Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión

PUNTOS CLAVE

La Directiva:

• se aplica a las empresas de servicios de inversión autorizadas y supervisadas en virtud de la Directiva 2014/65/UE (véase la síntesis), también conocida como Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID 2), la cual proporciona un marco jurídico para los mercados de valores, los intermediarios de inversiones y los centros de negociación;
• no se aplica íntegramente a las empresas de inversión cuyos activos consolidados sean iguales o superiores a 15 000 millones de euros (es decir, la categoría «clase 1»); estas son supervisadas en cuanto al cumplimiento de los requisitos prudenciales con arreglo a los Títulos VII y VIII de la Directiva 2013/36/UE (véase la síntesis) en lugar de los Títulos IV y V de la Directiva.

Las autoridades nacionales competentes:

• supervisan las actividades de las empresas de servicios de inversión y, cuando proceda, de las sociedades de cartera de inversión y las sociedades financieras mixtas de cartera;
• tienen todas las competencias de investigación y obtención de información necesarias, incluida la capacidad de llevar a cabo controles in situ;
• tienen los conocimientos, los recursos, la capacidad operativa, las competencias y la independencia que necesitan para ejecutar sus labores;
• pueden intervenir en las actividades de las empresas de servicios de inversión de manera eficaz y proporcionada al aumentar la cantidad de fondos propios que deben tener, por ejemplo, para adecuarse a su perfil de riesgo;
• reciben toda la información que requieran de las empresas de servicios de inversión;
• cooperan de forma estrecha con otras autoridades u organismos públicos que supervisan entidades de crédito¹ y entidades financieras de su Estado miembro de la Unión Europea (UE), con el Sistema Europeo de Supervisión Financiera y con la Junta Europea de Riesgo Sistémico;
• intercambian información, sobre todo en relación con posibles riesgos y problemas, además de colaborar con homólogos de otros Estados miembros;
• tienen en cuenta las repercusiones de sus decisiones sobre el sistema financiero de otros Estados miembros y de la UE en conjunto;
• respetan el secreto profesional y la información confidencial;
• pueden celebrar acuerdos de cooperación con supervisores de terceros países;
• utilizan información sobre escalas salariales para evaluar las prácticas y tendencias en materia de salarios;
• ponen a la disposición del público información, como la legislación aplicable o los criterios y las metodologías que utilizan para la supervisión, y los datos estadísticos que han recopilado.

Los requisitos de capital para las empresas de servicios de inversión figuran en el Reglamento (UE) 2019/2033. La Directiva sobre empresas de servicios de inversión concede a las autoridades nacionales competentes el derecho de ampliarlas.

Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas:

• se aplican a incumplimientos de la Directiva, de su transposición nacional y del Reglamento (UE) 2019/2033, como la falta de comunicación de la información correcta a las autoridades competentes;
• son eficaces, proporcionadas y disuasorias;
• tienen en cuenta todas las circunstancias pertinentes, como la gravedad y duración del incumplimiento;
• pueden consistir en una multa de:
  • hasta el 10 % del volumen de negocios total neto anual de una empresa o el doble de la cantidad de beneficios obtenidos o pérdidas evitadas debido al incumplimiento, en caso de una empresa, o
  • hasta 5 millones de euros en el caso de una persona física;
• en caso de aplicarse, se publican en el sitio web de la autoridad competente, con detalles sobre el incumplimiento y el autor, y se notifican a la Autoridad Bancaria Europea.

Las empresas de servicios de inversión:

• deben registrar todas sus transacciones y documentar sus sistemas y procesos sujetos a esta Directiva y al Reglamento (UE) 2019/2033, lo que permite que las autoridades competentes realicen una supervisión eficaz;
• deben aplicar procedimientos internos adecuados que permitan a los empleados notificar todo incumplimiento de la Directiva, de su transposición al Derecho nacional o del Reglamento (UE) 2019/2033;
• deben tener dispositivos de gobernanza sólidos, incluidos:
  • una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes,
  • unos procesos eficaces para identificar, gestionar, controlar y notificar los riesgos a los cuales ellos, u otros, puedan estar expuestos,
  • unos mecanismos de control interno adecuados, como procedimientos sólidos de contabilidad y administración,
  • unas políticas salariales coherentes con una gestión del riesgo eficaz y correcta;
• deben proporcionar información sobre sucursales en otros Estados miembros o terceros países, como el volumen de negocios, los beneficios, las pérdidas y el número de empleados, de forma anual;
• no pueden, si se benefician de una ayuda financiera pública particular, realizar ningún pago variable a los miembros del órgano de dirección.

