Tribunal de Cuentas Europeo

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburgo, LUXEMBURGO

1.1.

El presente capítulo del Informe Anual:

1.2.

El Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. El Tribunal puede completar esta declaración con observaciones específicas sobre cada uno de los principales ámbitos de actividad de la Unión Europea (5).

1.3.

La finalidad del trabajo efectuado sobre la fiabilidad de las cuentas de la UE es obtener evidencia suficiente y apropiada que permita emitir una opinión sobre si los ingresos, los gastos, el activo y el pasivo han sido registrados correctamente y si las cuentas consolidadas presentan fielmente su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en esa fecha (véanse los apartados 1.6 a 1.8).

1.4.

La finalidad del trabajo sobre la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de 2011 es obtener evidencia suficiente y apropiada que permita determinar si las operaciones resultan conformes a las disposiciones reglamentarias o contractuales aplicables y han sido correctamente contabilizadas (véanse los apartados 1.9 a 1.15 para el resumen de los resultados y los capítulos 2 a 9 para los pormenores).

1.5.

La finalidad del trabajo realizado sobre la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión (es decir, las declaraciones de los directores generales y los informes anuales de actividad de sus servicios, así como su informe de síntesis) es evaluar en qué medida estas proporcionan una valoración correcta de la calidad de la gestión financiera (incluido el nivel de error residual) y contribuyen a la garantía global del Tribunal (véanse los apartados 1.16 a 1.30 y las observaciones sobre el tema en la sección «Eficacia de los sistemas» de los capítulos 2 a 9).

1.6.

Las observaciones del Tribunal se refieren a las cuentas de la Unión Europea del ejercicio 2011, elaboradas por el contable de la Comisión y aprobadas por esta de conformidad con el Reglamento financiero (6), y recibidas por el Tribunal el 31 de julio de 2012. Las cuentas consolidadas comprenden:

1.7.

El contable de la Comisión presentó al Tribunal una carta de manifestaciones en la que confirmaba que las cuentas consolidadas son completas y fiables en todos sus aspectos significativos.

1.8.

La fiscalización efectuada por el Tribunal de las cuentas consolidadas de 2011 reveló que estas no contenían incorrecciones materiales (véase asimismo el anexo 1.2 ).

1.9.

El Tribunal expresa observaciones específicas sobre los ingresos en el capítulo 2 y sobre los ámbitos políticos definidos por la presupuestación por actividades (PPA) en los capítulos 3 a 9 (véase el cuadro 1.1 ).

1.10.

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que los ingresos (130 000 millones de euros) (7) y los pagos del grupo de políticas gastos administrativos y otros gastos (9 777 millones de euros) no contenían errores materiales, y que los sistemas de control y supervisión eran eficaces (véanse el cuadro 1.2 y los apartados 2.35 y 2.36, y 9.30 a 9.32). Los compromisos de todos los grupos de políticas también estaban exentos de errores materiales.

1.11.

El Tribunal considera que el grupo de políticas relaciones exteriores, ayuda y ampliación (6 201 millones de euros) no contenía errores materiales, y que los sistemas de control y supervisión eran parcialmente eficaces. No obstante, los pagos intermedios y finales estaban afectados por errores materiales (véanse el cuadro 1.2 y los apartados 7.26 y 7.27).

1.11.

1.12.

El Tribunal concluye que los siguientes grupos de políticas estaban afectados por errores materiales: agricultura: medidas de mercado y ayudas directas [43 801 millones de euros de gastos reembolsados (8)], desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud [13 310 millones de euros de gastos reembolsados (8)], política regional, energía y transporte [33 373 millones de euros de gastos reembolsados (8)], empleo y asuntos sociales [10 171 millones de euros de gastos reembolsados (8)], e investigación y otras políticas internas (10 591 millones de pagos). Asimismo, el Tribunal concluye que, en estos grupos de políticas, los sistemas de control y supervisión son parcialmente eficaces (véanse el cuadro 1.2 y los apartados 3.42 y 3.43, 4.51 y 4.52, 5.70 y 5.71, 6.27 y 6.28, y 8.37 y 8.38).

1.13.

El Tribunal concluye que, en general, los pagos estaban materialmente afectados por errores y que los sistemas de control y supervisión examinados correspondientes a los pagos eran, por lo general, parcialmente eficaces (véase el cuadro 1.2 ).

1.12-1.13

El error más probable combinado en Política Regional, Transporte, Energía y Empleo y Asuntos Sociales disminuye considerablemente, como se muestra en el cuadro 1.3, con respecto a 2010, de un 7,7 % a un 5,1 %. Además, por tercer año consecutivo, el nivel de error de cada una de las partes del antiguo grupo de políticas Cohesión, Energía y Transporte (EMP del 6,0 % en Política Regional, Energía y Transporte y del 2,2 % en Empleo) sigue estando claramente por debajo de los indicados por el Tribunal en el período 2006-2008. Esta evolución positiva se debe a las disposiciones de control reforzado del período de programación 2007-2013, a la estricta política de la Comisión de interrupciones y suspensiones cuando se detectan deficiencias, de acuerdo con su Plan de Acción de 2008, y a los efectos positivos de las medidas de simplificación previstas en los reglamentos del actual período de programación. La Comisión seguirá centrando sus acciones en los programas o los Estados miembros con mayor nivel de riesgo.

