52023DC0600

1. INTRODUCCIÓN

La economía de la UE ha seguido mostrando una resiliencia notable en un entorno difícil marcado por la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia. La UE ha reducido con éxito su dependencia respecto de los combustibles fósiles rusos, ha contenido los efectos adversos sobre la actividad económica y ha entrado en 2023 en condiciones mejores de lo previsto. Con un repunte tras el estancamiento sufrido a finales de 2022, se prevé que el crecimiento del PIB se refuerce a lo largo de 2023 gracias a unos precios mayoristas del gas significativamente inferiores y a la continua resiliencia observada en el mercado de trabajo. Sin embargo, la elevada inflación sigue afectando al poder adquisitivo de los hogares, sobre todo entre los grupos más vulnerables, lo que lleva a unos mayores riesgos de pobreza y afecta a la competitividad de la economía europea, especialmente dado que los precios de la energía se mantienen significativamente superiores a los del resto del mundo. Además, el entorno exterior, marcado por el aumento del proteccionismo y la competencia geoestratégica, pone aún más de relieve la necesidad de salvaguardar la competitividad y la autonomía estratégica abierta de la economía de la UE. La aplicación constante del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) está propiciando importantes reformas e inversiones en una amplia gama de ámbitos de actuación. La aplicación del MRR respalda el crecimiento económico y aumentará la resiliencia de los Estados miembros.

Mantener el ritmo de las reformas e inversiones será fundamental para garantizar la prosperidad, competitividad, equidad y resiliencia de la UE a largo plazo. El Semestre Europeo, respaldado por el MRR y por otros fondos de la UE, tales como los de la política de cohesión y el programa InvestEU, ocupa un lugar central en una estrategia económica y de empleo preparada para el futuro de la UE, como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde de la UE 1 y en la estrategia de competitividad a largo plazo 2 . En particular, los Estados miembros deberán seguir avanzando en la descarbonización de sus economías, abordar las carencias y los desajustes de la mano de obra y las cualificaciones, apoyar la creación de empleo de calidad, promover la igualdad de oportunidades, fomentar la digitalización, la investigación y la innovación, reducir las cargas administrativas y normativas, acelerar y simplificar los procedimientos administrativos y de concesión de autorizaciones, proporcionar unas condiciones marco adecuadas para las inversiones a nivel nacional y subnacional y modernizar sus Administraciones Públicas. El Semestre Europeo sigue proporcionando un marco de coordinación de las políticas a tal efecto, orientando y supervisando la ejecución del MRR y de los programas de la política de cohesión de forma complementaria y contribuyendo a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y de los objetivos globales de la UE para 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza. Los informes por país de 2023 3 , que la Comisión publica hoy, hacen balance de los retos existentes, incluidos los relacionados con la doble transición, la resiliencia social y económica y la competitividad, en cada Estado miembro, y exponen en qué medida estos retos son abordados en los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PRR). Las revisiones en curso de los PRR y la inclusión de los capítulos de REPowerEU 4 con una financiación adicional en forma de subvenciones y préstamos proporcionan una nueva oportunidad para responder efectivamente a estos retos, particularmente en relación con la aplicación del Plan Industrial del Pacto Verde y del plan REPowerEU.

Sobre la base de los informes por país, las propuestas de la Comisión para las recomendaciones específicas por país (REP) de 2023 5 proporcionan orientación a los Estados miembros sobre la forma de abordar retos económicos y sociales fundamentales que no son abordados o solo son abordados parcialmente por los PRR. Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva —sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica— siguen ocupando un lugar central en esta orientación 6 . Las recomendaciones propuestas hacen hincapié en la necesidad de garantizar una política fiscal prudente en 2023-2024, en particular eliminando gradualmente las medidas de apoyo en materia de energía menos específicas actualmente en vigor y reduciendo la deuda a medio plazo. Las recomendaciones también piden a los Estados miembros que prosigan de forma constante, y en algunos casos aceleren, la ejecución de sus PRR de cara al plazo de 2026 y apliquen rápidamente los programas de la política de cohesión, en estrecha coordinación con los PRR, en particular garantizando unas capacidades administrativas adecuadas. Las propuestas relativas a las recomendaciones también exponen los retos planteados por las inversiones y reformas en el sector de la energía, con inclusión del reciclaje y la mejora de las capacidades de la mano de obra que se ha pedido a los Estados miembros que aborden en el marco del plan REPowerEU y sus planes nacionales de energía y clima 7 . Los informes por país y el informe de supervisión de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 2022 de Eurostat también proporcionan información actualizada y coherente sobre los progresos hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los Estados miembros. A nivel de la UE, en los últimos años se han observado avances en relación con varios ODS, que han sido particularmente notables en lo que respecta a los objetivos relativos a un trabajo decente y al crecimiento económico (ODS 8), y a la reducción de la pobreza (ODS 1). También se han logrado progresos significativos en relación con la igualdad de género (ODS 5) 8 . Los informes por país también incluyen el cuadro de indicadores sociales, que proporciona una visión global de los retos en materia de empleo, igualdad y capacidades y en el ámbito social relacionados con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la aplicación de las estrategias de igualdad de la Unión.

El diálogo constructivo con los Estados miembros y el diálogo interinstitucional reforzado a escala de la UE continuarán a lo largo de todo el proceso del Semestre Europeo. El estrecho diálogo sobre las políticas de los PRR permitió a la Comisión y a los Estados miembros reforzar y profundizar su cooperación en el ámbito de las políticas económicas y sociales. Ello garantiza una amplia adhesión, que se prevé continúe durante la aplicación en curso de los PRR y de sus modificaciones previstas en 2023, particularmente en el contexto del plan REPowerEU. Los temas tratados en los informes por país y en las REP ofrecen una nueva oportunidad para ampliar el diálogo. La Comisión también proseguirá su diálogo estrecho con el Parlamento Europeo sobre los principales avances sociales y económicos, y seguirá colaborando con él en cada fase clave del ciclo anual de coordinación del Semestre Europeo.

La aplicación satisfactoria de las prioridades del Semestre Europeo y del MRR requiere una implicación permanente y estructurada de los interlocutores sociales y otras partes interesadas y el fomento de la concienciación tanto a escala nacional como de la UE. El diálogo macroeconómico a nivel técnico y político entre el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y los interlocutores sociales europeos, de periodicidad bianual, garantiza el debate permanente sobre la evolución social y económica de la Unión Europea. Por otra parte, la activa participación de los interlocutores sociales y las partes interesadas a escala de la UE, nacional y, en su caso, subnacional, por medio de reuniones periódicas (por ejemplo, eventos anuales de las partes interesadas en los PRR) en todas las fases del Semestre Europeo y del proceso de aplicación del MRR contribuyen a determinar conjuntamente los retos detectados, mejorar las soluciones al respecto y garantizar una mayor adhesión y transparencia en relación con la agenda económica y social 9 . Las acciones de comunicación e información también contribuyen a aumentar el grado de concienciación del público y la transparencia en relación con el apoyo proporcionado a través de los PRR 10 .

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas tendentes a una reforma del marco de gobernanza económica 11 . El objetivo fundamental de sus propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y fomentar un crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente en todos los Estados miembros por medio de reformas e inversiones. Los planes estructurales de política fiscal a medio plazo que los Estados miembros diseñarán y presentarán formarán la piedra angular de estas propuestas. De conformidad con las propuestas de la Comisión, los Estados miembros deberán establecer en sus planes sus objetivos de gasto y medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos y las inversiones y reformas prioritarias a lo largo de un periodo de como mínimo cuatro años. El nuevo procedimiento de vigilancia presupuestaria seguiría integrado en el Semestre Europeo, que de esta forma seguirá constituyendo el marco central para la coordinación de las políticas económicas y de empleo, garantizando la complementariedad entre los planes estructurales de política fiscal a medio plazo y las inversiones y reformas incluidas en los PRR y los programas de la política de cohesión. Un acuerdo rápido del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las propuestas constituye una prioridad urgente, y la Comisión apoya la determinación del Consejo de finalizar el trabajo sobre el marco de gobernanza económica en 2023.

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y DE EMPLEO

Los resultados mejores de lo previsto de la economía de la UE a principios de 2023 y la relajación de los precios de la energía elevan las perspectivas de crecimiento para este año y para el próximo. Además, los esfuerzos comunes para diversificar las fuentes de abastecimiento energético, aprovisionar las instalaciones de almacenamiento de gas y reducir la demanda de energía, junto con unas condiciones meteorológicas suaves, han amortiguado los efectos socioeconómicos de estas tensiones. De cara al futuro, se espera que la reducción de los precios de la energía, la reorganización de las cadenas de abastecimiento y el continuo reforzamiento del mercado laboral respalden la economía de la UE. Aunque el riesgo de escasez de gas ha disminuido significativamente, subsiste la incertidumbre sobre los precios del gas para el próximo invierno y más adelante. Globalmente, se prevé que la actividad económica crezca a un ritmo ligeramente superior al previsto anteriormente. Se prevé un aumento del PIB de la UE del 1,0 % en 2023 y del 1,7 % en 2024.

La inflación seguiría disminuyendo, pero las tensiones sobre los precios básicos están resultando más persistentes, lo que afecta a las empresas y erosiona el poder adquisitivo de los hogares. La inflación global en la UE alcanzó un máximo del 11,5 % en octubre de 2022 y las divergencias de inflación entre los Estados miembros de la UE y de la zona del euro alcanzaron máximos históricos. Sin embargo, las presiones sobre los precios se han ampliado gradualmente ya que los operadores económicos nacionales se han adaptado a los mayores precios de los insumos. Como consecuencia de ello, la inflación básica, que excluye los precios de la energía y de los alimentos no transformados, ha resultado más persistente, si bien se espera que haya alcanzado un máximo en el primer trimestre de 2023 y disminuya progresivamente durante los próximos trimestres. De forma similar, los precios de los alimentos se aceleraron en el primer trimestre de 2023, pero se prevé que alcancen su máximo en 2023, en consonancia con una moderación de los precios agrarios básicos. Como respuesta a la elevada inflación, las condiciones monetarias se han ido endureciendo y se espera el mantenimiento de esta tendencia. En consecuencia, los costes de financiación para los bancos han aumentado y las condiciones de los préstamos se han endurecido, lo que ha reducido el flujo de crédito que llega a la economía. Aunque se espera que la inflación siga disminuyendo en 2023, se mantendrá considerablemente por encima del objetivo y seguirá afectando al poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos de los grupos de renta baja y renta baja-media, y a las empresas.

El mercado de trabajo se mantiene sólido y se espera una consolidación de las subidas salariales. La tasa de empleo, que alcanzó el 74,8 % en el último trimestre de 2022, está próxima a su máximo histórico. La infrautilización de la mano de obra 12 y el desempleo bajaron a mínimos históricos. La tasa de vacantes de empleo para el conjunto de la economía es superior a su media del periodo 2010-2019, a pesar de una ligera disminución en el segundo semestre de 2022, y la escasez de mano de obra está frenando la producción de un número creciente de empresas 13 . En cuanto a los salarios, la remuneración nominal por trabajador aumentó un 4,9 % en la UE en 2022 con respecto a 2021. Sin embargo, este ritmo se mantiene muy por debajo de la inflación, observándose divergencias muy amplias entre sectores y entre Estados miembros. Como consecuencia de ello, los salarios reales disminuyeron más de un 4 % en la UE en 2022, lo que provocó una erosión sustancial del poder adquisitivo de los trabajadores. Las recientes subidas de los salarios mínimos legales en una serie de Estados miembros, junto con subidas salariales negociadas, han contribuido a mitigar las pérdidas de poder adquisitivo sufridas en 2022. Se espera que en 2024 el mercado de trabajo se mantenga sólido y se observe un repunte de las subidas salariales, que rebasarían la inflación.

El sector financiero de la UE ha mostrado resiliencia frente a los retos emergentes. Un fuerte nivel de reglamentación, particularmente gracias a la aplicación de normas internacionales a todos los bancos, una supervisión efectiva y un marco sólido de gestión de crisis, introducidos como respuesta a la crisis financiera mundial, y los avances hacia la culminación de la unión bancaria y el desarrollo de la unión de los mercados de capitales han aumentado la resiliencia del sistema financiero de la UE. El impacto de las recientes turbulencias del mercado en los Estados Unidos y Suiza desde marzo de 2023 ha sido contenido en la UE. Sin embargo, este episodio ha puesto de relieve el grado de interconexión de los mercados financieros mundiales y la fragilidad de la confianza de los inversores. También pone de relieve el papel crucial de la reglamentación, la supervisión y la gestión de riesgos del sector bancario en un entorno macrofinanciero difícil. Las persistentes incertidumbres geopolíticas, la prolongada presión inflacionista y la repercusión gradual del endurecimiento de la política monetaria han ejercido presión sobre el sistema financiero. Habida cuenta del elevadísimo nivel de deuda en algunas partes de la economía y a nivel mundial, los riesgos siguen siendo elevados.

3. CONSTRUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA DE LA UE ROBUSTA Y PREPARADA PARA EL FUTURO – OBJETIVOS ESENCIALES PARA LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS DE 2023

La política económica debe continuar abordando los riesgos asociados a la elevada inflación, particularmente para las empresas y los hogares vulnerables, y abordar los retos a largo plazo. A pesar de la disminución de la inflación de la energía, pasará tiempo antes de que desaparezcan las presiones sobre los precios. Combatir la inflación sigue siendo una prioridad fundamental para el período inmediato. Ello requiere unas políticas monetarias y fiscales sólidas. En este contexto, las medidas fiscales adoptadas para hacer frente a la crisis de los precios de la energía deberían eliminarse en 2023. Si los precios de la energía aumentan de nuevo y el apoyo no puede interrumpirse completamente, seguirán siendo esenciales unas políticas específicamente orientadas a apoyar a las empresas y los hogares vulnerables, en lugar de unas políticas de apoyo más amplias, que son menos eficaces. Las moderadas subidas salariales observadas hasta ahora no han alimentado más la inflación, mientras que ha aumentado la rentabilidad de las empresas. No obstante, se espera que los salarios nominales sigan subiendo, y habrá que vigilar estrechamente su interacción con la evolución de los precios. El endurecimiento actual de las condiciones financieras también ha subrayado la necesidad de supervisar los riesgos macrofinancieros y avanzar más hacia la unión de los mercados de capitales y la culminación de la unión bancaria. Más allá de las prioridades a corto plazo, la política a nivel de los Estados miembros y de la UE debe seguir abordando los retos a largo plazo, y particularmente la necesidad de reforzar la competitividad, la productividad, las capacidades y la resiliencia de la economía de la UE, teniendo en cuenta la evolución demográfica, y avanzar rápidamente hacia la transición digital y ecológica, en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde.

