2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/103

A.

Considerando que la UE debe seguir garantizando la seguridad alimentaria a sus ciudadanos y participar en el suministro mundial de alimentos, cooperando al mismo tiempo mejor y de forma más coherente con el resto del mundo, en particular con los países en desarrollo, con el fin de contribuir al desarrollo a largo plazo de sus sectores agrícolas de una forma sostenible y que aproveche al máximo los conocimientos específicos locales; considerando que, en la actual situación en la que más de 1 000 millones de personas en el mundo pasan hambre y que actualmente en la Unión Europea hay más de 40 millones de pobres que no tienen suficiente para comer, deben aprovecharse los avances científicos si pueden aportar soluciones adecuadas para aliviar el hambre en el mundo, en particular mediante una mayor eficiencia en la utilización de los recursos,

B.

Considerando que, de acuerdo con la FAO, se espera que la demanda mundial de alimentos se duplique, y se calcula que la población mundial pasará de los 7 000 millones actuales a 9 000 millones para 2050; que será necesario aumentar en consecuencia la producción mundial de alimentos en un contexto de presión sobre los recursos naturales, por lo que el mundo deberá producir más alimentos sirviéndose de menos agua, tierra, fertilizantes y plaguicidas,

C.

Considerando que los objetivos de la PAC, tal y como figuran en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), son incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida justo a la población agrícola, estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de abastecimientos y garantizar que los abastecimientos lleguen a los consumidores a precios razonables; considerando que, hasta ahora, la Política Agrícola Común ha cumplido sus objetivos en gran medida, y ha participado en los esfuerzos de la UE por impulsar la integración, la cohesión territorial en Europa y el funcionamiento del mercado único; que, no obstante, tan solo ha contribuido parcialmente a un buen nivel de vida de la comunidad agrícola, y aún no ha conseguido la estabilidad del mercado agrícola, al haber alcanzado los mercados un alto grado de volatilidad, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria; considerando que son necesarios más esfuerzos para que la PAC pueda cumplir sus objetivos, respetando a la vez el medio ambiente y manteniendo el empleo rural,

D.

Considerando que la agricultura y la silvicultura siguen siendo importantes sectores de la economía que, al mismo tiempo, aporta bienes colectivos esenciales al mantener recursos naturales y paisajes culturales, una condición previa para todas las actividades humanas en las zonas rurales; que estos sectores ya están prestando la mayor contribución de la UE a la consecución de los objetivos en materia de cambio climático y energía, en particular en el ámbito de los objetivos para las energías renovables procedentes de la biomasa derivada de la agricultura y la silvicultura; que esta contribución debe continuar creciendo en el futuro; y que estas fuentes de energía biológicas también contribuyen a reducir la dependencia energética de la UE y, en el contexto del aumento de los precios de la energía, crear empleo y mejorar los ingresos en el sector,

E.

Considerando que los ciudadanos de la UE obtienen grandes beneficios de la PAC por la disponibilidad y la gama de elección de alimentos seguros y de gran calidad a precios razonables, la seguridad alimentaria, la protección ambiental, la creación de empleo y las medidas de lucha contra el cambio climático,

F.

Considerando que en la actualidad 13,6 millones de personas trabajan directamente en los sectores agrícola, forestal y de la pesca, y otros 5 millones en la industria agroalimentaria, en la que la UE es el primer productor mundial de alimentos y bebidas; que esto representa el 8,6 % del empleo total en la UE y el 4 % de su PIB,

G.

Considerando que, como consecuencia de las últimas ampliaciones de la UE (2004 y 2007), otros 7 millones de agricultores se han incorporado a la fuerza de trabajo agrícola, y que las tierras de uso agrícola han aumentado en el 40 %; que en los últimos 10 años la renta agrícola real per cápita ha caído en un 12,2 % en la UE-27, retrocediendo gradualmente hasta el nivel de 1995; que la renta agrícola media en la UE-27 es inferior al 50 % de la renta media en el resto de la economía, mientras que los costes de producción para bienes tales como los fertilizantes, la electricidad y los combustibles se sitúan en los niveles más altos de los últimos quince años, lo que hace muy difícil continuar con la producción agrícola en la UE,

H.

Considerando que, habida cuenta de que el 7 % de los agricultores en Europa son menores de 35 años y de que, al mismo tiempo, cuatro millones y medio de agricultores de más de 65 años cesará su actividad en 2020, el futuro de la agricultura puede correr peligro si sigue disminuyendo el número de agricultores,

I.

Considerando que la agricultura representa la principal ocupación del suelo en la UE, con un 47 % del territorio total de la Unión Europea; que en el conjunto de la UE existen 13,7 millones de establecimientos agrícolas, que generan más de 337 000 millones de euros en términos de producción; que el 15 % de las tierras agrícolas de la UE (unos 26 millones de Ha) se encuentra en zonas montañosas y que las desventajas naturales de esas zonas dificultan la agricultura,

J.

Considerando que el tamaño medio de las explotaciones agrícolas ha aumentado como consecuencia de la reestructuración del sector, pero que las pequeñas explotaciones siguen predominando en la UE, con un tamaño medio de 12,6 hectáreas; considerando que el tamaño medio de las explotaciones agrícolas ha aumentado como consecuencia de la reestructuración del sector, pero que las pequeñas explotaciones siguen predominando en la UE, con un tamaño medio de 12,6 hectáreas; que las explotaciones de subsistencia siguen siendo un reto crucial, en particular en los nuevos Estados miembros, en los que la agricultura de subsistencia representa la mitad del total de la fuerza de trabajo; que las pequeñas explotaciones agrícolas y los agricultores que las gestionan tienen una especial importancia para el suministro de bienes públicos no destinados a la producción,

K.

Considerando que la crisis económica ha tenido un importante efecto negativo en la agricultura, pues la renta agrícola ha descendido en un promedio del 12,2 % entre 2008 y 2009 y el desempleo en las zonas agrícolas ha crecido el año pasado; considerando que un efecto directo de la crisis económica ha sido la reducción del consumo en Europa en un promedio del 10,55 % entre 2008 y 2009, y que en algunos Estados miembros esta reducción ha superado el 20 %; que otros efectos de la crisis económica han sido la falta de acceso al crédito para los agricultores y las presiones sobre las finanzas públicas de los Estados miembros, que han reducido su capacidad de facilitar cofinanciación,

L.

Considerando que la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas es uno de sus rasgos permanentes, pero que recientemente ha aumentado de forma espectacular debido a la combinación de una serie de factores, como las situaciones meteorológicas extremas, los precios de la energía, la especulación y los cambios en la demanda, y se espera que lo siga haciendo, de acuerdo con las previsiones de la OCDE y de la FAO, lo que producirá subidas y bajadas extremas en los precios de los bienes agrícolas en los mercados europeos; que entre 2006 y 2008 los precios de diversas mercancías han aumentado de forma considerable, algunos hasta el 180 %, como en el caso de los cereales; que en 2009 los precios de los productos lácteos sufrieron una caída media del 40 %; considerando que otros productos, como los cereales, las frutas y las hortalizas y el aceite de oliva también se han visto afectados y que estas fluctuaciones de precios extremas han perjudicado a los productores y no siempre han beneficiado a los consumidores,

M.

