5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/1

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/3

(1)

El Reglamento (CE) no 945/2008 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2008/2009. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 348/2009 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006,

5.5.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/5

(1)

El Reglamento (CE) no 1698/2005, que establece el marco jurídico para la ayuda prestada por el Feader en favor del desarrollo rural en la Comunidad, ha sido modificado por el Reglamento (CE) no 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (2). Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión (3) debe complementarse con disposiciones de aplicación adicionales.

(2)

La desaparición del régimen de cuotas lácteas establecido en el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (4), exige a los productores de leche esfuerzos específicos. Por consiguiente, conviene retirar, a partir del inicio del período de programación, el límite impuesto a la ayuda a la inversión concedida a las explotaciones lecheras para no sobrepasar las cuotas de producción atribuidas a cada explotación.

(3)

El Reglamento (CE) no 74/2005 ha establecido la obligación de revisión de los planes estratégicos nacionales. Procede definir los contenidos mínimos de tal revisión.

(4)

Teniendo en cuenta la importancia de las prioridades establecidas en el artículo 16 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005, las primeras revisiones de los programas de desarrollo rural en aplicación del artículo citado deben considerarse revisiones en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005 y estar cubiertas por una Decisión de la Comisión.

(5)

El Reglamento (CE) no 74/2009 relaciona una lista de los efectos potenciales que deberían provocar las operaciones relativas a las prioridades contempladas en el artículo 16 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005. Dado que esta lista no es exhaustiva, los Estados miembros pueden proponer otros efectos potenciales que las operaciones antes citadas deberían producir. No obstante, para garantizar la coherencia con los efectos potenciales ya precisados, y con el objetivo general de reforzar la eficacia de las operaciones relativas a los nuevos desafíos, las propuestas de otros efectos potenciales presentadas por los Estados miembros deben someterse a la Comisión para examen y al Comité de desarrollo rural para dictamen. Por consiguiente, toda modificación que añada un nuevo efecto potencial debe ser objeto de una decisión de la Comisión.

(6)

Habida cuenta del gran número de casos de revisión relativos a una excepción de pequeña importancia a los principios de delimitación entre organizaciones comunes de mercado y el desarrollo rural y para aliviar la carga administrativa, la Comisión ya no debe adoptar decisiones sobre las revisiones que tengan por objeto cambios relativos a la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1698/2005. En consecuencia, conviene suprimir esta categoría de revisión de la lista que figura en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1974/2006.

(7)

Conviene precisar el contenido y los criterios de los planes empresariales relativos a la ayuda a las explotaciones en proceso de reestructuración con motivo de la reforma de una organización común de mercado.

(8)

Debido a la supresión de la medida de retirada de tierras de conformidad con el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (5), resulta oportuno adaptar las disposiciones relativas a dicha medida.

(9)

Con el fin de facilitar la realización de los proyectos de inversión en el contexto de la crisis económica y financiera actual, conviene aumentar el límite de los anticipos en 2009 y 2010.

(10)

Es oportuno adaptar las disposiciones relativas a las ayudas estatales para ciertas medidas cofinanciadas por el Feader y para la financiación nacional complementaria, a fin de precisar su ámbito de aplicación y de tener en cuenta la nueva medida relativa a las explotaciones en proceso de reestructuración con motivo de la reforma de una organización común de mercado, instaurada por el Reglamento (CE) no 74/2009.

(11)

Es necesario definir la expresión «propuestas importantes de modificación» utilizada en el artículo 78, letra f), del Reglamento (CE) no 1698/2005.

(12)

Con el fin de garantizar el seguimiento de las operaciones relativas a las prioridades establecidas en el artículo 16 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005, conviene precisar por tipo de operación los indicadores de realización, y los objetivos conexos, que forman parte del marco común de seguimiento y evaluación a que hace referencia el artículo 80 de dicho Reglamento.

(13)

Los Estados miembros deben facilitar en sus programas revisados información sobre los tipos de operaciones relativas a las prioridades mencionadas en el artículo 16 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005, indicando las operaciones basadas en nuevas medidas, es decir, las medidas que aún no han sido aprobadas en el programa de desarrollo rural. Además, debe mencionarse la contribución indicativa del Feader para 2010-2013. Para ello, es necesario modificar los anexos del Reglamento (CE) no 1974/2006.

(14)

En aras de la coherencia con la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 74/2009, que se complementa con las disposiciones del presente Reglamento, conviene que este último sea aplicable a partir del 1 de enero de 2009. Esta aplicación retroactiva no debe infringir el principio de seguridad jurídica de los beneficiarios destinatarios.

(15)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1974/2006 en consecuencia.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de desarrollo rural.

1)

En el artículo 2, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Con la excepción del sector lácteo, cuando una organización común de mercado, que incluya regímenes de ayuda directa financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) imponga restricciones de producción o limitaciones respecto de la ayuda comunitaria al nivel de los agricultores individuales, de las explotaciones o de las instalaciones de transformación, no se subvencionará en virtud del Reglamento (CE) no 1698/2005 ninguna inversión susceptible de aumentar la producción más allá de dichas restricciones o limitaciones.».

2)

Se añade el artículo 3 bis siguiente:

«Artículo 3 bis

Las revisiones de los planes estratégicos nacionales de conformidad con el artículo 12 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005 incluirán una revisión de los elementos pertinentes establecidos en el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento relacionados con las prioridades previstas en el artículo 16 bis, apartado 1, de dicho Reglamento, y, en particular, de los principales objetivos cuantificados.

La estrategia nacional precisará la contribución aproximada e indicativa del Feader a que hace referencia el artículo 69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) no 1698/2005, atribuida a cada una de las prioridades enunciadas en el artículo 16 bis, apartado 1, de dicho Reglamento en el Estado miembro y dará las explicaciones apropiadas sobre la atribución.».