En lo relativo a la investigación y otras políticas internas, la Comisión considera que, desde una perspectiva de gestión —es decir, a la hora de valorar los objetivos desde el punto de vista de la legalidad y la regularidad, con consideraciones sobre la proporcionalidad del riesgo y la relación coste-eficacia de los controles— sus sistemas de control y gestión ofrecen garantías razonables, sin perjuicio de las reservas formuladas por los ordenadores delegados.

Por último, con especial referencia a las disposiciones del Reglamento financiero aplicable al presupuesto de la Unión Europea [artículo 22 bis, apartado 2, letra f) del Reglamento por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento financiero y artículo 28, apartado 2 ter, letra g), del nuevo Reglamento financiero], y teniendo en cuenta la reducción propuesta de sus recursos disponibles y las actuales medidas adoptadas por los Estados miembros, la Comisión estudiará los costes y beneficios de las recomendaciones del Tribunal antes de adoptar o proponer medidas adecuadas.

1.14.

La estimación del Tribunal del error más probable con respecto a los pagos de 2011 es superior a la de 2010 en:

—

Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas, y desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud (en relación con el anterior grupo de políticas agricultura y recursos naturales).

—

Por lo que respecta al Desarrollo Rural, la Comisión está de acuerdo en que existe un deterioro de la situación, aunque de manera más limitada que la indicada por el Tribunal.

La Comisión observa que la conclusión del Tribunal se refiere al grupo de políticas en su conjunto, no a los subgrupos.

La Comisión considera que, desde una perspectiva de gestión —es decir, a la hora de valorar los objetivos desde el punto de vista de la legalidad y la regularidad, con consideraciones sobre la proporcionalidad del riesgo y la relación coste-eficacia de los controles— sus sistemas de control y gestión aplicables a la investigación y a otros programas de políticas internas ofrecen garantías razonables, sin perjuicio de las reservas formuladas por los ordenadores delegados.

—

Investigación y otras políticas internas.

1.15.

En conjunto, el error más probable estimado por el Tribunal para el conjunto de los pagos se mantuvo estable con respecto al de 2010 (3,9 % en 2011 y 3,7 % en 2010: véanse asimismo el cuadro 1.3 y el gráfico 1.1 ) (9). El Tribunal constató que alrededor de dos quintas partes de las operaciones verificadas estaban afectadas por errores (frente a alrededor de un tercio en 2010). La frecuencia de errores detectados por el Tribunal aumentó en todos los grupos de políticas, salvo en el anterior grupo de políticas cohesión, energía y transporte y gastos administrativos y otros gastos, donde permaneció estable (véanse el cuadro 1.3 ).

1.15.

1.16.

De conformidad con el artículo 317 del TFUE, la Comisión es responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto de la UE. La responsabilidad de los directores generales constituye una de las claves del actual sistema de gestión de los fondos de la Unión [sometido a una revisión exhaustiva a raíz de la reforma iniciada en abril de 2000 (10) previa resolución adoptada por el Parlamento Europeo (11)]. Corresponde pues a los directores generales establecer sistemas de control y supervisión eficaces que se ajusten a unas normas predefinidas (12).

1.17.

Los directores generales de la Comisión informan anualmente del ejercicio de sus funciones en un informe de actividad (13) que va acompañado, entre otras cosas, de una declaración sobre el grado de utilización de los recursos para su finalidad prevista, y la medida en que los controles garantizan la legalidad y la regularidad de las operaciones. Cuando identifican problemas significativos, los directores generales pueden emitir reservas en sus declaraciones.

1.18.

La Comisión asume su responsabilidad política por la gestión de sus directores generales mediante el informe de síntesis, el cual se elabora a partir de las tomas de posición de los directores generales formuladas en los informes anuales de actividad, y de otras fuentes, tales como el dictamen general del auditor interno. En el informe también se describen las medidas adoptadas por la Comisión para corregir las deficiencias de gestión y control.

1.19.

Pese a que todos los directores generales declararon que los procedimientos de control establecidos ofrecían las garantías necesarias de regularidad de las operaciones, el número de direcciones generales o servicios que emitieron una o más reservas ha aumentado alcanzando los 16 en 2011 (frente a los 13 de 2010). El número total de reservas aumentó a 27 en 2011 (frente a las 17 de 2010), y la mayoría de ellas, como en ejercicios anteriores, atañían a insuficiencias en la regularidad de las operaciones. El impacto financiero total estimado de las reservas se incrementó alcanzando los 1 959 millones de euros, o sea, el 1,5 % de los pagos efectuados en 2011 (frente a 423 millones de euros o el 0,3 % en 2010) (véanse el cuadro 1.4 y los capítulos 2 a 9).

1.20.

El aumento del número de reservas, de las direcciones generales afectadas y del impacto financiero estimado indica que los directores generales reconocen un alto riesgo de errores en ámbitos como desarrollo rural, cohesión y el séptimo programa marco (VII PM) y viene a corroborar las conclusiones de la fiscalización del Tribunal en 2011 (véanse los apartados 1.10 a 1.15).

1.20.

1.21.

