5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/116

A.

Considerando que la administración de justicia es una de las competencias nacionales de los Estados miembros,

B.

Considerando que, a la vista del Tratado de Lisboa, hay que subrayar que, una vez que entre en vigor, ampliará las competencias de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal e introducirá el procedimiento legislativo de codecisión en este ámbito, derogando el sistema de pilares,

C.

Considerando que el Programa de la Haya, al igual que el Programa de Tampere, establece la creación de un espacio europeo de justicia como una prioridad y subraya que el refuerzo de la justicia requiere el fomento de la confianza y consolidación de la confianza mutua, la aplicación de los programas de reconocimiento mutuo, la elaboración de normas equivalentes para los derechos procesales en los procesos penales, la aproximación de las legislaciones - con el fin de evitar que los delincuentes aprovechen las diferencias entre los sistemas judiciales y garantizar la protección de los ciudadanos dondequiera que se encuentren en la UE- y con vistas a fomentar el desarrollo de Eurojust,

D.

Considerando que, de acuerdo con el Informe de la Comisión, de 2 de julio de 2008, sobre la ejecución del programa de La Haya en 2007 (COM(2008)0373), el grado de cumplimiento de los objetivos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal fue bastante bajo, incluidos los bloqueos políticos y los retrasos, que se reflejan en el número cada vez menor de instrumentos adoptados, pero que en otros ámbitos, como la cooperación judicial en materia civil, la gestión de fronteras, la inmigración legal e ilegal y la política de asilo, se han conseguido avances satisfactorios,

E.

Considerando que los procesos penales tienen importantes y numerosas implicaciones en el campo de las libertades fundamentales, tanto de las víctimas del delito como de los sospechosos y de los acusados,

F.

Considerando que son fundamentales la protección de algunos derechos como los relativos a un juicio imparcial, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a los derechos de las víctimas de delitos, al principio ne bis in idem y las salvaguardias procesales mínimas en caso de detención preventiva, sobre todo en los procesos penales,

G.

Considerando que, en la práctica diaria, la cooperación judicial en materia penal sigue basándose en instrumentos de asistencia mutua como el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, del año 2000, y el Convenio del Consejo de Europa de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 1959,

H.

Considerando que, dentro de los límites de los objetivos y principios del Derecho europeo, el principio del reconocimiento mutuo implica que, cuando una autoridad judicial competente haya dictado sentencia en un Estado miembro, dicha sentencia será plena y directamente aplicable en todo el territorio de la Unión, y que las autoridades judiciales de los Estados miembros en cuyo territorio haya de ejecutarse deben contribuir a su ejecución como si fuera una resolución dictada por una autoridad competente de dicho Estado miembro, salvo que el instrumento en virtud del cual se ejecuta establezca límites para dicha ejecución,

I.

Considerando que la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, que ha sido como la piedra angular de la cooperación judicial desde el Consejo Europeo de Tampere, está lejos de ser satisfactoria y debe acompañarse de un conjunto uniforme de garantías y salvaguardias procesales,

J.

Considerando que, cuando se aplica este principio, como en el caso de la orden de detención europea, se ha demostrado que es eficaz y tiene un gran valor añadido para la cooperación judicial en la Unión Europea,

K.

Considerando que, para lograr toda su eficacia, el principio de reconocimiento mutuo depende en gran medida de la creación de una cultura judicial europea común, basada en la confianza mutua, principios comunes, cooperación y un cierto grado de armonización (por ejemplo, en la definición de determinados delitos y en las sanciones) y en una protección concreta de los derechos fundamentales, en particular en lo que se refiere a los derechos procesales, las normas mínimas de las condiciones y la revisión de la detención, los derechos de los detenidos y la existencia de vías accesibles para obtener indemnización,

L.

Considerando que la formación de jueces, fiscales, abogados defensores y otros partícipes en la administración de justicia desempeña un papel fundamental en el fomento de la confianza mutua y en el desarrollo de una cultura judicial europea común, al tiempo que sirve para mejorar el equilibrio entre los intereses del ejercicio tanto de la acción penal pública como de la defensa y para garantizar la continuidad y una defensa efectiva en las causas transfronterizas,

M.