Considerando que los indicadores agroambientales muestran que el sector agrícola tiene un importante potencial para contribuir a los esfuerzos por mitigar los efectos del cambio climático, en particular por lo que respecta a la captura de carbono, la reducción directa de las emisiones netas de gases de efecto invernadero y la producción de energía renovable, que aseguran un verdadero descenso de las emisiones; que la actividad agrícola, si se realiza de forma sostenible, es esencial para la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y la lucha contra la erosión de los suelos, y puede ser un factor clave en la lucha contra el cambio climático,

N.

Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades agrícolas (incluida la ganadería) descendieron un 20 % entre 1990 y 2007 en los 27 Estados miembros; que la proporción de las emisiones procedentes de la agricultura descendió del 11 % en 1990 al 9,3 % en 2007, entre otras razones, por la mayor eficacia en el uso de fertilizantes y estiércol líquido, las recientes reformas estructurales de la PAC y la aplicación gradual de iniciativas agrícolas y medioambientales,

O.

Considerando que la UE se ha convertido en importador neto de bienes agrícolas, por un importe anual superior a los 87 600 millones de euros (alrededor del 20 % de las importaciones agrícolas mundiales); considerando que, en algunos casos, la balanza comercial se ha inclinado continuamente a favor de terceros países (la UE importa en la actualidad productos agrícolas por valor de 19 000 millones de euros de países del Mercosur, y sus exportaciones a la región apenas alcanzan 1 000 millones de euros); considerando que la UE tiene un déficit comercial creciente en productos agrícolas,

P.

Considerando que la UE sigue siendo el primer exportador mundial de productos agrícolas (alrededor del 17 % del comercial mundial total); que la UE ha perdido una gran cuota de mercado en los últimos 10 años (en 2000, la UE contribuyó a alrededor del 19 % del comercio mundial); que la UE exporta sobre todo productos de un alto valor añadido y productos procesados (67 % del total de las exportaciones agrícolas),

Q.

Considerando que los productos de calidad son esenciales para la producción y el potencial de exportación de la Unión Europea y representan una importante cuota de su comercio internacional; que la UE exporta productos reputados de gran valor económico y que, en el caso de los productos con indicaciones de origen y geográficas protegidas, el valor neto de estos productos y alimentos es de 14 000 millones de euros anuales (excluidos los vinos y licores, que también constituyen una parte importante de las exportaciones de la UE); que, para continuar desarrollando una producción de alta calidad que responda a las expectativas de los consumidores, debe atenderse a las necesidades específicas de estos sectores, con el fin de asegurar su competitividad, incluida la necesidad de una protección más eficaz por parte de los socios comerciales de terceros países de las indicaciones geográficas de la UE y de las denominaciones de origen protegidas,

R.

Considerando que las estimaciones de ayuda a los productores muestran que las ayudas totales a la agricultura se han reducido gradualmente desde el año 2000 y que, en valor per cápita, son comparables al nivel de ayuda que existe en los principales socios comerciales de la UE, al tiempo que otros socios comerciales han mantenido y aumentado en los últimos años las ayudas que distorsionan el comercio,

S.

Considerando que la actual distribución y nivel de apoyo entre Estados miembros y agricultores se derivan de la distribución y del nivel de dicha ayuda en el pasado, cuando dicha ayuda estaba vinculada al tipo y el volumen de la producción y suponía una compensación por la caída en los ingresos de los agricultores como consecuencia del importantes descenso de los precios garantizados; que este método de distribución no solo da lugar a un sentimiento justificado de injusticia entre parte de los agricultores de la UE, sino que su mantenimiento no se justifica tampoco por los futuros objetivos de la PAC,

T.

Considerando que, desde 2007, los mecanismos de modulación voluntaria han permitido el redespliegue de las ayudas financieras entre los pagos directos y el desarrollo rural, sin por ello mejorar ni la transparencia ni la legitimidad ni la simplificación de los recursos financieros asignados a la agricultura,

U.

Considerando que la proporción del gasto en la PAC en el presupuesto de la UE ha disminuido constantemente, desde el 75 % en 1985 al 39,3 % que se proyecta para 2013; que esto representa menos del 0,45 % del PIB de la UE; que la reducción del gasto presupuestario en medidas de mercado es aún más importante: del 74 % del gasto total en la PAC en 1992 a menos del 10 % en la actualidad; que el gasto en la PAC se ha desplazado constantemente desde el apoyo al mercado y las subvenciones a la exportación hacia los pagos disociados y el desarrollo rural,

V.

Considerando que estas reformas han conducido a una profunda modificación de los instrumentos de apoyo a la agricultura, manteniendo al mismo tiempo los tres principios fundamentales de la PAC, a saber:

W.

Considerando que, puesto que la PAC debe afrontar muchos retos después de 2013 y que sus objetivos se ampliarán, es ineludible que se mantenga el presupuesto de la UE dedicado a la PAC por lo menos en los niveles actuales,

X.

Considerando que el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea transforma el marco financiero plurianual (MFP) en un acto jurídicamente vinculante, al que debe ajustarse el presupuesto anual,

Y.

Considerando que los gastos que constituyen las ayudas directas representan un 0,38 % del PIB europeo (datos de 2008); que los gastos vinculados a la política de desarrollo rural representan un 0,11 % del PIB europeo,

Z.

Considerando que los escasos márgenes disponibles en la rúbrica 2 a partir del ejercicio presupuestario 2011 hacen muy difícil que la Unión pueda responder de forma apropiada a las crisis del mercado y a los acontecimientos globales inesperados, y pueden restar peso al procedimiento presupuestario anual,

AA.

Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha obtenido competencias para configurar la política agrícola de la Unión no sólo en lo que respecta a los programas agrícolas plurianuales, sino también a través de la modificación del presupuesto agrícola anual, otorgándose por lo tanto al Parlamento la responsabilidad de asegurar una Política Agrícola Común justa y sostenible,

AB.

Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Política Agrícola Común está sujeta al procedimiento legislativo ordinario, y que el Parlamento Europeo tiene la importante responsabilidad de contribuir a la adopción de legislación sólida y eficaz en este ámbito,

AC.

Considerando que, de acuerdo con el último Eurobarómetro, el 90 % de los ciudadanos encuestados consideran que la agricultura y las zonas rurales son importantes para el futuro de Europa, el 83 % está a favor de las ayudas financieras a los agricultores y, en promedio, creen que la política agrícola debe continuar decidiéndose a nivel europeo,

AD.

