(1)

De conformidad con los artículos 120 y 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben llevar a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión y en el marco de las orientaciones generales que formule el Consejo. El artículo 148 del TFUE establece que los Estados miembros deben aplicar políticas de empleo que tengan en cuenta las orientaciones referentes al empleo. La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros es por consiguiente una cuestión de interés común.

(2)

El artículo 175 del TFUE establece, entre otras cosas, que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas con miras a alcanzar los objetivos de cohesión económica, social y territorial enunciados en el artículo 174 del TFUE.

(3)

El artículo 174 del TFUE establece que, a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, esta debe desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. También establece que la Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Los esfuerzos para reducir las disparidades deben beneficiar en particular a las islas y las regiones ultraperiféricas. En la aplicación de las políticas de la Unión deben tenerse en cuenta las diferentes posiciones de partida y las particularidades de las regiones.

(4)

A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas (en lo sucesivo, «Semestre Europeo»), incluidos los principios del pilar europeo de derechos sociales, es el marco en que se determinan las prioridades nacionales de las reformas y se hace el seguimiento de su ejecución. Además de medidas destinadas a reforzar la competitividad, el potencial de crecimiento y unas finanzas públicas sostenibles, deben introducirse reformas basadas en la solidaridad, la integración, la justicia social y una distribución equitativa de la riqueza, con el fin de crear empleo de calidad y crecimiento sostenible, garantizar la igualdad y el acceso en lo referente a oportunidades y protección social, proteger a los grupos vulnerables y mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos de la Unión. Los Estados miembros deben desarrollar sus propias estrategias nacionales plurianuales de inversión en apoyo de esas reformas, teniendo en cuenta el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), los planes nacionales de energía y clima adoptados en el marco de la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima tal como establece el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), los planes de transición justa y los planes de aplicación de la Garantía Juvenil, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esas estrategias deben presentarse, cuando proceda, junto con los programas nacionales de reformas anuales, como medio para elaborar y coordinar proyectos de inversión prioritarios que deben recibir financiación nacional o de la Unión.

(5)

La Comisión señaló en la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020 y en el paquete de primavera y verano del Semestre Europeo de 2020, que el Semestre Europeo debe contribuir a la aplicación del Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(6)

El brote de COVID-19 que se inició a principios de 2020 cambió las perspectivas económicas, sociales y presupuestarias en la Unión y en el mundo, y exige una respuesta urgente y coordinada tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional para hacer frente a las enormes consecuencias económicas y sociales, así como a los efectos asimétricos, para los Estados miembros. La crisis de la COVID-19, al igual que la anterior crisis económica y financiera, ha puesto de relieve que el desarrollo de economías y sistemas financieros y de protección social fuertes, sostenibles y resilientes, basados en estructuras económicas y sociales sólidas, ayuda a los Estados miembros a responder con mayor eficacia y de manera justa e inclusiva a las perturbaciones y a recuperarse de este tipo de situaciones con mayor rapidez. La falta de resiliencia también puede tener efectos indirectos negativos debidos a las perturbaciones entre los Estados miembros o dentro de la Unión en su conjunto, complicando así la convergencia y la cohesión en la Unión. La reducción del gasto en sectores como la educación, la cultura y el creativo, y en la atención sanitaria puede resultar contraproducente para lograr una rápida recuperación. Las consecuencias a medio y largo plazo de la crisis de la COVID-19 dependerán fundamentalmente de la rapidez con que las economías y las sociedades de los Estados miembros se recuperen de dicha crisis, lo que a su vez dependerá del margen de maniobra presupuestario de que dispongan los Estados miembros para tomar medidas que mitiguen el impacto social y económico de la crisis, y de la resiliencia de sus economías y estructuras sociales. Las reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento que aborden las debilidades estructurales de las economías de los Estados miembros y que refuercen la resiliencia, aumenten la productividad y conduzcan a una mayor competitividad de los Estados miembros serán, por tanto, esenciales para volver a encarrilar esas economías y reducir las desigualdades y divergencias en la Unión.

(7)

Las experiencias pasadas han puesto de manifiesto que las inversiones se suelen reducir drásticamente durante las crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las inversiones en esta situación particular para acelerar la recuperación y reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo. Un mercado interior que funcione correctamente y las inversiones en tecnologías ecológicas y digitales, en innovación e investigación, en particular, en una economía basada en el conocimiento, en la transición hacia una energía limpia y para impulsar la eficiencia energética en la vivienda y en otros sectores clave de la economía son importantes para lograr un crecimiento justo, integrador y sostenible, contribuir a la creación de empleo y alcanzar la neutralidad climática de la UE para 2050.

(8)

En el contexto de la crisis de la COVID-19, es necesario reforzar el marco actual de ayuda a los Estados miembros y proporcionarles ayudas financieras directas mediante una herramienta innovadora. A tal fin, debe crearse un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo») que proporcione una ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas en los Estados miembros. El Mecanismo debe ser un instrumento específico destinado a hacer frente a los efectos y consecuencias adversos de la crisis de la COVID-19 en la Unión. Debe ser global y beneficiarse también de la experiencia adquirida por la Comisión y los Estados miembros en el uso de otros instrumentos y programas. Las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales.

(9)

Las reformas e inversiones en el marco del Mecanismo deben contribuir igualmente a aumentar la resiliencia de la Unión y a reducir su dependencia mediante la diversificación de las cadenas de suministro fundamentales, lo que reforzará la autonomía estratégica de la Unión junto con una economía abierta. Las reformas e inversiones en el marco del Mecanismo también deben generar valor añadido europeo.