Cada dirección general deberá evaluar en qué medida las operaciones siguen afectadas por errores una vez aplicados los sistemas de control y supervisión: esto puede hacerse calculando un porcentaje de error residual (PER). Dicho de otro modo, el PER es el porcentaje de error que se obtiene del examen de una muestra representativa de operaciones, previa deducción de las correcciones derivadas de los sistemas de control y supervisión. Si el PER supera el 2 %, el director general deberá formular una reserva en la declaración adjunta al informe anual de actividad.

1.21.

1.22.

Por primera vez, la Comisión facilitó a las direcciones generales orientaciones sobre el cálculo del PER en las instrucciones para preparar de los informes anuales de actividad de 2011, y gracias a ello mejoraron algunas declaraciones, como las de las direcciones generales de cohesión (véanse los apartados 5.66 y 6.25), de Investigación e Innovación, y de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación (véanse los apartados 8.35 y 8.36). No obstante, el Tribunal halló insuficiencias en las instrucciones y en su aplicación. Algunas direcciones generales proporcionaron información poco clara o infravaloraron el PER, por lo que no formularon reservas o subestimaron su gravedad (15), como por ejemplo:

1.22.

Considera que las Direcciones Generales a las que hace mención el Tribunal han seguido las instrucciones y llevado a cabo las reservas oportunas.

—

en las orientaciones no se explicaba suficientemente cómo proceder cuando no fuera posible calcular un PER fiable;

—

—

se incorporaban al cálculo importes aun cuando estos, debido a retrasos prolongados, no se hubieran percibido ni recaudado por otros medios;

—

—

en el cálculo del PER se incluyeron distintos tipos de medidas correctoras (correcciones financieras/retiradas de financiación o recuperaciones) pese a sus diferencias inherentes (16). Además, en las instrucciones también se preveía la inclusión de las suspensiones.

—

1.23.

El Tribunal concluye, pues, que el PER no constituye todavía un indicador fiable del grado en que las operaciones siguen afectadas por errores.

1.23.

1.24.

En la introducción al informe de síntesis (17), la Comisión asume su responsabilidad política global de la gestión del presupuesto de la UE basándose principalmente en las garantías de fiabilidad y en las reservas formuladas por sus directores generales y jefes de servicio en sus informes anuales de actividad (IAA).

1.25.

Las fuentes principales del informe de síntesis son los IAA. La Comisión señala que todos ellos ofrecen garantías razonables sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones. El Tribunal ha observado mejoras en algunos IAA que reconocían un elevado nivel de error y facilitaban indicadores cuantitativos para medir la regularidad de las operaciones (véanse los apartados 1.20 y 1.22), aunque subraya que siguen sin resolverse otros problemas detectados con anterioridad (véanse el apartado 1.22 y el anexo 1.2, apartado 2).

1.25.

1.26.

El informe de síntesis también toma como referencia el segundo dictamen general del auditor interno de la Comisión, basado en trabajos realizados por las estructuras de auditoría interna y el Servicio de Auditoría Interna durante el período 2009 a 2011 y en la garantía ofrecida en los IAA de 2011 por sus máximos responsables. Dicho dictamen ha mejorado con respecto al del ejercicio anterior porque proporciona información más detallada sobre las cuestiones tratadas. El dictamen sigue siendo positivo y se basa en la mayoría de los casos en las mismas reservas formuladas en los IAA. El Tribunal considera que los problemas que a juicio del auditor interno requieren mayor atención [como las insuficiencias en el ámbito de la ayuda exterior (18)] deben ser adecuadamente solventados por las direcciones generales correspondientes.

1.26.

Todos los riesgos sobre los que el auditor interno llama la atención de los Ordenadores por Delegación son debidamente abordados por las Direcciones Generales a través de la elaboración y la aplicación de planes de acción que son rigurosamente seguidos por los Directores Generales y por el Comité de seguimiento de las auditorías de la Comisión.

1.27.

La Comisión reconoce el alto riesgo de errores aumentando el número de pagos sujetos a reserva (véase el apartado 1.20) y declara que este efecto puede deberse a los siguientes factores, entre otros:

1.27.

1.28.

A este respecto, la Comisión también reconoce que es necesario seguir mejorando para presentar información transparente sobre la calidad de la gestión financiera y propone para ello la adopción de medidas tales como:

—

informar en los IAA correspondientes sobre la aplicación, los resultados y las auditorías de las actividades relacionadas con los instrumentos financieros;

—

Por otra parte, a raíz de las observaciones del Tribunal referentes a las actividades del instrumento financiero en su informe anual de 2010, la Comisión llevó a cabo un trabajo específico de auditoría en 2011 centrado en este campo y presentó sus resultados en los informes anuales de actividad de la DG REGIO (página 73) y de la DG EMPL (páginas 45-46). La Comisión tiene intención de proseguir con su trabajo de auditoría en la materia en 2012 y en los años siguientes.

—

divulgar en los IAA indicadores pertinentes para las estrategias plurianuales de control como se hace para cohesión y mejorar la armonización de los criterios de materialidad en los IAA entre las direcciones generales relacionadas con cohesión y otras direcciones generales que administran fondos en gestión compartida;

—

—

introducir las modificaciones que ha propuesto en el Reglamento financiero y en la reglamentación sectorial para el período 2014-2020 (actualmente debatidas por el Parlamento Europeo y el Consejo) con el fin de mejorar la concepción de los regímenes de financiación, reducir el riesgo de error, limitar la carga administrativa para los beneficiarios y otros participantes, reducir los gastos de funcionamiento de los controles y obtener declaraciones de fiabilidad anuales de la dirección en todos los programas de gestión compartida.