Considerando que los objetivos y la propia finalidad de la política agrícola común en el futuro deben ser objeto de amplios debates públicos para mejorar el conocimiento público de la PAC, y que debe acogerse con satisfacción la iniciativa de la Comisión para el debate público sobre el futuro de la PAC después de 2013,

AE.

Considerando que la PAC debe orientarse al mantenimiento y desarrollo en Europa de una agricultura multifuncional, extendida por todo el territorio y sostenible,

1.

Recuerda que la PAC ha sido objeto de reformas radicales a lo largo de los últimos 25 años, en particular a través de un giro radical desde el apoyo a la producción al apoyo a los productores (5), reduciendo las compras de intervención periódicas y la colocación de los excedentes europeos en los mercados mundiales (6), y orientando más hacia el mercado a la PAC y a los agricultores de la UE;

2.

Recuerda que la PAC ha desempeñado un cometido crucial en el incremento de la producción alimentaria y el abastecimiento alimentario de la población europea tras la Segunda Guerra Mundial; recuerda asimismo que la PAC fue la primera política común de la CEE que sentó las bases para la cooperación e integración europeas en otros ámbitos políticos;

3.

Señala que los instrumentos de mercado de la PAC específicos de cada sector desempeñan un papel fundamental y se utilizan ahora como redes de seguridad para contribuir a reducir la volatilidad de los mercados con objeto de garantizar un cierto grado de estabilidad a los agricultores; subraya que el cambio en la política de mercado no ha conducido a una reducción de la dependencia de los agricultores con respecto a los compradores y que, además, desde la adopción de los pagos únicos disociados, se ha producido un decidido alejamiento de las medidas de distorsión comercial, de acuerdo con los requisitos de la OMC; señala asimismo que desde la adopción de los pagos únicos disociados, se ha producido un decidido alejamiento de las medidas de distorsión comercial, de acuerdo con los requisitos de la OMC;

4.

Señala que las reformas de la PAC emprendidas en 1992 y 1999, y sobre todo la reforma de 2003 revisada en el «chequeo» y que introdujo el principio de disociación, así como las diversas reformas sectoriales, fueron concebidas para permitir a los agricultores de la UE responder y reaccionar mejor a las señales y condiciones del mercado; desea que esta tendencia tenga continuidad en ulteriores reformas, aunque aún son necesarias algunas medidas de mercado a la vista de las características especificas de la producción agrícola;

5.

Señala que el desarrollo rural ya forma parte integrante de la arquitectura de la PAC, y debe continuar siendo un elemento importante de la PAC en el futuro, a través de una estrategia bien equipada de desarrollo rural centrada en las comunidades rurales, a través de la mejora del medio ambiente, la modernización y reestructuración de la agricultura, el refuerzo de la cohesión en las zonas rurales de la UE, la revitalización de las zonas desfavorecidas y en riesgo de abandono, la mejora de la comercialización de los productos y la competitividad y el mantenimiento y la creación de empleo en las zonas rurales, así como del conjunto de los nuevos retos fijados en el «chequeo», como son el cambio climático, las energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad;

6.

Recuerda que la agricultura siempre ha producido bienes públicos que, en el contexto actual, designamos como «bienes públicos de primera generación»; insiste en la seguridad y la protección alimentarias, y en el alto valor nutritivo de los productos agrícolas, que deben seguir siendo la razón principal de la existencia de la PAC, por corresponder a su esencia y ser la primera preocupación de los ciudadanos europeos; que los bienes públicos mencionados más recientemente, los de «segunda generación», a saber, el medio ambiente, la ordenación del territorio o el bienestar animal, que también son objetivos de la PAC, son complementarios con respecto a los de la primera generación, por lo que no deben sustituirlos;

7.

Acoge con satisfacción el reconocimiento de la múltiples funciones de los agricultores en la aportación de bienes colectivos, como la conservación del medio ambiente, la producción de alimentos de calidad y una buena ganadería, que configuran y mejoran la diversidad y la calidad de valiosos paisajes en la UE, así como el giro hacia prácticas agrícolas más sostenibles, no sólo cumpliendo los requisitos básicos para mantener las tierras en buenas condiciones agrícolas y medioambientales, sino también alcanzando mejores niveles de calidad a través de los regímenes agroambientales, la agricultura de precisión, la producción ecológica y todas las otras modalidades de prácticas agrícolas sostenibles;

8.

Recuerda que la PAC es la más integrada de todas las políticas de la UE y que, por lo tanto, representa la parte más importante del presupuesto; reconoce que su proporción en el presupuesto se ha reducido constantemente desde alrededor del 75 % del total en 1985 al 39,3 % calculado para 2013 (7), lo que representa menos del 0,45 % del PIB total de la UE (8), y que, al mismo tiempo, las ayudas están más repartidas en la actualidad, con los 12 nuevos Estados miembros que se han unido a la UE;

9.

Opina, por tanto, que la PAC ha evolucionado, haciéndose más ecológica y más orientada hacia el mercado, y que ha reducido de forma espectacular su impacto sobre los países en desarrollo, apoyando al mismo tiempo a los agricultores en la producción de alimentos de calidad para los consumidores europeos;

10.

Señala que la seguridad alimentaria sigue siendo el reto central para la agricultura no sólo de la UE sino de todo el mundo, en particular en los países en desarrollo, pues, de acuerdo con la FAO, se calcula que la población mundial pasará de 7 000 a 9 000 millones en 2050, y que para esa fecha la proyección es que se duplique la demanda de alimentos (en particular, en economías emergentes como China y la India);

11.

Afirma que Europa deberá seguir apoyando el abastecimiento global de alimentos para contribuir a hacer frente a estas necesidades en un contexto de abandono creciente de la actividad agrícola, menos agua y menos suministro de energía debido al cambio climático, que impondrá importantes limitaciones a la capacidad europea de aumentar la oferta;

12.

Constata que la crisis energética mundial y el aumento de los precios de la energía influirán al alza en los costes de producción agrícola, lo que dará lugar al aumento de los precios de los alimentos y a una creciente volatilidad de los precios en el mercado, tanto para los agricultores como para los consumidores, lo cual tendrá consecuencias negativas sobre la estabilidad del abastecimiento de alimentos y limitará de forma importante la capacidad de mantener y aumentar los actuales niveles de producción; considera, no obstante, que la autosuficiencia energética de los sectores agrícola y forestal podría acrecentar su sostenibilidad;

13.

Considera que la agricultura está bien situada para hacer una contribución importante a la lucha contra el cambio climático, a través de la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la captura de carbono;

14.

Reconoce que la agricultura ya ha llevado a cabo importantes avances para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y afrontar de forma más general los problemas medioambientales (gestión del agua, los suelos, la biodiversidad, la biomasa, etc.), pero que será necesario proseguir estos esfuerzos para lograr que los modos de producción sean compatibles con un desarrollo más sostenible que equilibre los resultados económicos, sociales y medioambientales;

15.