(10)

Hay que lograr la recuperación y reforzar la resiliencia de la Unión y de sus Estados miembros mediante el apoyo a medidas que se refieran a ámbitos políticos de importancia europea estructurados en seis pilares (en lo sucesivo, «seis pilares»), a saber: la transición ecológica; la transformación digital; un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (pymes) sólidas; la cohesión social y territorial; la salud y la resiliencia económica, social e institucional, con miras a, entre otras cosas, aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis; y políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades.

(11)

La transición ecológica debe respaldarse mediante reformas e inversiones en tecnologías y capacidades ecológicas, también en biodiversidad, eficiencia energética, renovación de edificios y economía circular, contribuyendo al mismo tiempo a los objetivos climáticos de la Unión, fomentando el crecimiento sostenible, creando empleo y preservando la seguridad energética.

(12)

Las reformas e inversiones en tecnologías, infraestructuras y procesos digitales reforzarán la competitividad de la Unión a nivel mundial y contribuirán también a aumentar su resiliencia y su capacidad de innovación y a reducir su dependencia diversificando las cadenas de suministro fundamentales. Las reformas e inversiones deben promover, en particular, la digitalización de los servicios, el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones y centros de innovación digital y soluciones digitales abiertas. La transición digital también debe incentivar la digitalización de las pymes. Las inversiones en tecnologías digitales deben respetar los principios de interoperabilidad, eficiencia energética y protección de datos personales, permitiendo la participación de pymes y empresas emergentes, y promoviendo el uso de soluciones de código abierto.

(13)

Las reformas e inversiones en crecimiento inteligente, sostenible e integrador, incluidos la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, así como un mercado interior que funcione correctamente con pymes sólidas, deben aspirar a aumentar el potencial de crecimiento y permitir una recuperación sostenible de la economía de la Unión. Estas reformas e inversiones también deben promover el espíritu empresarial, la economía social, el desarrollo de infraestructuras y transportes sostenibles, y la industrialización y reindustrialización, y deben atenuar los efectos de la crisis de la COVID-19 en la economía.

(14)

Las reformas e inversiones en cohesión social y territorial también deben contribuir a la lucha contra la pobreza y el desempleo a fin de que las economías de los Estados miembros repunten sin dejar a nadie atrás. Dichas reformas e inversiones deben conducir a la creación de puestos de trabajo estables y de calidad, a la inclusión e integración de los grupos desfavorecidos, y permitir el refuerzo del diálogo social, las infraestructuras y los servicios, así como de los sistemas de protección social y bienestar.

(15)

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la importancia de las reformas e inversiones en la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, que estén destinadas, entre otras cosas, a aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis, en particular mejorando la continuidad de las actividades y los servicios públicos, la accesibilidad y capacidad de los sistemas de salud y asistenciales, la eficacia de la administración pública y de los sistemas nacionales, incluida la reducción a un mínimo de la carga administrativa, y la eficacia de los sistemas judiciales, así como la prevención del fraude y la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales.

(16)

Las reformas e inversiones en la próxima generación, la infancia y la juventud son fundamentales para promover la educación y el desarrollo de capacidades, incluidas las capacidades digitales, para la mejora de las capacidades, el reciclaje profesional y la recalificación de la mano de obra activa, el programa de integración de los desempleados, las políticas de inversión para mejorar las oportunidades de acceso de los niños y jóvenes a la educación, la salud, la nutrición, el empleo y la vivienda, así como las políticas que reducen la brecha generacional en consonancia con los objetivos de la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil. Esas medidas deben velar por que la próxima generación de europeos no se vea permanentemente afectada por el impacto de la crisis de la COVID-19 y por que la brecha generacional no se agrave aún más.

(17)

En la actualidad, ningún instrumento prevé una ayuda financiera directa vinculada a la consecución de resultados y a la realización de reformas e inversiones públicas por los Estados miembros en respuesta a los retos determinados en el marco del Semestre Europeo, incluidos el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y con el fin de tener una incidencia duradera en la productividad y la resiliencia económica, social e institucional de los Estados miembros.

(18)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución que se establezcan conforme al presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento previsto. La ayuda financiera no reembolsable en el marco del Mecanismo debe consistir en una contribución sui generis de la Unión, que se determine sobre la base de una contribución financiera máxima calculada para cada Estado miembro teniendo en cuenta los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia, y que debe abonarse en función de la consecución de resultados respecto de los hitos y objetivos del plan de recuperación y resiliencia. Por consiguiente, dicha contribución debe establecerse de conformidad con las normas sectoriales específicas establecidas en el presente Reglamento y con arreglo a las normas en materia de simplificación relativas a la financiación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). Por tanto, en lo que respecta a la asignación, la ejecución y el control de la ayuda financiera no reembolsable con arreglo al presente Reglamento, deben establecerse en este normas y procedimientos específicos con arreglo a los principios generales de gestión presupuestaria establecidos en el Reglamento Financiero. Los pagos de la Comisión a los Estados miembros como beneficiarios deben constituir financiación no vinculada a los costes, independientemente del reembolso, en cualquier modalidad, de las contribuciones financieras de los Estados miembros a los perceptores finales. Los Estados miembros deben poder utilizar todas las modalidades de contribución financiera, incluidas las opciones de costes simplificados. Sin perjuicio del derecho de la Comisión a tomar medidas en caso de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión, los pagos no deben estar sujetos al control de los costes realmente soportados por el beneficiario.

(19)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (7) y dentro de los límites de los recursos asignados en el mismo, deben llevarse a cabo medidas de recuperación y resiliencia en el marco del Mecanismo, a fin de hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Esos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/2094.