El MRR es esencial para acelerar la doble transición ecológica y digital y reforzar la resiliencia de la UE ante los retos futuros, al mismo tiempo que contribuye a la ejecución del pilar europeo de derechos sociales; debe seguir ejecutándose sin demora. Dos años después del inicio de su ejecución, el MRR recibe un alto grado de apoyo de los ciudadanos europeos 14 , ha proporcionado un considerable apoyo financiero y ha contribuido a la recuperación de la economía de la UE tras la crisis de la COVID-19 y al reforzamiento de la resiliencia de la UE. Todos los PRR se están aplicando han estado en vigor desde el final de 2022, recogiendo la totalidad o una parte significativa de las REP. Varios Estados miembros recibieron ayuda para la preparación y ejecución de sus planes a través del instrumento de apoyo técnico. Hasta ahora, la Comisión ha tramitado 24 solicitudes de pago en el marco del MRR, y ha desembolsado un total de más de 152 000 millones EUR para la ejecución fructífera de las reformas e inversiones. Con la inclusión de los capítulos de REPowerEU, el MRR también ha demostrado su flexibilidad para abordar los nuevos retos emergentes relacionados en particular con la seguridad energética de la UE y la transición industrial hacia una economía de cero emisiones netas. Para cosechar totalmente estos beneficios, los PRR deben ejecutarse rápidamente, en particular abordando los riesgos de retrasos en una serie de casos. A pesar de que la ejecución de los PRR estaba globalmente bien encarrilada al final de 2022, algunos Estados miembros están encontrando dificultades en la gestión de los fondos, debido en parte a su limitada capacidad administrativa o a cuellos de botella en materia de inversión. El proceso actual de revisión de los PRR representa una oportunidad para abordar estas cuestiones y aumentar la capacidad de absorción de los fondos del MRR. Sin embargo, al mismo tiempo se espera que las revisiones de los planes también afecten al calendario de desembolso de los fondos del MRR en 2023 y posteriormente. Para garantizar una previsibilidad suficiente de las operaciones de empréstito de la UE y al mismo tiempo proporcionar a la autoridad presupuestaria, en el marco del procedimiento relativo al proyecto de presupuesto para 2024, una visibilidad adecuada en términos de necesidades de financiación para los próximos meses, es importante reflejar adecuadamente los retrasos previstos en la planificación de los futuros pagos. Simultáneamente, un proceso fructífero de revisión de los planes también permitirá a los Estados miembros volver al ritmo previsto en 2024, ajustándose de nuevo al calendario de desembolsos. Paralelamente, además de los más de 186 000 millones EUR desembolsados a los Estados miembros por los programas de la política de cohesión 2014-2020 desde el comienzo de la pandemia, los programas de la política de cohesión 2021-2027 movilizarán alrededor de 505 000 millones EUR para los Estados miembros y las regiones de la UE. Estos programas también deben ejecutarse rápidamente, particularmente abordando los problemas de capacidad de ejecución.

Los informes por país de este año determinan las medidas necesarias a nivel de cada Estado miembro para superar los actuales retos económicos y sociales, y aumentar al mismo tiempo la resiliencia, la competitividad y la productividad a largo plazo. Los informes por país proporcionan un análisis global de la resiliencia 15 y de la evolución y los retos en el ámbito económico y social de los Estados miembros, teniendo en cuenta la dimensión regional. Los informes incluyen una evaluación de los avances en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales a través del cuadro de indicadores sociales y hacia la consecución de los objetivos globales de la UE y nacionales para 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como de los ODS. También prestan una atención particular a la competitividad y la productividad a largo plazo, al mismo tiempo que proporcionan un análisis actualizado y más detallado sobre la seguridad y la asequibilidad de la energía, la transición hacia energías limpias y la sostenibilidad medioambiental. Los informes por país señalan los retos que solo son abordados parcialmente o que no son abordados por los PRR, así como los retos emergentes. También realizan un estrecho seguimiento de los avances en la ejecución de los PRR, proporcionando ejemplos de hitos y objetivos alcanzados, y poniendo de relieve al mismo tiempo los casos en que deben abordarse los riesgos y retrasos de la ejecución.

En consonancia con el análisis de los informes por país, la recomendación de la Comisión con vistas a las REP refleja los retos detectados y el estado de ejecución de los PRR. Las recomendaciones se dividen en cuatro subpartes:

1.una recomendación sobre política fiscal, en particular sobre reformas fiscales y estructurales, cuando proceda;

2.una recomendación de continuar o acelerar la ejecución de los PRR —con inclusión de sus revisiones y la integración de los capítulos de REPowerEU— teniendo en cuenta los riesgos potenciales de ejecución de los distintos países, y de ejecutar rápidamente los programas de la política de cohesión adoptados;

3.una recomendación actualizada sobre la transición hacia energías limpias en consonancia con los objetivos del plan REPowerEU;

4.cuando proceda, una recomendación adicional sobre los retos en el ámbito de la economía y el empleo pendientes o de nueva aparición.

La recomendación actualizada, más detallada, sobre los retos de las inversiones y las reformas relacionadas con la energía se incluye en la finalización en curso de los capítulos de REPowerEU y orienta a los Estados miembros en la actualización de sus planes nacionales de energía y clima. Los capítulos de REPowerEU como parte de los PRR, con la financiación adicional correspondiente, deberán abordar debidamente los retos señalados en las REP pertinentes a efectos del plan REPowerEU 16 . Las REP proporcionarán a los Estados miembros orientación para abordar retos fundamentales no abordados o solo abordados parcialmente por los PRR iniciales y contribuirán a la aplicación del Plan Industrial del Pacto Verde de la UE a nivel nacional y regional.

4. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE FORMA SOCIALMENTE INCLUSIVA – VISIÓN GLOBAL DE LOS RETOS COMUNES DETECTADOS

Más allá de la realización oportuna de las reformas e inversiones contempladas en los PRR, los Estados miembros afrontan una serie de retos comunes o específicamente nacionales pendientes o de nueva aparición.

4.1. Estabilidad macroeconómica

Los efectos de la elevada inflación inducen una nueva vulnerabilidad en un contexto en el que se requiere una reducción de la deuda pública. La actuación coordinada a nivel de la UE y de los Estados miembros contribuyó a amortiguar los efectos de la crisis de la COVID-19 y del aumento de los precios de la energía, sobre todo a nivel económico y social, especialmente sobre las empresas y hogares vulnerables. Sin embargo, estas crisis llevaron a un aumento de la deuda pública en varios Estados miembros. Más recientemente, las medidas de política fiscal aplicadas en 2022 para afrontar la crisis energética han tenido unos considerables costes presupuestarios. Según las previsiones económicas de la Comisión de la primavera de 2023, el coste neto de estas medidas representó el 1,2 % del PIB de la UE en 2022, y una cifra similar en 2023. La política fiscal debe ser prudente con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y apoyar así a la política monetaria. Paralelamente, las divergencias en las tasas de inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras han aumentado las vulnerabilidades macroeconómicas.

La coordinación estrecha de la política fiscal en la UE y en la zona del euro es esencial para garantizar la solidez de las políticas fiscal y monetaria y facilitará la labor de la política monetaria. En 2023 y 2024, las políticas fiscales deberán ser prudentes para centrarse en la sostenibilidad de la deuda a medio plazo, al mismo tiempo que aumentan el crecimiento potencial y garantizan la transición ecológica y digital de forma sostenible y resiliente. En función de su situación específica en materia de deuda, los Estados miembros deberán mantener su deuda en un nivel prudente o garantizar una reducción de la misma verosímil y continua a medio plazo. El ajuste fiscal para 2024 deberá ser compatible con la legislación vigente en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y todos los Estados miembros deberán mantener o lograr situar su déficit por debajo del valor de referencia recogido en el Tratado (3 % del PIB). Como se expone en la comunicación de la Comisión relativa a la orientación de la política fiscal para 2024, de 8 de marzo de 2023 17 , el componente fiscal de las recomendaciones específicas por país propuestas incorpora los elementos de las propuestas legislativas de 26 de abril de 2023 que son compatibles con la legislación en vigor.

Las medidas fiscales adoptadas para hacer frente a la crisis de los precios de la energía deberán eliminarse. La continua disminución de los precios de las materias primas energéticas está frenando la inflación global a partir de su máximo alcanzado en octubre de 2022, aunque la inflación básica se mantiene elevada y sigue una tendencia al alza. En este contexto, un apoyo fiscal prolongado y no específico a los hogares y empresas refuerza las presiones inflacionistas. Ello aumenta la probabilidad de que los bancos centrales refuercen el endurecimiento de su política monetaria, y ejercería presión sobre la estabilidad financiera. Si son necesarias medidas de apoyo para hacer frente a nuevos aumentos de los precios de la energía, estas deberán centrarse en la protección de los hogares y empresas vulnerables, poderse asumir a nivel presupuestario y preservar los incentivos al ahorro de energía. Por otra parte, los Estados miembros deberán mejorar la calidad y la composición de sus finanzas públicas, seguir protegiendo la inversión financiada a nivel nacional y garantizar la aplicación efectiva del MRR y de otros fondos de la UE, tales como los del programa InvestEU, particularmente teniendo en cuenta la transición ecológica y digital y la necesidad de reforzar la resiliencia económica y social de la UE. A la luz de las devastadoras inundaciones que sufrió Italia en mayo de 2023, el coste de la ayuda directa de emergencia relacionada con dichas inundaciones se tendrá en cuenta en posteriores evaluaciones de la conformidad y, en principio, se considerará que las medidas en el marco de dicha ayuda representan medidas puntuales y temporales.

Dado que la incertidumbre acerca de las perspectivas macroeconómicas se mantiene elevada actualmente, la Comisión considera que esta primavera no debe adoptarse una decisión sobre si debe someterse a los Estados miembros a un procedimiento de déficit excesivo, como ya indicó en su Comunicación de 8 de marzo de 2023 relativa a la orientación de la política fiscal para 2024. Al mismo tiempo, la Comisión propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024 sobre la base de los datos de ejecución de 2023, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Los Estados miembros deberán tener en cuenta esta circunstancia al ejecutar sus presupuestos para 2023 y al elaborar sus proyectos de planes presupuestarios para 2024 este otoño.

Una política tributaria equilibrada, unas herramientas eficaces para combatir las estrategias de planificación fiscal abusiva y la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuyen a un trato equitativo de los contribuyentes y a una financiación eficiente de los servicios públicos. El desplazamiento de una parte de la carga fiscal de los impuestos sobre el factor trabajo a otros tipos de impuestos, particularmente impuestos medioambientales e impuestos sobre bienes inmuebles, teniendo en cuenta al mismo tiempo debidamente el efecto distributivo de tal desplazamiento, respaldaría la transición ecológica y fomentaría el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Las estrategias de planificación fiscal abusiva aplicadas por las empresas o las personas físicas en un Estado miembro pueden tener efectos indirectos negativos sobre el resto de la UE, por lo que se requiere una acción decidida y coordinada. Ha sido un hito fundamental la adopción de la Directiva (Pilar 2) relativa a la garantía de un tipo impositivo efectivo mínimo del 15 %, que se ha de aplicar para finales de 2023 18 . De forma similar, la continuación de la modernización y digitalización de las administraciones tributarias debería seguir reduciendo los costes de cumplimiento y aumentar los ingresos tributarios.

El endurecimiento de las condiciones de financiación ha aumentado las vulnerabilidades y los riesgos en algunos Estados miembros, y las diferencias de inflación observadas en la UE pueden llevar a presiones competitivas. El elevado crecimiento del PIB nominal impulsado por la inflación contribuye a reducir las ratios deuda/PIB a corto plazo, tanto en el sector público como en el privado, mientras que el incremento de los tipos de interés solo se repercute gradualmente en el coste del servicio de la deuda. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones de financiación aumenta los riesgos asociados a los altos niveles de deuda. Los precios de la vivienda subieron considerablemente en varios Estados miembros en 2022, pero las subidas han empezado a moderarse como consecuencia de las presiones ejercidas sobre los ingresos y del aumento de los tipos de interés. Paralelamente, la divergencia en las tasas de inflación, junto con los aumentos de los márgenes de beneficio y los costes laborales, puede llevar a pérdidas de competitividad de costes en algunos sectores y regiones. Los déficits de la balanza por cuenta corriente se han ampliado en algunos Estados miembros, reflejando unos precios de importación de la energía mucho más altos y, en algunos casos, una fuerte demanda interna.

Los recientes aumentos de los tipos de interés han suscitado preocupación sobre bolsas de vulnerabilidad en el sector financiero, lo que hace necesario un seguimiento estrecho. Los avances realizados por la UE en el reforzamiento de la supervisión bancaria y la culminación de la unión bancaria se consideran importantes pasos para garantizar la estabilidad macrofinanciera 19 . Por otra parte, los préstamos dudosos han disminuido y se siguen aplicando medidas para afrontarlos, mientras que el aumento de los tipos de interés está mejorando la rentabilidad del sector bancario. No obstante, el aumento de los tipos de los préstamos hipotecarios y el deterioro de la capacidad de servicio de la deuda, debido a la bajada de las rentas reales de los hogares, está presionando a la baja los precios de la vivienda en algunos países. En ciertos países, el sector inmobiliario de uso comercial experimentó bajadas similares en un marco de costes de financiación más elevados y tasas de ocupación inferiores. En este contexto sigue siendo importante supervisar la calidad de los activos, cooperar con los deudores en dificultades de forma oportuna y proactiva (particularmente en los casos aún viables), seguir mejorando la eficacia de los marcos de insolvencia y seguir desarrollando los mercados secundarios para los préstamos dudosos. A nivel más global, los retos relacionados con la digitalización aún subsisten, habiéndose incluso intensificado en algunas zonas, como demuestra la mayor frecuencia de incidentes de ciberseguridad a gran escala. Los riesgos asociados a la intermediación financiera no bancaria y los riesgos que pueden aparecer por la mayor utilización de servicios financieros descentralizados deben supervisarse y abordarse de forma adecuada. Sobre todas estas cuestiones, es de importancia capital la cooperación entre las autoridades de supervisión nacionales y europeas, así como con el BCE y los organismos internacionales de reglamentación.

La Comisión ha detectado vulnerabilidades relacionadas con desequilibrios macroeconómicos o desequilibrios excesivos en once Estados miembros en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM). En el caso de seis Estados miembros, las vulnerabilidades recientes parecen estar contenidas actualmente y ser de naturaleza temporal. En el recuadro 2 se resumen las conclusiones relativas a los desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros; el apéndice 4 proporciona más detalles.

Recuadro 1: Actualización de la supervisión en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Como parte del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2023, la Comisión ha adoptado un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE respecto de dieciséis Estados miembros. Estos son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Letonia, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. En todos estos Estados miembros, salvo en el caso de Finlandia, el informe evalúa su cumplimiento del criterio de déficit. En el caso de Bulgaria, Alemania, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia, el informe se elaboró debido a que el déficit previsto para 2023 superaba el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que los demás Estados miembros registraron en 2022 un déficit público que superaba el 3 % del PIB. Además, en el caso de Francia, Italia y Finlandia, el informe evalúa el cumplimiento del criterio de deuda en 2022 sobre la base de los datos de ejecución.

Como ya indicó en su Comunicación de 8 de marzo de 2023 sobre orientación de la política fiscal en 2024, la Comisión no propone iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, junto con los persistentes efectos macroeconómicos y fiscales derivados de la pandemia de COVID-19, crea incertidumbre, particularmente a la hora de diseñar una senda detallada para la política fiscal. En lo que respecta a los Estados miembros con una ratio de deuda superior al valor de referencia del 60 % del PIB, la Comisión, en su evaluación de los factores pertinentes, considera que el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda conllevaría un esfuerzo fiscal concentrado en las fases iniciales excesivamente exigente, que podría poner en riesgo el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está justificado en las actuales condiciones económicas.

Rumanía es el único Estado miembro sometido a un procedimiento de déficit excesivo, sobre la base de la evolución anterior a la pandemia. El 3 de abril de 2020, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Rumanía sobre la base de la previsión de un déficit excesivo de 2019. En su recomendación revisada de 17 de junio de 2022, el Consejo pidió a Rumanía que pusiera fin a su situación de déficit excesivo, a más tardar, en 2024. El déficit de las Administraciones Públicas de Rumanía en 2022 estaba en consonancia con la recomendación del Consejo. Al mismo tiempo, el ajuste del saldo estructural fue inferior al recomendado por el Consejo, mientras que la tasa de aumento nominal del gasto público primario neto fue superior a la recomendada. El procedimiento se mantiene en suspenso.

