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El hecho de no admitir, en la sentencia recurrida, que los controles efectuados por el Rigsrevisionen (Tribunal de Cuentas danés) eran suficientes para cumplir el cuarto requisito Altmark se debe a la aplicación literal y estricta de la exigencia de comparación de costes que ese requisito comporta. Ello es jurídicamente erróneo.

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Contrariamente a lo que declara el Tribunal General en la sentencia recurrida, la naturaleza específica de las obligaciones de servicio público de TV2 y la aplicación retroactiva de los requisitos Altmark llevan a una situación en la que se debería haber procedido a una aplicación teleológica de ese requisito (véase, en particular, el principio en la sentencia del Tribunal General de 12 de febrero de 2008, BUPA, T-289/03, ECLI:EU:T:2008:29).

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Los controles efectuados por el Rigsrevisionen para verificar que TV2 era una empresa bien gestionada garantizaban que el objetivo fundamental del cuarto requisito Altmark fuera respetado y, por tanto, en las circunstancias concretas del asunto en cuanto a TV2 y a la luz de la aplicación teleológica del requisito, eran suficientes para considerar que se cumplía el cuarto requisito Altmark.

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En su escrito de contestación, la Comisión manifestó que estaba de acuerdo con TV2 en que el producto del canon que TV2 transfirió a las regiones en el período 1997-2002 no constituía ayuda de Estado en favor de TV2. De este modo, el Tribunal General se pronunció ultra petita, puesto que se pronunció sobre la segunda parte de la pretensión de TV2 formulada con carácter subsidiario, desestimándola. Por lo tanto, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho.

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Asimismo, el Tribunal General se pronunció en cuanto al fondo sobre la base de su propia argumentación. Las consideraciones del Tribunal General, tal como se exponen en los apartados 165 a 174 de la sentencia recurrida, no han sido debatidas en ningún momento ni por TV2 ni por la Comisión y no figuran en la Decisión controvertida. Así, el Tribunal General excedió los límites de su potestad de control jurisdiccional.

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Al mismo tiempo, el Tribunal General vulneró el principio del derecho a un proceso equitativo (véase el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), en la medida en que basó su resolución en fundamentos y argumentos sobre los que no se pronunciaron las partes.

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El Tribunal General considera y concede una importancia decisiva al hecho de que TV2, en cumplimiento de su obligación de distribuir programas de ámbito regional, recibió estos programas de las regiones, constituyendo la transferencia del producto del canon el pago de los mismos. Ello no puede deducirse de los autos del procedimiento ante el Tribunal General y es manifiestamente contrario al Derecho danés. Por consiguiente, el criterio jurídico que cabe deducir de los apartados 166, 167 y 171 de la sentencia recurrida se satisface en lo esencial.

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En los apartados 166 y 167 y en la primera frase del apartado 173 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refiere a una situación hipotética en el marco de su apreciación de la ayuda de Estado. Esta situación es inconcebible en la práctica y es irrelevante a efectos de la apreciación de la ayuda de Estado. El factor decisivo para TV2 es, de hecho, que ésta no obtenía ninguna ventaja económica del producto del canon transferido. TV2 tenía la obligación de Derecho público de transferir el producto del canon a las regiones y cumplió, en la práctica, esta obligación. La resolución del Tribunal General es por tanto contraria al concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.