3)

En el artículo 5, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«El contenido de los programas de desarrollo rural a que se refieren los artículos 16 y 16 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005 se determinará de conformidad con lo dispuesto en el anexo II del presente Reglamento.».

4)

En el artículo 7, el apartado 1 se modifica como sigue:

5)

En el artículo 9, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Las modificaciones introducidas en los programas por los Estados miembros previstas en el artículo 6, apartado 1, letra c), podrán implicar la modificación de los desgloses financieros por medidas dentro de un eje, así como modificaciones de carácter no financiero relativas a la introducción de nuevas medidas y de nuevos tipos de operaciones, la retirada de medidas y tipos de operaciones existentes, las modificaciones relativas a la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1698/2005, o la incorporación de datos o descripciones referentes a medidas que ya figuren en el programa.».

6)

Se añade el artículo 24 bis siguiente:

«Artículo 24 bis

El plan empresarial contemplado en el artículo 35 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005 deberá:

7)

En el artículo 27, apartado 6, se suprime el párrafo primero.

8)

En el artículo 46, se añade el párrafo siguiente:

«El presente artículo también será aplicable a los compromisos relacionados con la supresión de la retirada de tierras a raíz de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 73/2009. A petición del beneficiario, también pueden autorizarse adaptaciones de estos compromisos en ausencia de cláusula de revisión.».

9)

En el artículo 56, apartado 2, párrafo primero, se añade la frase siguiente:

«En caso de inversiones respecto de las cuales la decisión de conceder una ayuda se adopte en 2009 o en 2010, el importe de los anticipos podrá aumentarse hasta el 50 % de la ayuda pública relativa a esta inversión.».

10)

En el artículo 57, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los programas de desarrollo rural podrán incluir pagos realizados por los Estados miembros para el desarrollo rural, excluidos del ámbito de aplicación del articulo 36 del Tratado, en favor de medidas previstas en los artículos 25, 43 a 49 y 52 del Reglamento (CE) no 1698/2005 y de operaciones en virtud de medidas previstas en los artículos 21, 24, 28, 29, 30 y 35 bis de dicho Reglamento o financiación nacional suplementaria, excluidas del ámbito de aplicación del artículo 36 del Tratado, en favor de medidas previstas en los artículos 25, 27, 43 a 49 y 52 del Reglamento (CE) no 1698/2005 y de operaciones en virtud de medidas relativas a los artículos 21, 24, 28, 29, 30 y 35 bis de dicho Reglamento, siempre y cuando la ayuda estatal se haya descrito de la manera indicada en el anexo II, punto 9.B del presente Reglamento.».

11)

En la sección 4, «Seguimiento y evaluación», se añade el artículo 59 bis siguiente:

«Artículo 59 bis

A efectos del artículo 78, letra f), del Reglamento (CE) no 1698/2005, las “propuestas importantes de modificación” deberán mencionar las modificaciones para las que es obligatoria una Decisión de la Comisión y las modificaciones contempladas en el artículo 9, apartado 1, del presente Reglamento, con excepción de las modificaciones relativas a la excepción prevista en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1698/2005 y la incorporación de datos o descripciones referentes a medidas que ya figuren en el programa.».

12)

En el artículo 62, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«En lo que respecta a las medidas que contengan operaciones de los tipos descritos en el artículo 16 bis del Reglamento (CE) no 1698/2005, los indicadores de realización y los objetivos indicativos establecidos para estos se desglosarán por tipo de operación.».

13)

En el artículo 63, apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«En casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, en particular de funcionamiento defectuoso del sistema o de falta de una conexión permanente, el Estado miembro podrá enviar los documentos a la Comisión mediante una copia impresa o cualquier otro medio electrónico adecuado. Dicho envío de copias impresas o por cualquier otro medio electrónico no se podrá efectuar sin haber informado previamente a la Comisión.».

14)

Los anexos I, II, VII y VIII se modifican con arreglo al anexo del presente Reglamento.

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/13

(1)

El Reglamento (CE) no 360/2009 de la Comisión (3) fija los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 1 de mayo de 2009.

(2)

Como se ha producido una desviación de 5 EUR por tonelada entre la media de los derechos de importación calculada y el derecho fijado, debe procederse al ajuste correspondiente de los derechos de importación fijados por el Reglamento (CE) no 360/2009.

(3)

Procede pues modificar el Reglamento (CE) no 360/2009.

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/16

(1)

El contenido de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (3), ha sido modificado (4). Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

El desarrollo de los programas de ordenador exige una considerable inversión de recursos humanos, técnicos y financieros y dichos programas pueden copiarse con un coste mínimo en relación con el preciso para crearlos de forma independiente.

(3)

Los programas de ordenador están desempeñando un papel de creciente importancia en una amplia gama de sectores y, en consecuencia, cabe considerar la tecnología informática como de capital importancia para el desarrollo industrial de la Comunidad.

(4)

Determinadas diferencias existentes en cuanto a la protección jurídica de los programas de ordenador que ofrecen las legislaciones de los Estados miembros producen efectos negativos y directos sobre el funcionamiento del mercado interior en lo relativo a los programas de ordenador.

(5)

Conviene suprimir las diferencias existentes que produzcan tales efectos, impidiéndose al mismo tiempo que aparezcan otras nuevas, y sin que ello proceda en relación a aquellas diferencias que no afecten de forma apreciable al funcionamiento del mercado interior.

(6)

En consecuencia, el marco jurídico comunitario sobre protección de programas de ordenador puede, en primer término, limitarse a establecer que los Estados miembros deban conceder a dichos programas una protección con arreglo a la legislación sobre derechos de autor como obras literarias. Debe establecerse el sujeto y el objeto de la protección, los derechos exclusivos a los que pueden acogerse los sujetos de la protección para autorizar o prohibir determinados actos y la duración de dicha protección.

