Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria — Italia) — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA y otros / Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Asunto C-328/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos - Procedimientos de recurso - Directiva 89/665/CEE - Artículo 1, apartado 3 - Directiva 92/13/CEE - Artículo 1, apartado 3 - Derecho de recurso supeditado al requisito de que se haya presentado una oferta en el procedimiento de adjudicación del contrato))

(2019/C 35/06)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Demandadas: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Fallo

Tanto el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, como el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a unos operadores económicos interponer recurso contra las decisiones del poder adjudicador referidas a un procedimiento de licitación en el que han decidido no participar por resultar de la normativa aplicable a este procedimiento una altísima probabilidad de no obtener la adjudicación del contrato en cuestión.

No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente apreciar de manera pormenorizada, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes que caracterizan el contexto en que se inscribe el asunto de que conoce, si la aplicación concreta de esta normativa puede afectar al derecho de los operadores económicos de que se trata a la tutela judicial efectiva.

(1)  DO C 309 de 18.9.2017.