La Comisión seguirá supervisando la situación económica y presupuestaria de los Estados miembros. En el próximo otoño, la Comisión adoptará dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro, con objeto de garantizar que los presupuestos para 2024 sean acordes con las recomendaciones específicas por país, que también forman parte del paquete del Semestre Europeo de la primavera de 2023 y serán adoptadas por el Consejo durante este año. En la primavera de 2024, la Comisión propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2023, con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

Recuadro 2: Desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros

La Comisión ha evaluado la existencia de desequilibrios macroeconómicos en los 17 Estados miembros seleccionados para los exámenes exhaustivos en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2023. A diez de estos Estados miembros se les habían detectado desequilibrios o desequilibrios excesivos en el último ciclo anual de supervisión en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Se consideró que los siete Estados miembros restantes presentaban riesgos de aparición de nuevos desequilibrios. Como parte del ciclo de supervisión de este año, y a fin de contribuir a la detección de desequilibrios y de desequilibrios excesivos en los exámenes exhaustivos de este año, la Comisión examinó el impacto de perturbaciones comunes sobre las economías de determinados Estados miembros y publicó tres notas temáticas, sobre inflación, precios de la vivienda y sostenibilidad exterior 20[1].

La evaluación de las vulnerabilidades macroeconómicas se caracteriza por la incertidumbre derivada de la elevada inflación. Si se mantuviera la divergente dinámica en lo que respecta a la inflación, la competitividad de costes podría verse mermada en los Estados miembros con elevada inflación, lo que podría traducirse en unas vulnerabilidades crecientes. Al mismo tiempo, la elevada inflación implica el riesgo de un endurecimiento de las condiciones de financiación. La inflación también tiene efectos distributivos negativos. Una vuelta a unas tasas de inflación bajas y convergentes en la UE disminuiría esta preocupación. De forma similar, la fuerte subida de los precios de la vivienda desde 2020, junto con el fuerte aumento de los costes financieros y la presión ejercida sobre la renta real de los hogares, plantea la perspectiva de ajustes de los precios, particularmente en los Estados miembros con mercados inmobiliarios más sobrevalorados.

Los desequilibrios presentes desde hace tiempo en la deuda pública y privada han reanudado su tendencia a la baja ayudados por el crecimiento económico nominal, y en particular por la elevada inflación. Las ratios de deuda privada y pública han venido disminuyendo, como consecuencia del fuerte «efecto denominador» del crecimiento del PIB nominal. El endurecimiento de las condiciones de financiación aumenta el nivel de riesgo, particularmente en los países y sectores donde predominan los tipos de interés variables o donde las necesidades de financiación o de refinanciación son mayores; la volatilidad del tipo de cambio puede afectar al servicio de la deuda cuando la deuda está denominada en moneda extranjera. Desde el punto de vista exterior, el elevado crecimiento del PIB nominal reduce la proporción que representa el saldo exterior en el PIB, mientras que la acusada baja de los saldos de la balanza comercial llevó a una reducción global de los saldos de la balanza por cuenta corriente, incluso para los países acreedores netos. Sin embargo, se prevé que las nuevas reducciones de los precios de la energía desde los máximos registrados a mediados de 2022 refuercen las balanzas por cuenta corriente en 2023, tanto los déficits como los superávits, existiendo algunos Estados miembros que siguen registrando déficits y superávits de la balanza por cuenta corriente significativos. El sector bancario soportó bien la pandemia, y el volumen de préstamos dudosos ha seguido disminuyendo, particularmente en los países que presentaban las cifras más elevadas.

La Comisión adoptó una serie de decisiones en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En Chipre, las vulnerabilidades están disminuyendo, lo que supone una mejora de su clasificación en relación con los desequilibrios. Por el contrario, en Hungría las vulnerabilidades han aumentado en una medida tal que implica la detección de nuevos desequilibrios. En la coyuntura actual no se determinó la existencia de desequilibrios en algunos Estados miembros que son objeto de un examen exhaustivo por primera vez en los últimos años. La evolución es generalmente favorable en los restantes Estados miembros analizados, aunque subsisten importantes retos. La aplicación de las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo y del programa de acción incluido en los PRR deberá contribuir a una mayor reducción de las vulnerabilidades a nivel macroeconómico.

- Chipre registra desequilibrios tras experimentar desequilibrios excesivos hasta 2022, ya que las vulnerabilidades relacionadas con la deuda privada, pública y externa, aunque siguen siendo preocupantes, han disminuido en general.

- Actualmente Hungría presenta desequilibrios, que podrían convertirse en excesivos en el futuro si no se toman medidas urgentemente.

- Alemania, España, Francia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia siguen presentando desequilibrios.

- En Rumanía existe el riesgo de que los desequilibrios puedan convertirse en excesivos en el futuro si no se toman medidas urgentemente. Por otra parte, las vulnerabilidades están disminuyendo en Alemania, España, Francia y Portugal, de modo que si prosiguen estas tendencias durante el próximo año habría motivos para una decisión de inexistencia de desequilibrios.

- Grecia e Italia siguen presentando desequilibrios excesivos, pero sus vulnerabilidades parecen disminuir, particularmente debido a los avances de las políticas aplicadas.

- No se han detectado desequilibrios en Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Eslovaquia, ya que sus vulnerabilidades parecen globalmente contenidas actualmente.

En el apéndice 4 se detallan los aspectos específicos de cada uno de los diecisiete Estados miembros afectados.

4.2. Sostenibilidad energética y medioambiental

A pesar de los logros en materia de seguridad del abastecimiento energético de los últimos meses, las perspectivas del próximo invierno no dejan lugar para la autocomplacencia. Durante el último año, la UE ha realizado progresos notables en el ahorro de energía, diversificando sus fuentes de abastecimiento energético y optimizando la infraestructura existente. El consumo de gas natural en la UE se redujo un 17,7 % de agosto de 2022 a marzo de 2023 respecto del consumo medio de gas para estos mismos meses entre 2017 y 2022 21 . La proporción que representan las importaciones a través de gasoductos rusos en el total de importaciones de gas de la UE disminuyó al 7 % en enero de 2023, desde una cifra histórica de alrededor del 50 %. Esta evolución es el resultado de una combinación de medidas tomadas por la UE y los gobiernos nacionales, de cambios estructurales de la demanda, y también de los altos precios. Las importaciones de gas natural licuado (GNL) por vía marítima desempeñan un papel preponderante en la sustitución del gas ruso, con un incremento acusado, de 81 000 millones de metros cúbicos en 2021 a aproximadamente 135 000 millones de metros cúbicos en 2022. Nuevos proyectos de GNL deberán aumentar más la capacidad de importación de GNL de la UE, evitando al mismo tiempo dependencias innecesarias para el futuro. Sin embargo, la seguridad de abastecimiento de la UE podría verse complicada por una posible interrupción total del abastecimiento de gas ruso, posibles incidentes en la infraestructura, sequías y mantenimientos no previstos de las centrales eléctricas, por lo cual es necesario mantener la vigilancia. El esfuerzo de diversificación mediante GNL se intensificará en 2023 con las primeras compras conjuntas de gas y el aumento de los contactos con proveedores de gas alternativos. Además, las medidas recogidas en los capítulos de REPowerEU de los PRR de los Estados miembros, junto con los programas de la política de cohesión, los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, el apoyo financiero procedente de los Fondos de Innovación y Modernización y el programa InvestEU se espera que contribuyan a la seguridad energética, fomentando las energías limpias y la eficiencia energética y estimulando la reducción de la demanda de energía, así como a luchar contra la pobreza energética y eliminar los cuellos de botella internos y transfronterizos en materia de transporte y distribución de energía. Por otro lado, sigue siendo esencial racionalizar las inversiones, simplificar los procedimientos de concesión de autorizaciones y superar las barreras para permitir la implantación de las energías renovables y su integración en la red eléctrica. También deberán realizarse esfuerzos para apoyar el almacenamiento de electricidad y la resiliencia de la red eléctrica para hacer frente a la creciente variabilidad de la oferta y la demanda.

Con la aprobación de una parte del paquete de medidas «Objetivo 55», la atención debe orientarse ahora a la aplicación de medidas para alcanzar los objetivos en materia de clima, energía y transporte. El paquete logra un equilibrio entre la tarificación, los objetivos, las normas y las medidas de apoyo a fin de alcanzar el objetivo climático para 2030 establecido en la Ley Europea del Clima. Los objetivos más ambiciosos para 2030 en materia de clima, transporte y energía y las decisiones de la UE encaminadas a reducir la dependencia respecto de los combustibles fósiles rusos implican que debe seguir acelerándose la transición ecológica. El próximo reto implica una aplicación resuelta de las medidas planificadas y/o adoptadas. Al mismo tiempo, es necesario definir nuevas medidas climáticas y energéticas para alcanzar el objetivo más ambicioso para 2030. La actualización de los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros contribuirán en este sentido. Los planes, que deberán tener en cuenta las REP más recientes 22 , proporcionan previsibilidad para las inversiones a corto, medio y largo plazo y son cruciales para movilizar las inversiones a gran escala que son necesarias con el fin de alcanzar los objetivos climáticos para 2030 y 2050 23 . Se requieren más esfuerzos en la mayoría de ámbitos, tales como la adaptación al cambio climático, con inclusión de la gestión sostenible del agua, los sistemas de alimentación, con inclusión de la preservación de los suelos y de la interrupción de la pérdida de biodiversidad, y otros sectores del uso de la tierra. Paralelamente, los Estados miembros deben alcanzar los otros objetivos medioambientales acordados a escala de la UE, y particularmente el logro de una contaminación nula del aire, del agua y del suelo. El déficit respecto de la inversión anual que se requiere para lograr los objetivos medioambientales de la UE al margen de los objetivos climáticos y energéticos se estima en 110 000 millones EUR 24 . La planificación presupuestaria debe tener en cuenta los pasivos contingentes vinculados a los riesgos relacionados con el clima, y deben seguir desarrollándose las prácticas de presupuestación ecológica para reorientar la inversión pública, el consumo y la fiscalidad hacia prioridades ecológicas.

El reforzamiento de la transición ecológica de nuestras industrias reducirá la dependencia global de la UE respecto de los combustibles fósiles y aumentará nuestra resiliencia frente a perturbaciones en el suministro de energía. Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas (pymes) y aquellas activas en sectores intensivos en energía, se han visto gravemente afectadas por las subidas de los precios de la energía, incluso después de haber recibido ayudas públicas. Las políticas deberán seguir centrándose en la promoción de la transición ecológica en ámbitos tales como la eficiencia energética de los procesos industriales y de fabricación y de los edificios, la descarbonización de la industria y la economía circular 25 . Habrá que maximizar las sinergias con la transición digital. Por medio de sus PRR, los Estados miembros deberán seguir invirtiendo en hidrógeno renovable o sin combustibles fósiles para las aplicaciones con emisiones difíciles de reducir en la industria y en ciertos transportes, tales como el transporte por carretera, el transporte marítimo y el transporte aéreo. Por otra parte, una mayor reducción de las ayudas perjudiciales para el medio ambiente y la integración del principio de «quien contamina paga» contribuirían a internalizar los costes de la degradación de la naturaleza e impulsarían la productividad y la eficiencia de los recursos. Para garantizar que no se quede atrás nadie ni ninguna región, deberán tenerse en cuenta los efectos a nivel distributivo, territorial y social. El Fondo de Transición Justa deberá aplicarse de forma adecuada para contribuir a una transición equitativa en los territorios más afectados, particularmente apoyando medidas de reciclaje y perfeccionamiento profesionales.

La actuación de los Estados miembros para acortar y simplificar los procedimientos de concesión de autorizaciones es esencial para acelerar la producción y la implantación de energías renovables y otras soluciones de cero emisiones netas. La larga duración y la complejidad de los procedimientos de concesión de autorizaciones a nivel nacional constituyen un importante cuello de botella en el desarrollo de fuentes de energía renovables en la mayoría de Estados miembros. En 2022, sobre la base de la información facilitada por las empresas, el Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único 26 examinó alrededor de 170 barreras en el procedimiento de concesión de autorizaciones en el ámbito de las fuentes de energía renovables en el conjunto de Estados miembros y acordó suprimir más de 80 de dichas barreras. A título de ejemplo cabe citar procedimientos largos, insuficiencia de efectivos de las autoridades que conceden las autorizaciones, fragmentación en lo que respecta a la adopción de decisiones y falta de coordinación, llevando todo ello a incoherencias en las decisiones y en los calendarios de aplicación entre las distintas regiones.

La aceleración de la expansión y la mejora de la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad, particularmente a través de interconectores transfronterizos, constituye una condición esencial para integrar una parte significativamente mayor de fuentes de energía renovables y para reforzar la electrificación de la demanda. Los Estados miembros deberán centrarse en nuevas instalaciones de almacenamiento de energía a corto y largo plazo para garantizar la flexibilidad y la seguridad del abastecimiento en los sistemas energéticos con una alta proporción de energías renovables variables. El objetivo de los Estados miembros de implantación de energías renovables marinas (111 GW de aquí a 2030) subraya la necesidad de que los Estados miembros desarrollen rápidamente las esenciales redes eléctricas marinas y los necesarios reforzamientos de la red eléctrica terrestre.

Una capacidad de producción considerable e innovadora en las cadenas de valor de las tecnologías limpias acelerará la transición ecológica. Con objeto de reforzar la resiliencia y la competitividad de las tecnologías de cero emisiones netas en la UE y aumentar la seguridad y la sostenibilidad del sistema energético de la UE, la Comisión propuso la Ley sobre la industria de cero emisiones netas en marzo de 2023 27 . Al mismo tiempo, los Estados miembros deben aprovechar más su talento, sus capacidades intelectuales e industriales y alentar más a los inversores privados a participar en la creación de empresas basadas en la UE y la expansión de las innovaciones 28 . Los Estados miembros también deberán centrarse en la superación de los retos relacionados con la escasez de trabajadores cualificados en varios segmentos de la tecnología de energías limpias. El reforzamiento de la competitividad del sector de energías limpias es fundamental para cumplir los objetivos del plan REPowerEU y los objetivos a largo plazo de la UE 29 .

La producción de tecnologías limpias requiere garantizar el acceso a materias primas fundamentales, particularmente a través de la diversificación, el reciclaje y la substitución. Para lograr los objetivos de la transición ecológica y digital de la UE, se requiere un acceso a fuentes de materias primas fundamentales que sean seguras, sostenibles y diversificadas, reduciendo nuestra dependencia de determinados proveedores y construyendo cadenas de suministro seguras y sostenibles para la minería, el procesamiento y el refinado, así como para el reciclaje. En este contexto, será fundamental aprovechar y ampliar la cooperación con los socios comerciales de la UE, en particular mediante el establecimiento de asociaciones estratégicas mutuamente beneficiosas con los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Las soluciones de la economía circular y los modelos de negocios también implican unas oportunidades significativas para perseguir objetivos de autonomía estratégica respetando al mismo tiempo el medio ambiente. El diseño orientado hacia la reciclabilidad, el reciclado y el avance de la transición a una economía circular constituyen prioridades de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales 30 . Esto debe ser complementado por los Estados miembros, por ejemplo, en lo que se refiere a los imanes permanentes y a la reutilización de los residuos de extracción. Habrá que desarrollar estrategias coherentes que no solo eliminen los obstáculos, sino que también promuevan la exploración, la extracción, el procesamiento y el reciclado de materiales en Europa. De forma más general, la transición de las industrias de la UE a una economía circular aún está por materializarse, ya que la productividad de los recursos solo aumentó marginalmente entre 2012 y 2021.