(7)

A los efectos de la presente Directiva, el término «programa de ordenador» incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware. Este término designa también el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa de ordenador, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador.

(8)

Entre los criterios que deben utilizarse para determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original, no deben aplicarse los de carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa.

(9)

La Comunidad se ha comprometido plenamente a fomentar una normalización de carácter internacional.

(10)

La función de un programa de ordenador es comunicarse y trabajar con otros componentes del sistema de ordenador y con sus usuarios y, a tal fin, se exige contar con un sistema lógico y, cuando sea conveniente, físico de interconexión e interacción para permitir a los elementos de los soportes físicos y lógicos trabajar con otros soportes físicos y lógicos y con usuarios, en la forma prevista. Las partes del programa que establecen dicha interconexión e interacción entre los elementos de software y hardware suelen denominarse «interfaces». La interconexión e interacción funcional suele conocerse como «interoperabilidad»; dicha interoperabilidad puede ser definida como la capacidad de los programas de ordenador para intercambiar información y utilizar mutuamente la información así intercambiada.

(11)

Para evitar cualquier duda, debe establecerse claramente que solo se protege la expresión del programa de ordenador y que las ideas y principios implícitos en los elementos del programa, incluidas las de sus interfaces, no pueden acogerse a la protección de los derechos de autor con arreglo a la presente Directiva. De acuerdo con este principio de derechos de autor, en la medida en que la lógica, los algoritmos y los lenguajes de programación abarquen ideas y principios, estos últimos no están protegidos con arreglo a la presente Directiva. De acuerdo con la legislación y jurisprudencia de los Estados miembros y los convenios internacionales en la materia, la expresión de dichas ideas y principios debe protegerse mediante derechos de autor.

(12)

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por «alquiler» la operación de ofrecer la utilización, por un período limitado y con fines de lucro, de un programa de ordenador o una copia del mismo. Este término no incluye el préstamo público que, en consecuencia, no entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(13)

Los derechos exclusivos del autor a impedir la reproducción no autorizada de sus obras deben someterse a una excepción limitada que se aplicará a los programas de ordenador para permitir la reproducción técnicamente necesaria para la utilización de los mismos por parte de su legítimo adquirente. Ello significa que los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto de corrección de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato. A falta de cláusulas contractuales específicas, especialmente en caso de venta de una copia del programa, cualquier otro acto necesario a la utilización de la copia de un programa podrá ser ejecutado, de conformidad con su finalidad prevista, por un adquirente legítimo de dicha copia.

(14)

No debe impedirse a la persona facultada para utilizar el programa de ordenador que realice los actos necesarios para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, siempre que dichos actos no supongan infracción de los derechos del autor sobre el programa.

(15)

La reproducción, traducción, adaptación o transformación no autorizadas de la forma del código en el que se suministra la copia del programa de ordenador constituyen una infracción de los derechos exclusivos del autor. No obstante, pueden existir circunstancias en las que dicha reproducción del código y traducción de su forma resulten indispensables para obtener la información necesaria con objeto de lograr la interoperabilidad con otros programas de un programa creado de manera independiente. Por tanto, en estas circunstancias concretas, solamente la realización de actos de reproducción y traducción para modificar la forma del código por parte de la persona facultada para utilizar la copia del programa, o en su nombre, ha de considerarse legítima y compatible con una práctica adecuada, y, por consiguiente, no debe exigir la previa autorización del titular de los derechos. Uno de los objetivos de esta excepción es permitir la interconexión de todos los elementos de un sistema informático, incluidos los de fabricantes diferentes, para que puedan funcionar juntos. No debe hacerse uso de tal excepción a los derechos exclusivos del autor de forma que resulte lesiva para los intereses legítimos del titular o que obstaculice la explotación normal del programa.

(16)

La protección de programas de ordenador al amparo de la legislación sobre derechos de autor debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de otros tipos de protección cuando proceda. No obstante, toda disposición contractual contraria a las disposiciones de la presente Directiva establecidas al respecto para la descompilación o a las excepciones establecidas en la presente Directiva en relación con la realización de una copia de salvaguardia o para observar, estudiar o verificar el funcionamiento de un programa debe ser nula y sin valor ni efecto alguno.

(17)

Las disposiciones de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre la competencia en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado, si un proveedor en posición dominante se niega a hacer disponible una información necesaria para la interoperabilidad definida en la presente Directiva.

(18)

Las disposiciones de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de los requisitos específicos de las normas comunitarias ya en vigor con respecto a la publicación de interfaces en el sector de las telecomunicaciones o de las decisiones del Consejo relativas a la estandarización en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones.

(19)

La presente Directiva no afecta a las excepciones establecidas por las legislaciones nacionales, en aplicación del Convenio de Berna, sobre los puntos a los que no se aplique la presente Directiva.

(20)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas, que figuran en la parte B del anexo I.

a)

la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa de ordenador necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho;

b)

la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador;

c)

cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias.

a)

que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;

b)

que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a), y

c)

que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

a)

se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente;

b)

se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente, o

c)

se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa de ordenador sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

a)

la puesta en circulación de una copia de un programa de ordenador conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima;

b)

la tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima, o

c)

la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador.

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/23

(1)

Por carta de 30 de mayo de 2006, registrada por la Comisión el mismo día, Alemania notificó a la Comisión, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, la primera parte de la medida, registrada como ayuda estatal N 339/06.

(2)

La Comisión pidió información adicional por carta fechada el 22 de junio de 2006. Alemania respondió por carta de 13 de julio de 2006. Por carta de 31 de agosto de 2006, la Comisión solicitó información complementaria, que Alemania transmitió por carta de 22 de septiembre de 2006. El 11 de octubre de 2006 la Comisión solicitó información adicional, que Alemania remitió por carta de 6 de noviembre de 2006.