—

1.29.

El Tribunal considera bien encaminadas las iniciativas de la Comisión para reforzar la rendición de cuentas y mejorar la transparencia de la información sobre la calidad de la gestión financiera, aunque recientemente señaló que, aunque estas propuestas contribuyan a aumentar las garantías sobre la legalidad y regularidad del gasto, la Comisión no ha especificado cómo va a utilizar dicha información para lograr que las operaciones queden exentas de errores materiales (19).

1.29.

Los gestores pertinentes de la Comisión tendrán plenamente en cuenta las declaraciones de garantía subyacente en la elaboración de sus propias declaraciones de gestión, ofreciendo así una sólida base para la garantía y para las medidas destinadas a subsanar, cuando sea necesario, las deficiencias en los sistemas de gestión y control.

1.30.

La interrupción y suspensión de los pagos puede ser un instrumento útil de prevención de las deficiencias que dan lugar a gastos irregulares, pero debe complementarse con medidas destinadas a corregir los errores (recuperaciones y correcciones financieras). El Tribunal considera que la Comisión, al presentar las cifras relativas a las correcciones financieras y a las recuperaciones, debe situarlas en un contexto adecuado, ya que los datos correspondientes de los Estados miembros siguen estando incompletos o insuficientemente auditados o validados, y la diferencia e impacto intrínsecos de los dos instrumentos correctores todavía no se tiene suficientemente en cuenta.

1.30.

1.31.

En esta sección se analizan algunos datos fundamentales de la gestión presupuestaria de 2011, sobre todo la ejecución de los créditos presupuestarios para compromisos y pagos, la utilización de los créditos de pago al final del ejercicio y el nivel de los compromisos presupuestarios pendientes («RAL»).

1.32.

El presupuesto de la UE para 2011 contaba con créditos presupuestarios para compromisos (20) por valor de 142 500 millones de euros (21), y créditos para pagos (22) de un importe de 128 300 millones de euros (23). Las instituciones encargadas de la ejecución alcanzaron índices de ejecución elevados: el 99,3 % de los créditos de compromiso (igual que en 2010) y el 98,6 % de los créditos de pago (frente al 96,6 % en 2010) (24). Los créditos, con exclusión de las prórrogas, se hallaban por debajo de los límites máximos del marco financiero para los créditos de compromiso en 100 millones de euros y para los créditos de pago en 7 000 millones de euros, incluidas todas las reservas.

1.33.

La ejecución presupuestaria global produjo un excedente presupuestario (25) que al final de 2010 ascendía a 1 500 millones de euros (frente a 4 500 millones de euros en 2010), el cual compensará, en principio, los recursos propios que deben recaudarse de los Estados miembros en años sucesivos.

1.34.

No obstante, en los tres principales fondos de la rúbrica 1b del marco financiero plurianual «Cohesión para el crecimiento y el empleo» [Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo de Cohesión (FC)] se produjo una aceleración de las solicitudes de pago de los Estados miembros al final del ejercicio. De hecho, la cuantía de los pagos podría haber sido hasta 5 000 millones de euros superior si se hubiera previsto correctamente la creciente demanda de financiación y se hubieran facilitado los créditos de pago solicitados, por ejemplo, mediante transferencias de importes sin utilizar de otros ámbitos (26).

1.34.

Además, las decisiones de interrupción y suspensión son elementos que difícilmente pueden tenerse en cuenta a la hora de prever los créditos necesarios. Las interrupciones pueden durar hasta seis meses, de conformidad con el Reglamento. Una vez corregida la deficiencia por parte de los Estados miembros y aplicadas las correcciones financieras, en caso necesario, la Comisión levanta la interrupción y, por consiguiente, los pagos pueden reanudarse.

La Comisión se dirigió por escrito a los Estados miembros a principios de 2012 para insistir en la necesidad de presentar la mayoría de las solicitudes a más tardar el 31 de octubre. Aparte del tratamiento de la transferencia global, ello permitirá que la Comisión solicite a la Autoridad Presupuestaria un presupuesto rectificativo para aumentar los créditos de pago destinados a hacer frente a las solicitudes recibidas, sobre la base de las solicitudes de pago recibidas realmente, en vez de sobre la base de previsiones.

1.35.

El Tribunal observa que, en algunos títulos presupuestarios, en el mes de diciembre se efectuó un número desproporcionado de pagos con respecto al número total de pagos durante el resto del año (27). Esta concentración de una parte significativa de los pagos en un período limitado podría repercutir negativamente en la eficacia de los sistemas de control y supervisión e incrementar el riesgo de error.

1.35.

1.36.

Los compromisos presupuestarios pendientes («RAL») (28) por los cuales todavía no se han efectuado pagos o liberaciones (29) aumentaron en 13 000 millones de euros (6,7 %), hasta alcanzar los 207 000 millones de euros, principalmente en los ámbitos políticos financiados con créditos disociados (30), y representan un equivalente al valor de 2,3 años de compromisos disociados o de 2,7 años de pagos disociados al ritmo de ejecución de 2011.

1.37.