(20)

El Mecanismo debe apoyar proyectos que respeten el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión. El Mecanismo no debe sustituir, salvo en casos debidamente justificados, a los gastos nacionales ordinarios.

(21)

Garantizar un alto nivel de ciberseguridad y confianza en las tecnologías constituye un requisito previo para el éxito de una transformación digital en la Unión. En sus conclusiones de los días 1 y 2 de octubre de 2020, el Consejo Europeo pidió a la Unión y a sus Estados miembros que aprovecharan al máximo el conjunto de instrumentos para la ciberseguridad de las redes 5G que se adoptó el 29 de enero de 2020 y, en particular, que aplicaran las restricciones pertinentes a los proveedores que se consideren de alto riesgo para recursos clave definidos como críticos y sensibles en la evaluación coordinada de riesgos de la Unión. El Consejo Europeo subrayó que los posibles proveedores de 5G deben ser evaluados atendiendo a criterios objetivos y comunes.

(22)

A fin de fomentar sinergias entre el Mecanismo, el Programa InvestEU establecido por un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (en lo sucesivo, «Reglamento InvestEU») y el Instrumento de Apoyo Técnico establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), los planes de recuperación y resiliencia podrían incluir, dentro de un determinado límite, contribuciones a los compartimentos de los Estados miembros en el marco del Programa InvestEU y al Instrumento de Apoyo Técnico, de conformidad con el presente Reglamento.

(23)

Teniendo en cuenta el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento sostenible de Europa y la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Mecanismo debe contribuir a la integración de la acción por el clima y la sostenibilidad ambiental y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos. A tal fin, las medidas respaldadas por el Mecanismo e incluidas en los planes de recuperación y resiliencia de cada Estado miembro deben contribuir a la transición ecológica, incluida la biodiversidad, o a afrontar los retos que se derivan de ella, y deben representar un importe que suponga al menos el 37 % de la asignación total del plan de recuperación y resiliencia sobre la base de la metodología de seguimiento para la acción por el clima establecida en un anexo del presente Reglamento. Dicha metodología debe aplicarse del mismo modo a aquellas medidas que no puedan asignarse directamente a un campo de intervención enumerado en el anexo del presente Reglamento. Si el Estado miembro de que se trate y la Comisión están de acuerdo, se debe poder incrementar los coeficientes de apoyo a los objetivos climáticos al 40 % o al 100 % para inversiones concretas, conforme a lo que se explica en el plan de recuperación y resiliencia, con el fin de tener en cuenta medidas de reforma complementarias que aumenten de manera fiable su incidencia en los objetivos climáticos. A tal fin, se debe poder incrementar los coeficientes de apoyo a los objetivos climáticos hasta un importe total del 3 % de la asignación del plan de recuperación y resiliencia para inversiones concretas. El Mecanismo debe financiar actividades que respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) (en lo sucesivo, principio de «no causar un perjuicio significativo»).

(24)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir la dramática pérdida de biodiversidad, el presente Reglamento debe contribuir a la integración de la acción en materia de biodiversidad en las políticas de la Unión.

(25)

Los Estados miembros deben garantizar que las medidas incluidas en sus planes de recuperación y resiliencia cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. La Comisión debe ofrecer orientaciones técnicas a tal efecto. La entrada en vigor de los actos delegados a los que hace referencia el artículo 3, letra d), del Reglamento (UE) 2020/852 no debe afectar a dichas orientaciones.

(26)

Las medidas apoyadas por el Mecanismo e incluidas en los planes de recuperación y resiliencia de cada Estado miembro también deben representar un importe que suponga al menos el 20 % de la asignación del plan de recuperación y resiliencia para el gasto digital. A tal fin, los Estados miembros deben calcular el coeficiente de apoyo a los objetivos digitales sobre la base de una metodología que refleje la medida en que la ayuda con arreglo al Mecanismo contribuye a los objetivos digitales. Los coeficientes para cada medida se deben determinar basándose en los campos de intervención establecidos en un anexo del presente Reglamento. La metodología debe aplicarse del mismo modo a aquellas medidas que no puedan asignarse directamente a un campo de intervención. Si el Estado miembro afectado y la Comisión están de acuerdo, debe poderse incrementar dichos coeficientes al 40 % o al 100 % con respecto a inversiones específicas con el fin de tener en cuenta reformas complementarias que aumenten la incidencia de las medidas en los objetivos digitales.

(27)

A efectos de determinar la contribución de las medidas pertinentes con arreglo a los planes de recuperación y resiliencia a los objetivos climáticos y digitales, debe poder contabilizarse dichas medidas en el marco de ambos objetivos de conformidad con sus metodologías respectivas.

(28)

Las mujeres se han visto particularmente afectadas por la crisis de la COVID-19 dado que representan la mayor parte del personal sanitario en toda la Unión y porque combinan las tareas de cuidado no remuneradas con sus responsabilidades laborales. La situación es especialmente difícil para los progenitores solos, de los cuales, un 85 % son mujeres. La igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos, así como la integración de esos objetivos deben tenerse en cuenta y fomentarse a lo largo de la preparación y la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia presentados en virtud del presente Reglamento. La inversión en infraestructuras asistenciales sólidas también es esencial para garantizar la igualdad de género, capacitar económicamente a las mujeres, a fin de desarrollar sociedades resilientes, luchar contra las condiciones precarias en un sector en el que predominan las mujeres, impulsar la creación de empleo y prevenir la pobreza y la exclusión social, y a fin de repercutir positivamente en el producto interior bruto (PIB), ya que permite que más mujeres ejerzan un trabajo remunerado.