4.3. Productividad

Un buen funcionamiento del mercado único reduce las brechas de productividad y competitividad entre los Estados miembros y regiones de la UE. El mercado único ha sustentado la prosperidad de la economía europea desde su creación hace tres decenios. Las empresas de la UE se benefician de un «mercado interior» de más de 450 millones de consumidores para sus productos, de un acceso más fácil a una amplia gama de proveedores y de unos costes unitarios inferiores, mientras que los ciudadanos de la UE se benefician de la mayor innovación, unos precios más bajos y unos niveles más altos de seguridad y protección medioambiental como consecuencia de la competencia entre las empresas 31 . Por otra parte, el mercado interior protege a la UE frente a importantes perturbaciones de la demanda o la oferta y puede contribuir a contener las presiones sobre los precios en coyunturas de alta inflación. A medio o largo plazo, ello puede facilitar la corrección de las vulnerabilidades de la cadena de abastecimiento y respaldar la ampliación de capacidades para la doble transición, así como la resiliencia y la seguridad de la UE. Aunque el mercado único es fundamental para el atractivo global de la UE, el incremento medio de la productividad ha disminuido en los últimos decenios, siendo inferior al observado en otras importantes economías, lo que ha afectado a la competitividad de las empresas de la UE 32 . En varios Estados miembros y regiones de la UE, la productividad se está estancado, lo que da lugar a crecientes disparidades, particularmente entre Estados miembros de la UE. También existen disparidades regionales significativas en el acceso a la educación, la investigación y la innovación y la movilidad, circunstancia que se ve acentuada en las áreas rurales y periféricas y en las zonas remotas, tales como las regiones ultraperiféricas, en donde el acceso a servicios de apoyo esencial y social sigue siendo generalmente difícil. La ejecución de los programas de la política de cohesión y de los PRR hasta 2026 contribuirá substancialmente a mejorar la competitividad de la UE y fomentar la cohesión de la UE. Más allá de las medidas de inversión, particularmente en el marco del programa InvestEU, los PRR incluyen reformas encaminadas a simplificar el entorno normativo a nivel nacional y regional, asegurando el acceso a la financiación y mejorando la expansión y la resiliencia de las pymes mediante el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales de sus trabajadores o reforzando sus capacidades de investigación y desarrollo.

Un auténtico mercado único de servicios también propiciaría aumentos de productividad substanciales. Los mercados de servicios de la UE afrontan varios retos, tales como una baja presión competitiva, unos niveles de productividad más bajos y unas tasas de productividad inferiores a las de la industria de fabricación, una escasa integración de los servicios transfronterizos y un reducido nivel de movilidad profesional. La reducción de las restricciones normativas a nivel nacional aumentaría la competencia y facilitaría la movilidad de la mano de obra y aumentaría la oferta de servicios allí donde son más necesarios. Asimismo, reforzaría la competitividad de las industrias de fabricación que también contratan muchos servicios profesionales y de forma creciente proponen sus productos en combinación con servicios. No obstante, los progresos han sido lentos en la reducción de los obstáculos normativos, y en algunos casos se ha retrocedido en la aplicación de las reformas y persiste un alto nivel de restricciones 33 . Por ejemplo, los obstáculos normativos son actualmente preponderantes en servicios empresariales fundamentales (jurídicos, de contabilidad y destinados a los arquitectos) en muchos Estados miembros. El sector de la construcción, clave para la transición ecológica, está sujeto a unos requisitos de autorización y cualificación que son inevitablemente pesados. La fragmentación de responsabilidades y el hecho de que algunas actividades estén reservadas a distintas profesiones y especializaciones (particularmente, arquitectos e ingenieros civiles) tienen efectos adicionales sobre la libre circulación de profesionales. En los servicios al por menor, el nivel de restricciones en 2022 se mantuvo invariado o fue incluso superior en muchos Estados miembros en comparación con 2018 34 .

La supervisión de los obstáculos normativos, al mismo tiempo que garantiza una buena gobernanza y el respeto del Estado de derecho, aumenta la resiliencia institucional y mejora el entorno empresarial. El 60 % de los obstáculos a los que se enfrentan actualmente las empresas de la UE son del mismo tipo que los notificados hace veinte años. La mayoría de ellos están relacionados con normativas y prácticas administrativas nacionales que pueden abordar directamente los Estados miembros. Se ha estimado que la eliminación de las barreras al mercado único de bienes y servicios a nivel de los Estados miembros podría añadir 713 000 millones EUR a la economía para finales de 2029 35 . Las reformas en el marco del MRR permiten abordar las barreras legislativas y administrativas, y la Comisión ha invitado a los Estados miembros a reforzar aún más sus reformas en este ámbito en el marco de sus revisiones en curso. Ello complementa la labor del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único, como se ha mencionado anteriormente. La utilización de SOLVIT 36 para responder a problemas relacionados con la aplicación de la legislación del mercado único también está aumentando, especialmente entre las partes interesadas del sector empresarial. La buena gobernanza y el respeto del Estado de Derecho (en particular la presencia de sistemas judiciales independientes, de calidad y eficientes 37 , de sistemas tributarios que funcionen y sean eficaces, así como de marcos de insolvencia eficaces y marcos sólidos de lucha contra el fraude y la lucha contra la corrupción) son también factores determinantes clave de una economía al servicio de las personas y contribuyen a mejorar el entorno empresarial. Por otro lado, la Comisión dará un impulso para racionalizar y simplificar los requisitos de información para las empresas y las administraciones, con el fin de reducir estas cargas un 25 %, sin afectar a los objetivos correspondientes.

Un buen funcionamiento de los mercados de capitales es esencial para financiar la transición ecológica y digital y financiar la resiliencia macroeconómica y la autonomía estratégica abierta de la UE. La financiación pública, en combinación con la aceleración de la unión de los mercados de capitales, puede movilizar los significativos importes de financiación privada requeridos para la doble transición. Aunque se han logrado avances desde que se emprendió la iniciativa relativa a la unión de los mercados de capitales en 2015, los mercados de capitales de la UE siguen siendo estando fragmentados e infradesarrollados, requiriéndose más medidas concretas. En una coyuntura de tipos de interés crecientes, muchas empresas, particularmente las pymes, tienen dificultades para acceder a la financiación. Agravados por los altos precios de la energía, los retrasos en los pagos también constituyen una barrera para la resiliencia de las empresas, en particular de las pymes. Por consiguiente, para avanzar es necesario redoblar los esfuerzos colectivos, en los que deben participar los encargados de la formulación de políticas y los participantes en los mercados de la UE 38 . Para lograr nuevos aumentos de la competitividad y la productividad de la UE, se requieren unos sistemas de pago más innovadores y seguros y un marco de financiación abierto que nos permita aprovechar las ventajas de la digitalización.

La digitalización desempeña un importante papel en el aumento de la competitividad y requiere una mano de obra, también en el caso de las pymes, con mayores capacidades digitales y una mayor digitalización de los servicios públicos. Una población con capacidades digitales aumenta el progreso tecnológico e impulsa la productividad. La digitalización de las pymes es indispensable para aumentar su potencial de innovación y su competitividad, y ello puede reforzarse mediante una actuación global, como se indica en las dos recientes propuestas de recomendación del Consejo sobre la formación y las capacidades digitales 39 , que se prepararon mediante un diálogo estructurado sobre formación y capacidades digitales. La transformación digital de las Administraciones Públicas, que implica entre otras cosas ampliar la gama y la interoperabilidad de los servicios públicos disponibles en línea y la disponibilidad de datos de libre acceso, mejora la eficiencia de las empresas. Por otra parte, la transición digital refuerza la transición ecológica, ya que las tecnologías digitales, como las que utilizan datos y servicios espaciales, desempeñan un papel significativo en la acción por el clima 40 . El Programa Estratégico de la Década Digital ofrece una hoja de ruta para aprovechar el potencial de transformación digital de la UE, sentando las bases para una Europa más competitiva.

Los mercados de la contratación pública requieren una competencia abierta a fin de ofrecer la mejor relación calidad-precio para el erario público. El número de licitaciones con una sola oferta ha ido aumentando en los últimos años. En 2022, alcanzó la mayor proporción a escala de la UE (37 %) desde la adopción de la Directiva de contratación pública de 2014 41 . Se requieren esfuerzos de los Estados miembros para disminuir esta proporción y crear unas condiciones de igualdad. La contratación pública puede estimular las cadenas de suministro diversificando la demanda. Utilizada de forma estratégica y prestando atención no solo al precio, también puede mejorar la calidad, la resiliencia y la sostenibilidad. A través de la Ley sobre la industria de cero emisiones netas, debería ser más fácil para las pymes innovadoras y sostenibles o para los consorcios que incluyan pymes, participar en el procedimiento de licitación 42 . Cuando sea posible, las licitaciones deberán diseñarse de una forma que permita la participación de las pymes.

La innovación es uno de los factores que más impulsan el incremento de la productividad, pero afronta varios cuellos de botella. La escasez de personal altamente cualificado en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas se ha convertido en un reto común para varios Estados miembros, mermando el potencial de crecimiento de las empresas, particularmente en los sectores de alta innovación y de alta tecnología. La innovación está fuertemente concentrada en algunos Estados miembros y regiones de la UE, particularmente en las regiones de las capitales y en otras regiones metropolitanas, y se mantiene a un nivel mucho más elevado en Europa septentrional y occidental. La consecución de mejores resultados en materia de innovación se ve dificultada por una serie de deficiencias tales como una inversión pública en I+D insuficiente y/o irregular, los escasos vínculos entre el mundo universitario y el empresarial en la mayoría de los Estados miembros o la ineficacia del apoyo público a la innovación empresarial. Las innovaciones de vanguardia se ven, por ejemplo, afectadas por una falta de empresas en expansión, dificultades en el acceso al capital, cargas normativas y barreras en el mercado único. Muchas medidas están siendo aplicadas en los PRR. Las inversiones de la política de cohesión y otras iniciativas, tales como los «valles regionales de innovación», contribuirán también a abordar estos retos.

4.4. Equidad

Aunque el mercado de trabajo de la UE ha demostrado resiliencia hasta ahora, la elevada inflación y la incertidumbre podrían afectar a las perspectivas de dicho mercado y están afectando a los hogares. El mercado de trabajo de la UE alcanzó una tasa de empleo récord [74,8 %] en el [cuarto trimestre] de 2022, lo que supone un avance sustancial hacia el objetivo de tasa de empleo para 2030, de como mínimo el 78 %. La escasez de cualificaciones y mano de obra se mantiene elevada y por encima de los niveles de 2019, pero comenzó a descender en el segundo semestre de 2022, en un contexto en el que ha continuado el comportamiento positivo del mercado de trabajo. No obstante, se prevé que la ralentización de la actividad económica se traduzca en una evolución del mercado laboral más moderada en 2023 y 2024, mientras que las disparidades regionales en dicho mercado se mantienen elevadas, con unas tasas de empleo inferiores al 50 % en algunas regiones. Al mismo tiempo, persisten considerables brechas de puntuación para algunos grupos de población, particularmente las mujeres y los jóvenes. Las fuertes subidas de precios, especialmente de los alimentos, la energía y el transporte, han afectado a los hogares de renta baja o renta media-baja. Estos artículos representan una mayor proporción en la cesta de la compra, lo que apunta a la necesidad de unas medidas sociales bien orientadas. En este contexto, unas políticas salariales flexibles y una negociación colectiva eficaz son fundamentales para promover una evolución adecuada de los salarios reales, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. A este respecto, desempeñan un importante papel las actualizaciones periódicas de los salarios mínimos. La adopción de la Directiva de la UE sobre salarios mínimos 43 genera una inercia positiva para las medidas encaminadas a garantizar unos salarios mínimos adecuados.

Con el fin de mitigar la pérdida de poder adquisitivo e impedir un aumento de los riesgos de pobreza, deben preservarse y reforzarse los sistemas de protección social, prestándose atención especial a su adecuación y sostenibilidad. Es necesario realizar un seguimiento continuo de la situación social y adoptar medidas de forma rápida para evitar que la gente caiga en la pobreza o la exclusión social, particularmente en la pobreza energética, lo que agravaría las desigualdades existentes. En el contexto del aumento del coste de la vida, la eliminación de las brechas en el acceso a sistemas de protección social e inclusión social adecuados y sostenibles desempeña un papel fundamental para minimizar el impacto de la elevada inflación sobre las personas vulnerables, junto con una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo, particularmente para los perceptores de bajas rentas. Mecanismos estructurales o específicos encaminados a ajustar las prestaciones sociales como respuesta a la elevada inflación son importantes para mantener su adecuación, al mismo tiempo que garantizan que los costes respectivos sigan siendo fiscalmente sostenibles. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social y los sistemas de inclusión deben preservar los incentivos al trabajo y promover activamente la participación y la integración en el mercado laboral, particularmente por medio de servicios de calidad integrados. El envejecimiento de la población, la carga que representan las enfermedades crónicas, las nuevas demandas sanitarias y las nuevas tecnologías también requerirán la creación de más empleos, con un conjunto de cualificaciones cambiantes, en los sectores sanitario y social. Habrá que mejorar el acceso a una asistencia sanitaria y unos cuidados de larga duración asequibles, de calidad y sostenibles. La sanidad electrónica sigue transformando la forma en que la gente recibe asistencia sanitaria, lo que requiere un nivel creciente de capacidades digitales, así como una mayor versatilidad del personal sanitario.

Los sistemas de educación y formación son esenciales para abordar y prevenir la escasez de mano de obra y de cualificaciones. La mayor escasez de mano de obra se observa actualmente en la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, así como en los sectores de hostelería, construcción, TIC y ocupaciones relacionadas, y en sectores clave para la transición ecológica, tales como los de las energías renovables y la eficiencia energética. Más allá de la evolución cíclica, la escasez de cualificaciones obedece a cambios estructurales en la economía de la UE, tales como el envejecimiento de la población y las transformaciones ecológica y digital actuales, lo que lleva a unas necesidades de cualificación cambiantes. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la existencia de deficiencias en los sistemas de educación y formación. Aunque está mejorando, la tasa de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación se mantiene elevada en algunos Estados miembros. Ya en 2018, uno de cada cinco jóvenes de quince años carecía de cualificaciones básicas, y los jóvenes procedentes de un estrato socioeconómico desfavorecido tenían una probabilidad casi seis veces superior a la media de obtener malos resultados educativos. En los últimos años, la presión sobre los sistemas de educación y formación ha aumentado, al haber tenido que hacer frente al impacto de la pandemia, la falta de infraestructuras digitales apropiadas y la creciente escasez de personal docente, a todos los niveles del sistema educativo, particularmente en los ámbitos más pertinentes para la doble transición. Aunque la tasa de finalización de los estudios superiores está aumentando, la proporción de licenciados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas no basta para satisfacer la demanda del mercado de trabajo en la mayoría de los Estados miembros. El reforzamiento de la calidad, la capacidad de inclusión y la pertinencia de los sistemas de educación y formación para el mercado de trabajo a todos los niveles y en toda la Unión sigue siendo fundamental para alcanzar unos mercados de trabajo sólidos y una transición equitativa. De forma similar, la mayor participación en el mercado laboral de las mujeres, los jóvenes y los grupos infrarrepresentados y vulnerables, tales como las personas con discapacidad, las personas de origen migrante y la población gitana, sigue suponiendo una importante oportunidad con vistas a un crecimiento inclusivo y a la igualdad.