Considerando que se han conseguido muchos avances en el ámbito de la formación judicial, en particular gracias a la contribución de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) y a sus actividades,

N.

Considerando que, a pesar de los importantes resultados conseguidos hasta ahora, el papel de la REFJ se ha visto limitado por dificultades relacionadas con su estructura organizativa y por la falta de recursos suficientes,

O.

Considerando, a la vista de dicha situación, que las autoridades judiciales no reciben en la actualidad los instrumentos de formación que necesitan para aplicar correctamente la legislación de la UE y que sólo una pequeña parte de la judicatura tiene acceso a una formación judicial centrada en la UE,

P.

Considerando que la acción futura con vistas al desarrollo del espacio de justicia penal en la UE solo puede basarse en una supervisión objetiva, imparcial, transparente, precisa y continua de la aplicación de las políticas e instrumentos jurídicos de la UE, así como de la calidad y la eficacia de la Justicia en los Estados miembros,

Q.

Considerando que en la actualidad no existe en el seno de la UE una supervisión global, constante y clara de las políticas de la UE en el campo de la justicia penal, ni tampoco de la calidad y eficacia de la Justicia,

R.

Considerando que este tipo de supervisión sería fundamental para los responsables de la toma de decisiones de la UE a la hora de establecer las acciones legislativas más adecuadas, reforzando al mismo tiempo la confianza recíproca en los respectivos sistemas judiciales,

S.

Considerando que este sistema de evaluación debe aprovechar las lecciones de los sistemas de evaluación existentes, sin duplicar esfuerzos ni resultados, y que el Parlamento debe participar activamente en el mismo,

T.

Considerando que el recientemente creado Foro de la Justicia podría aportar una contribución importante a la fase de evaluación previa de las iniciativas legislativas de la UE,

U.

Considerando que, para garantizar la coherencia de la acción de la UE sin dejar de salvaguardar los derechos fundamentales, debe efectuarse, por medio de los procedimientos apropiados, una consulta pública que incluya evaluaciones de impacto, antes de que la Comisión o los Estados miembros presenten propuestas o iniciativas para la adopción de instrumentos legislativos de la UE,

V.

Considerando que el intercambio continuo de información, prácticas y experiencias entre las autoridades judiciales de los Estados miembros contribuye de forma fundamental al desarrollo de un clima de confianza mutua, de lo que son prueba los notables resultados del programa de intercambio de autoridades judiciales,

W.

Considerando que aún falta un régimen general adecuado de protección de datos en el ámbito de la cooperación policial en materia penal, y que, a falta de este régimen, deben regularse cuidadosamente los derechos de las personas a que se refieren los datos en cada uno de los instrumentos legislativos,

X.

Considerando que, para garantizar su eficacia, el espacio de justicia penal en la UE debe recurrir a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, respetando a la vez los derechos fundamentales, y utilizar el instrumento de Internet en la aplicación de las políticas de la UE, así como para la difusión y el debate sobre la información y las propuestas,

Y.

Considerando que el cometido de las autoridades judiciales nacionales reviste una importancia cada vez mayor tanto en la lucha contra la delincuencia internacional como en la protección de los derechos y las libertades fundamentales,

Z.

Considerando que los organismos de coordinación, como Eurojust, han demostrado aportar un auténtico valor añadido y que su acción contra la delincuencia internacional ha aumentado en gran medida, a pesar de que sus competencias son aún demasiado limitadas y algunos Estados miembros son reacios a compartir información en este contexto,

AA.

Considerando la carencia de coordinación entre los abogados defensores, por lo que se les debe dar ayuda y respaldo a nivel de la UE;

AB.

Considerando que las mafias y la delincuencia organizada se han convertido en un fenómeno transnacional con un impacto social, cultural, económico y político en los Estados miembros y países vecinos, que es necesario combatir también a nivel social, cooperando con la sociedad civil y las instituciones democráticas,

1.

Recomienda al Consejo que:

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.