(29)

Debe establecerse un mecanismo para garantizar el vínculo entre el Mecanismo y una buena gobernanza económica, que permita a la Comisión presentar una propuesta al Consejo para suspender la totalidad o parte de los compromisos o pagos en virtud del Mecanismo. La obligación de la Comisión de proponer una suspensión debe suspenderse mientras se haya activado la denominada cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A fin de garantizar una aplicación uniforme y en vista de la importancia de los efectos financieros de las medidas impuestas, deben conferirse competencias de ejecución al Consejo, el cual debe actuar sobre la base de una propuesta de la Comisión. Con el fin de facilitar la adopción de las decisiones necesarias para garantizar una actuación eficaz en el contexto del marco de gobernanza económica, debe utilizarse la votación por mayoría cualificada inversa para la suspensión de los compromisos. La comisión competente del Parlamento Europeo debe poder invitar a la Comisión a un intercambio de puntos de vista sobre la aplicación de dicho mecanismo en el contexto de un diálogo estructurado para permitir al Parlamento Europeo expresar sus opiniones. Para que la Comisión tenga debidamente en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, el diálogo estructurado debe tener lugar en un plazo de cuatro semanas a partir de la fecha en que la Comisión haya informado al Parlamento Europeo de la aplicación de tal mecanismo.

(30)

El objetivo específico del Mecanismo debe ser proporcionar ayuda financiera con miras a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en los planes de recuperación y resiliencia. Ese objetivo específico debe perseguirse en estrecha cooperación con los Estados miembros de que se trate.

(31)

A más tardar el 31 de julio de 2022, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de revisión sobre la aplicación del Mecanismo. A tal fin, la Comisión debe tener en cuenta los indicadores comunes y el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia previstos en el presente Reglamento, así como otra información pertinente disponible. La comisión competente del Parlamento Europeo podría invitar a la Comisión a presentar las principales conclusiones del informe de revisión en el contexto del diálogo sobre recuperación y resiliencia establecido en virtud del presente Reglamento.

(32)

Para garantizar su contribución a los objetivos del Mecanismo, los planes de recuperación y resiliencia deben incluir medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión pública a través de un conjunto de medidas coherente. Las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 deben ser subvencionables. Los planes de recuperación y resiliencia deben ser compatibles con los retos y prioridades pertinentes de cada país determinados en el marco del Semestre Europeo, así como con los retos y las prioridades determinados en la recomendación más reciente del Consejo sobre la política económica de la zona del euro para los Estados miembros cuya moneda es el euro. Los planes de recuperación y resiliencia también deben ser coherentes con los programas nacionales de reformas, los planes nacionales de energía y clima, los planes de transición justa, el plan de aplicación de la garantía juvenil, los acuerdos de asociación y los programas operativos adoptados en el marco de los fondos de la Unión. Para impulsar acciones que constituyan prioridades del Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital, los planes de recuperación y resiliencia también deben recoger medidas que sean pertinentes para las transiciones ecológica y digital. Dichas medidas deben permitir alcanzar rápidamente los objetivos y las contribuciones fijados en los planes nacionales de energía y clima y en sus versiones actualizadas. Todas las actividades financiadas deben llevarse a cabo respetando plenamente las normas y prioridades de la Unión en materia de clima y medio ambiente. Los planes de recuperación y resiliencia también deben respetar los principios horizontales del Mecanismo.

(33)

Los planes de recuperación y resiliencia no deben afectar al derecho a celebrar o hacer cumplir convenios colectivos o llevar a cabo acciones colectivas conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al Derecho y las prácticas nacionales y de la Unión.

(34)

Las autoridades regionales y locales pueden ser socios importantes en la aplicación de las reformas y las inversiones. A este respecto, se les debe hacer partícipes y consultar debidamente, de conformidad con el marco jurídico nacional.

(35)

Cuando un Estado miembro esté exento de la supervisión y la evaluación en el marco del Semestre Europeo en virtud del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), o esté sometido a la vigilancia prevista en el Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo (11), debe ser posible aplicar el presente Reglamento a ese Estado miembro en relación con los retos y prioridades determinados por dichos Reglamentos.

(36)

A fin de contribuir a la preparación y ejecución de los planes de recuperación y resiliencia por los Estados miembros, el Consejo debe poder debatir, en el marco del Semestre Europeo, la situación en lo que respecta a la recuperación, la resiliencia y la capacidad de ajuste en la Unión. Ese debate debe basarse en la información estratégica y analítica a disposición de la Comisión en el marco del Semestre Europeo y, en su caso, en la información sobre la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia en los años anteriores.

(37)

A fin de garantizar una contribución financiera significativa que guarde proporción con las necesidades reales de los Estados miembros para emprender y completar las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, conviene establecer una contribución financiera máxima disponible con arreglo al Mecanismo en lo que respecta a la ayuda financiera no reembolsable. El 70 % de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro. El 30 % de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB per cápita y, en igual proporción, el cambio del PIB real en 2020 y el cambio acumulado del PIB real durante el período comprendido entre 2020 y 2021 sobre la base de las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión para los datos no disponibles en el momento del cálculo, que han de actualizarse a más tardar el 30 de junio de 2022 con los resultados reales.

(38)

Es necesario establecer un procedimiento para la presentación de planes de recuperación y resiliencia por parte de los Estados miembros, así como su contenido. Los Estados miembros deben presentar oficialmente sus planes de recuperación y resiliencia, por regla general, a más tardar el 30 de abril, y deben poder hacerlo en un único documento integrado junto con su programa nacional de reformas. Para garantizar una ejecución rápida del Mecanismo, los Estados miembros deben poder presentar un proyecto de plan de recuperación y resiliencia a partir del 15 de octubre del año anterior.