En particular, el desarrollo y la adquisición de capacidades y competencias pertinentes para la transición ecológica se está haciendo más urgente. Cada vez es más importante garantizar que todos los trabajadores, particularmente los de los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica, puedan beneficiarse del aumento del empleo que vendría asociado a una economía de cero emisiones netas. Se buscarán especialmente perfiles profesionales y técnicos a la luz de la aceleración de la transición energética y la transformación tecnológica en el contexto del Plan Industrial del Pacto Verde de la UE. Los Estados miembros afrontan una escasez de mano de obra significativa y creciente, mientras que el bajo nivel de formación ofrecida en sectores fundamentales podría crear cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Las dificultades son aún mayores en algunas regiones periféricas o que tienen una economía estancada. En este contexto, es crucial que los Estados miembros apoyen la planificación, la adquisición y la oferta de capacidades para la economía ecológica, como se pone de relieve en las REP dirigidas a todos los Estados miembros y en consonancia con la recomendación del Consejo de garantizar una transición efectiva hacia la neutralidad climática, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado laboral y ofrecer igualdad de oportunidades a todos. El fomento del reciclaje y del perfeccionamiento profesionales para los empleados del sector público a todos los niveles (incluidas las administraciones locales) también aceleraría las inversiones y reformas necesarias para la transición ecológica 44 .

Los fondos de la política de cohesión y el MRR, particularmente el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), contribuirán a abordar los retos que tienen planteados los sistemas de educación y formación a todos los niveles. Entre las medidas de apoyo cabe citar el fomento del acceso a la educación infantil y a la atención a la infancia, las reformas de los currículos, la modernización de la educación superior, la facilitación de la transición entre el sistema educativo y el mercado laboral, la creación de oportunidades de perfeccionamiento y reciclaje profesionales —particularmente en el caso de las cualificaciones pertinentes para la transición ecológica— así como la reforma y la modernización de las políticas activas del mercado de trabajo. Respaldando la aceleración de una recualificación de la mano de obra hacia capacidades pertinentes para la transición ecológica, los capítulos específicos de REPowerEU que se han de incluir en los PRR existentes garantizarán una mayor financiación para las reformas y las inversiones en este ámbito. Asociada a este aumento de las inversiones, particularmente en el marco del programa InvestEU, la política de migración legal, ambiciosa y sostenible, propuesta por la Comisión en su paquete relativo a las capacidades y el talento 45 también puede contribuir a paliar la escasez de mano de obra y de capacidades y a aprovechar plenamente el potencial de la mano de obra europea. El Año Europeo de las Competencias 2023 proporcionará un nuevo impulso para lograr la implicación de las partes interesadas y movilizar la financiación pública y privada con objeto de paliar la escasez de competencias y la escasez de mano de obra a medio o largo plazo, especialmente en materia de competencias digitales y ecológicas 46 .

Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, cerca de cuatro millones de personas desplazadas han sido acogidas en la UE en el marco de la Directiva de protección temporal. La integración en el mercado laboral es fundamental para que las personas desplazadas sean independientes desde el punto de vista financiero, puedan sustentar a sus familias y aporten su contribución a la comunidad de acogida 47 . Según las estimaciones disponibles 48 , entre 600 000 y un millón de beneficiarios de la protección temporal han encontrado empleo en la UE, mientras que más de 350 000 personas se han registrado como demandantes de empleo. Las barreras lingüísticas constituyen un importante obstáculo para que las personas desplazadas puedan trabajar, lo que confiere una importancia crucial a las acciones de formación lingüística. La rápida convalidación de competencias y el reconocimiento de las cualificaciones, particularmente en los sectores demandantes, tales como el de la asistencia sanitaria, también es importante para asegurar que las personas puedan acceder a un empleo que se ajuste a sus competencias y experiencia. Numerosos Estados miembros ya han tomado importantes medidas para facilitar este proceso, en consonancia con la orientación de la Comisión 49 , utilizando también la flexibilidad de financiación proporcionada por la Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE). Dado que muchas de las personas beneficiarias de la protección temporal son mujeres con niños, la disponibilidad de servicios de educación y asistencia a la infancia a una edad temprana es un prerrequisito particularmente crítico para la participación en el mercado de trabajo.

La aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales sigue orientando hacia el aumento de la convergencia social en la UE. Dos años después de la Cumbre Social celebrada en Oporto y los compromisos contraídos sobre los objetivos globales para 2030 en materia de empleo, competencias y reducción de la pobreza, la puesta en marcha de las reformas e inversiones necesarias para avanzar hacia los objetivos nacionales sigue siendo prioritaria para los Estados miembros. Ello es fundamental para respaldar una convergencia al alza en el ámbito social y la cohesión social en la UE. Como parte del paquete de primavera, la Comisión también propone trasladar las orientaciones de empleo al próximo ciclo anual. Esta evolución sigue a un cambio importante en 2022 para reflejar mejor el entorno posterior a la pandemia de COVID-19 y a las iniciativas estratégicas recientes, así como a la intensificación de los debates sobre la importancia de garantizar un bienestar sostenible e inclusivo.

5. Conclusión

Frente a la actual realidad geopolítica y los complejos retos económicos y sociales, la UE se propone construir una economía robusta y preparada para el futuro que garantice la competitividad y la prosperidad a largo plazo para todos. Ello requiere un enfoque integrado en todas las áreas de intervención para aumentar la productividad, la resiliencia, la equidad y el crecimiento económico en la totalidad de la base económica. El Semestre Europeo proporciona el marco adecuado de coordinación de las políticas económicas a tal efecto, incluyendo asimismo la ejecución del MRR y de los programas de la política de cohesión. Aunque la ejecución de los PRR está bien avanzada en algunos Estados miembros, en otros corre el riesgo de sufrir retrasos respecto de los calendarios de ejecución indicativos acordados en las decisiones de ejecución del Consejo. Aunque la ejecución de los programas de la política de cohesión 2014-2020 finalizará en 2023, los programas recientemente adoptados para el período 2021-2027 ofrecen la oportunidad de impulsar la inversión de forma plenamente complementaria con el MRR. A fin de garantizar avances duraderos, los Estados miembros deberán seguir centrándose en la ejecución plena y oportuna de los PRR hasta 2026 y ejecutar rápidamente los programas de la política de cohesión recientemente aprobados. Las revisiones previstas de los PRR, con inclusión de los capítulos de REPowerEU con financiación adicional, junto con los programas de la política de cohesión, constituyen una oportunidad para responder a los retos persistentes detectados en el contexto del Semestre Europeo, particularmente en los sectores de clima y energía.

Los informes por país de 2023 proporcionan una instantánea de las evoluciones y de los retos que afrontan actualmente los Estados miembros desde el punto de vista económico, social y del mercado de trabajo. El análisis de los retos sirve de base a las REP de 2023. El Semestre Europeo de este año presta particular atención a la productividad y la competitividad a largo plazo, al mismo tiempo que proporciona un análisis actualizado y más detallado de la seguridad y la asequibilidad de la energía. La Comisión hace un llamamiento para una actuación ambiciosa de los Estados miembros encaminada a abordar las vulnerabilidades puestas de manifiesto por las recientes crisis y detectadas en los informes por país a nivel nacional y regional. Se trata en particular de reforzar la resiliencia y la productividad, facilitar el acceso a la financiación, suministrar energía asequible, reducir las dependencias estratégicas, acelerar la transición hacia la economía circular, garantizar las competencias del futuro, apoyar la creación de empleos de calidad y hacer que la base económica, científica, industrial y tecnológica sea adecuada para la transición ecológica y digital sin que nadie se quede atrás.

La Comisión pide al Consejo Europeo que ratifique las propuestas de la Comisión de recomendaciones específicas por país de 2023, y al Consejo que las adopte. La Comisión también pide a todos los Estados miembros que cumplan plena y oportunamente las recomendaciones, en estrecho diálogo con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

APÉNDICE 1 – VISIÓN GLOBAL DE LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS TRATADOS EN LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS

Categoría General

Transición ecológica

Transición digital, productividad y mercado único

Empleo, políticas sociales y equidad

Estabilidad macroeconómica

Resiliencia institucional

Ámbito de actuación

Energías renovables e infraestructura energética

Eficiencia energética

Adaptación al cambio climático

Medio ambiente y gestión de recursos

Transporte

Conectividad digital, infraestructuras y funcionamiento del mercado

Digitalización de las empresas

Digitalización de la Administración Pública

Entorno empresarial (con inclusión de políticas destinadas a las pymes)

Mercado único, competencia y ayudas estatales

Empresas estatales

Contratación pública y concesiones

Investigación e Innovación

Mercado laboral

Políticas activas del mercado de trabajo

Igualdad de oportunidades

Salarios y fijación de los salarios

Capacidades, aprendizaje de adultos y formación profesionales (FP) permanentes

Educación infantil y atención a la infancia

Educación (general, formación profesional inicial y enseñanza superior)

Sistemas de pensiones y políticas activas sobre el envejecimiento de la población

Pobreza, inclusión social y protección social

Desarrollo regional y servicios públicos locales

Asistencia sanitaria

Cuidados de larga duración

Marco presupuestario y gobernanza fiscal

Política tributaria

Administración tributaria, elusión y evasión fiscales

Servicios financieros y estabilidad financiera

Acceso a la financiación y financiación del crecimiento

Lucha contra el blanqueo de capitales

Vivienda

Deuda del sector privado y marco de insolvencia

Administración Pública

Corrupción

Calidad de la legislación

Sistema judicial

01 BE

02 BG

03 CZ

04 DK

05 DE

06 EE

07 IE

08 EL

09 ES

10 FR

11 HR

12 IT

13 CY

14 LV

15 LT

16 LU

17 HU

18 MT

19 NL

20 AT

21 PL

22 PT

23 RO

24 SI

25 SK

26 FI

27 SE

APÉNDICE 2 – AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS

El Semestre Europeo de 2023 hace balance de las medidas estratégicas adoptadas por los Estados miembros para abordar los retos estructurales detectados en las recomendaciones específicas por país adoptadas desde 2019. Tras el establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como herramienta clave para cumplir las prioridades estratégicas nacionales y de la UE, la evaluación de las recomendaciones específicas por país de 2023 tiene en cuenta las medidas estratégicas adoptadas por los Estados miembros hasta la fecha 50 , así como los compromisos asumidos en los planes de recuperación y resiliencia (PRR), en función de su grado de ejecución. Por lo tanto, la evaluación refleja la situación actual de los planes de recuperación y resiliencia, en fases de ejecución relativamente tempranas, y no el nivel de avances que podrían lograrse suponiendo la plena aplicación de los planes hasta 2026 51 .

Gráfico 1: Nivel actual de aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2019-2020

Gráfico 2: Aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2019-2022: evaluación anual en cada año consecutivo en comparación con la aplicación hasta la fecha

Nota: La evaluación plurianual que figura en el gráfico 1 examina la ejecución de las recomendaciones específicas por país de 2019-2020 desde el momento en que se adoptaron por primera vez hasta la publicación de la presente Comunicación. En el gráfico 2, la evaluación anual muestra los avances registrados en el primer año tras la adopción de las REP, mientras que la evolución plurianual muestra la evaluación de este año de las REP anteriores. Debe tenerse en cuenta que las recomendaciones específicas por país de 2021 solo hacen referencia a la política fiscal.

Desde una perspectiva plurianual, se han registrado al menos algunos avances en la aplicación del 68 % de las recomendaciones específicas por país de 2019-2020 (véase el gráfico 1). En comparación con la evaluación del año pasado, se han logrado avances adicionales en relación con las recomendaciones específicas por país de 2019 de carácter estructural y las recomendaciones de 2020 más orientadas a hacer frente a la crisis. Así, la proporción de REP en cuya aplicación se han logrado al menos algunos avances ha aumentado continuamente, desde el 59 % en 2021 al 63 % en 2022 y al 68 % actualmente. Esto muestra claramente los incentivos ofrecidos por el MRR desde 2021, esperándose que su enfoque basado en los resultados siga reforzando la aplicación de las REP en los próximos años. El ámbito en el que los Estados miembros han avanzado más en los últimos años ha sido el del acceso a la financiación y a los servicios financieros, seguido por el funcionamiento del mercado de trabajo, la lucha contra el blanqueo de capitales y el entorno empresarial. Al mismo tiempo, los avances han sido menos visibles en los ámbitos de mercado único, competencia y ayudas estatales, vivienda, cuidados de larga duración y sistemas de pensiones.

Los avances en la aplicación de las recomendaciones adoptadas en 2022 también han sido sustanciales. Los Estados miembros han logrado al menos «algunos avances» en cerca del 52 % de las recomendaciones que se les dirigieron en julio de 2022 (gráfico 2). Considerando los ámbitos en los que un número significativo de Estados miembros recibieron una recomendación en 2022, donde globalmente se han logrado más avances ha sido en los ámbitos de marco presupuestario y gobernanza fiscal, seguidos por transportes, entorno empresarial y eficiencia energética. En cambio, se han logrado menos avances en el seguimiento de las recomendaciones relativas a la política tributaria.

Los resultados de la evaluación de las recomendaciones específicas por país de 2023, junto con las de los años anteriores, estarán disponibles en el sitio web de la Comisión.

APÉNDICE 3: AVANCES A ESCALA DE LA UE EN LA APLICACIÓN DE LOS ODS

Nota: El gráfico anterior muestra el ritmo al que la UE ha avanzado hacia la consecución de cada uno de los diecisiete objetivos en el período de cinco años más reciente, según los indicadores seleccionados. El método utilizado para evaluar las tendencias de los indicadores y agregarlos a nivel de objetivos, así como análisis más detallados, pueden consultarse en el sitio web de Eurostat: Resumen. Resumen – Visión global – Indicadores de desarrollo sostenible – Eurostat (europa.eu) .

Durante el último período de cinco años evaluado, la UE ha logrado avances significativos con vistas a promover el crecimiento económico y el trabajo decente (ODS 8) y a reducir la pobreza (ODS 1). También se han logrado progresos significativos en lo que respecta a la consecución de la igualdad de género (ODS 5). Igualmente se han logrado buenos avances, aunque más moderados, hacia la consecución de los objetivos de reducción de las desigualdades (ODS 10), garantía de una educación de calidad (ODS 4), fomento de la paz y la seguridad personal en el territorio de la UE y mejora del acceso a la justicia y la confianza en las instituciones (ODS 16), salud y bienestar (ODS 3), a pesar de los retrocesos causados por la pandemia de COVID-19, y en materia de innovación e infraestructura (ODS 9). Han sido menos significativos los avances hacia el logro de los restantes objetivos: hambre cero (ODS 2), agua limpia y saneamiento (ODS 6) y energía asequible y no contaminante (ODS 7).

Se esperan más avances en relación con tres objetivos —acción por el clima (ODS 13), vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)— ya que se prevé que los Estados miembros de la UE apliquen el mayor nivel de ambición para los objetivos medioambientales establecidos a nivel de la UE. En cuanto a la acción por el clima (ODS 13), la UE ha establecido objetivos climáticos para 2030 muy ambiciosos y sin precedentes y, en comparación con tendencias anteriores, se requerirán más esfuerzos. La UE ya ha puesto en marcha las medidas que permitan estos esfuerzos adicionales, particularmente a través del paquete de medidas «Objetivo 55», con una revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) y mediante el Reglamento de reparto del esfuerzo, que establece para los Estados miembros objetivos anuales vinculantes de emisiones de gases de efecto invernadero. En el sector de la energía, la UE también ha establecido objetivos más ambiciosos para 2030. Ello implica que se esperan mayores avances en los próximos años en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables en la UE 52 . En cuanto a la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), aunque las zonas terrestres protegidas han aumentado desde 2013, la UE sigue enfrentándose a una disminución constante de las aves comunes y de las mariposas de pastizales. En la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030, en la Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030, emprendida este año, y en la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo, que establece un objetivo para 2030 sobre la restauración de la tierra y el suelo degradados y la lucha contra la desertificación, se prevén esfuerzos adicionales para invertir la degradación de los ecosistemas. En cuanto a las alianzas para alcanzar los objetivos (ODS 17), la tendencia refleja parcialmente los efectos cíclicos y, en particular, el aumento de la deuda pública como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

APÉNDICE 4 - CONCLUSIONES DE LOS EXÁMENES EXHAUSTIVOS DE LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DE LA UE

Se han detectado desequilibrios o desequilibrios excesivos en once de los diecisiete Estados miembros objeto de un examen exhaustivo. En el examen exhaustivo se analiza la gravedad de los desequilibrios, su evolución reciente y prevista y las medidas adoptadas al respecto. Asimismo, se tienen en cuenta los efectos colaterales pertinentes y las repercusiones transfronterizas sistémicas de los desequilibrios. Los exámenes exhaustivos se han basado en las conclusiones de tres notas temáticas sobre i) la sostenibilidad exterior, ii) los diferenciales de inflación y sus implicaciones para la competitividad, y iii) la dinámica del mercado de la vivienda, que se ha centrado en una serie de Estados miembros seleccionados para un examen exhaustivo en la ronda actual 53 .