Recuerda que debe responderse a las expectativas de los consumidores en cuanto a la garantía de la seguridad alimentaria, así como a su demanda de un alto nivel de calidad, mayor bienestar de los animales y buena relación calidad-precio;

16.

Considera que la PAC debe seguir aportando soluciones y ayudas concretas a los riesgos de abandono de tierras, despoblación rural y envejecimiento de la población rural en la UE, creando financiación y ayudas apropiadas para este objetivo, de modo que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de las comunidades rurales de la UE; opina, por consiguiente, que es también necesario seguir practicando un desarrollo rural focalizado en la PAC;

17.

Estima que la PAC debe aportar respuestas inmediatas a los efectos de la crisis económica en las empresas agrícolas, como la falta de acceso de los agricultores al crédito, las limitaciones de los ingresos agrícolas (9) y el creciente desempleo rural;

18.

Señala, por consiguiente, que las diferencias en la capacidad de los Estados de abordar la crisis económica podría derivar en crecientes desigualdades entre las regiones rurales de la UE;

19.

Admite que la PAC debe tener en cuenta las diferencias estructurales y de necesidades de modernización del sector agrícola en la UE ampliada, buscando equilibrar los niveles de desarrollo y cohesión;

20.

Estima que, a la luz de estos desafíos, a partir de 2013 las prioridades de la PAC deben enmarcarse en una política alimentaria multifuncional fuerte, sostenible, bien respaldada y creíble, que envíe un mensaje claro para apoyar con eficacia y de forma focalizada a los agricultores y dar respuesta a las preocupaciones de la comunidad rural, beneficiando a la vez a la sociedad en general;

21.

Considera, a la luz de la estrategia Europea 2020, que es necesaria una Política Agrícola Común europea fuerte para responder a los intereses de todos los agricultores europeos y beneficiar de forma más amplia a la sociedad; opina que esta política debe permitir que la agricultura ocupe el lugar que le corresponde en la economía europea y garantizar que cuente con los instrumentos que le permitan competir en los mercados mundiales; cree que, por motivos estratégicos, la UE no puede permitirse confiar en que otras partes del mundo garanticen la seguridad alimentaria europea habida cuenta del cambio climático, la inestabilidad política en determinadas regiones del mundo y la probabilidad de brotes de enfermedades o de otros acontecimientos que pueden reducir la capacidad de producción;

22.

Recuerda que la agricultura sigue siendo un sector fundamental de la economía de la UE, con una importante contribución al PIB y al empleo en la UE, tanto directa como indirectamente a través del efecto multiplicador en los mercados industriales, ascendentes y descendentes, de la alimentación y las bebidas; considera, por tanto, que una agricultura y una industria agroalimentaria fuertes son indisociables y contribuyen de manera recíproca a sus éxitos, especialmente en la exportación;

23.

Recuerda que una de las principales razones por las que la UE necesita una PAC fuerte es su contribución al mantenimiento y al desarrollo de comunidades rurales viables y dinámicas, fundamentales para la diversidad cultural europea, y que estas comunidades son la clave de un desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado en todo el territorio europeo; considera que ello requiere colmar la brecha socioeconómica que existe entre las comunidades rurales y urbanas, con el fin de evitar el creciente abandono de la tierra y la despoblación rural, que son factores adicionales para el aislamiento de las zonas rurales;

24.

Señala que existe una necesidad urgente de atraer a las generaciones jóvenes y a las mujeres a las zonas rurales y ofrecerles, a través de políticas a largo plazo, nuevas oportunidades económicas alternativas para garantizar una población rural sostenible; considera que deben explorarse nuevas formas de atraer a los jóvenes, como la disponibilidad de préstamos en condiciones favorables y el crédito a la inversión, así como el reconocimiento de su capacidad profesional, con el fin de que pueden tener un acceso relativamente fácil a la economía rural; es consciente de los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes agricultores cuando intentan incorporarse al sector, como los elevados costes iniciales, el coste prohibitivo de la tierra y la dificultad de acceder al crédito, en particular en épocas difíciles;

25.

Considera que el aumento del desempleo rural debe abordarse manteniendo los puestos de trabajo existentes, fomentando los empleos de calidad y promoviendo posibilidades de diversificación y nuevas fuentes de ingresos;

26.

Recuerda que, como apunta acertadamente el artículo 39 del Tratado de Lisboa, la agricultura es un sector específico que adolece de un ciclo de producción largo y varios tipos de disfunciones del mercado, como la gran volatilidad de este, una gran exposición a los desastres naturales, un alto nivel de riesgo, falta de elasticidad de la demanda y el hecho de que en la cadena agroalimentaria los agricultores no son quienes determinan los precios, sino quienes se ven obligados a aceptarlos;

27.

Considera que, para algunos sectores agrícolas que requieren importantes inversiones de capital durante ciclos de producción plurianuales (para la producción de leche, cítricos, vino, aceitunas y frutas en general), deben ponerse en marcha nuevas modalidades para la gestión de la oferta;

28.

Señala, como punto más importante, que en el futuro, la política agrícola europea debe seguir siendo una política común y que únicamente un régimen de ayuda equilibrado y justo en toda la UE con un conjunto común de objetivos y normas –que reconozca la especificidad de algunos sectores y regiones– puede establecer condiciones adecuadas para los agricultores y un mercado único que funcione correctamente en condiciones de competencia justas para los productos agrícolas y los agricultores dentro de la UE, con lo que se conseguirá una mayor rentabilidad que con políticas agrícolas renacionalizadas y, posiblemente, conflictivas, en los distintos Estados miembros;

29.

Considera que la PAC debe lograr la coexistencia de:

30.

Subraya que los alimentos son el bien colectivo más importante producido por la agricultura; es consciente de que los agricultores generan una serie de bienes colectivos por los que el mercado no les ofrece una retribución; insiste, por consiguiente, en que deben ser retribuidos equitativamente y que deben seguir recibiendo incentivos para que no dejen de ofrecer productos seguros y de alta calidad, mejores condiciones de bienestar para los animales y nuevas ventajas medioambientales, además de crear más puestos de trabajo, y conservar el espacio natural en toda Europa;

31.

Recuerda, por tanto, que de no continuar con una actividad agrícola sostenible (que sea viable a largo plazo en los planos económico, social y medioambiental) en toda la UE, la generación de esos bienes colectivos estará en peligro;

32.

Reconoce que generaciones de agricultores han dado forma a los valiosos paisajes de la UE y que, por tanto, deben ser retribuidos para continuar esa labor de modo sostenible, especialmente en las zonas de montaña y las zonas naturalmente desfavorecidas; cree que contribuyen activamente al gran valor cultural y al gran atractivo de Europa, proporcionando el escenario para un turismo rural provechoso; señala que será necesario proporcionar un complemento mediante instrumentos de la política regional europea e instrumentos nacionales con el fin de crear a partir de los consiguientes efectos sinérgicos unas condiciones regionales estables, que representan un requisito esencial para el funcionamiento adecuado de la agricultura;

33.