(39)

Con el fin de garantizar la asunción de responsabilidades a escala nacional respecto de las reformas e inversiones pertinentes, y que se otorgue prioridad a estas, los Estados miembros que deseen recibir ayuda deben presentar a la Comisión un plan de recuperación y resiliencia debidamente motivado y justificado. Dicho plan debe detallar el modo en que, teniendo en cuenta las medidas que incluye, representa una respuesta integral y adecuadamente equilibrada a la situación económica y social del Estado miembro de que se trate, contribuyendo así de manera adecuada a los seis pilares, habida cuenta de los retos específicos del Estado miembro de que se trate. El plan de recuperación y resiliencia debe exponer el conjunto detallado de medidas para su seguimiento y ejecución, incluidos los hitos y objetivos y los costes estimados, así como las repercusiones previstas del plan en el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, social e institucional, en particular mediante la promoción de políticas destinadas a la infancia y la juventud, y sobre la mitigación del impacto económico y social de la crisis de la COVID-19, contribuyendo a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, mejorando así la cohesión económica, social y territorial y la convergencia dentro de la Unión. Asimismo, debe incluir medidas que sean pertinentes para la transición ecológica, incluida la biodiversidad, y la transición digital. Debe incluir también una explicación del modo en que contribuye a abordar eficazmente los retos y prioridades específicos pertinentes de cada país determinados en el marco del Semestre Europeo, incluidos los aspectos presupuestarios y las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011del Parlamento Europeo y del Consejo (12). Debe incluir también una explicación del modo en que el plan de recuperación y resiliencia asegura que ninguna de las medidas de ejecución de las reformas e inversiones incluidas en ese plan causa un perjuicio significativo a objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (principio de «no causar un perjuicio significativo»).

El plan de recuperación y resiliencia debe establecer la contribución prevista para la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos, así como un resumen del proceso de consulta llevado a cabo con las partes interesadas nacionales pertinentes. El plan de recuperación y resiliencia debe incluir una explicación de los planes, los sistemas y las medidas concretas del Estado miembro para prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses, la corrupción y el fraude, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión. El plan de recuperación y resiliencia también podría incluir proyectos transfronterizos o plurinacionales. Debe procurarse y materializarse una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a lo largo del proceso.

(40)

La aplicación del Mecanismo debe efectuarse en consonancia con el principio de buena gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y los conflictos de intereses.

(41)

La Comisión debe evaluar el plan de recuperación y resiliencia propuesto por cada Estado miembro y actuar en estrecha cooperación con cada uno de ellos. La Comisión debe respetar plenamente la asunción de responsabilidades a nivel nacional del plan y tener en cuenta, por lo tanto, las justificaciones y los elementos facilitados por el Estado miembro de que se trate. La Comisión debe evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia propuesto por el Estado miembro, sobre la base de una lista de criterios establecidos en el presente Reglamento. La Comisión debe evaluar los planes de recuperación y resiliencia propuestos y, en su caso, sus versiones actualizadas, en un plazo de dos meses a partir de la presentación oficial de los planes de recuperación y resiliencia. Si fuera necesario, el Estado miembro de que se trate y la Comisión deben poder convenir la prórroga de dicho plazo por un período de tiempo razonable.

(42)

Deben establecerse las directrices oportunas en un anexo del presente Reglamento, con el fin de que sirvan de base para que la Comisión evalúe de manera transparente y equitativa los planes de recuperación y resiliencia, y determine la contribución financiera en concordancia con los objetivos y cualesquiera otros requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento. A tal efecto, y en aras de la transparencia y la eficiencia, debe establecerse un sistema de calificación para la evaluación de las propuestas de planes de recuperación y resiliencia. Los criterios relacionados con las recomendaciones específicas por país, el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, social e institucional, y la contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales deben obtener la máxima puntuación de la evaluación. La contribución efectiva a las transiciones ecológica y digital también debe ser condición indispensable para conseguir una evaluación positiva.

(43)

Con el fin de contribuir a la preparación de planes de recuperación y resiliencia de alta calidad y ayudar a la Comisión en la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia presentados por los Estados miembros y de su grado de consecución, debe preverse la posibilidad de contar con asesoramiento de expertos y, a petición del Estado miembro de que se trate, de asesoramiento inter pares y de apoyo técnico. Los Estados miembros también podrían solicitar apoyo técnico con arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico. Debe alentarse a los Estados miembros a fomentar sinergias con los planes de recuperación y resiliencia de otros Estados miembros.

(44)

A efectos de simplificación, la determinación de la contribución financiera debe atenerse a criterios sencillos. La contribución financiera debe determinarse sobre la base de los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia propuesto por el Estado miembro de que se trate.

(45)

El Consejo debe aprobar la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia mediante una decisión de ejecución, a propuesta de la Comisión, que el Consejo debe procurar adoptar en un plazo de cuatro semanas a partir de la adopción de dicha propuesta. Siempre que el plan de recuperación y resiliencia cumpla satisfactoriamente los criterios de evaluación, debe asignarse al Estado miembro de que se trate la contribución financiera máxima cuando los costes totales estimados de las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia sean iguales o superiores a la cuantía de la propia contribución financiera máxima. En cambio, debe asignarse al Estado miembro de que se trate un importe igual al coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia cuando dicho coste sea inferior a la propia contribución financiera máxima. No debe concederse ninguna contribución financiera al Estado miembro si el plan de recuperación y resiliencia no cumple satisfactoriamente los criterios de evaluación. La decisión de ejecución del Consejo debe modificarse, a propuesta de la Comisión, para incluir la contribución financiera máxima actualizada calculada a partir de los resultados reales en junio de 2022. El Consejo debe adoptar la decisión de modificación correspondiente sin demora indebida.