La elevada inflación marca el contexto en el que están evolucionando los desequilibrios. La persistencia de una inflación elevada puede afectar negativamente a la competitividad si no va acompañada de aumentos de productividad, y puede dar lugar a que se desarrollen o agraven desequilibrios macroeconómicos en presencia de otras vulnerabilidades. Esto puede ocurrir si la inflación se afianza, especialmente en presencia de espirales precios-salarios, que pueden exacerbarse debido al aumento de los márgenes de beneficio, que repercuten en los precios de los bienes y servicios exportables. Esto es más probable que ocurra cuanto mayor sea el valor añadido a nivel interno en el valor de las exportaciones. Podría entonces afectar negativamente a la competitividad, lo que podría dar lugar a un aumento del endeudamiento exterior. La inflación también plantea retos a los hogares cuyas rentas están muy rezagadas con respecto a los precios, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo y tiene efectos adversos sobre la distribución. Para las empresas que no pueden repercutir en los precios el aumento de sus costes, la inflación persistente dificulta el servicio de la deuda, lo que puede afectar al sector financiero y ralentizar el crecimiento económico a través de un descenso del consumo y la inversión. La reducción de la inflación requiere esfuerzos, en particular encaminados a frenar la demanda, lo que a su vez podría afectar al crecimiento del PIB a corto plazo. Esto constituye una especial preocupación cuando la inflación básica es muy superior a las medias de la UE o de la zona del euro, y existe el riesgo de que persista esta situación; en estos casos, el objetivo de reducción de la inflación no puede recaer únicamente en la política monetaria.

Las divergencias de inflación entre Estados miembros alcanzan niveles máximos históricos. Una parte de las divergencias de inflación está relacionada con los efectos diferenciados de las subidas de los precios de la energía y la alimentación observados en los distintos países, lo que refleja sus diferentes fuentes de aprovisionamiento de energía, sus diversas estructuras económicas y su demanda de energía asociada, así como la proporción que representa la energía y la alimentación en el consumo. Sin embargo, en el caso de varios países esto viene acompañado por otras fuentes de presiones inflacionistas, tales como los aumentos de los costes laborales unitarios y de los márgenes comerciales y los beneficios de las empresas. Por otra parte, el gasto público, particularmente en relación con medidas de apoyo, ha contribuido en algunos casos a diferenciales de inflación entre países de la UE y de la zona del euro. En los países en los que la inflación se deriva en gran medida de la repercusión de los precios de la energía, la normalización de estos debería bastar para reducir los diferenciales de inflación, en ausencia de otros efectos y en la medida en que los precios se ajusten a la baja en caso necesario. En cambio, cuando la inflación se deriva principalmente de presiones sobre los precios internos, en relación con la dinámica de los salarios y los beneficios, podría ser más difícil desactivar rápidamente la dinámica de la inflación, especialmente si la dinámica de los precios es más duradera o está arraigada en factores más permanentes, lo que implicaría la necesidad de medidas estructurales para aumentar la competencia en algunos mercados.

Los diferenciales de inflación representan una preocupación mayor dentro de una unión monetaria y requieren especial atención. En una unión monetaria, las diferencias de inflación dificultan particularmente la tarea de la autoridad monetaria, ya que podría verse obstaculizada la transmisión uniforme de cambios de orientación de la política monetaria a todas las partes de la unión. Dado que no es posible realinear los precios y costes internos mediante cambios en el tipo de cambio nominal, los persistentes diferenciales de inflación pueden entrañar pérdidas de competitividad duraderas y cambios estructurales cuya superación puede resultar difícil y costosa; puede requerirse un endurecimiento adicional de la política fiscal para atenuar los excesos de demanda, reducir la acumulación de vulnerabilidades y evitar la necesidad de aplicar ajustes más perjudiciales en el futuro.

En el caso de los países no pertenecientes a la zona del euro, el tipo de cambio nominal puede ajustarse para contrarrestar presiones sobre la competitividad, pero esta medida también implica riesgos. En particular, la devaluación y la depreciación pueden implicar nuevas presiones inflacionistas al resultar más caros los bienes y servicios importados. Al mismo tiempo, el coste de la deuda denominada en moneda extranjera aumenta y puede llevar a un aumento de la prima de riesgo para la emisión de deuda soberana y para tomar fondos prestados en el extranjero.

Las elevadas ratios de deuda privada y pública siguieron disminuyendo en 2022, incluso a un ritmo acelerado en unos casos, pero siguen existiendo vulnerabilidades. Tras la pausa en el proceso de desapalancamiento provocada por la crisis de la COVID-19, las ratios deuda/PIB han disminuido paralelamente al aumento del crecimiento del PIB nominal. Esto supone una vuelta a la antigua tendencia de desapalancamiento, que se ha traducido en descensos pronunciados de la ratio de deuda a lo largo de los años para numerosos países. En algunos casos de elevada deuda, la ratio deuda/PIB disminuyó más en 2022 que en los años anteriores, debido al fuerte «efecto denominador». No obstante, las ratios de deuda permanecen elevadas y, particularmente en el caso de la deuda pública, a veces siguen por encima de sus niveles anteriores a la crisis de la COVID-19. En algunos casos, la reducción de la ratio de deuda pública se ha visto limitada por medidas de apoyo aplicadas para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía.

Se prevé que el continuo crecimiento del PIB nominal refuerce el proceso de desapalancamiento, pero en un contexto de condiciones de financiación menos favorables. El reforzamiento del crecimiento del PIB potencial, particularmente mediante la ejecución efectiva de los PRR, seguirá respaldando la reducción de las ratios deuda/PIB. Aunque la elevada inflación actual aumenta el PIB nominal y reduce la proporción que representa el endeudamiento en la producción de la economía, se espera que la inflación descienda, mientras que las condiciones de financiación más restrictivas podrían afectar al servicio de los elevados volúmenes de deuda. Esta preocupación aumenta en el caso de que los tipos de interés sean variables o varíen más rápidamente o cuando las necesidades de financiación sean superiores; para algunos países la denominación de sus préstamos y empréstitos en moneda extranjera puede agravar la situación. En estos casos, no pueden excluirse variaciones en las percepciones o la propensión al riesgo de los mercados financieros, requiriéndose unas políticas económicas y fiscales sólidas.

Generalmente, las posiciones externas se han visto debilitadas por perturbaciones en los precios de importación de la energía, fenómeno que se ha visto reforzado en algunos casos por el dinamismo de la demanda interna. Los saldos de la balanza comercial han disminuido significativamente en la UE al haber aumentado los costes de importación de la energía. No obstante, algunos países se vieron más afectados que otros, debido a su dependencia respecto de la energía procedente de combustibles fósiles y a la procedencia geográfica de dicha energía. Por otra parte, en algunos casos, el deterioro de los saldos de la balanza por cuenta corriente se ha visto ampliado por la disminución de los saldos no energéticos cuando el aumento de la demanda interna ha sido muy fuerte. Inversamente, la mayor recuperación del turismo internacional ha contribuido a contener el deterioro de los saldos de la balanza por cuenta corriente de algunos grandes países con sectores turísticos significativos que son deudores netos, pero en algunos casos ello no bastó para evitar amplios déficits de la balanza por cuenta corriente. También disminuyeron los grandes superávits de la balanza por cuenta corriente, aunque se mantuvieron a un nivel significativo.

De cara al futuro, se espera que la disminución de los precios de importación de la energía aumente los saldos de las balanzas por cuenta corriente de casi todos los Estados miembros en 2023, tanto los déficits como los superávits. Las posiciones de inversión internacional neta (PIIN), ampliamente negativas, siguieron mejorando en 2022 respaldadas por el crecimiento del PIB nominal y a pesar del deterioro de las balanzas por cuenta corriente; se espera que sigan mejorando durante este año y el próximo, aunque a un menor ritmo, como consecuencia del menor crecimiento del PIB nominal y, en ciertos casos, de la persistencia de amplias necesidades de financiación exterior. A pesar de la mejora de las balanzas por cuenta corriente que debería derivarse de la bajada de los precios de la energía, en una serie de casos los déficits de la balanza por cuenta corriente pueden seguir siendo peores a los de los últimos años y habrá que realizar un seguimiento estrecho de su evolución. Tras su disminución en 2022, se prevé que los superávits de la balanza por cuenta corriente aumenten en 2023 a medida que se revierte el efecto de la subida de los precios de la energía, pero hasta niveles más moderados. Una estabilización de los precios de la energía a un mayor nivel o la persistencia de una mayor inflación constituyen factores de riesgo que podrían llevar a un deterioro duradero de los saldos exteriores. La entrada de fondos del MRR respaldará la posición exterior en una serie de casos durante los próximos años.

Los precios de la vivienda siguieron subiendo considerablemente durante la mayor parte de 2022, aunque en los últimos meses de ese año se hizo patente una desaceleración de los mercados de la vivienda. Los precios nominales de la vivienda siguieron acelerándose en la mayoría de los Estados miembros durante 2022, impulsando al alza las ratios precios/renta. La tendencia se modificó a lo largo del año, empezando a disminuir las subidas del precio de la vivienda, habiendo registrado algunos países una caída de los precios nominales en el segundo semestre de 2022. Las condiciones de financiación más restrictivas junto con las disminuciones de las rentas reales de los hogares han frenado la demanda de vivienda e implicado un ajuste de los precios de la vivienda.

De cara al futuro, se espera una mayor moderación de los precios de la vivienda en un contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación y de presión sobre las rentas, mientras que la oferta de vivienda se ve afectada por el aumento de los costes de construcción. En los casos en que los precios de la vivienda parecen más sobrevalorados y los aumentos de precios se han producido en paralelo a un elevado (y creciente) endeudamiento de los hogares, estos y los prestamistas pueden mostrar una mayor vulnerabilidad a los ajustes a la baja de los precios de la vivienda. En particular, los países en los que prevalecen unos tipos de interés variables pueden verse más afectados ya que las obligaciones del servicio de la deuda aumentan rápidamente, especialmente cuando el periodo de amortización de los préstamos hipotecarios es largo y los intereses constituyen una parte considerable de las cuotas mensuales de reembolso, pudiendo verse afectados el consumo y el PIB. Al mismo tiempo, algunos Estados miembros presentan retos adicionales en torno a su sector inmobiliario comercial, que en ciertos casos se ha visto particularmente afectado por los mayores costes de financiación. Más allá del futuro inmediato, puede esperarse que las limitaciones de la oferta ya presentes antes de la pandemia persistan durante los próximos años, lo que de forma general podría contener la bajada de los precios, pero sigue constituyendo un cuello de botella para posibles aumentos del parque de viviendas; de hecho, la actividad de construcción ha disminuido recientemente en algunos países. Si no se abordan, estas limitaciones de la oferta pueden llevar a nuevas presiones al alza de los precios y al deterioro de la asequibilidad de la vivienda a medio plazo.

El sector bancario ha mostrado una mayor solidez, beneficiándose de reformas anteriores, pero en la actual coyuntura macroeconómica pueden aumentar las vulnerabilidades. Los Estados miembros con un alto volumen de préstamos dudosos prosiguieron su disminución, en algunos casos de forma sustancial. Sin embargo, en caso de materializarse riesgos tales como un deterioro de las perspectivas económicas y un aumento de la volatilidad en los mercados financieros, ello podría afectar a los balances de los bancos. La subida de los tipos de interés debería aumentar los márgenes de beneficios de los bancos, pero también podría crear complicaciones si los hogares y las sociedades no financieras tuviesen muchas dificultades para hacer frente al servicio de sus deudas. En los Estados miembros con una fuerte interdependencia entre los bancos y el sector público, un aumento en los costes de financiación del sector público también puede plantear un riesgo para los bancos. En algunos países puede convertirse en motivo de preocupación la exposición al sector inmobiliario residencial y especialmente al sector inmobiliario comercial.

Cuadro 1: CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL MARCO DEL PDM

	Resultados de los exámenes exhaustivos de 2022	Resultados de los exámenes exhaustivos de 2023
Sin desequilibrios	HR, IE	CZ, EE, LV, LT, LU, SK
Desequilibrios	DE, ES, FR, NL, PT, RO, SE	CY, DE, ES, FR, HU, NL, PT, RO, SE
Desequilibrios excesivos	CY, EL, IT	EL, IT
(p.m.) No se realizó examen exhaustivo	AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FI, HU, LV, LT, LU, MT, PL, SK, SI	AT, BE, BG, DK, HR, FI, IE, MT, PL, SI

Nota: Los Estados miembros cuya clasificación cambió entre 2022 y 2023 aparecen en negrita en ambas columnas.

Estados miembros que no experimentan desequilibrios

No se han detectado desequilibrios en Chequia. Sus vulnerabilidades están relacionadas con la competitividad de precios y los precios de la vivienda, pero parecen limitadas de cara al futuro ya que la deuda de los hogares está contenida y se espera que la inflación registre una desaceleración muy superior a la media de la UE. La economía se vio muy afectada por la subida de los precios de la energía, produciéndose un aumento rápido de la inflación. La política fiscal relajada desde la pandemia también ha contribuido a la aceleración de la inflación. Aunque globalmente se mantienen elevadas las presiones sobre los precios, se prevé que la competitividad de costes se recupere parcialmente en un contexto de bajada de los precios de la energía, sin que se prevean problemas inmediatos para la sostenibilidad de la balanza de pagos. Se prevé que la inflación registre una desaceleración mucho mayor que la media de la UE. Sin embargo, si la inflación persiste, ello podría plantear algunos riesgos para la competitividad de la economía checa. El reciente deterioro de la balanza por cuenta corriente justifica la necesidad de un estrecho seguimiento. En los últimos años, la demanda de vivienda ha aumentado considerablemente, estimulada por los bajos tipos de interés, el alto incremento de las rentas y la relajación de las medidas macroprudenciales, y la oferta de vivienda no se ha adaptado en consecuencia. Los precios de la vivienda subieron más durante la pandemia, pero comenzaron a moderarse a mediados de 2022 en un contexto de unos tipos de interés más altos y unas condiciones de crédito más restrictivas. Sin embargo, los riesgos de ajuste significativo de los precios de la vivienda parecen bajos, la deuda de los hogares está contenida y el sector bancario muestra solidez; no obstante, si la respuesta de la oferta sigue siendo limitada a medio plazo, esto seguiría impulsando los precios al alza. Es necesario mantener los esfuerzos para frenar la inflación. Para reducir rápidamente la inflación, se requiere una fuerte desaceleración de la demanda, que a su vez puede lograrse con una política fiscal y monetaria suficientemente restrictivas.