(3)

Por carta de 9 de noviembre de 2006, registrada por la Comisión el mismo día, Alemania notificó la segunda parte de la medida, registrada por la Comisión como ayuda estatal N 729/06. Dado que el objeto de ambas comunicaciones (N 339/06 y N 729/06) se solapa, la Comisión propuso, por carta de 6 de diciembre de 2006, vincular los dos casos de forma que todo el intercambio de correspondencia se refiriera a ambos y pidió información complementaria para los dos. Alemania respondió por carta de 23 de enero de 2007.

(4)

La Comisión solicitó más información el 28 de febrero de 2007. Tras ampliar el plazo Alemania respondió por carta de 11 de abril de 2007. El 4 de mayo de 2007 la Comisión pidió información complementaria. Tras ampliar el plazo Alemania respondió por carta de 29 de junio de 2007.

(5)

Mediante carta de 30 de agosto de 2007, la Comisión comunicó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (en lo sucesivo, «la decisión de incoación») con respecto a esta ayuda. La decisión de incoación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a Alemania y a los interesados a que formularan sus observaciones.

(6)

Alemania formuló sus observaciones sobre la decisión de incoación por carta de 19 de octubre de 2007. Tras ampliar el plazo, la Comisión recibió, por carta de 10 de diciembre de 2007, las observaciones de un interesado, la IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (en lo sucesivo, «el Fondo IBG») La Comisión transmitió estas observaciones a Alemania por carta de 21 de enero de 2008. Alemania respondió por carta de 14 de febrero de 2008.

(7)

La Comisión solicitó más información por carta de 18 de abril de 2008 y por correos electrónicos de 28 de abril de 2008 y de 11 de junio de 2008. Alemania envió información adicional por cartas de 5 de junio de 2008 y de 13 de junio de 2008.

(8)

El Fondo IBG es un fondo de capital riesgo público creado y financiado por el Estado federado de Sajonia-Anhalt. La finalidad del Fondo IBG consiste en facilitar capital de riesgo a PYME innovadoras con orientación tecnológica en Sajonia-Anhalt que se hallen en una fase inicial y de crecimiento de su desarrollo. Sajonia-Anhalt es una región asistida a efectos del artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE (3).

(9)

Desde el 1 de julio de 2007 el Fondo IBG está gestionado por la sociedad de gestión GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «el gestor del fondo»), seleccionada mediante licitación abierta y no discriminatoria. La financiación estatal asciende en total a unos 130 millones EUR. La medida es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2013.

(10)

El Fondo IBG ofrece las siguientes inversiones:

(11)

En su decisión de incoación, la Comisión concluyó que las participaciones abiertas y las medidas de conversión no constituían ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado en beneficio de los inversores (4) o del gestor del fondo IBG (5). La existencia de una ayuda de Estado con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, en beneficio del Fondo IBG (6) o de las empresas de que se trata no ha podido quedar excluida. La Comisión consideró, sin embargo, que la medida se ajusta a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas (7) (en lo sucesivo, «las Directrices») y compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

(12)

Las aportaciones pasivas del Fondo IBG se examinaron individualmente en la decisión de incoación, ya que en opinión de Alemania se trataba de instrumentos de crédito conformes al mercado y por lo tanto no eran ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, mientras que la Comisión dudaba entre clasificar las aportaciones pasivas del Fondo IBG, en el plano económico, como instrumentos de crédito o instrumentos de capital propio.

(13)

La Comisión incoó el procedimiento de investigación formal para determinar si las aportaciones pasivas del Fondo IBG podían considerarse, en el plano económico, como instrumentos de crédito —como consideraba Alemania— o como instrumentos de capital propio. En caso de que las aportaciones pasivas fueran realmente instrumentos de crédito, tiene relevancia para la decisión la cuestión de si incluían una ayuda estatal real a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE a favor de la empresa de que se trata, de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (8) (en lo sucesivo, «la Comunicación de 1997»), que debe aplicarse para evaluar el tipo de mercado (9).

(14)

En su decisión de incoación, la Comisión consideró que las aportaciones pasivas del Fondo IBG, en tanto pudieran asimilarse a instrumentos de crédito, no constituían una ventaja para la empresa beneficiaria a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE ya que, según la Comunicación de 1977, se ajustarían al mercado. Si, por el contrario, las aportaciones pasivas del Fondo IBG debían considerarse capital propio, no podría excluirse la existencia de ayuda estatal a favor de las empresas destinatarias, ya que con la medida se podría compensar un fallo del mercado de capital riesgo.

(15)

Para aclarar la cuestión de si las aportaciones pasivas del Fondo IBG eran instrumentos de crédito o de capital propio, en la decisión de incoación se examinó, con arreglo al punto 4.3.3 de las Directrices, el contenido económico de los instrumentos y se tuvo en cuenta el grado de riesgo que debía compartir el inversor, las pérdidas que podía asumir, en su caso, si se garantizaba la preeminencia de la remuneración vinculada a los beneficios sobre la remuneración fija, el rango que ocuparía el inversor en caso de insolvencia de la empresa destinataria y que tratamiento recibiría el correspondiente instrumento de inversión en virtud de las disposiciones legislativas, normativas, financieras y contables nacionales vigentes.

(16)

Al verificar la naturaleza económica de las aportaciones pasivas del Fondo IBG, la Comisión constató las siguientes diferencias posibles entre los instrumentos de crédito estándar y dichas aportaciones pasivas:

a)   Subordinación: En caso de insolvencia de la empresa destinataria, las aportaciones pasivas del Fondo IBG tienen preferencia frente a los fondos propios, pero están subordinadas a los créditos y a los demás acreedores.

b)   Garantías: Las aportaciones pasivas del Fondo IBG están garantizadas en parte (como mínimo el 10 %), si bien muy por debajo del nivel necesario para una financiación exterior.

c)   Amortización: Las aportaciones pasivas del Fondo IBG se amortizan dos veces al año, mientras que los instrumentos de crédito estándar, el capital y los intereses se amortizan, por lo general, cada mes.

d)   Derechos de información y control: Se han constatado diferencias en los derechos de información y control, aun cuando los contratos de créditos estándar incluyan, entre otras, cláusulas de propiedad y control.

e)   Derecho de rescisión: Parece haber ciertas diferencias respecto a la rescisión del contrato.

f)   Remuneración: Debido a la remuneración de salida, única y vinculada a los beneficios, no se ha podido establecer con total seguridad que la remuneración fija fuera el componente principal de la remuneración.