(46)

A fin de garantizar que la ayuda financiera se concentre en los primeros años después de la crisis de la COVID-19, y de garantizar la compatibilidad con la financiación disponible para el Mecanismo, los fondos deben estar disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023. A tal fin, debe ser posible que el 70 % del importe disponible para las ayudas financieras no reembolsables esté comprometido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y el 30 % entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Hasta el 31 de diciembre de 2021, si un Estado miembro formula una solicitud que se presente junto con el plan de recuperación y resiliencia, se puede pagar un importe de hasta el 13 % de la contribución financiera y, cuando proceda, hasta el 13 % del préstamo del Estado miembro en cuestión, en forma de prefinanciación en un plazo, en la medida de lo posible, de dos meses tras la adopción por parte de la Comisión de los compromisos jurídicos.

(47)

Debe ser posible que la ayuda financiera al plan de recuperación y resiliencia de un Estado miembro adopte la forma de un préstamo, a condición de que se celebre un acuerdo de préstamo con la Comisión, sobre la base de una solicitud debidamente justificada por dicho Estado miembro. Los préstamos en apoyo de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben concederse hasta el 31 de diciembre de 2023 y deben concederse con vencimientos que reflejen la naturaleza a más largo plazo de dicho gasto. En virtud del artículo 5, apartado 2, de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo (13), los reembolsos deben programarse, de conformidad con el principio de buena gestión financiera, de modo que se garantice la reducción estable y previsible de los pasivos. Esos vencimientos podrían ser diferentes de los de los fondos que la Unión tome prestados para financiar los préstamos en los mercados de capitales. Por consiguiente, es necesario prever la posibilidad de establecer excepciones al principio establecido en el artículo 220, apartado 2, del Reglamento Financiero, según el cual no debe transformarse el plazo de vencimiento de los préstamos para asistencia financiera.

(48)

La solicitud de ayuda en forma de préstamo debe justificarse por las mayores necesidades financieras vinculadas a reformas e inversiones adicionales incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, pertinentes, en particular, para las transiciones ecológica y digital, y por un coste del plan de recuperación y resiliencia más elevado que la contribución financiera máxima asignada a través de la contribución no reembolsable. Se debe poder presentar la solicitud de ayuda en forma de préstamo junto con el plan de recuperación y resiliencia. Cuando la solicitud de ayuda en forma de préstamo se presente en un momento diferente, debe ir acompañada de un plan de recuperación y resiliencia revisado con hitos y objetivos adicionales. Para garantizar la disposición anticipada de los recursos, los Estados miembros deben solicitar la ayuda en forma de préstamo a más tardar el 31 de agosto de 2023. A efectos de una buena gestión financiera, debe limitarse el importe total de todas las ayudas en forma de préstamos concedidas en virtud del presente Reglamento. Además, el importe máximo del préstamo para cada Estado miembro no debe exceder del 6,8 % de su renta nacional bruta (RNB) en 2019, según los datos de Eurostat recopilados hasta mayo de 2020 como máximo. Se debe poder aumentar el importe máximo en circunstancias excepcionales, en función de los recursos disponibles. Por la misma razón, se debe poder desembolsar el préstamo por tramos en función del logro de los resultados. La Comisión debe evaluar la solicitud de ayuda en forma de préstamo en el plazo de dos meses. A propuesta de la Comisión, el Consejo debe poder aprobar esa evaluación por mayoría cualificada mediante una decisión de ejecución que el Consejo debe procurar adoptar en un plazo de cuatro semanas a partir de la adopción de dicha propuesta de la Comisión.

(49)

Un Estado miembro debe poder presentar una solicitud razonada para modificar el plan de recuperación y resiliencia durante el período de ejecución, en caso de que existan circunstancias objetivas que lo justifiquen. Cuando la Comisión considere que las razones presentadas por el Estado miembro de que se trate justifican dicha modificación, debe evaluar el nuevo plan de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses. Si fuera necesario, el Estado miembro de que se trate y la Comisión deben poder convenir la prórroga de dicho plazo por un período de tiempo razonable. El Consejo debe aprobar la evaluación del nuevo plan de recuperación y resiliencia mediante una decisión de ejecución, a propuesta de la Comisión, que el Consejo debe procurar adoptar en un plazo de cuatro semanas desde que se adopte la propuesta.

(50)

Las instituciones de la Unión deben hacer todo lo posible por reducir el tiempo de tramitación con el fin de garantizar una aplicación fluida y rápida del Mecanismo.

(51)

Por razones de eficiencia y simplificación de la gestión financiera del Mecanismo, la ayuda financiera de la Unión a los planes de recuperación y resiliencia debe adoptar la forma de una financiación basada en el logro de resultados medidos por referencia a los hitos y objetivos indicados en los planes de recuperación y resiliencia aprobados. A tal fin, la ayuda adicional en forma de préstamo debe vincularse a hitos y objetivos adicionales respecto de los correspondientes a la ayuda financiera (es decir, la ayuda financiera no reembolsable).