No se han detectado desequilibrios en Estonia. Las vulnerabilidades relativas a la evolución del precio de la vivienda y la competitividad han aumentado recientemente, pero globalmente parecen bajo control en la actualidad. Los salarios y especialmente los precios subieron considerablemente en 2022, pero las pérdidas de competitividad parecen limitadas, mientras que la balanza por cuenta corriente solo registró un pequeño déficit y se prevé que se aproxime al equilibrio este año y el año próximo. Sin embargo, la inflación y las presiones salariales, si persisten, podrían afectar a la competitividad de Estonia, particularmente dado que la inflación básica es considerablemente superior a la media de la zona del euro. Los precios de la vivienda han subido considerablemente desde la pandemia, pero no muestran indicios de sobrevaloración. Es probable que registren una moderación, teniendo en cuenta las subidas de los tipos de interés y la reciente recesión económica. Por otra parte, los niveles de deuda y de crédito de los hogares son relativamente moderados y el sector financiero es sólido. El marco de actuación establecido es globalmente favorable, aunque algunos esfuerzos adicionales podrían contribuir a abordar los riesgos asociados a las vulnerabilidades detectadas. En este sentido, sería importante mantener las políticas fiscales y macroprudenciales anticíclicas, y reforzarlas en caso necesario. El fomento de la competencia en el mercado interno podría facilitar la gestión de las presiones sobre los precios.

No se han detectado desequilibrios en Letonia. Las vulnerabilidades en relación con la actividad de empréstito en el exterior y con la vivienda se mantienen a un nivel moderado; existen riesgos para la competitividad, pero globalmente parecen contenidos en un futuro próximo. La ampliación reciente del déficit de la balanza por cuenta corriente ha sido significativa, pero para este año se espera una fuerte disminución del mismo, disminución que continuaría en 2024. Se espera que la posición de inversión internacional neta de Letonia, que mejoró de forma acusada en el último decenio, se mantenga globalmente estable. Sin embargo, la inflación y las presiones salariales, si persisten, podrían afectar a la competitividad de Letonia, particularmente dado que la inflación básica es muy superior a la media de la zona del euro. Aunque la subida de los precios de la vivienda se ha acelerado recientemente, la sobrevaloración del precio de la vivienda no parece sustancial. Por otro lado, la subida del precio de la vivienda se ralentizó a finales de 2022, el volumen de préstamos hipotecarios ha sido escaso, y la deuda de los hogares es limitada y está disminuyendo en proporción de su renta. Letonia afronta importantes retos económicos de carácter estructural en relación con la disminución de la oferta de mano de obra, lo cual ha contribuido a rápidos incrementos de los costes laborales unitarios y podría afectar a la competitividad a medio plazo. El marco de actuación establecido es globalmente favorable, aunque algunos esfuerzos adicionales podrían contribuir a abordar los riesgos asociados a las vulnerabilidades detectadas. A este respecto serán importantes las políticas encaminadas a salvaguardar la competitividad, que incluyan medidas para aumentar la calidad y la cantidad de la mano de obra. Acortando el proceso de concesión de licencias de construcción se impulsaría la oferta de viviendas y se mejoraría la situación del mercado de la vivienda.

No se han detectado desequilibrios en Lituania. Las vulnerabilidades relativas a la competitividad de precios, el saldo exterior y la evolución del precio de la vivienda han aumentado recientemente, pero globalmente parecen bajo control en la actualidad. La economía se ha visto muy afectada por la perturbación de los precios de la energía, produciéndose un aumento rápido de la inflación; sin embargo, se prevé que la competitividad de Lituania se recupere lentamente al disminuir los precios de la energía. El saldo de la balanza por cuenta corriente se deterioró de forma acusada en 2022 como consecuencia de la subida de los precios de importación de la energía, pero se prevé que se aproxime al equilibrio este año. De cara al futuro, los moderados déficits de la balanza por cuenta corriente no comprometerán la sostenibilidad de la balanza de pagos, teniendo en cuenta la sólida posición exterior. Sin embargo, la inflación y las presiones salariales, si persisten, podrían afectar a la competitividad de Lituania, particularmente dado que la inflación básica es considerablemente superior a la media de la zona del euro. Los precios de la vivienda han subido considerablemente desde la pandemia, pero no se ha detectado una sobrevaloración, y los precios se están moderando como consecuencia de la subida de los tipos de interés y de la actual recesión económica. Además, el volumen de deuda de los hogares es bajo, y el sector bancario está bien capitalizado, obtiene altos beneficios y tiene un bajo volumen de préstamos dudosos. El marco de actuación establecido es globalmente favorable, aunque algunas políticas podrían contribuir a abordar los riesgos asociados a las vulnerabilidades detectadas. La continuación de unas políticas fiscales y macroprudenciales anticíclicas, y su reforzamiento en caso necesario, sería importante a este respecto. Por otra parte, una mayor atención al fomento de la competencia en el mercado interno y unas políticas tendentes a aumentar la calidad y la cantidad de la oferta de mano de obra podrían facilitar la gestión de las presiones sobre los precios y los costes laborales unitarios.

No se han detectado desequilibrios en Luxemburgo. Las vulnerabilidades en relación con los altos precios de la vivienda y el elevado nivel de deuda de los hogares han aumentado recientemente, pero globalmente parecen estar contenidas hasta ahora y se espera disminuyan a medio plazo. El fuerte crecimiento de la población junto con un aumento del crédito hipotecario, incentivado por el apoyo fiscal, ha impulsado la demanda de vivienda, mientras que la oferta de vivienda se ve restringida por la escasez de terrenos edificables y por el acaparamiento de terrenos. La ampliación de la brecha entre la demanda y la oferta de vivienda ha dado lugar a fuertes subidas de los precios de la vivienda, con riesgos crecientes de sobrevaloración y deterioro de la asequibilidad de la vivienda. Los precios de la vivienda sufrieron una clara ralentización al final de 2022, y el número de transacciones de viviendas disminuyó de forma acusada, pues la subida de los tipos de interés había producido un giro en el mercado. Sin embargo, no se espera un fuerte ajuste de los precios de la vivienda ya que las rentas se mantienen a un buen nivel y se prevé que continúe la escasez de oferta. La deuda de los hogares es muy elevada en proporción de la renta disponible y ha venido aumentando, mientras que a finales de 2022 se observó una cierta ralentización de la actividad de empréstito. Asimismo, los activos financieros de los hogares son sustanciales, el endeudamiento es mayor en el caso de los hogares con los mayores niveles de renta y riqueza, y el sector bancario es sólido, lo que globalmente mitiga los riesgos macrofinancieros. Con esfuerzos adicionales, encaminados en particular a acelerar y priorizar la adopción y aplicación de nuevas medidas (con inclusión de impuestos recurrentes para aumentar la oferta de terrenos edificables), junto con la reforma en curso de la ordenación del territorio, se podría reforzar la oferta de vivienda, especialmente mediante la oferta de viviendas sociales o viviendas asequibles destinadas a las personas que más las necesitan. La eficiencia del mercado del alquiler también podría mejorarse. Además, una revisión a la baja de la deducibilidad de los intereses de los préstamos hipotecarios, que recientemente se aumentó significativamente, disminuiría los incentivos fiscales para contratar préstamos, que propician unos altos precios de la vivienda.

No se han detectado desequilibrios en Eslovaquia. Han aumentado las vulnerabilidades en relación con la competitividad, la vivienda, la deuda de los hogares y el saldo exterior, pero globalmente parecen contenidos en un futuro próximo y se espera una mejora a medida que se vayan normalizando las condiciones económicas. La economía se ha visto fuertemente afectada por la subida de los precios de la energía, que ha provocado un rápido aumento de la inflación. La inflación básica y el aumento de los costes laborales unitarios son considerablemente superiores a la media de la UE. Aunque se prevé su normalización, existe el riesgo de que la presión ejercida sobre la competitividad de costes tarde en desaparecer, y de que la fuerte demanda interna siga ejerciendo presión sobre la balanza de pagos. La balanza por cuenta corriente se deterioró de forma acusada en 2022 debido a la subida de los precios de importación de la energía y a la caída de las exportaciones netas de bienes no energéticos. Se prevé que el déficit de la balanza por cuenta corriente mejore moderadamente, pero siga siendo amplio en 2023 y 2024, a pesar de la bajada de los precios de la energía. No obstante, se estima que los riesgos para la sostenibilidad exterior son limitados a corto plazo. Se prevé que los déficits públicos sean significativos este año y el próximo y que empiecen a corregirse a partir de 2024. Los precios de la vivienda aparecen ligeramente sobrevalorados tras varios años de notables subidas. Esto ha ocurrido paralelamente a una intensa actividad de empréstito, que actualmente se está ralentizando, y a un fuerte incremento de la deuda de los hogares, presentando ambos fenómenos ciertos riesgos para la estabilidad financiera. Sin embargo, el sector bancario sigue bien capitalizado, obtiene altos beneficios y tiene un bajo volumen de préstamos dudosos. Es necesario mantener los esfuerzos para abordar las vulnerabilidades de la economía eslovaca. En particular, habrá que frenar el exceso de demanda para respaldar la reducción del déficit de la balanza por cuenta corriente y del diferencial de inflación básica respecto del resto de la zona del euro. Esto puede lograrse con un saneamiento fiscal adecuado y medidas encaminadas a reducir la deuda de los hogares, al tiempo que se mantiene la asequibilidad de la vivienda mediante la tributación de los bienes inmuebles y medidas en apoyo de la oferta de vivienda.

Estados miembros que experimentan desequilibrios

Chipre experimenta desequilibrios tras haberse detectado que presentaba desequilibrios excesivos hasta 2022. Las vulnerabilidades relacionadas con la deuda privada, pública y externa, aunque siguen siendo preocupantes, han disminuido en general. En particular, el alto volumen de deuda, incluidos los préstamos dudosos, ha disminuido significativamente y se prevé que siga haciéndolo, mientras que el déficit de la balanza por cuenta corriente sigue siendo problemático. La deuda privada ha disminuido desde 2015, salvo en 2020 en el marco de la crisis de la COVID-19, y se espera que siga disminuyendo este año y el próximo, respaldada por el crecimiento del PIB nominal. Con todo, los mayores tipos de interés podrían ejercer presión sobre el servicio de la deuda, ya que predominan los préstamos de tipo de interés variable. Los niveles de deuda privada y externa se ven afectados por la presencia de entidades con fines especiales en Chipre, que elevan los niveles, pero plantean riesgos limitados para la economía. Los préstamos dudosos en poder de los bancos han disminuido de forma muy acusada en los últimos años gracias a la aplicación a dichos préstamos de: ventas, bajas en cuentas, reembolsos, restablecimientos (curing) y permutas de deuda por activos. La deuda pública ha disminuido constantemente, situándose por debajo de su nivel anterior a la pandemia, y se espera que siga disminuyendo en 2023 y 2024. A pesar de la recuperación del turismo, el déficit de la balanza por cuenta corriente se amplió en 2022, como consecuencia de una demanda interna robusta y unos altos precios de la energía; se prevé que en este año y el próximo se mantenga a un nivel elevado, aunque disminuya en cierta medida. La reacción de los poderes públicos ha sido favorable. Se prevé que varias medidas incluidas en el PRR contribuyan a diversificar la economía, respaldar la expansión de las exportaciones y disminuir la excesiva dependencia respecto de las importaciones de petróleo. A mediados de 2022 se adoptó, en el marco del MRR, un paquete de leyes modificadoras sobre empresas que obtienen créditos y administradores de crédito, mejorándose su entorno de funcionamiento y apoyando la reducción de los préstamos dudosos. Tras varias prórrogas, a finales de febrero de este año finalizó la suspensión de las ejecuciones hipotecarias: un marco de ejecuciones hipotecarias eficaz es fundamental para alentar a los prestatarios a participar en la reestructuración de su préstamo, seguir reduciendo el volumen de préstamos dudosos de la economía, contribuir a reducir el endeudamiento privado y reforzar la disciplina en materia de pago.

España sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades en relación con el elevado volumen de deuda privada, pública y externa, que tienen una importancia transfronteriza, están disminuyendo, pero siguen presentes. En la década de 2010, se registró una disminución de la ratio de deuda externa y especialmente de la ratio de deuda privada, las cuales, tras una interrupción temporal en 2020, reanudaron su tendencia a la baja en 2021, previéndose que sigan disminuyendo gracias al crecimiento económico. Sin embargo, ambas ratios de deuda se mantienen a niveles todavía elevados. La posición exterior se ha beneficiado de una balanza por cuenta corriente en superávit durante un decenio, aunque este ha disminuido recientemente como consecuencia del impacto de la pandemia sobre el turismo y de la subida de los precios de la energía en 2022. La deuda pública sigue siendo elevada. En 2022, reanudó su tendencia a la baja, que proporcionó mejoras antes de la pandemia impulsadas por el fuerte crecimiento del PIB nominal, pero se mantiene por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Para 2023 y 2024 se prevé una continuación de esta reducción, a un ritmo más moderado, con el apoyo de medidas del MRR. El sistema financiero mostró resiliencia frente a las perturbaciones provocadas por la pandemia y la crisis energética. El desempleo ha vuelto a disminuir, pero aún se mantiene a un nivel elevado y subsisten bolsas de vulnerabilidad, con un elevadísimo nivel de desempleo juvenil y de larga duración. Los riesgos potenciales que podrían afectar a que se sigan reduciendo las vulnerabilidades guardan relación directamente con el impacto del endurecimiento de las condiciones de financiación sobre la situación financiera de los hogares y las empresas, así como sobre la sostenibilidad a medio y largo plazo de la deuda pública a la luz de las actuales condiciones de mercado y del envejecimiento de la población. Los avances en la aplicación de políticas han sido favorables y la continuación de la aplicación del PRR debería propiciar nuevas mejoras.

Francia sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública, y con la competitividad y el bajo incremento de la productividad, que tienen una importancia transfronteriza, siguen presentes, pero muestran indicios de reducción. La deuda pública ha disminuido desde el repunte observado en el PIB en 2021, tras un aumento durante la pandemia. En 2022, diversas medidas fiscales mitigaron significativamente el impacto de la crisis energética, pero ralentizaron la reducción de la deuda. Se prevé que la deuda siga disminuyendo este año y el próximo, pero a continuación se iniciaría de nuevo una tendencia al alza en ausencia de medidas al respecto, manteniéndose elevada y por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y los retos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo siguen siendo elevados. Las medidas adoptadas en los últimos años encaminadas a aumentar el crecimiento potencial podrían contribuir a corregir el incremento previsto de la deuda pública a medio plazo. Se han adoptado varias reformas para impulsar la competitividad de costes. Ya se observan pequeños efectos positivos sobre la competitividad, esperándose que los efectos se manifiesten plenamente durante los próximos años. Del mismo modo, se prevé que la productividad de la mano de obra se vea beneficiada por una aplicación efectiva de las inversiones y reformas previstas. La economía francesa mostró resiliencia durante el pasado año, pues su competitividad de costes se vio menos afectada por los aumentos de los precios de la energía que en el resto de la zona del euro. Las exportaciones están mejorando debido a la continuación de la recuperación del turismo internacional y de la industria aeronáutica, que se vieron muy afectados por la pandemia. Aunque la deuda del sector privado aumentó durante la peor fase de la pandemia, el aumento de los empréstitos de las empresas ha ido acompañado de aumentos en el capital y acumulación de reservas de liquidez. Los altos tipos de interés pueden dificultar el desapalancamiento en el sector público y en el sector privado. La respuesta de los poderes públicos ha sido favorable, pero persisten retos, centrados en la gestión de las finanzas públicas. Para seguir reduciendo las vulnerabilidades, sigue siendo esencial la ejecución efectiva de las reformas adoptadas recientemente, esto es, la reforma de la gestión de las finanzas públicas y el nuevo mecanismo para realizar evaluaciones anuales del gasto público. Ambas acciones son fundamentales para seguir conteniendo el gasto y mantener la deuda pública en una tendencia sostenida a la baja. Por otra parte, el Gobierno ha adoptado una reforma del sistema de pensiones públicas, que se espera contribuya a la sostenibilidad de la deuda pública.

