ACUERDO

entre la Comunidad Europea y la República de San Marino relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses

LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo «la Comunidad»,

y

LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, denominada en lo sucesivo «San Marino»,

denominados en lo sucesivo «la Parte Contratante» o «las Partes Contratantes»,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Objeto

1.   El objetivo del presente Acuerdo entre la Comunidad y San Marino es consolidar y ampliar las estrechas relaciones existentes entre ambas Partes Contratantes mediante medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses a los beneficiarios que sean personas físicas residentes a efectos fiscales en un Estado miembro, en lo sucesivo denominada «la Directiva».

2.   San Marino adoptará las medidas necesarias y establecerá disposiciones específicas sobre procedimientos y sanciones para garantizar la ejecución de las tareas que exija la aplicación del presente Acuerdo por los agentes pagadores establecidos en su territorio, con independencia del lugar de establecimiento de la entidad deudora del crédito que devengue los intereses.

Artículo 2

Definición de beneficiario efectivo

1.   A efectos del presente Acuerdo, por «beneficiario efectivo» se entenderá cualquier persona física que reciba un pago de intereses o cualquier persona física en cuyo beneficio se atribuya un pago de intereses, salvo en caso de que aporte pruebas de que dicho pago no se ha efectuado en beneficio suyo, es decir:

a)	cuando actúe en calidad de agente pagador a efectos del artículo 4, o

b)	cuando actúe por cuenta de una persona jurídica, un fondo de inversiones o un organismo comparable o equivalente para inversiones ordinarias en valores, o

c)	cuando actúe por cuenta de otra persona física que sea el beneficiario efectivo y comunique al agente pagador la identidad de ese beneficiario efectivo de conformidad con el artículo 3.

2.   Cuando un agente pagador tenga datos que sugieran que la persona física que recibe un pago de intereses, o a la que se atribuye un pago de intereses, puede no ser el beneficiario efectivo, y cuando las letras a) y b) del apartado 1 no se apliquen a dicha persona, deberá adoptar medidas razonables para establecer la identidad del beneficiario efectivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3. En caso de que el agente pagador no pueda identificar al beneficiario efectivo, dicho agente considerará como beneficiario efectivo a la persona física en cuestión.

Artículo 3

Identidad y residencia de los beneficiarios efectivos

Para establecer la identidad y residencia del beneficiario efectivo tal como se define en el artículo 2, el agente pagador conservará un registro de su nombre, apellidos, dirección y residencia de conformidad con las disposiciones jurídicas de San Marino en materia de lucha contra la usura y el blanqueo de dinero. En lo tocante a las transacciones efectuadas sin relación contractual o a las relaciones contractuales concertadas a partir del 1 de enero de 2004, la residencia de las personas físicas que estén en posesión de un pasaporte o documento oficial de identidad expedidos por un Estado miembro y que declaren ser residentes en un Estado distinto de los Estados miembros o de San Marino se establecerá mediante un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad competente del Estado en el que el individuo declare ser residente. Si dicho certificado no se presentara, el Estado miembro que haya expedido el pasaporte o el otro documento oficial de identidad se considerará el Estado de residencia.

Artículo 4

Definición de agente pagador

A efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, en San Marino se entenderá por «agente pagador» los bancos sometidos a la legislación bancaria de San Marino, los operadores económicos, ya sean personas físicas o jurídicas, residentes o establecidos en San Marino, y las asociaciones y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que, incluso ocasionalmente, acepten, conserven, inviertan o transfieran activos de terceros o, meramente, paguen intereses o atribuyan el pago de intereses en el ámbito de sus operaciones.

Artículo 5

Definición de autoridad competente

1.   A efectos del presente Acuerdo, las «autoridades competentes» de las Partes Contratantes serán las que figuran en el anexo I.

2.   Las autoridades competentes de los Estados que no son Partes Contratantes serán aquellas autoridades de dichos Estados que sean competentes a efectos de convenios bilaterales o multilaterales o, en su defecto, cualquier otra autoridad competente para expedir certificados de residencia a efectos fiscales.