(52)

La liberación de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia cuya evaluación debe haber recibido la aprobación del Consejo. Antes de que la Comisión adopte la decisión de autorizar el desembolso de la contribución financiera y, cuando corresponda, del préstamo, debe pedir el dictamen del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes por parte de los Estados miembros conforme a la evaluación preliminar de la Comisión. Con objeto de que la Comisión tenga en cuenta el dictamen del Comité Económico y Financiero para su evaluación, este debe emitirse en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la evaluación preliminar de la Comisión. En sus deliberaciones, el Comité Económico y Financiero se esforzará por alcanzar un consenso. En el caso excepcional de que uno o más Estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita la cuestión al próximo Consejo Europeo. Los Estados miembros respectivos también deben informar sin demora indebida al Consejo, que debe, a su vez, informar sin demora al Parlamento Europeo. En dichas circunstancias excepcionales, no se debe tomar ninguna decisión que autorice el desembolso de la contribución financiera y, cuando corresponda, al préstamo hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido exhaustivamente el asunto. Tal proceso no debe demorarse, por regla general, más de tres meses a partir del momento en que la Comisión haya solicitado su dictamen al Comité Económico y Financiero.

(53)

A efectos de una buena gestión financiera, teniendo en cuenta el carácter orientado a los resultados del Mecanismo, deben establecerse normas específicas relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, la suspensión y la recuperación de fondos, así como a la resolución de los acuerdos relacionados con la ayuda financiera. Para garantizar la previsibilidad, los Estados miembros deben poder presentar solicitudes de pago dos veces al año. Los pagos deben efectuarse por tramos y basarse en una evaluación positiva de la Comisión de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia por el Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que el uso de fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional. En particular, deben velar por que se prevengan, detecten y corrijan el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y por que se evite la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión. Debe existir la posibilidad de suspender o resolver los acuerdos relacionados con la ayuda financiera, así como de reducir y recuperar la contribución financiera cuando el Estado miembro de que se trate no haya ejecutado satisfactoriamente el plan de recuperación y resiliencia, o en caso de irregularidades graves, tales como fraude, corrupción o conflictos de intereses en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo, o una grave violación de una obligación derivada de los acuerdos relacionados con la ayuda financiera. En la medida de lo posible, la recuperación debe garantizarse mediante compensación con los pagos pendientes en el marco del Mecanismo. Deben establecerse procedimientos contradictorios adecuados para garantizar que la decisión de la Comisión en relación con la suspensión y la recuperación de los importes pagados, o con la resolución de los acuerdos relacionados con la ayuda financiera, respeta el derecho de los Estados miembros a presentar observaciones. Todos los pagos de contribuciones financieras a los Estados miembros deben efectuarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, a excepción de las medidas contempladas en el artículo 1, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (UE) 2020/2094 y de aquellos casos en los que, aunque se haya contraído el compromiso jurídico o se haya adoptado la decisión, en cumplimiento de los plazos indicados en el artículo 3 de dicho Reglamento, sea necesario que la Unión pueda cumplir sus obligaciones para con los Estados miembros, también como resultado de una sentencia firme contra la Unión.

(54)

La Comisión debe velar por la protección efectiva de los intereses financieros de la Unión. Si bien es principalmente responsabilidad del propio Estado miembro garantizar que el Mecanismo se ejecute de conformidad con la el Derecho de la Unión y nacional pertinente, la Comisión debe recibir garantías suficientes de los Estados miembros en ese sentido. A tal fin, a la hora de ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros deben garantizar el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperar los importes pagados o utilizados indebidamente. A ese respecto, los Estados miembros deben poder recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria. Los Estados miembros deben recopilar categorías armonizadas de datos e información que permita prevenir, detectar y corregir irregularidades graves, tales como el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en lo que respecta a las medidas financiadas por el Mecanismo. La Comisión debe poner a disposición un sistema de información y seguimiento, que incluya una única herramienta de extracción de datos y puntuación de riesgos, para acceder a estos datos e información y analizarlos, con miras a una aplicación generalizada por parte de los Estados miembros.

(55)

La Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas y, en su caso, la Fiscalía Europea deben poder utilizar el sistema de información y seguimiento dentro de sus competencias y derechos.

(56)

Con el fin de facilitar la aplicación de las disposiciones de los Estados miembros destinadas a evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión, la Comisión debe facilitar información sobre los perceptores de fondos financiados con cargo al presupuesto de la Unión, de conformidad con el artículo 38, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(57)

Los Estados miembros y la Comisión solo deben estar autorizados a tratar datos personales cuando sea necesario para garantizar la aprobación de la gestión, la auditoría y el control del uso de los fondos en relación con las medidas para la ejecución de las reformas y los proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia. Los datos personales deben ser tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (14) o el Reglamento (UE) 2018/1725 (15) del Parlamento Europeo y del Consejo, según cuál de los dos Reglamento sea aplicable.

(58)

Para llevar a cabo el seguimiento eficaz de la ejecución, los Estados miembros deben informar dos veces al año, en el marco del Semestre Europeo, de los avances logrados en la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia. Dichos informes elaborados por los Estados miembros en cuestión deben reflejarse adecuadamente en los programas nacionales de reformas, los cuales deben utilizarse como herramienta para informar sobre los avances hacia la culminación de los planes de recuperación y resiliencia.

(59)

Se debe alentar a los Estados miembros a recabar la opinión de sus consejos nacionales de productividad e instituciones presupuestarias independientes sobre sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la posible validación de elementos de su plan de recuperación y resiliencia.

(60)

Con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del Mecanismo, la Comisión debe transmitir al Parlamento Europeo y al Consejo, a reserva de la habilitación relativa a la información sensible o confidencial o ateniéndose, en caso necesario, a unos requisitos de confidencialidad adecuados, los documentos e información pertinentes simultáneamente y en igualdad de condiciones, como los planes de recuperación y resiliencia, o modificaciones de estos, presentados por los Estados miembros, y las propuestas de decisiones de ejecución del Consejo hechas públicas por la Comisión.