Señala que los agricultores pueden proporcionar nuevos beneficios medioambientales que satisfagan demandas de la sociedad, en especial por lo que se refiere a la conservación y la recuperación del suelo, la buena gestión y la mejora de la calidad del agua y la conservación de la biodiversidad en el sector agrario, y que se les debe alentar a ello y apoyar las inversiones en este sentido;

34.

Subraya que la condicionalidad supedita la concesión de ayudas directas al respeto de exigencias reglamentarias y al mantenimiento de las superficies agrícolas en buenas condiciones agronómicas y medioambientales y sigue siendo uno de los dispositivos más adecuados para optimizar la oferta de servicios ecosistémicos por parte de los agricultores y responder a los nuevos retos medioambientales al garantizar la oferta de bienes colectivos; señala, sin embargo, que el establecimiento de la ecocondicionalidad ha planteado numerosos problemas administrativos y de aceptabilidad por parte de los agricultores, que tenían la impresión de perder cierta libertad en su trabajo; pide, por lo tanto, la reducción de las cargas administrativas sobre los agricultores mediante un sistema de aplicación simplificado de los requisitos de condicionalidad;

35.

Cree que el balance climático de la agricultura puede mejorarse considerablemente mejorando la educación y la formación de las personas que trabajan en la agricultura, aprovechando mejor las innovaciones derivadas de la investigación y el desarrollo y mejorando la eficiencia de la producción agrícola;

36.

Considera, al igual que las investigaciones más recientes, que sin una política agrícola común y unas buenas prácticas agrícolas se desarrollarían métodos de producción no sostenibles en la UE (intensificación extrema en las mejores tierras y abandono generalizado de tierras en las zonas desfavorecidas) que causarían graves daños medioambientales; insiste en que el coste de la ayuda proporcionada por una PAC fuerte no es comparable al coste de la inactividad y sus consecuencias negativas no intencionadas;

37.

Cree que la agricultura se encuentra en una buena posición para contribuir de modo importante a la consecución de las prioridades de la nueva estrategia UE 2020, como la lucha contra el cambio climático y la creación de empleo gracias al crecimiento verde y al suministro de energías renovables, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria de los consumidores europeos con productos alimentarios seguros y de alta calidad;

38.

Insiste en que la agricultura de la UE debe seguir siendo competitiva ante la dura competencia y las medidas de distorsión del mercado por parte de socios comerciales y/o de países donde los productores no están sometidos a normas tan estrictas como en la UE, en particular en lo que se refiere a la calidad de los productos, las seguridad alimentaria, la legislación en materia de medio ambiente y el bienestar animal; cree, por consiguiente, que la mejora de la competitividad a distintos niveles (local, regional, mercado interior y mercados mundiales), debe seguir siendo un objetivo fundamental de la PAC después de 2013 para lograr que la UE disponga de una amplia gama de productos alimentarios y otros productos agrícolas diversificada y de gran valor que sigan ganando cuota en el mercado mundial, garantizándose además condiciones de comercio justo y precios remuneradores para los agricultores;

39.

Recuerda que los agricultores de la UE deben producir alimentos que satisfagan los máximos niveles de seguridad, calidad y bienestar de los animales y que deben obtener una compensación por ello; cree que las importaciones de terceros países deben cumplir, respetando siempre los derechos y las obligaciones de la OMC, las mismas exigencias para garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones con conocimiento de causa respecto de los productos que compran sobre la base, entre otras cosas, de una trazabilidad fiable; pide a la Comisión que proteja los intereses de los agricultores europeos en el marco de los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales que se negocian en nombre de la UE;

40.

Insiste en que el mantenimiento de la actividad agrícola en toda Europa es fundamental para mantener una producción de alimentos diversa a nivel local, garantizar el dinamismo socioeconómico y el empleo rurales, en particular en el contexto de la actual crisis económica, y evitar el riesgo de abandono de tierras en el territorio rural de la UE, a través de la continua conservación del medio ambiente y la gestión de los paisajes; cree, por tanto, que las regiones desfavorecidas deben tener la oportunidad de superar los obstáculos adicionales derivados de su situación específica y tomar las medidas necesarias para adaptarse; considera que debe abordarse el reto específico que supone la agricultura de subsistencia;

41.

Subraya que los agricultores necesitan perspectivas de inversión a largo plazo y unos ingresos suficientes para llevar a cabo sus misiones; pide, por tanto, que la garantía de ingresos justos y estables para la comunidad agrícola siga siendo uno de los principales objetivos de la nueva PAC, proporcionando al mismo tiempo una buena relación calidad-precio y un trato justo los consumidores, en particular mediante una mayor competitividad en el sector agrícola y permitiendo que los agricultores cubran sus costes reales y reaccionen a las señales del mercado;

42.

Pide que se adopten medidas para fortalecer la capacidad de gestión y el poder negociador de los productores primarios y de las organizaciones de productores con respecto a otros operadores de la cadena alimentaria, y que se promueva la creación de organizaciones que refuercen los lazos entre las distintas partes interesadas dentro de cada sector, dado que pueden mejorar la difusión de la información y contribuir a adaptar la oferta a las demandas de los consumidores; considera que este tipo de medidas podría mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria con una mayor transparencia de los precios de los alimentos y actuaciones para poner coto a las prácticas comerciales injustas, de forma que los agricultores puedan obtener el valor añadido que merecen; opina que la realización de estos objetivos puede exigir un ajuste o una clarificación de las normas de competencia de la UE, con el fin de tener en cuenta las características específicas de los mercados agrícolas, siempre que ello no suponga un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior;

43.

Cree que deben adoptarse medidas flexibles y eficaces de regulación del mercado para que en el futuro marco de la PAC exista una red de seguridad efectiva para evitar la volatilidad extrema de los precios de mercado, ofrecer un mayor grado de estabilidad y proporcionar respuestas rápidas y eficaces a las crisis económicas que surjan en el sector; considera que todo ello debe complementarse con un sistema de gestión de riesgos que permita minimizar las consecuencias de las catástrofes naturales o sanitarias;

44.

Opina también que, para gestionar más eficazmente el mercado y evitar crisis por exceso de producción, deben mantenerse los instrumentos específicos de gestión del potencial de producción de los que se dispone en determinados sectores, sobre la base de los principios de equidad y no discriminación;

45.

Pide una distribución justa de los pagos de la PAC e insiste en que ésta debe ser equitativa para todos los agricultores, independientemente de que vivan en un nuevo o un antiguo Estado miembro;

46.