La mayor parte de los compromisos pendientes se encuentran en el grupo de políticas de Cohesión (31) (véase el gráfico 1.2 ), ámbito en el que ascendieron a 136 000 millones de euros (32) (65,5 % del total), lo que equivale a 2,7 años de compromisos o a 3,2 años de pagos en dicho ámbito al ritmo de ejecución de 2011. La gran mayoría de estos compromisos pendientes (124 600 millones de euros o el 92 % del total) corresponde al actual período 2007-2013 (33).

1.36-1.37

La validez del indicador «porcentaje de ejecución de 2011» es relativa en lo que se refiere a los pagos, a causa de la falta de créditos disponibles al final del ejercicio (véase la última frase del apartado 1.34).

1.38.

Los niveles claramente superiores de compromisos pendientes acumulados para el período de programación 2007-2013 se explican en gran medida por la ejecución tardía de los programas (34). Los pagos solo podían efectuarse cuando la Comisión hubiera aprobado los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros, como exige la normativa aplicable a los fondos estructurales. Según el Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (35), hay que prever créditos de pago suficientes en los años futuros para cubrir la diferencia cada vez mayor entre compromisos pendientes y créditos para pagos (véase asimismo el apartado 1.34).

1.38.

La plena ejecución de los créditos disponibles de los Fondos Estructurales en 2010 y 2011 demuestra que el aumento del saldo pendiente de liquidación (RAL) puede también deberse a una falta de créditos presupuestarios disponibles al final del ejercicio (véase también el punto 1.34).

El gráfico 1.2 anejo ofrece pruebas de la posible absorción de los compromisos pendientes de pago acumulados durante el período de programación del Marco Financiero.

Por último, la Comisión está de acuerdo en que será preciso disponer de créditos de pago suficientes en los próximos años. La Comisión se ha comprometido firmemente a presentar proyectos de presupuesto que cubran la creciente diferencia entre los compromisos pendientes y los créditos de pago.

2.1.

El presente capítulo expone las observaciones específicas del Tribunal sobre los ingresos, que consisten en los recursos propios y otros ingresos. El cuadro 2.1 presenta información financiera clave sobre este ámbito en 2011. Los recursos propios constituyen, con diferencia, la principal fuente de financiación del gasto presupuestario (91 %).

2.2.

Existen tres categorías de recursos propios (1): recursos propios tradicionales (derechos aduaneros percibidos sobre las importaciones y cotización sobre la producción de azúcar), recursos propios calculados sobre la base del impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado por los Estados miembros, y recursos propios derivados de la renta nacional bruta de los Estados miembros (RNB).

2.3.

Los recursos propios tradicionales son constatados y recaudados por los Estados miembros. Tres cuartas partes de estos importes se abonan al presupuesto de la Unión (16 778 millones de euros, el 12,9 % de los ingresos), mientras que la parte restante se destina a cubrir los costes de recaudación. Cada Estado miembro envía a la Comisión una declaración mensual de los derechos constatados («la contabilidad A») y una declaración trimestral de los derechos constatados que no se incluyen en la primera («la contabilidad B») (2). Los principales riesgos que afectan a los recursos propios tradicionales son la exhaustividad, exactitud y respeto de los plazos de los derechos puestos a disposición de la Unión.

2.4.

Los recursos propios basados en el IVA son contribuciones resultantes de la aplicación de tipos uniformes a las bases imponibles del IVA teóricamente armonizadas de los Estados miembros (14 077 millones de euros, el 10,8 % de los ingresos). Los recursos propios basados en la RNB resultan de la aplicación de un tipo uniforme a la RNB de los Estados miembros (87 258 millones de euros, el 67,1 % de los ingresos). El principal riesgo para la regularidad de los recursos propios consiste en que las estadísticas subyacentes no sean elaboradas conforme a la normativa de la Unión o no sean tratadas con arreglo a esta y en que, por consiguiente, los Estados miembros abonen un importe incorrecto de recursos propios basados en el IVA y/o en la RNB.

2.5.

Se concede al Reino Unido una corrección de desequilibrios presupuestarios («el cheque británico») que implica una reducción en sus pagos de recursos propios basados en la RNB (3). Además, Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia se benefician de un tipo de referencia del IVA reducido, y los Países Bajos y Suecia cuentan con una reducción bruta en su contribución anual basada en la RNB para el período 2007-2013 (4). El principal riesgo es que la Comisión cometa un error en estos cálculos, en particular por lo que se refiere a los complejos cálculos del cheque británico.

2.6.

Tras tomar en consideración el total de los recursos propios tradicionales, los recursos propios basados en el IVA y otros tipos de ingresos, los recursos propios basados en la RNB se utilizan para equilibrar el presupuesto. Cualquier subestimación (o sobrestimación) de la RNB de un Estado miembro en particular —aunque no afecte al recurso propio basado en la RNB global— tiene por efecto el incremento (o reducción) de las contribuciones de los demás Estados miembros, hasta que se corrija el problema.

2.7.

Los riesgos principales en otros ingresos comprenden la gestión de las multas por la Comisión y la determinación de las correcciones financieras impuestas por la Comisión a los gastos de agricultura y cohesión.

2.8.

El enfoque y metodología global de auditoría del Tribunal se exponen en el anexo 1.1 , parte 2 , del capítulo 1. Para la fiscalización de los ingresos cabe señalar los siguientes aspectos específicos:

2.9.