(61)

Las comisiones competentes del Parlamento Europeo podrían invitar a la Comisión cada dos meses a debatir en el marco de un diálogo sobre recuperación y resiliencia cuestiones relativas a la ejecución del Mecanismo, como los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, la evaluación de la Comisión, las principales conclusiones del informe de revisión, el grado de consecución de los hitos y objetivos, los procedimientos relacionados con el pago y la suspensión, y cualquier otra información y documentación pertinentes facilitadas por la Comisión en relación con la ejecución del Mecanismo. La Comisión debe tener en cuenta los elementos derivados de los puntos de vista expresados a través del diálogo sobre recuperación y resiliencia, incluidas las resoluciones del Parlamento Europeo, en su caso.

(62)

Con el fin de garantizar una asignación eficiente y coherente de los fondos y de respetar el principio de buena gestión financiera, las acciones previstas en el presente Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión de los mismos gastos. En particular, la Comisión y el Estado miembro deben garantizar, en todas las etapas del proceso, una coordinación efectiva para salvaguardar la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las distintas fuentes de financiación. A tal efecto, debe exigirse a los Estados miembros que, cuando presenten sus planes de recuperación y resiliencia a la Comisión, presenten la información pertinente sobre la financiación de la Unión ya existente o prevista. La ayuda financiera que prevé el Mecanismo debe añadirse a la ayuda proporcionada en el marco de otros programas e instrumentos de la Unión, incluido el Programa InvestEU. Las reformas y los proyectos de inversión financiados con arreglo al Mecanismo deben poder recibir financiación de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(63)

La Comisión debe hacer un seguimiento de la ejecución del Mecanismo y medir el logro de los objetivos establecidos en el marco del presente Reglamento de forma específica y proporcionada. Al realizar el seguimiento de la ejecución del Mecanismo, la Comisión debe garantizar que los datos para el seguimiento de la ejecución de las actividades y los resultados se recopilen de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, debe imponerse a los perceptores de financiación de la Unión requisitos de información proporcionados. La Comisión debe establecer, mediante actos delegados, los indicadores comunes que deben usarse para informar sobre los avances realizados y para el seguimiento y la evaluación del Mecanismo, y definir una metodología para informar de los gastos sociales, incluidos aquellos relacionados con la infancia y la juventud, en el marco del Mecanismo.

(64)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (16), el presente Mecanismo debe ser evaluado sobre la base de la información que se recabe de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Mecanismo en la práctica.

(65)

Debe establecerse un cuadro de indicadores específico mediante un acto delegado para mostrar los avances en la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros en cada uno de los seis pilares y los avances realizados en lo que respecta a la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia respecto de los indicadores comunes del Mecanismo. El cuadro de indicadores debe estar operativo a más tardar en diciembre de 2021 y ser actualizado por la Comisión dos veces al año.

(66)

A fin de garantizar una información sobre el rendimiento y un seguimiento de la ejecución del Mecanismo adecuados, también en lo relativo al gasto social, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta al cuadro de indicadores específico que muestre los avances en la ejecución y los indicadores comunes que deben utilizarse, así como la metodología para informar sobre los gastos sociales, incluidas aquellos relacionados con la infancia y la juventud. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(67)

La Comisión debe presentar un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Mecanismo. Dicho informe debe incluir información sobre los avances realizados por los Estados miembros en el marco de los planes de recuperación y resiliencia aprobados. También debe incluir información sobre la consecución de los hitos y objetivos, pagos y suspensiones, así como sobre la contribución del Mecanismo a los objetivos climáticos y digitales, los indicadores comunes y los gastos financiados en el marco de los seis pilares.

(68)

Debe llevarse a cabo una evaluación independiente en la que se examine la consecución de los objetivos del Mecanismo, la eficiencia en la utilización de sus recursos y su valor añadido. Cuando proceda, dicha evaluación debe ir acompañada de una propuesta de modificación del presente Reglamento. Además, debe realizarse una evaluación ex post independiente en la que se analicen las repercusiones a largo plazo del Mecanismo.

(69)

El Consejo debe adoptar mediante una decisión de ejecución, a propuesta de la Comisión, la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia que deben ejecutar los Estados miembros y la ayuda financiera correspondiente. A tal efecto y a fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse al Consejo competencias de ejecución. Dichas competencias de ejecución relativas al pago de la ayuda financiera tras el cumplimiento de los hitos y objetivos pertinentes deben ser otorgadas a la Comisión y ejercidas por ella de conformidad con el procedimiento de examen del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). Teniendo en cuenta que puede ser necesario un pago inmediato de la ayuda financiera en el marco del Mecanismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la presidencia del comité en el sentido de dicho Reglamento debe considerar la posibilidad de acortar, para cualquier proyecto de acto de ejecución, el plazo de convocatoria del comité y el plazo para emitir su dictamen.

(70)

Tras la adopción de una decisión de ejecución, el Estado miembro de que se trate y la Comisión deben poder convenir determinadas disposiciones operativas de carácter técnico, en las que se detallen los aspectos de la ejecución relativos a los plazos, los indicadores de los hitos y objetivos, y el acceso a los datos subyacentes. A fin de garantizar que las disposiciones operativas mantengan su pertinencia en relación con las circunstancias imperantes durante la ejecución del plan de recuperación y resiliencia, debe ser posible modificar de mutuo acuerdo los elementos de tales disposiciones operativas.

(71)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(72)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (19), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (20) y (UE) 2017/1939 (21) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar actos de fraude, corrupción, conflictos de intereses y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (22). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(73)

La Comisión debe poder emprender actividades de comunicación para garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión y, en su caso, garantizar que la ayuda prestada en el marco del Mecanismo se comunique y conste en una declaración de financiación.

(74)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(75)

A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.