Considera que la reducción de las ayudas directas en el marco del primer pilar tendría consecuencias devastadoras no solo para los agricultores, sino en igual medida para las zonas rurales, los servicios públicos derivados de la producción agrícola para los consumidores y para la sociedad, que es la beneficiaria en su conjunto; considera, por consiguiente, que las ayudas directas son fundamentales, por lo que deben mantenerse; señala el impacto negativo que podría tener una posible reducción en la financiación de la PAC por lo que se refiere al valor de las propiedades agrícolas, con consecuencias especialmente graves para los agricultores que han contraído préstamos bancarios, especialmente en el contexto de la crisis económica que ha afectado seriamente a la agricultura europea;

47.

Cree que la viabilidad de las empresas agrícolas es fundamental para la vitalidad de las comunidades rurales, pues generan empleo y servicios a nivel local; opina, por tanto, que en la PAC deben participar las comunidades locales, con el fin de establecer las condiciones necesarias para su viabilidad socioeconómica, a través, entre otros medios, de la conservación de las explotaciones familiares y de la continua reestructuración y modernización de las explotaciones en los casos en que sea necesario; recuerda que las medidas de diversificación y el desarrollo de las infraestructuras rurales también son importantes a este respecto;

48.

Cree que la agricultura debe ser protagonista en la superación del cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando la capacidad de captura de carbono y desarrollando y utilizando fuentes de energía más renovables y agromateriales; cree que, cuando resulte apropiado, las consideraciones climáticas deben integrarse en las medidas de la PAC;

49.

Considera que la eficiencia de la producción es fundamental para una gestión más sostenible de los escasos recursos y que los agricultores deben innovar en sus itinerarios técnicos de producción haciendo uso de los más eficaces instrumentos de gestión financieros, científicos y técnicos para contribuir a satisfacer la creciente demanda de alimentos y de materias agrícolas renovables de una manera más sostenible desde los puntos de vista económico, social y medioambiental;

50.

Subraya, en el contexto de la Estrategia UE 2020, que la investigación y el desarrollo, el uso de las nuevas tecnologías y las buenas prácticas en la agricultura son factores importantes para la mejora de la competitividad y el aumento de la producción, que permiten a la vez reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes, así como de recursos escasos como el agua y la energía; opina que la inversión en innovación agrícola debe recibir mayores incentivos, en particular a través de la PAC y de los programas marco de investigación y desarrollo de la UE, con el fin de poder hacer frente a los nuevos desafíos;

51.

Recomienda, en este contexto, la presencia activa de consejeros agrónomos en las regiones para guiar a los agricultores en sus intentos de ofrecer bienes colectivos medioambientales;

52.

Considera que es necesario introducir garantías para velar por que las biotecnologías puedan seguir utilizándose en la agricultura sin comprometer los métodos de producción existentes;

53.

Observa que, hasta la fecha, el mercado no ha retribuido debidamente a los agricultores por proteger el medio ambiente y otros bienes públicos; considera, por consiguiente, que la PAC debe dar mayor prioridad a la sostenibilidad, ofreciendo a los agricultores incentivos económicos adecuados para que optimicen la prestación de servicios para el ecosistema y mejoren una gestión de los recursos de las tierras agrícolas de la UE respetuosa con el medio ambiente; insiste en que esto debe conseguirse sin crear una carga financiera o burocrática adicional para los agricultores;

54.

Cree que gracias a la mejora de los factores de producción debido a la evolución de los conocimientos, los agricultores se encuentran en una buena posición para contribuir al crecimiento «verde» y responder a la crisis energética mediante el desarrollo de energía verde en forma de biomasa, biorresiduos, biocombustibles de segunda generación y pequeñas instalaciones de energía eólica, solar o hidroeléctrica, lo que también contribuirá a crear oportunidades de empleo verde;

55.

Insiste en que una política agrícola común es más pertinente que nunca para garantizar la dimensión transfronteriza del abastecimiento de alimentos, el cambio climático, las estrictas normas comunes de protección medioambiental, la seguridad y calidad de los productos y el bienestar de los animales dentro de un mercado único que funcione correctamente;

56.

Cree que la nueva PAC, con un sistema simplificado de ayudas, debe permitir una administración fácil y transparente, reduciendo la burocracia y las cargas administrativas que recaen sobre los agricultores, en particular los pequeños productores, con el fin de que puedan concentrarse en su función primordial de ofrecer productos agrícolas de alta calidad; considera que esto podría conseguirse, entre otras cosas, avanzando hacia el uso de instrumentos de prestación de la ayuda en los que se fijen los objetivos y que permitan a los agricultores elegir sus propios sistemas de producción para cumplirlos, como acuerdos sobre resultados, contratos sencillos y pagos plurianuales;

57.

Pide que se establezcan instrumentos adecuados para explicar el contenido de la PAC no solo a los agricultores, sino a todos los ciudadanos europeos, comunicando de manera transparente los objetivos perseguidos, los medios disponibles y los beneficios esperados de la aplicación de la PAC;

58.

Considera que la Comisión debe adoptar un planteamiento más proporcionado y basado en los riesgos con respecto a la aplicación de controles de regulación, a la realización de auditorías para determinar el cumplimiento y a la imposición de correcciones financieras;

59.

Pide que se facilite puntualmente al Parlamento Europeo información actualizada sobre la situación corriente del presupuesto agrícola;

60.

Confía en la reconfiguración de la PAC, en línea con las conclusiones del Consejo Europeo de primavera sobre Europa 2020, con vistas a ofrecer instrumentos que generen un crecimiento inteligente, inclusivo y verde;

61.

Es consciente de la amplia gama de actuales y nuevas prioridades de la PAC y señala que los nuevos Estados miembros, cuando se adhirieron a la Unión Europea, esperaban justificadamente que con el tiempo, alcanzarían un nivel comparable al de los antiguos Estados miembros por lo que se refiere a la ayuda de la PAC; pide, con el fin de responder plenamente a los nuevos desafíos y cumplir las prioridades de la PAC reformada, que, como mínimo, los importes que se asignen a la PAC en el presupuesto de 2013 se mantengan durante el próximo periodo de programación financiera;

62.

Pide que el presupuesto de la PAC tenga un mecanismo de flexibilidad de final de ejercicio que permita transferir y reasignar al ejercicio siguiente las cantidades no utilizadas;

63.

Insiste en que la PAC no debe renacionalizarse y, por tanto, considera que las ayudas directas deben seguir siendo íntegramente financiadas por el presupuesto de la UE, rechazando toda nueva cofinanciación que perjudicaría la competencia leal dentro del mercado único de la UE;

64.