La auditoría efectuada por el Tribunal de las operaciones subyacentes a las cuentas no puede abarcar las importaciones no declaradas o las que han eludido la vigilancia aduanera.

2.10.

El Tribunal procedió a una evaluación de los sistemas de control y supervisión en Alemania, España y Francia, que contribuyen conjuntamente a más de una tercera parte del total de los recursos propios tradicionales. Asimismo, examinó sus sistemas contables y el flujo de los recursos propios tradicionales desde su constatación hasta su declaración a la Comisión a fin de obtener garantías razonables de la exactitud e integridad de los importes registrados. Los auditores verificaron los controles claves vinculados a la aplicación de tipos de derecho preferenciales en Francia, los procedimientos de domiciliación en Alemania y España, y el depósito y el tratamiento de los costes de flete y seguro en Alemania, España y Francia.

2.11.

Asimismo, el Tribunal cotejó las siete órdenes de ingreso de recursos propios tradicionales que figuran en la muestra a la que se hace referencia en el apartado 2.8, letra a), con las correspondientes declaraciones mensuales de los Estados miembros en cuestión (7).

2.12.

Por último, el Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión en la Comisión, incluidas sus inspecciones en los Estados miembros, el procedimiento para la admisión en pérdida de los importes incobrables y el procedimiento para el seguimiento de sus anteriores observaciones y de las del Tribunal.

2.13.

Los recursos propios basados en el IVA o en la RNB se calculan a partir de datos estadísticos cuyas operaciones subyacentes no pueden auditarse directamente. Por este motivo la auditoría tomó como punto de partida la recepción por la Comisión de los agregados macroeconómicos elaborados por los Estados miembros, y se procedió seguidamente a evaluar los sistemas de tratamiento de los datos de la Comisión con el fin de determinar los importes que deben figurar en las cuentas presupuestarias definitivas. El Tribunal examinó, pues, la elaboración del presupuesto de la UE y la exactitud de las contribuciones de los Estados miembros.

2.14.

El Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión de la Comisión que tienen como fin proporcionar garantías razonables de que estos recursos han sido correctamente calculados y recaudados. La fiscalización comprendió asimismo la gestión por la Comisión de las reservas relativas al IVA y a la RNB, y su verificación de los inventarios de la RNB en los Estados miembros. En su fiscalización el Tribunal no expresa una opinión sobre la calidad de los datos del IVA y de la RNB transmitidos por los Estados miembros a la Comisión.

2.15.

En el anexo 2.1 figura el resumen de los resultados de la verificación de operaciones. Las pruebas realizadas por el Tribunal respecto de una muestra de operaciones pusieron de manifiesto que el 1,8 % estaba afectado por errores. El porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal es del 0,8 % (8).

2.15.

2.16.

El Tribunal constató que, por lo general, las órdenes de ingreso emitidas por la Comisión reflejan la contabilidad A transmitida por los Estados miembros.

2.17.

El Tribunal concluyó que ni el cálculo de las contribuciones de los Estados miembros ni su pago contenían errores.

2.18.

El Tribunal llegó a la conclusión de que una de las seis operaciones verificadas respecto de otros ingresos contenía un error. Asimismo, examinó el cálculo de una corrección financiera impuesta por la Comisión a un Estado miembro en el ámbito de los gastos agrícolas (título 6 del cuadro 2.1 ). Si bien el Tribunal no pone en duda la metodología utilizada por la Comisión, constató un error en su aplicación que dio lugar a la infravaloración por la Comisión de la pérdida para el presupuesto de la UE. La corrección financiera habría debido ascender a 30 millones de euros, en lugar de los 21 millones de euros calculados (9).

2.18.

Por lo que se refiere al caso citado por el Tribunal, el cálculo de la tasa de error fue realizado por el Estado miembro sobre la base de un método aprobado por la Comisión y utilizando la mejor información disponible en ese momento. Posteriormente el Estado miembro facilitó información adicional y más precisa sobre la población en riesgo, y la Comisión consideró adecuado tener en cuenta esa información sin reabrir, en esa fase avanzada, todo el procedimiento de liquidación de cuentas para volver a calcular la tasa de error.

2.19.

En el anexo 2.2 figura un resumen de los resultados del examen por el Tribunal de los sistemas de control y supervisión. Se constataron algunas deficiencias en los sistemas, que se presentan más adelante.

2.20.

En los Estados miembros visitados, la fiscalización del Tribunal (véase el apartado 2.10) puso de manifiesto deficiencias en la supervisión de las aduanas nacionales en cuanto a:

2.20.

a)

la aplicación de tipos de derecho preferenciales (10);

a)

Los dos casos en que no hay pruebas de transporte directo serán objeto de seguimiento por parte de la Comisión, con objeto de determinar si hay consecuencias financieras.

b)

el control y la auditoría ex post de los procedimientos de domiciliación (11);

b)

c)

la auditoría ex post del depósito aduanero (12);

c)

d)

el análisis de riesgos aplicado a la etapa de importación (13);

d)

e)

el tratamiento de los costes de flete y seguro (14).

e)

2.21.