(17)

Por esta razón la Comisión duda si considerar las aportaciones pasivas del Fondo IBG como instrumentos de crédito y ha invitado a los interesados a que presenten sus observaciones al respecto.

(18)

En virtud del artículo 20, apartado 2, del Reglamento no 659/1999 (CE) del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 92 del Tratado CE (10), la Comisión recibió, tras la publicación en el Diario Oficial (11), las observaciones de un interesado, el Fondo IGB, que aportó argumentos completos para clasificar las aportaciones pasivas del Fondo IBG como instrumentos de crédito.

(19)

El Fondo IBG explica la subordinación de las aportaciones pasivas. Esta subordinación se acordó voluntariamente y no la exige la ley. No es inhabitual, en principio, prever instrumentos de crédito con rangos diferentes. Para financiar la adquisición de empresas, los créditos se subdividen casi siempre en créditos principales y subordinados. El Fondo IBG indica en sus observaciones que las aportaciones tácitas, aunque puedan subordinarse a los créditos y a los demás acreedores, siempre serán prioritarias frente al capital propio, y en ningún caso participarán en las pérdidas de las empresas destinatarias.

(20)

El Fondo IBG precisa que las aportaciones pasivas estarían garantizadas de un 10 % a un 30 % de su valor por garantías de los accionistas de las empresas destinatarias. El importe exacto de la garantía depende de cada caso, en especial de los activos que los accionistas hayan transmitido antes a la empresa, por ejemplo en forma de capital propio o de derechos de propiedad intelectual. Según los casos los instrumentos de crédito puede adoptar formas diferentes. En la práctica podría darse incluso una garantía del 0 % (en el caso de los denominados créditos blancos), lo que no convierte automáticamente este instrumento en un instrumento de capital propio.

(21)

Según el Fondo IGB, las modalidades de reembolso de las aportaciones pasivas del Fondo IGB son idénticas a las de los instrumentos de crédito. En los créditos estándar, el capital y los intereses se reembolsan según la liquidez de la empresa y no necesariamente cada mes. El reembolso de base semestral o trimestral es tan habitual como los pagos mensuales. Según el Código Civil (Bürgerlichen Gesetzbuch-BGB), los intereses deben abonarse cada año transcurrido, pero pueden acordarse otras normas.

(22)

Para el reembolso del capital, el Fondo IBG hace referencia al BGB, según el cual el reembolso debe efectuarse al cancelarse el préstamo siempre que en el contrato no figure ningún acuerdo distinto. Las aportaciones pasivas del Fondo IBG se atienen a las disposiciones del BGB, sin incluir acuerdos contractuales diferentes.

(23)

El Fondo IGB presenta más argumentos sobre las similitudes entre las cláusulas de información, propiedad y control de las aportaciones pasivas del Fondo IBG y las de los instrumentos de crédito. Es frecuente prever cláusulas de propiedad y control para los contratos de crédito. Los acreedores las exigirían sobre todo en los créditos bancarios y la financiación de proyectos y compra de empresas. Estos tipos de créditos y las aportaciones pasivas del Fondo IBG tendrían en común su larga duración y que no vencerían hasta la rescisión. En contrapartida, los acreedores exigieron acuerdos bastante extensos que les autorizaran a rescindir antes el contrato de crédito en caso de que el deudor incumpliera los acuerdos.

(24)

Para los créditos bancarios, la federación de bancos privados alemanes (Bundesverband deutscher Banken) preparó un modelo de contrato especial con una amplia cláusula cambiaria de propiedad y de control. Por lo que respecta a la financiación de proyectos y adquisiciones de empresas, el Fondo IBG se refiere a varios comentarios alemanes pertinentes en los que se tratan y reconocen a los acreedores cláusulas de control exhaustivas.

(25)

El Fondo IBG presenta más argumentos sobre las similitudes entre las aportaciones pasivas del Fondo IBG y los instrumentos de crédito respecto a las condiciones para rescindir el contrato. En caso de incumplimiento de contrato, de que no se cumplieran las condiciones acordadas, de datos erróneos o de cambio de control, la empresa en cuestión o el Fondo IBG también podría rescindir el contrato. Si la terminología especial utilizada para la rescisión del contrato en las aportaciones pasivas del Fondo IBG difiere de la utilizada por los créditos estándar, ello es expresión de las particularidades del instrumento frente a un crédito estándar.

(26)

El Fondo IGB explica el sistema de remuneración de las aportaciones pasivas del Fondo IBG, en el que la remuneración fija sería el componente principal de la remuneración anual total del 13 %. Esta está compuesta por una parte a interés fijo, establecido por el sistema de valoración del riesgo del crédito de la empresa destinataria y abonado independientemente de la rentabilidad de la inversión, y por otra parte que depende de los beneficios, que se abona en caso de que se superen determinados límites de rentabilidad. El elemento dependiente de los beneficios es siempre inferior en 250 puntos básicos, como mínimo, al elemento con tipo fijo. Complementariamente a la remuneración anual total del 13 % se abona una remuneración de salida fija y única, que se calcula como porcentaje del importe nominal de la aportación pasiva y no depende de la rentabilidad de la inversión.