Pide una distribución equitativa de los fondos de la PAC entre los agricultores de toda la UE; recuerda que para respetar la diversidad de la agricultura de la UE, deben buscarse criterios objetivos para definir un sistema de reparto justo; señala que las ayudas directas contribuyen a la oferta de bienes colectivos, a estabilizar los ingresos de los agricultores y protegerles de los riesgos, compensando así, en parte, las estrictas normas de la UE, deseables desde el punto de vista social, y la continua reducción de las barreras arancelarias, y remunerando de este modo las prestaciones de los agricultores de bienes colectivos, que no obtienen remuneración en el mercado;

65.

Cree que la ayuda directa debe pasar a ser una ayuda por superficie en todos los Estados miembros en el próximo periodo de programación financiera; ello permitiría establecer un periodo transitorio suficiente, que permita a los agricultores y estructuras agrícolas que aún utilizan el sistema histórico de pagos flexibilidad suficiente para que se adapten a los cambios, así como evitar una redistribución de la ayuda demasiado radical, sin perjuicio de conseguir rápidamente una distribución equilibrada de la ayuda entre los Estados miembros; observa que el abandono del sistema histórico puede crear problemas específicos en los Estados miembros o las regiones que tienen una cantidad relativamente elevada de tierras subvencionables por las que no se han reclamado pagos; pide que se preste la debida atención a las necesidades específicas de estas regiones cuando se planifiquen las futuras ayudas; cree, igualmente, que los Estados miembros y las regiones deben conservar la flexibilidad para regionalizar sus sistemas de pagos por superficie de modo que estos reflejen sus propias prioridades, respetando a la vez la competencia leal en el mercado interior;

66.

Considera que no se debe volver a los pagos asociados como principio rector de la PAC; estima, sin embargo, que, habida cuenta del cambio del modelo de ayudas histórico a uno basado en la superficie como resultado de las decisiones subsiguientes al «chequeo», debe dejarse a los Estados miembros un margen adecuado de flexibilidad; considera que este margen de flexibilidad permitirá a los Estados miembros responder a las necesidades propias de su territorio e impedir que se detenga totalmente la producción o se reduzca la diversidad de la agricultura; opina que este margen de flexibilidad debe conseguirse mediante un número restringido de pagos asociados para sectores y territorios agrícolas vulnerables y zonas medioambientalmente frágiles, respetando las exigencias de la OMC y garantizando condiciones de mercado justas para los agricultores de toda la UE;

67.

Identifica la necesidad de pilares centrales —seguridad alimentaria y comercio justo, sostenibilidad, agricultura en toda Europa, calidad de los productos alimentarios, biodiversidad y protección del medio ambiente, y crecimiento verde— para conseguir una PAC equitativa y más sostenible; considera que debe mantenerse la estructura en dos pilares, pero que se debe evitar la duplicación de objetivos políticos y de instrumentos, y también reflejar el contenido de los pilares descritos;

68.

Cree que, en aras de la simplificación, de la claridad y de un planteamiento común, la financiación de cada una de las prioridades de la PAC debe ser objeto de acuerdo desde el comienzo de la reforma;

69.

Sostiene que la viabilidad de las explotaciones y la calidad de vida de los agricultores es condición inexcusable para que siga habiendo actividad agraria; cree, por tanto, que debe haber un pago básico directo por superficie financiado por la UE para todos los agricultores de la Unión para garantizar la sostenibilidad social y económica del modelo europeo de producción agrícola que debe proporcionar a los consumidores europeos una seguridad alimentaria básica, permitir que los agricultores produzcan alimentos de alta calidad de modo competitivo, garantizar que se fomenten la actividad agrícola y el empleo en las zonas rurales de toda la UE y generar bienes colectivos de base gracias a los requisitos de condicionalidad relativos a las buenas condiciones agrarias y medioambientales, así como a las normas sobre calidad y bienestar de los animales;

70.

Pide que se establezca un requisito absoluto para compensar únicamente la producción agrícola activa, por el cual se incluirían unos requisitos de actividad mínima en las normas de condicionalidad como condición previa para los pagos, y que la proporcionalidad sea el principio fundamental cuando se apliquen las normas;

71.

Cree que se debe ofrecer a los agricultores un pago adicional por superficie financiado por la UE mediante contratos sencillos y plurianuales que les retribuyan por reducir sus emisiones de carbono por unidad de producción y aumentar su captura de carbono en el suelo, mediante métodos de producción sostenibles y producción de biomasa que pueda aprovecharse para la producción de materiales agrícolas duraderos;

72.

Señala que así se conseguirían dos ventajas, a saber, aumentar la sostenibilidad medioambiental y económica de la agricultura de la EU mediante unas emisiones de carbono inferiores o una mejora de la eficiencia y garantizar que los agricultores puedan beneficiarse económicamente del aumento en la captura de carbono en sus tierras, dándoles el mismo trato que a otros sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; pide que se definan adecuadamente criterios y objetivos claros y cuantificables para que estos pagos se pongan en marcha lo antes posible en todos los Estados miembros;

73.

Pide que se mantengan las medidas específicas para compensar a los agricultores que producen en zonas desfavorecidas con desventajas naturales, como , entre otras, las regiones montañosas, las zonas medioambientalmente frágiles y/o las regiones más afectadas por el cambio climático, así como las regiones ultraperiféricas, para garantizar la conservación de la actividad agraria y el mantenimiento de la gestión de la tierra, así como la producción de alimentos en toda la UE, reduciendo el riesgo de abandono de tierras y logrando una gestión territorial equilibrada en toda la UE y un desarrollo racional de la producción agrícola;

74.

Considera que toda reforma del régimen de ayuda a las zonas desfavorecidas, especialmente en relación con el modo de designar y clasificar las zonas desfavorecidas, debe tener cuenta las dificultades experimentadas por los agricultores en toda la UE, puesto que son muy distintas en función de las diferentes condiciones biofísicas y climáticas; opina que las zonas que puedan excluirse en el marco de una nueva normativa deben disponer de un período adecuado para la progresiva desaparición en cuestión;

75.

Destaca la particular función que desempeñan los agricultores en las zonas periurbanas, en las que los recursos rurales y agrícolas pueden estar sometidos a fuertes presiones; insiste en que esta producción de alimentos y bienes colectivos cerca de medios urbanos debe mantenerse;

76.

Destaca que el desarrollo de la política de calidad de los productos alimenticios, en particular en lo que se refiere a la denominación de origen (DOP/IGP/ETG), debe ser un aspecto prioritario de la Política Agrícola Común que se ha de profundizar y reforzar y en el que se ha de profundizar para que la Unión Europea pueda mantener su liderazgo en este sector; opina que, en el caso de estos productos de calidad, conviene que se puedan aplicar instrumentos originales de gestión, protección y promoción que les permitan desarrollarse de manera armoniosa y seguir prestando una importante contribución al crecimiento sostenible y la competitividad de la agricultura europea;

77.