En su Informe Anual relativo al ejercicio 2010, el Tribunal comunicó que, en una operación referente a la contabilidad A de un Estado miembro (15), no fue posible cotejar el importe de los recursos propios tradicionales declarados con los registros contables subyacentes. En el informe anual de actividad relativo a 2011 de la DG Presupuestos se ha formulado una reserva sobre la fiabilidad de los datos contables de este Estado miembro.

2.21.

Las medidas correctoras ya están en curso. El Estado miembro presentó un plan de acción a finales de noviembre de 2011, indicando las medidas correctoras que se adoptarán. El plan contiene objetivos a corto plazo (2012), a medio plazo (2012-2013) y a largo plazo (2013-2014 y años posteriores). La Comisión está supervisando la aplicación del plan. La primera fase consiste en la realización de una auditoría externa del sistema contable.

2.22.

El Tribunal puso de relieve que tanto él mismo como la Comisión siguen presentando varias observaciones que ya habían sido formuladas por ambas instituciones en ejercicios anteriores sin que los Estados miembros afectados tomen medidas correctoras [por ejemplo, las observaciones formuladas en el Informe Especial no 1/2010 (16) del Tribunal: «¿Se controlan de manera eficaz los procedimientos aduaneros simplificados aplicables a las importaciones?»].

2.22.

2.23.

Las reservas constituyen un dispositivo para mantener sujetos a corrección los puntos dudosos de las declaraciones del IVA presentadas por un Estado miembro una vez transcurrido el plazo reglamentario de cuatro años. El recurso a reservas forma por tanto parte del procedimiento de control interno. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros deberían resolver los puntos dudosos lo antes posible.

2.24.

En 2011, la Comisión formuló 46 reservas y suprimió 42, lo que según dicha institución tuvo como efecto neto la reducción de los recursos propios basados en el IVA en aproximadamente 88 millones de euros (17). Al final del ejercicio el número de reservas ascendía en total a 156 (véase el cuadro 2.2 ). De las reservas formuladas por la Comisión, 51 corresponden a infracciones de la legislación en materia de IVA, que solo pueden suprimirse una vez que se haya cerrado el procedimiento de infracción y se haya determinado el efecto en la base IVA para los ejercicios de que se trata.

2.24.

2.25.

La Comisión prosigue sus esfuerzos para suprimir las reservas pendientes de larga duración del IVA. El Tribunal define estas reservas como las que corresponden a un ejercicio que se remonte al menos a diez años antes, es decir, reservas todavía en vigor al final de 2011 referentes a 2002 y a ejercicios anteriores. Al final del ejercicio había 15 reservas de este tipo, algunas de las cuales se remontan a 1995, frente a las 16 al final de 2010 (apartado 2.23 del Informe Anual relativo al ejercicio 2010).

2.25.

2.26.

Al final de 2011 se habían emitido reservas generales (18) sobre los datos RNB de los Estados miembros de la EU-15 en el período 2002-2007, y de los Estados miembros de la EU-10 en el período 2004-2007, y de Bulgaria y Rumanía para 2007.

2.26.

2.27.

Al inicio de 2011, había pendientes cuatro reservas específicas relativas al PNB (19) correspondientes al período 1995-2001. Posteriormente la Comisión suprimió dos reservas relativas al Reino Unido, con lo cual quedaron dos reservas (20) al final de 2011.

2.27.

2.28.

Basándose en la verificación por Eurostat de los inventarios de la RNB, el Comité RNB adoptó los informes de evaluación relativos a los Estados miembros de la EU-25 en julio y octubre de 2011. No se suprimieron reservas generales ni se formularon reservas específicas por lo que se refiere a los datos RNB correspondientes al período iniciado en 2002 hasta el final de enero de 2012 (véanse los apartados 2.29 y 2.41, cuarto guion del Informe Anual relativo a 2010).

2.28.

2.29.

Las normas de desarrollo del Reglamento financiero (21) disponen que la Comisión deberá recurrir a la ejecución forzosa del título de crédito por cualquier medio disponible en caso de que no se hayan efectuado pagos provisionales o si los deudores no han constituido garantías para cubrir el importe íntegro antes de la fecha de vencimiento. Al final de 2011 aproximadamente el 2 % (22) de las multas pendientes no fueron cubiertas por un pago provisional o por una garantía tras la fecha de vencimiento.

2.29.

Gracias a esas negociaciones, una parte de las multas (incluidos los intereses de demora) impuestas a empresas en una situación económica delicada pueden cobrarse o estar cubiertas por una garantía, y que puede acordarse, según la normativa vigente, un plan de pago cubierto por una garantía financiera (véase el apartado 2.32). No obstante, algunas multas no pueden cobrarse porque se han impuesto a empresas en quiebra, en una situación financiera precaria o establecidas fuera de la Unión.

2.30.

El Tribunal examinó una muestra de 14 de estas multas y constató que en ocho casos la Comisión no había recurrido a todos los medios posibles para la ejecución forzosa de la recaudación.

2.30.

Estos ejemplos muestran que la Comisión siempre busca, con respecto a los deudores en situación económica precaria, obtener cobertura para las multas negociando con las empresas a fin de salvaguardar el cobro de la multa.

2.31.

En todos estos casos se trataba de deudores que, según la Comisión, se encontraban en una situación financiera precaria. La DG Presupuestos declara en su informe anual de actividad relativo a 2011 que no procederá a la ejecución forzosa de la recaudación si considera que los intereses financieros de la Unión estarán mejor protegidos mediante la negociación de un plan de pago. La Comisión propone modificar las normas de desarrollo del Reglamento financiero para permitir esta forma de proceder «en circunstancias excepcionales».

