(1)

La decisión de imponer una multa administrativa a un agente económico en apoyo de medidas correctoras y restrictivas de conformidad con el artículo 85 del Reglamento (UE) 2018/858 debe ser adoptada por la Comisión a raíz de consultas a los Estados miembros afectados y al agente o agentes económicos pertinentes, con arreglo al artículo 53, apartado 6, del Reglamento (UE) 2018/858, y debe quedar reflejada en la decisión de imponer medidas correctoras y restrictivas.

(2)

Es necesario establecer determinadas etapas procedimentales que deberán seguirse cuando la Comisión tenga previsto imponer multas administrativas en apoyo de medidas correctoras o restrictivas, sobre la base del procedimiento que figura en el artículo 53, apartado 6, del Reglamento (UE) 2018/858. Es especialmente importante garantizar el derecho de ser oído y el derecho de acceder al expediente dando al agente económico acceso a la información pertinente y el derecho de presentar sus observaciones, junto con las pruebas necesarias para sustentarlas, en relación con la imposición prevista de una multa administrativa. Además, es necesario elaborar normas para asegurar la protección adecuada de los datos que los agentes económicos consideren confidenciales.

(3)

Asimismo, es preciso establecer un método de cálculo de las multas administrativas en función de la gravedad del incumplimiento. Los agentes económicos deberán conocer dicho método con antelación. Las multas administrativas deben ser disuasorias, a fin de prevenir que los agentes económicos incumplan los requisitos dispuestos en el Reglamento (UE) 2018/858, y proporcionales a la gravedad de la infracción. Dado que las multas administrativas deben imponerse por vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente que incumpla la normativa, los criterios para calcular la multa deben considerarse teniendo esto en cuenta. El cálculo de las multas administrativas debe tomar en consideración cualquier ventaja económica indebida obtenida mediante la venta o distribución de un vehículo que incumpla la normativa y que pueda falsear la competencia en relación con otros agentes económicos que sí respeten las normas. Cualquier pérdida que sufran los consumidores —incluida la alteración de las prestaciones del vehículo— resultante del incumplimiento de la normativa también debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la gravedad del incumplimiento, ya que dicho incumplimiento puede socavar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores que persigue el Reglamento. Además, los importes de las multas administrativas deben ser proporcionados con respecto al número de vehículos no conformes matriculados en la Unión o al número de sistemas, componentes o unidades técnicas independientes no conformes comercializados en el mercado de la Unión.

(4)

La gravedad y las repercusiones de la infracción, así como cualquier circunstancia agravante o atenuante, deben tenerse debidamente en cuenta en el cálculo de las multas administrativas, que deberán considerarse disuasivas, proporcionadas y capaces de contrarrestar los beneficios derivados del incumplimiento. Dado que garantizar un alto nivel de seguridad, salud y protección del medio ambiente es uno de los objetivos del Reglamento (UE) 2018/858, entre las circunstancias agravantes se deben incluir las repercusiones en dichos ámbitos. Establecer un régimen sancionador sólido a escala de la Unión que sirva de elemento disuasorio mediante la imposición de sanciones a los incumplimientos que repercutan negativamente en la seguridad de los ocupantes del vehículo y de otros usuarios de la vía pública, así como en la protección de la salud humana y del medio ambiente, debería contribuir a la consecución de esos objetivos. El grado de cooperación del agente económico, incluidas las medidas correctoras que adopte, deberá considerarse como elemento atenuante a la hora de calcular el importe de la multa administrativa.

(5)

A fin de facilitar el pago de las multas administrativas, es preciso establecer un método para su cobro. El cobro de las multas deberá realizarse de conformidad con las normas relativas al cobro de multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas por las instituciones de la Unión que se recogen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).