Cree que los agricultores pueden contribuir a la biodiversidad y a la protección del medio ambiente, así como a la adaptación y mitigación del cambio climático, de forma eficiente, lo que requiere más incentivos; pide que la PAC ofrezca la posibilidad de que la gran mayoría de las tierras agrícolas puedan acogerse a programas agroambientales que retribuyan a los agricultores por la prestación de servicios adicionales al ecosistema, al tiempo que promueva modelos de producción más sostenible y que necesiten menos insumos, como la agricultura ecológica, la agricultura integrada, el desarrollo de una agricultura de elevado valor natural y las prácticas sostenibles de agricultura intensiva; considera que todas estas medidas de desarrollo rural deben seguir siendo cofinanciadas, aumentando las dotaciones presupuestarias si resultara necesario;

78.

Tiene el convencimiento de que el crecimiento «verde» debe ser fundamental en la nueva estrategia de desarrollo rural que se concentre en los esfuerzos para la creación de empleos verdes mediante

79.

Cree que para reforzar los pilares de la PAC debe mantenerse una red de seguridad adecuada; opina que esta red de seguridad debe ser lo suficientemente flexible como para tener en cuenta la evolución del mercado e incluir herramientas como el almacenamiento público y privado, la intervención y la descongestión del mercado, que deberán activarse en caso necesario para hacer frente a una extrema volatilidad de los precios y como instrumento de reacción rápida en caso de crisis; con este fin, considera que se debe incorporar al presupuesto de la UE una línea presupuestaria especial de reserva que pudiera activarse con rapidez para responder a las crisis que puedan surgir;

80.

Pide que estas medidas vayan respaldadas por instrumentos diseñados para contribuir a reducir la volatilidad y crear condiciones estables para las empresas y la planificación del sector agrícola; opina, en este contexto, que también se deben estudiar nuevos instrumentos económicos y financieros innovadores, como una política general de seguros frente a los riesgos de las cosechas, mercados de futuros y fondos de mutualización, como medio para abordar unas condiciones extremas de mercado o meteorológicas, sin perturbar los sistemas privados que se están desarrollando;

81.

Considera que el control del desarrollo del potencial de producción puede representar una herramienta de suma utilidad para un crecimiento sostenible en varios sectores agrícolas;

82.

Insiste en que, para completar las medidas sobre los mercados, existe la necesidad urgente de fortalecer la posición de los productores primarios en la cadena de suministro de alimentos mediante una serie de medidas en materia de transparencia, relaciones contractuales y prácticas comerciales desleales; considera que también deben estudiarse posibles ajustes a las normas sobre la competencia que permitan que las organizaciones de productores primarios sean más eficaces y, cuando sea necesario, crezcan en tamaño, de modo que adquieran un mayor poder de negociación para hacer frente a los grandes distribuidores y procesadores; considera, en este contexto, que debe examinarse la designación de defensores nacionales y europeos con el fin de resolver las diferencias dentro de la cadena de suministro de alimentos;

83.

Recuerda que, en la actual gama de instrumentos de mercado y en el contexto de los compromisos adquiridos en el seno de la OMC, debe continuar la progresiva desaparición de las restituciones a la exportación en la UE, de forma paralela con medidas similares que adopten los socios de la OMC;

84.

Cree que es necesario fomentar la competitividad de la agricultura europea dentro y fuera de las fronteras comunitarias, para poder hacer frente a los grandes retos de futuro, entre los que figuran la seguridad alimentaria de la UE, el suministro de alimentos a una población mundial en crecimiento, el respeto del medioambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático;

85.

Recuerda que la UE puede financiar, en países europeos y terceros, medidas para la obtención de información o promoción en relación con las ventajas de los productos agrícolas y alimenticios europeos en Europa y en todo el mundo; considera que el presupuesto para estos fondos debe revisarse con el fin de mejorar la visibilidad de los productos agrícolas y alimentarios de la UE en los mercados, tanto en la UE como en terceros países; considera que la puesta en práctica de estos planes promocionales debe ser más amplia y que éstos deben tener una aplicación mayor y más eficaz en el marco de la nueva PAC;

86.

Considera que la Política Agrícola Común debe permitir que todos los consumidores, y en particular los más pobres, tengan una alimentación más sana basada en una gama de productos más diversificada a precios asequibles; para luchar contra la pobreza y mejorar la salud, conviene seguir aplicando los programas de ayuda a los más necesitados y extender los programas destinados a favorecer el consumo de frutas y verduras en las escuelas;

87.

Considera que la concepción y la aplicación de la nueva PAC debe basarse en la sencillez, la proporcionalidad y la reducción de la burocracia y de los costes administrativos;

88.

Subraya la necesidad, habida cuenta de los objetivos de la nueva Política Agrícola Común, de prever una financiación suficiente en el nuevo marco financiero plurianual, con el fin de poder prestar un mejor apoyo a dicha política de acuerdo con los importantes desafíos que este sector crucial para la seguridad alimentaria de la UE deberá afrontar en los próximos años;

89.

Recuerda que, durante los últimos cuatro años del actual marco financiero plurianual, sólo fue posible acordar los presupuestos anuales agotando los márgenes existentes en las distintas rúbricas del marco financiero plurianual o recurriendo a la revisión prevista en el artículo 23 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006, utilizando los márgenes disponibles por debajo de los límites máximos de la rúbrica 2 para financiar otras prioridades de la UE; señala que, a partir del ejercicio presupuestario 2011 y hasta el final del actual marco financiero plurianual (2013), los márgenes disponibles por debajo del límite máximo de la rúbrica 2 serán extremadamente limitados;

90.

Subraya que el carácter jurídicamente vinculante del marco financiero plurianual exige la introducción de disposiciones de aplicación más flexibles para que la Unión pueda responder de manera suficientemente flexible y eficaz a los acontecimientos inesperados;

91.

Señala que, con arreglo al artículo 314, apartado 3, del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión ya no puede modificar su proyecto de presupuesto cuando ha sido convocado el Comité de Conciliación; recuerda que la Comisión tiene que presentar una carta rectificativa para actualizar las previsiones agrícolas en otoño; insiste en que la carta rectificativa esté disponible antes de la votación del Parlamento Europeo; pide a sus comisiones competentes que establezcan un procedimiento interno para definir la posición del Parlamento con vistas a la reunión del Comité de Conciliación;

92.

Recuerda que los proyectos piloto (PP) y las acciones preparatorias (AP), introducidas por el Parlamento Europeo, se han convertido en importantes herramientas para la formulación de las prioridades políticas y la introducción de nuevas iniciativas que a menudo, se convierten en actividades y programas comunitarios, también en el ámbito de la agricultura y del desarrollo rural; considera que los proyectos piloto y las acciones preparatorias podrían constituir también en el futuro plataformas para probar nuevas ideas de reforma;

93.

Pide a la Comisión que estudie exhaustivamente las recomendaciones del Parlamento Europeo cuando elabore su comunicación y sus propuestas legislativas;

94.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.