(27)

El Fondo IGB demuestra detalladamente que las aportaciones pasivas del Fondo IBG son aportaciones pasivas típicas según el Derecho alemán (civil, contable y fiscal) y las normas internacionales de contabilidad (IFRS, IAS), por lo que deben considerarse instrumentos de crédito.

(28)

En virtud del artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, la Comisión recibió unas observaciones de Alemania sobre el anuncio publicado en el Diario Oficial (12). En su opinión, las aportaciones pasivas del Fondo IBG son aportaciones pasivas típicas y deben considerarse instrumentos de crédito por las razones siguientes:

(29)

En sus observaciones sobre la postura de los interesados, Alemania está de acuerdo con la opinión del Fondo IBG y repite las conclusiones de sus observaciones sobre la decisión de incoación. Subraya también que las aportaciones pasivas del Fondo IBG se habrían concedido en condiciones de mercado y no contendrían ayuda estatal, ya que se atenían a la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (13) (en lo sucesivo, «la Comunicación de 2008»).

(30)

En otro intercambio de correspondencia con la Comisión, Alemania explicó el sistema de calificación del Fondo IBG, evaluado por Price Waterhouse Coopers, según el cual las empresas destinatarias se clasificaron entre «muy bien» (AAA) y «mal/dificultades financieras» (CCC), y las empresas CCC no recibieron financiación alguna. Las escasas garantías y el rango de las aportaciones pasivas del Fondo IBG se tuvieron en cuenta al evaluar el riesgo del crédito de las empresas destinatarias.

(31)

El sistema de calificación sirve de base para fijar los tipos de interés adaptados al riesgo. Las aportaciones pasivas se habían remunerado siempre a un tipo de interés fijo compuesto por el IBOR y un margen adecuado. Este podía situarse entre 100 y 650 puntos básicos en función de la calificación de la empresa. Para las empresas no incluidas en el sistema de calificación del Fondo IBG se utiliza un margen de un mínimo de 400 puntos básicos que en ningún caso puede ser inferior al utilizado para la empresa matriz.

(32)

Alemania notificó la medida antes de su aplicación, respetando sus obligaciones derivadas del artículo 88, apartado 3, del Tratado. La medida entrará en vigor tras la autorización de la Comisión.

(33)

Para clarificar la cuestión de si las aportaciones pasivas del Fondo IBG eran, en el plano económico, instrumentos de crédito o de capital propio, se examinaron estos instrumentos con arreglo a las Directrices. En el punto 2.2 de las Directrices los instrumentos de inversión de cuasicapital y los instrumentos de inversión de deuda se definen como sigue:

—   «instrumentos de inversión de cuasicapital»: instrumentos cuya rentabilidad para su tenedor (inversor/prestamista) se basa predominantemente en los beneficios o las pérdidas de la sociedad objetivo subyacente; no están garantizados en caso de impago. Esta definición se basa en un enfoque que privilegia el fondo sobre la forma,

—   «instrumentos de inversión de deuda»: préstamos y otros instrumentos de financiación que proporcionan al prestamista/inversor un componente predominante de remuneración mínima fija y están garantizados, al menos parcialmente. Esta definición se basa en un enfoque que privilegia el fondo sobre la forma.

(34)

Según el punto 4.3.3 de las Directrices «la Comisión tendrá en cuenta el fondo económico del instrumento más que su nombre y la calificación que le atribuyan los inversores […] [en particular tendrá en cuenta] el nivel de riesgo resultante de la actividad de la empresa objetivo soportada por el inversor, las pérdidas potenciales asumidas por el inversor, el predominio de la remuneración basada en los beneficios y no en una remuneración fija y el nivel de subordinación del inversor en caso de quiebra de la sociedad […] [y] el tratamiento aplicable al instrumento de inversión con arreglo a las normas legales, reglamentarias, financieras y contables nacionales prevalentes si resultan coherentes y pertinentes para la calificación».

(35)

Tras examinar los argumentos presentados por Alemania y la información transmitida por las partes interesadas (Fondo IBG) en sus observaciones sobre la decisión de incoación se constata lo siguiente.

(36)

Siguiendo las Directrices se determinó el grado de riesgo y las posibles pérdidas que soportaba el Fondo IBG. Para ello se tuvo en cuenta el hecho de que las aportaciones pasivas del Fondo IBG, como los instrumentos de crédito, no corren con la totalidad del riesgo de salida, como sería el caso de un inversor (14). Las aportaciones pasivas del Fondo IBG no están vinculadas en ningún caso a las pérdidas de la empresa destinataria, como sería el caso de las participaciones en el capital. El punto 4.3.3 de las Directrices indica expresamente que se trata de un criterio para diferenciar entre los instrumentos de capital propio y los de crédito. Como en el caso de los instrumentos de crédito, según las disposiciones contractuales para las aportaciones pasivas del Fondo IBG, el capital y los intereses, incluidos los elementos dependientes de los beneficios, deben reembolsarse a partir del flujo de tesorería de la empresa. Las aportaciones pasivas del Fondo IBG pueden, pues, considerarse, por lo que se refiere al riesgo y las posibles pérdidas soportados por el inversor, como instrumentos de inversión de deuda.

(37)

De conformidad con las Directrices, debe tenerse en cuenta el nivel de subordinación del inversor en caso de quiebra de la sociedad. Las aportaciones pasivas del Fondo IBG están subordinadas a los créditos y a los demás acreedores, pero tienen preferencia sobre el capital propio y en ningún caso participan de las pérdidas de la empresa destinataria, lo que constituye una característica típica de los instrumentos de crédito. Es frecuente la subordinación de las deudas sin garantía o parcialmente garantizadas respecto a las obligaciones de acreedores privilegiados. Si bien es cierto que la subordinación de las aportaciones tácitas del Fondo IBG están vinculadas a un mayor riesgo que las deudas no subordinadas, esto repercute en el tipo de interés adaptado al riesgo. Por estas razones, la subordinación a los demás acreedores no conduce, por sí sola, a asimilar las aportaciones pasivas del Fondo IBG a instrumentos de cuasicapital.