Alemania sigue experimentando desequilibrios. Los importantes superávits persistentes de la balanza por cuenta corriente, que obedecen en particular a la moderación de la inversión en relación con el ahorro y tienen una importancia transfronteriza, han disminuido gradualmente, recientemente en el marco de la crisis de la energía, pero se espera que aumenten de forma pronunciada. El superávit de la balanza por cuenta corriente disminuyó lentamente hasta 2019, con un moderado aumento de la ratio de inversión interna y el deterioro de la balanza comercial, y desde entonces se ha visto afectado por circunstancias económicas inhabituales. El superávit disminuyó de forma pronunciada en 2022 como consecuencia del aumento de los precios de importación de la energía, junto con una disminución del superávit de la balanza comercial excluido el sector energético y una recuperación de las importaciones en el sector turístico. En 2022, el superávit se mantuvo por encima de los niveles acordes con los indicadores económicos fundamentales del país y se prevé que registre un repunte acusado en 2023 y se mantenga prácticamente invariado en 2024, aunque se situaría por debajo del umbral del PDM. Los salarios aumentarían considerablemente, apoyando la demanda interna, mientras que los costes laborales unitarios podrían aumentar más deprisa que en el resto de la zona del euro. No obstante, el consumo y la inversión se ven temporalmente frenados por la elevada inflación. En los últimos años, los precios de la vivienda han mostrado importantes subidas, aunque estas se han ralentizado un tanto desde mediados de 2022. La oferta de vivienda no puede satisfacer la demanda en un contexto de baja inversión en viviendas residenciales, lo que puede aumentar los continuos riesgos de sobrevaloración. Para seguir reduciendo las vulnerabilidades, sería beneficioso ejecutar de forma oportuna y efectiva las iniciativas de inversión pública y eliminar las barreras a la inversión.

Hungría experimenta desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con presiones muy fuertes sobre los precios y con las necesidades de financiación exterior y del sector público han aumentado y son notables. La inflación ha aumentado significativamente sin que por ahora sea perceptible una moderación de la misma. Si la inflación se mantuviese elevada durante un largo periodo, ello minaría aún más la competitividad de costes y podría llevar a unos altos costes de financiación. El amplio déficit de la balanza por cuenta corriente aumentó considerablemente como consecuencia de la subida de los precios de la energía en 2022, y la deuda externa a corto plazo ha aumentado. Las mejoras de la balanza por cuenta corriente durante este año y el próximo dependerán de la moderación prevista de los precios de la energía, aunque el déficit de la balanza por cuenta corriente seguiría siendo significativo en 2023 y 2024. La alta intensidad energética de la economía es un factor importante para la dinámica de la balanza por cuenta corriente. El déficit público ha sido considerable, impulsado solo en parte por las medidas adoptadas para afrontar la pandemia y la crisis energética, y representa gran parte del volumen de empréstitos contraídos por la economía en el exterior. La ratio de deuda pública ha disminuido gracias a un notable crecimiento del PIB nominal, pero esta evolución puede verse afectada por una ralentización de la actividad y la persistencia de altos déficits. Los costes de la deuda soberana han aumentado desde 2021, y el Gobierno afronta una carga de intereses creciente, además, el plazo de vencimiento de la deuda es relativamente bajo. Los precios de la vivienda se duplicaron en un período de cinco años, pero las subidas de precios se interrumpieron a finales de 2022. Sin embargo, la probabilidad de una bajada substancial de los precios nominales parece limitada en un contexto de bajo endeudamiento de los hogares y a la luz de la elevada inflación actual. Las incoherencias de las políticas aplicadas han agravado las vulnerabilidades detectadas. Una coordinación efectiva y una clara definición de las políticas macroeconómicas, sustentadas en un sólido marco institucional, contribuirán a salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad exterior, y a consolidar las expectativas. Se espera que una ejecución oportuna y plena de las reformas estructurales incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia de Hungría contribuya a reducir las vulnerabilidades macroeconómicas y a respaldar el crecimiento y el ajuste a medio plazo.

Los Países Bajos siguen experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades en relación con los altos niveles de deuda privada y el amplio superávit de la balanza por cuenta corriente, que tienen importancia transfronteriza, persisten a pesar de algunos indicios de reducción. El superávit de la balanza por cuenta corriente, a pesar de revisiones recientes de los datos, y la deuda privada son elevados con respecto a las cifras internacionales y se sitúan por encima de las cifras que serían acordes con los indicadores económicos fundamentales. El amplio superávit de la balanza por cuenta corriente disminuyó en 2022, como consecuencia del deterioro de la relación de intercambio, con un aumento del saldo de la balanza por cuenta corriente a precios constantes, y de la ampliación del déficit de ingresos primarios. Con la mejora de la relación de intercambio, para 2023 se espera un repunte acusado del superávit, que se estabilizaría en 2024. Se han logrado avances limitados en la aplicación de las políticas, y se requiere una mayor intervención para reducir los obstáculos a la inversión. La deuda de las sociedades no financieras y de los hogares se mantiene elevada; la deuda de los hogares es más preocupante, ya que los hace vulnerables respecto de perturbaciones, quedando agravados estos riesgos por los elevados y crecientes precios de la vivienda, que están sobrevalorados. De cara al futuro, se prevé que la deuda siga su moderada tendencia a la baja. A pesar de la bajada moderada de los precios de la vivienda, se mantiene la presión sobre el mercado de la vivienda, particularmente dado que la construcción de nuevas viviendas se sitúa muy por debajo de los objetivos del Gobierno. Al mismo tiempo, la propiedad de vivienda financiada mediante deuda sigue siendo favorecida por una fiscalidad favorable, mientras que las políticas dirigidas al mercado de alquiler de viviendas privadas podrían frenar su desarrollo.

Portugal sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con el elevado volumen de deuda privada, pública y externa están disminuyendo, pero siguen presentes. Tras una interrupción temporal de su disminución debido a la pandemia, las ratios de deuda privada y pública volvieron a disminuir en 2021 y se espera que sigan disminuyendo gracias al crecimiento económico. Aunque actualmente se sitúan por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, aún se mantienen elevados. La PIIN, claramente negativa, también mejoró tanto antes como después de la pandemia, y se prevé que el endeudamiento externo siga disminuyendo, respaldado por un crecimiento económico sostenido a pesar de una cierta ralentización en 2023. El escaso déficit de la balanza por cuenta corriente se deterioró marginalmente en 2022, reflejando la subida de los precios de la energía, pero dicho deterioro se vio mitigado por la notable recuperación de las exportaciones, especialmente del turismo. De cara al futuro, la continua relajación que se prevé para los precios de la energía y un mayor aumento de las exportaciones turísticas, así como las políticas en curso en apoyo de la eficiencia energética y las energías renovables, se prevé que lleven al equilibrio de la balanza por cuenta corriente y sigan respaldando el ajuste de la PIIN. Los precios de la vivienda han subido considerablemente durante varios años, mientras que los préstamos dudosos han seguido reduciéndose a partir de unos niveles que ya eran moderados. Los principales riesgos que podrían afectar a que se sigan reduciendo las vulnerabilidades guardan relación con el impacto del endurecimiento de las condiciones de financiación y con el incierto entorno exterior, así como con su posible impacto sobre el crecimiento económico. Los avances en la aplicación de políticas han sido favorables, particularmente en relación con el PRR, y la continua aplicación de este Plan debería propiciar nuevas mejoras.

Rumanía sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades están relacionadas con la balanza de pagos, junto con unos amplios déficits públicos, mientras que han aumentado las presiones de recalentamiento. El amplio déficit de la balanza por cuenta corriente se deterioró considerablemente tras la recesión inducida por la pandemia y hace vulnerable a la economía respecto de perturbaciones de la financiación externa. El elevado déficit de la balanza por cuenta corriente, de continuar, podría impulsar la PIIN hacia valores negativos. Se perciben claramente indicios de recalentamiento, con una inflación básica demasiado alta, unas subidas salariales con cifras de claramente dos dígitos y una tasa de desempleo relativamente baja. Se prevé la estabilización de los indicadores de la competitividad de costes, aunque persisten problemas estructurales. El tipo de cambio parece situarse por encima del nivel acorde con los indicadores económicos fundamentales y sigue muy intervenido. El déficit público ha sido amplio durante varios años, siendo la causa de gran parte del exceso de demanda y de los déficits de la balanza de pagos subsiguientes; aunque está mejorando, se prevé que se mantenga a un nivel significativo durante este año y el año próximo. La reducción del déficit público en 2022 estuvo impulsada principalmente por el notable crecimiento del PIB nominal, que a su vez se basa en gran medida en el recalentamiento de la demanda interna. Las primas de riesgo y los costes de la deuda soberana son significativamente superiores a los registrados en los años anteriores a la pandemia. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de liquidez a nivel mundial, será importante invertir las tendencias actuales. De cara al futuro, el ajuste fiscal deberá ser la forma preferida para ajustar la demanda a la oferta y para contener el déficit interno y el déficit exterior. La plena aplicación de la reforma tributaria y la reforma de las pensiones incluidas en el PRR, así como la adhesión a los objetivos fiscales fijados en el procedimiento de déficit excesivo, contribuiría en gran medida a contener la dinámica actual.

Suecia sigue experimentando desequilibrios. Persisten las vulnerabilidades relacionadas con su mercado inmobiliario y su alto nivel de deuda privada. Los precios del mercado inmobiliario son elevados, y han aumentado hasta una fecha reciente. Las subidas de los precios de la vivienda se han producido paralelamente al aumento del volumen de deuda privada. En 2022, en un contexto de notable endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras, los precios del mercado inmobiliario comenzaron a disminuir visiblemente en lo que parece ser el inicio de la eliminación de las vulnerabilidades acumuladas. Los precios se mantienen significativamente sobrevalorados y se espera que sigan disminuyendo. El volumen de negocios del sector inmobiliario se ha reducido de forma acusada recientemente, y, como consecuencia de ello, la demanda de viviendas de nueva construcción también ha disminuido. Hasta la fecha, la evolución adversa ha estado limitada al sector de la construcción y al sector inmobiliario, que actualmente están experimentando un declive pronunciado tras años de alto crecimiento. Se espera que, en su conjunto, la economía sueca se contraiga en 2023; los cambios en las condiciones monetarias afectarían a la situación financiera de los hogares y de las empresas del sector inmobiliario comercial y a su margen de consumo e inversión. El impacto de los mayores tipos de interés sobre los importes de reembolso de préstamos hipotecarios es sustancial, debido al predominio de los tipos de interés variables y al largo periodo de vencimiento de dichos préstamos. Los efectos de las cambiantes condiciones sobre el sector financiero han sido limitados; el sector muestra solidez y registra altos márgenes de beneficio y elevadas ratios de capital con ponderación por el riesgo, que probablemente sirven como una barrera contra una propagación de problemas del sector inmobiliario a la economía en general a través del sector financiero, aunque este sector está muy expuesto al sector inmobiliario. Se han logrado avances limitados en la aplicación de las políticas. En particular, el sistema tributario sigue favoreciendo la vivienda en propiedad a través de una baja imposición recurrente sobre los bienes inmuebles y promueve la adquisición de viviendas financiadas con préstamos mediante una importante desgravación fiscal de los pagos de intereses de préstamos hipotecarios. Además, las reformas han sido limitadas en el ineficiente mercado del alquiler.

Estados miembros que experimentan desequilibrios excesivos

Grecia sigue experimentando desequilibrios excesivos. Las vulnerabilidades relacionadas con un alto volumen de deuda pública y de préstamos dudosos en un contexto de alto nivel de desempleo han disminuido, pero la posición exterior se ha deteriorado. Una importante preocupación es que el déficit de la balanza por cuenta corriente se amplió notablemente en 2022 a pesar de la recuperación de los ingresos por turismo. Aunque se prevé se reduzca un tanto este año y el próximo, el déficit exterior quedaría muy por encima del nivel requerido para garantizar una mejora duradera en la posición de inversión internacional neta. Aunque la ratio deuda pública / PIB sigue siendo la más elevada de la UE, mejoró considerablemente en 2022, gracias en gran medida al fuerte crecimiento del PIB nominal, y se prevé que siga disminuyendo en 2023 y 2024. Los préstamos dudosos registraron una acusada reducción el pasado año que vino a añadirse a las amplias reducciones de los años anteriores; en cualquier caso, se mantienen a un nivel elevado y siguen afectando a la capacidad de préstamo y la rentabilidad de los bancos, lo que, a su vez, obstaculiza la intensificación del capital y el incremento de la productividad de la economía. Las políticas adoptadas al efecto han contribuido a la eliminación de los desequilibrios, y la ejecución del PRR representa una importante oportunidad de abordar las restantes deficiencias estructurales. En cualquier caso, se requieren más esfuerzos, particularmente para garantizar que los saldos exteriores se sitúen en una senda de constante mejora, y que los préstamos dudosos sigan disminuyendo, en particular aumentando la eficacia de la ejecución de deudas y mejorando el mercado secundario de préstamos dudosos.

Italia sigue experimentando desequilibrios excesivos. Aunque ha habido algunas mejoras, persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y el débil crecimiento de la productividad, que tienen importancia transfronteriza, en un contexto de fragilidad del mercado laboral y de ciertas debilidades de los mercados financieros. Las vulnerabilidades de Italia, presentes desde hace tiempo, han disminuido un tanto en los últimos años, pero siguen siendo significativas y no se prevé su rápida eliminación. El persistente incremento reducido de la productividad ha sido un factor clave de la persistente debilidad del crecimiento del PIB de Italia, lo que ha frenado la reducción del endeudamiento del sector público, ha mermado las oportunidades de empleo y ha afectado a los balances de los bancos. La ratio de deuda pública siguió descendiendo en 2022 de forma paralela con la recuperación económica. Sin embargo, se mantiene a un nivel elevado y constituye un importante reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se prevé que dicha ratio siga disminuyendo en 2024, pero que aumente a medio plazo en ausencia de medidas de saneamiento. El Gobierno ha aplicado nuevas medidas para respaldar la resiliencia del sector financiero y ha disminuido significativamente el volumen de préstamos dudosos, pero los bancos siguen significativamente expuestos a la deuda soberana. Se han logrado ciertos avances en las políticas encaminadas a abordar los desequilibrios, pero es necesario mantener los esfuerzos, y la ejecución del PRR sigue siendo la principal prioridad, ya que incluye reformas globales e inversiones significativas. Para situar el alto nivel de deuda pública en una firme tendencia decreciente, en un contexto de incremento de los costes del servicio de la deuda y aumento de los costes derivados del envejecimiento de la población, habrá que seguir un enfoque polifacético basado en unas políticas fiscales prudentes con superávits primarios adecuados, inversiones y reformas favorables al crecimiento, un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias y un uso eficiente de los recursos nacionales y europeos. Italia se enfrenta a retos para los que sería beneficioso, además de proseguir la ejecución firme del PRR, realizar esfuerzos estratégicos adicionales, particularmente en los ámbitos de tributación, marco fiscal y sistema de pensiones, y en los de evolución demográfica, mercado de trabajo y energía.