Las normas de evaluación y supervisión indican que las autoridades competentes deben:

• revisar y evaluar las disposiciones, las estrategias, los procesos y los mecanismos de las empresas de servicios de inversión para cumplir con la Directiva y el Reglamento (UE) 2019/2033;
• exigir a las empresas de servicios de inversión que tomen, en una fase temprana, las medidas necesarias si no cumplen con la Directiva ni el Reglamento (UE) 2019/2033 o si son susceptibles de incumplir las disposiciones nacionales.

La Autoridad Bancaria Europea:

• elabora, en consulta con la Autoridad Europea de Valores y Mercados, varios proyectos de normas técnicas de regulación;
• prepara un informe sobre criterios técnicos relacionados con objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza;
• evalúa la información de las autoridades competentes sobre sus procesos de evaluación y revisión para fomentar la uniformidad en toda la UE;
• notifica al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea el grado de convergencia alcanzado en el marco del proceso de revisión.

La Directiva de modificación (UE) 2023/2864 inserta un artículo en la Directiva (UE) 2019/2034 que obliga a los Estados miembros, a partir del 10 de enero de 2030, a garantizar que, al hacer pública cualquier información regulada destinada a los inversores, las empresas de servicios de inversión o las empresas matrices la presenten al mismo tiempo al organismo de recogida, y la notifiquen a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a efectos de hacerla accesible en el punto de acceso único europeo, creado en virtud del Reglamento (UE) 2023/2859.

La Comisión Europea tiene derecho a adoptar actos delegados por un período de 5 años a partir del 25 de diciembre de 2019. El Parlamento o el Consejo pueden revocar este poder en cualquier momento. Desde entonces, la Comisión ha adoptado los actos delegados siguientes:

• el Reglamento Delegado (UE) 2021/2153 relativo a las normas técnicas que especifican los criterios para someter a determinadas empresas de servicios de inversión a los requisitos del Reglamento (UE) n.^o 575/2013 (véase la síntesis);
• el Reglamento Delegado (UE) 2021/2154 relativo a las normas técnicas que especifican los criterios idóneos para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de una empresa de servicios de inversión o en los activos que administra;
• el Reglamento Delegado (UE) 2021/2155 relativo a las normas técnicas que especifican las clases de instrumentos que reflejan de manera adecuada la calidad crediticia de la empresa de servicios de inversión en una perspectiva de continuidad de la explotación y las posibles soluciones alternativas que resultan adecuadas a efectos de la remuneración variable;
• el Reglamento Delegado (UE) 2022/2579 relativo a las normas técnicas que especifican la información que debe facilitar una empresa en la solicitud de autorización con arreglo al artículo 8, letra a, de la Directiva 2013/36/UE (véase la síntesis);
• el Reglamento Delegado (UE) 2023/1117 sobre normas técnicas que especifican los requisitos relativos al tipo y la naturaleza de la información que deben intercambiar las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida;
• el Reglamento Delegado (UE) 2023/1118 sobre normas técnicas que especifican las condiciones en las que los colegios de supervisores ejercen sus funciones;
• el Reglamento Delegado (UE) 2023/1651 sobre normas técnicas para la medición específica de la liquidez de las empresas de inversión con arreglo al artículo 42, apartado 6, de la Directiva;
• el Reglamento Delegado (UE) 2023/1668 sobre normas técnicas que especifican la medición de los riesgos o elementos de riesgos no cubiertos o insuficientemente cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2033 y las métricas cualitativas indicativas de los importes de los fondos propios adicionales.

En el marco de una cláusula de revisión, la Comisión tiene la responsabilidad de preparar, en estrecha colaboración con la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, un informe sobre distintos aspectos de la Directiva para el Parlamento Europeo y el Consejo.