(38)

Según las Directrices, un instrumento de crédito debe, por lo menos, estar garantizado en parte. Debe tenerse en cuenta que las aportaciones pasivas del Fondo IBG están garantizadas de un 10 % a un 30 % de su valor por garantías de los accionistas de las empresas destinatarias. Los pocos requisitos sobre garantías se explican por el hecho de que las PYME de orientación tecnológica y de rápido crecimiento no disponen de garantías de alta calidad suficientes. Además, debido al rango inferior de las aportaciones pasivas del Fondo IBG, parece adaptada una garantía parcial. En el importe de la remuneración se ha tenido debidamente en cuenta esta subordinación y la garantía parcial de las aportaciones tácitas del Fondo IBG. Por todo ello se puede considerar que las aportaciones pasivas del Fondo IBG están garantizadas parcialmente con arreglo a las Directrices.

(39)

Según las Directrices, en un instrumento de crédito el componente principal de la remuneración debe ser una remuneración fija. En las aportaciones pasivas del Fondo IBG, el elemento dependiente de los beneficios es siempre inferior en 250 puntos básicos, como mínimo, al elemento con tipo fijo. El hecho de que complementariamente a la remuneración total del 13 % se abone una remuneración de salida fija y única, incrementa aún más la parte de la remuneración fija. De conformidad con las Directrices, el elemento con tipo fijo de las aportaciones pasivas del Fondo IBG constituye la parte principal de la remuneración.

(40)

Tras examinar las informaciones completas transmitidas por los interesados, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las cláusulas relativas a la información, la propiedad y el control de las aportaciones pasivas del Fondo IBG son comparables a las previstas por los instrumentos de crédito subordinados no garantizados o parcialmente garantizados, en los que, por lo general, se exige un control intensivo e informaciones inmediatas y completas sobre la evolución económica de la empresa, y esta debe atenerse a los indicadores financieros o acuerdos por los que debe regirse la misma. Las aportaciones pasivas del Fondo IBG deben por ello considerarse como instrumentos de crédito en relación con sus cláusulas sobre la información, la propiedad y el control.

(41)

En la decisión de incoación la Comisión reconoció que las condiciones del Fondo IBG para la rescisión del contrato de aportación pasiva parecían ser similares a las de los instrumentos de crédito en la medida en que se puede poner fin a la inversión en caso de incumplimiento del contrato, de no respeto las condiciones acordadas, de datos erróneos o de cambio de control. La Comisión ha tenido en cuenta el hecho de que las diferencias de terminología únicamente expresaban las particularidades de las aportaciones tácitas del Fondo IBG frente a los instrumentos de crédito estándar. Si se prescinde de las diferencias terminológicas, las condiciones para rescindir las aportaciones pasivas del Fondo IBG son básicamente las mismas que las de los instrumentos de crédito estándar.

(42)

La Comisión constata que las aportaciones pasivas del Fondo IGB, como han probado Alemania y el Fondo IBG, son aportaciones pasivas típicas según el Derecho alemán (civil, contable y fiscal) y las normas internacionales de contabilidad (IAS), por lo que deben considerarse instrumentos de crédito.

(43)

Tras examinar el carácter económico de las aportaciones pasivas del Fondo IBG, la Comisión ha concluido que, considerando su tratamiento jurídico, contable y fiscal, dichas aportaciones pasivas pueden considerarse, en el plano económico, como instrumentos de crédito.

(44)

La Comisión examinó las aportaciones pasivas del Fondo IBG con arreglo al artículo 87 del Tratado CE. El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece que «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». Para que la medida entre en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE deben cumplirse cuatro criterios:

(45)

En su decisión de incoación, la Comisión llegó a la conclusión de que las aportaciones pasivas del Fondo IBG, en la medida en que se pueden considerar como instrumentos de crédito, podían considerarse compatibles con el mercado según la Comunicación de 1997. El instrumento se ajusta también al mercado según la Comunicación de 2008, por que el Fondo IGB evalúa el riesgo del crédito, incluida la subordinación en caso de insolvencia y el importe de las garantías, para cada empresa, y aplica los tipos de interés adaptados al riesgo.

(46)

En consecuencia hay que concluir que las aportaciones pasivas del Fondo IGB no constituyen ayuda estatal a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE a favor de las empresas destinatarias.

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/31

(1)

El 30 de agosto de 2007, la empresa Vitatene presentó a las autoridades competentes del Reino Unido una solicitud de autorización de comercialización de licopeno de Blakeslea trispora como nuevo ingrediente alimentario; el 17 de octubre de 2007, el organismo británico competente en materia de evaluación de los alimentos emitió su informe de evaluación inicial. En dicho informe llega a la conclusión de que, a la vista de otras solicitudes en trámite relativas al licopeno, es necesaria una evaluación suplementaria para garantizar que la autorización del uso de los distintos licopenos como nuevos ingredientes alimentarios se concede en las mismas condiciones.

(2)

La Comisión remitió el informe de evaluación inicial a todos los Estados miembros el 11 de febrero de 2008.

(3)

Se consultó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que emitió su dictamen el 4 de diciembre de 2008.

(4)

En su dictamen, la EFSA llegó a la conclusión de que, dado que puede experimentar cambios oxidativos, el licopeno debe ser formulado como suspensiones en aceites comestibles, como comprimidos o como polvos dispersables en agua. Es necesario garantizar protección suficiente frente a la oxidación.

