aplicadas, que hasta la fecha sólo han atraído a algunos miles de ellos. Una oportunidad de esta índole completaría útilmente los intercambios de estudiantes de los programas Erasmus y Leonardo, que ya han conocido un verdadero éxito con varios millones de beneficiarios.

6.3.3

A fin de promover un sentimiento de identificación europea, las celebridades del mundo cultural o deportivo podrían presentarse como auténticos «europeos» en campañas de comunicación valorizando a través de su personalidad ese sentimiento y expresión de identidad.

6.4

En este sentido, se deberían fomentar las iniciativas ambiciosas que sirvan para valorizar la cultura europea y promover su difusión en los medios de comunicación.

6.4.1

Convendría que se sacara un mayor beneficio de la riqueza cultural europea para aprovechar tanto el vigor de su formación troncal común como la gran variedad de sus expresiones. De este modo, debería fomentarse el recurso a las versiones originales subtituladas de películas, obras y emisiones de otros Estados miembros, lo que facilitaría también el control y el mantenimiento del conocimiento de otras lenguas por parte de los europeos.

6.4.2

La Unión Europea debería fomentar la creación de una escuela europea de cine y, a semejanza de los Oscars, promover sus propias «Estrellas» o «Lumbreras» para premiar a sus mejores creadores y artistas.

6.4.3

El éxito de un ambicioso programa cultural europeo con múltiples efectos económicos y sociales se vería facilitado en gran medida por una promoción común de las fundaciones y el mecenazgo. La elaboración de un estatuto europeo atractivo en estos ámbitos contribuiría directamente a intensificar dicha cooperación.

6.5

Por último, convendría emprender una reflexión específica sobre el tema del euro. Actualmente los Estados de la zona euro actúan como si la adopción de la moneda única constituyera el final de un proceso en vez de un punto de partida. Los ciudadanos de la zona euro podrían oportunamente preguntarse acerca de la razón de esta actitud.

6.5.1

Y en el plano económico, ¿a qué esperan estos Estados para profundizar su integración, intensificar los intercambios financieros y llevar a cabo una mayor armonización fiscal? ¿Por qué el Eurogrupo, que reúne a los doce ministros de Hacienda, está aún tan lejos de constituir el embrión de un gobierno económico de la zona euro, frente a un Banco Central Europeo que ya es federal? ¿Por qué no se estudia la posibilidad de crear una única representación económica y financiera de los Estados de la zona euro (FMI, G7, etc.) para adquirir más peso, en particular, frente al dólar? ¿Por qué los Estados que han adoptado el euro no han establecido ya una estrecha cooperación mutua en lo que se refiere a sus presupuestos respectivos?

6.5.2

En un momento en que se insiste en exigir una aplicación más efectiva y convergente de la Estrategia de Lisboa, ¿por qué se ha restringido el Eurogrupo a los ministros de Economía y Hacienda y no se ha creado su equivalente de ministros de Asuntos Sociales? Con su doble formación –economía-hacienda y asuntos sociales–, a la que podrían añadirse también los ministros de Industria, ¿no podría el Eurogrupo adoptar enfoques más eficaces sobre las reformas económicas y sociales, dar ejemplo en la promoción de la investigación y la aplicación de la patente comunitaria y presentar un informe común sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa además de los informes nacionales?

6.5.3

Los ciudadanos de la zona euro deberían ser objeto de una consulta detallada e intervenir en estas opciones, en particular a través de sus asociaciones representativas. Además, se les debería alentar a que crearan sus propias iniciativas a escala de la zona euro. De este modo, la zona euro, laboratorio de una integración económica y social más avanzada, se convertiría también en el laboratorio de una ciudadanía europea más consolidada.

6.5.4

Evidentemente, hay que procurar, al mismo tiempo, no menoscabar con ello la cohesión de la Unión en su conjunto: los Estados que se encuentran fuera de la zona euro deberían, de este modo, estar debidamente informados; además, debería consultárseles y, en la medida de lo posible, hacer que intervengan en esta cooperación intensificada que, en todo caso, deberán practicar plenamente una vez que hayan adoptado el euro.

6.6

En el plano puramente político, algunas medidas contribuirían finalmente al avance claro de una ciudadanía europea más visible y efectiva, como, por ejemplo:

6.6.1

elegir un mismo día para las elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal: la jornada electoral auténticamente europea resultante permitiría aportar una dimensión diferente a los debates, las intervenciones y los comentarios que se formularan; situaría los retos políticos en su verdadera dimensión europea, en vez de limitarlos, de forma completamente injusta y equivocada, a su dimensión nacional, como es con frecuencia el caso en la actualidad;

6.6.2

celebrar con esplendor el Día de Europa el 9 de mayo, que debería adquirir categoría de día festivo en Europa (lo que podría hacerse sustituyendo otro día festivo, a elección de los Estados miembros), con actos y programas, especialmente de tipo cultural, que lleven el sello de Europa;

6.6.3

aplicar un derecho europeo de iniciativa popular anticipándose a las disposiciones previstas en el Tratado Constitucional (un millón de firmas recogidas en varios Estados miembros). La Comisión Europea podría, de este modo, comprometerse en adelante a examinar y, llegado el caso, a divulgar cualquier propuesta de iniciativa popular que haya alcanzado un determinado límite. Del mismo modo, se comprometería también a exponer públicamente las razones precisas por las que podría igualmente decidir no dar curso a una iniciativa dada.

7.1

Al fin y al cabo, más allá de las declaraciones y cartas, una ciudadanía europea más visible y efectiva es algo que no se decreta, sino que se merece y se ejerce. Es evolutiva y motriz. Solamente afirmándola se consolidará. Y sólo desarrollando tal dimensión participativa «horizontal» de la construcción europea asegurará esta ciudadanía europea la plena aceptación y la perennidad de la dimensión «vertical» de dicha construcción.

7.2

Hoy día esta ciudadanía europea activa requiere instrumentos más operativos que declarativos, de los que tanto ha carecido hasta ahora. Es necesario que se provea a los europeos de esos instrumentos que esperan y de los cuales sabrán hacer un buen uso. No cabe ninguna duda de que lograrán así reforzar la identidad, el dinamismo, la competitividad y la cohesión de Europa que a los Estados miembros tanto les cuesta asegurar.

7.3

A fin de velar por el seguimiento de las presentes recomendaciones y de contribuir a la promoción de progresos efectivos en pro de los ciudadanos europeos, el Comité Económico y Social Europeo creará un Grupo permanente «Ciudadanía Europea Activa», que se ocupará, entre otras cosas, de:

7.4

Para señalar y orientar el lanzamiento de dicho seguimiento, el CESE organizará un simposio sobre la ciudadanía europea activa, como ya había previsto en su anterior Dictamen sobre el «Programa de acción ciudadana activa» (6).