2.32.

Con arreglo al artículo 28, letra a), del Reglamento financiero (23), la conservación de los activos es un objetivo de gestión de la Comisión. Con el fin de garantizar la protección de las garantías que cubren las multas, la Comisión fija los requisitos de calificaciones crediticias mínimas para las instituciones financieras que emiten las garantías. El Tribunal halló casos en los que no se habían respetado estos requisitos.

2.33.

El 13 de mayo de 2011 la Comisión modificó las condiciones de tales garantías para que fuesen menos rigurosas con el fin de reflejar el deterioro de las condiciones de mercado. El Tribunal halló ejemplos en los que incluso estas nuevas condiciones no habían sido respetadas.

2.34.

Dado el estado actual del sector bancario, la Comisión afirma en el informe anual de actividad de la DG Presupuestos que está examinando su política de gestión de riesgos.

2.32-2.35.

2.33-2.34.

En los ejemplos mencionados por el Tribunal, las garantías respetaron la política de riesgo en vigor, en los casos aceptados por la Comisión. Los garantes fueron recalificados a la baja posteriormente, lo que, dado el reducido número de bancos que cumplen los criterios aún en el mercado, hizo que la Comisión volviera a reconsiderar su política de riesgo para las garantías bancarias en junio de 2012. La nueva decisión, al tiempo que tiene en cuenta la evolución de los mercados financieros, garantiza un grado suficiente de diversificación de la exposición general de la Comisión frente a los distintos garantes.

2.35.

Basándose en su trabajo de auditoría (24), el Tribunal ha llegado a la conclusión de que, para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011,

están exentos de errores materiales.

2.36.

Basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal constató que los sistemas de control y supervisión examinados por lo que se refiere a los ingresos son eficaces. No obstante, llama la atención sobre las insuficiencias que se exponen a continuación:

a)

los controles del Tribunal pusieron de manifiesto insuficiencias en la supervisión de las aduanas nacionales (véase el apartado 2.20). El Tribunal llega a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros examinados solo son parcialmente eficaces para garantizar la integridad y exactitud de los recursos propios tradicionales registrados;

a)

b)

todavía existen reservas pendientes de larga duración con relación a los recursos propios basados en el IVA (véase el apartado 2.25);

b)

Ha habido una mejora constante de la frecuencia de las consultas con los Estados miembros así como de los niveles de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, lo cual se mantendrá.

c)

al final de 2011 la Comisión todavía no había suprimido reservas generales ni emitido reservas específicas relativas a la RNB con respecto a los Estados miembros de la EU-25 en el período iniciado en 2002 (véase el apartado 2.28);

c)

d)

al final de 2011 la Comisión todavía no había suprimido las dos reservas específicas pendientes relativas al PNB correspondientes al período 1995-2001 (véase el apartado 2.27);

d)

e)

el Tribunal toma nota de los motivos invocados para no proceder a la ejecución forzosa de la recaudación en todos los casos (véase el apartado 2.30). La Comisión propone modificar las normas de desarrollo del Reglamento financiero para permitir esta forma de proceder «en circunstancias excepcionales»;

e)

f)

la Comisión examina además su política de gestión de riesgos por lo que respecta a la fiabilidad de las garantías que cubren las multas y sanciones pendientes, con el fin de reflejar la situación en el sector bancario (véase el apartado 2.34).

f)

2.37.

En el anexo 2.3 figura el resultado del análisis efectuado por el Tribunal de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores Informes Anuales (2008 y 2009). Conviene destacar los puntos siguientes:

a)

en sus anteriores informes anuales (por ejemplo, apartado 4.14 del Informe Anual relativo al ejercicio 2008 y apartado 2.20 del Informe Anual relativo al ejercicio 2009), el Tribunal manifestó que continuaba hallando problemas relativos a la utilización de la contabilidad B. En 2011 la Comisión seguía detectando este tipo de problemas en sus inspecciones;

a)

b)

por lo que se refiere a los recursos propios basados en la RNB, el Tribunal recomendó a la Comisión (por ejemplo, en el apartado 2.38 del Informe Anual relativo al ejercicio 2009) que: i) determine claramente el alcance de la opinión que emite en sus informes de evaluación de los datos de la RNB de los Estados miembros y ii) tome en consideración su valoración de los sistemas de control y supervisión de los institutos nacionales de estadística (INE) para el establecimiento de las cuentas nacionales. Estas recomendaciones no fueron puestas en práctica por la Comisión en su evaluación de los datos de la RNB de los Estados miembros de la EU-25 (véase el apartado 2.28).

b)

2.38.

A raíz de este examen, y de las constataciones y conclusiones referentes a 2011, el Tribunal recomienda a la Comisión que:

—

Recomendación 1: inste a los Estados miembros a reforzar la supervisión de las aduanas con el fin de aumentar al máximo el importe de recursos propios tradicionales recaudados.

—

Recomendación 2: prosiga sus esfuerzos para velar por la correcta utilización de la contabilidad B, y por que los sistemas contables permitan que la contabilidad A de los Estados miembros sea manifiestamente completa y correcta.