(5)

La EFSA concluyó también que, aunque el consumo de licopeno por el consumidor medio estaría por debajo de la ingesta diaria admisible (IDA), algunos consumidores de licopeno podrían rebasar la IDA. Por tanto, resulta también oportuno recopilar datos sobre la ingesta durante varios años una vez concedida la autorización, a fin de reexaminar esta autorización atendiendo a cualquier otra información sobre la inocuidad del licopeno y de su consumo. Debe prestarse una atención particular a la recogida de datos sobre los niveles de licopeno en los cereales para el desayuno. Sin embargo, este requisito con arreglo a la presente Decisión se aplica al uso de licopeno como nuevo ingrediente alimentario, y no a su uso como colorante alimentario, que entra en el ámbito de la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano (2).

(6)

Sobre la base de la evaluación científica, se ha determinado que el licopeno de Blakeslea trispora cumple los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 258/97.

(7)

La empresa Vitatene aceptó la derogación de la Decisión 2006/721/CE de la Comisión (3).

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/35

(1)

Las cuentas de los organismos pagadores a que se refiere el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005 deben liquidarse basándose en las cuentas anuales presentadas por la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia relativas a los gastos en medidas de desarrollo rural, acompañadas de la información necesaria. La liquidación supone la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas remitidas, a la luz de los informes elaborados por los organismos de certificación.

(2)

Han vencido los plazos para la presentación a la Comisión de los documentos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1290/2005 y en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER (2), concedidos a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia e indicados en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 885/2006.

(3)

La Comisión ha efectuado comprobaciones de las informaciones remitidas y ha comunicado a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, antes del 31 de marzo de 2009, los resultados de sus comprobaciones, junto con las modificaciones necesarias.

(4)

En lo que se refiere a los gastos de desarrollo rural a los que se aplica el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 27/2004 de la Comisión, de 5 de enero de 2004, por el que se establecen disposiciones transitorias de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 en lo relativo a la financiación por la sección de Garantía del FEOGA de medidas de desarrollo rural para la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (3), el resultado de la decisión de liquidación deberá deducirse de los pagos subsiguientes efectuados por la Comisión o añadirse a ellos.

(5)

Las cuentas anuales de algunos organismos pagadores y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión decidir sobre la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas remitidas, a la vista de las comprobaciones efectuadas. El detalle de estos importes se describe en el informe de síntesis presentado al Comité del fondo al mismo tiempo que la presente Decisión.

(6)

A la vista de las comprobaciones efectuadas, los datos transmitidos por algunos organismos pagadores requieren investigaciones adicionales y, por consiguiente, sus cuentas no pueden ser liquidadas en la presente Decisión.

(7)

En lo que se refiere a los gastos de desarrollo rural a los que se aplica el Reglamento (CE) no 27/2004, los importes que deban recuperarse o abonarse con arreglo a la decisión de liquidación de cuentas deben deducirse o añadirse a los pagos subsiguientes.

(8)

De conformidad con el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, la presente Decisión se toma sin perjuicio de las decisiones posteriores que la Comisión pueda adoptar para descartar de la financiación comunitaria aquellos gastos que no se hayan efectuado con arreglo a las normas comunitarias.

5.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 111/44

(1)

En virtud del artículo 30 del Reglamento (CE) no 1290/2005, la Comisión, a partir de las cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, acompañadas de la información requerida para la liquidación de cuentas y un certificado relativo a la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas y los informes redactados por los organismos de certificación, liquida las cuentas de los organismos pagadores a los que se hace referencia en el artículo 6 de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del FEADER (2), los gastos imputados al ejercicio financiero 2008 son los efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre de 2007 y el 15 de octubre de 2008.

(3)

La Comisión ha verificado la información remitida por los Estados miembros y ha comunicado a estos, antes del 31 de marzo de 2009, los resultados de sus comprobaciones junto con las modificaciones necesarias.

(4)

Las cuentas anuales de algunos organismos pagadores y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión adoptar una decisión sobre la integralidad, la exactitud y la veracidad de las cuentas remitidas. En el anexo I figuran los importes liquidados por Estado miembro y los importes que deben reintegrar los Estados miembros o abonárseles.

(5)

Los datos transmitidos por algunos otros organismos pagadores requieren investigaciones adicionales y, por consiguiente, sus cuentas no pueden ser liquidadas en la presente Decisión. En el anexo II figura la lista de los organismos pagadores en cuestión.

(6)

En virtud del artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 883/2006, los rebasamientos de plazos registrados en los meses de agosto, septiembre y octubre se contabilizan en la decisión de liquidación de cuentas. Una parte de los gastos declarados por algunos Estados miembros en estos meses de 2008 se efectuó después de los plazos aplicables. Es necesario, por lo tanto, que la presente Decisión determine las reducciones correspondientes.

(7)

En aplicación del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y del artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2006, la Comisión ya ha reducido o suspendido una serie de pagos mensuales en la contabilización de gastos del ejercicio financiero 2008. Con el fin de evitar un reembolso prematuro o temporal de los importes en cuestión, estos no deben ser reconocidos en la presente Decisión y deben examinarse de forma más pormenorizada en virtud del procedimiento de liquidación de conformidad, según lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(8)

Con arreglo al artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las consecuencias financieras derivadas de la falta de recuperación por irregularidades se sufragan en un 50 % con cargo al Estado miembro cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúa en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER (3) establece las disposiciones de aplicación relativas a las obligaciones de los Estados miembros en materia de notificación de los importes que vayan a recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recoge el cuadro que han de presentar los Estados miembros en 2009. A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades más antiguas de cuatro y ocho años, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(9)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión solo puede adoptarse cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles sea superior al importe que vaya a recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al derecho nacional. En caso de que dicha decisión se adopte en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la falta de recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, están a cargo del presupuesto de la Comunidad. La presente Decisión se adopta sin perjuicio de posibles decisiones de conformidad que vayan a adoptarse en el futuro con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.

(10)

De conformidad con el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, la presente Decisión se adopta sin perjuicio de otras decisiones que la Comisión pueda tomar posteriormente para excluir de la financiación comunitaria gastos que no se hayan efectuado con arreglo a las normas comunitarias.