Artículo 6

Definición de pago de intereses

1.   A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por «pago de intereses»:

a)

los intereses pagados o contabilizados relativos a créditos de cualquier clase, estén o no garantizados por una hipoteca e incorporen o no una cláusula de participación en los beneficios del deudor, y, en particular, los rendimientos de valores públicos y rendimientos de bonos y obligaciones, incluidas las primas y los premios vinculados a éstos. Los recargos por mora en el pago no se considerarán pagos de intereses;

b)	los intereses devengados o capitalizados obtenidos en el momento de la cesión, el reembolso o el rescate de los créditos a que se refiere la letra a);

c)

los rendimientos procedentes de pagos de intereses, directamente o a través de una de las entidades mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva, distribuidos por: i) organismos de inversión colectiva u organismos comparables o equivalentes para inversiones ordinarias en valores establecidos en el territorio a que se refiere el artículo 19, ii) una entidad domiciliada en algún Estado miembro que recurra a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva e informe al agente pagador de ese hecho, iii) organismos de inversión colectiva u organismos comparables o equivalentes para inversiones ordinarias en valores establecidos fuera del territorio a que se refiere el artículo 19;

d)

los rendimientos obtenidos en el momento de la cesión, el reembolso o el rescate de acciones o participaciones en los organismos o entidades siguientes, cuando éstos hayan invertido directa o indirectamente, por medio de otros organismos de inversión colectiva o entidades mencionados a continuación, más del 40 % de sus activos en los créditos a los que se refiere la letra a): i) organismos de inversión colectiva u organismos comparables o equivalentes para inversiones ordinarias en valores establecidos en los territorios a que se refiere el artículo 19, ii) una entidad domiciliada en algún Estado miembro que recurra a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva e informe al agente pagador de ese hecho, iii) organismos de inversión colectiva u organismos comparables o equivalentes para inversiones ordinarias en valores establecidos fuera de los territorios a que se refiere el artículo 19.

No obstante, San Marino podrá incluir los rendimientos mencionados en la letra d) en la definición de intereses únicamente en la proporción en que dichos rendimientos correspondan a ingresos que, directa o indirectamente, procedan de pagos de intereses a efectos de las letras a) y b).

2.   Con respecto a las letras c) y d) del apartado 1, cuando un agente pagador no tenga ninguna información referente a la proporción de los rendimientos que proceden de pagos de intereses, la cantidad total de los rendimientos se considerará pago de intereses.

3.   Por lo que se refiere a la letra d) del apartado 1, cuando un agente pagador no disponga de ninguna información referente al porcentaje de los activos invertidos en créditos o en acciones o unidades como las definidas en dicho apartado, el porcentaje se considerará superior al 40 %. Cuando no pueda determinar el importe del rendimiento conseguido por el beneficiario efectivo, se considerará que se trata del producto procedente de la cesión, el reembolso o el rescate de las acciones o de las participaciones.

4.   Por lo que se refiere a las letras b) y d) del apartado 1, San Marino podrá solicitar de los agentes pagadores en su territorio que anualicen los intereses durante un período que no podrá exceder de un año y que consideren esos intereses anualizados como pago de intereses, incluso si no se ha llevado a efecto ninguna cesión, rescate o reembolso durante ese período.

5.   No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 1, San Marino tendrá la opción de excluir de la definición de pago de intereses cualquier rendimiento mencionado en esas disposiciones procedente de organismos o entidades establecidos en su territorio cuando las inversiones de esos organismos o entidades en los créditos mencionados en la letra a) del apartado 1 no sean superiores al 15 % de su activo.

El ejercicio de esa opción por San Marino, una vez notificado a la otra Parte Contratante, será vinculante para ambas Partes Contratantes.

6.   A partir del 31 de diciembre de 2010, el porcentaje a que se refieren la letra d) del apartado 1 y el apartado 3 será del 25 %.

7.   Los porcentajes mencionados en la letra d) del apartado 1 y en el apartado 5 se fijarán en función de la política de inversión según lo fijado en las condiciones del fondo o en la escritura de constitución de los organismos o entidades de que se trate y, en su defecto, en función de la composición real de los activos de dichos organismos o entidades.

Artículo 7

Retención a cuenta

1.   Cuando el beneficiario efectivo sea residente en un Estado miembro, San Marino efectuará una retención a cuenta del 15 % durante los tres primeros años a partir de la fecha de aplicación del presente Acuerdo, del 20 % durante los tres años siguientes y del 35 % posteriormente.

2.   El agente pagador efectuará la retención fiscal a cuenta de la siguiente manera:

a)	en el caso de los pagos de intereses a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 6: sobre el importe de los intereses pagados o contabilizados;

b)

en el caso de los pagos de intereses a efectos de las letras b) o d) del apartado 1 del artículo 6: sobre el importe de los intereses o los rendimientos contemplados en dichas letras o mediante una retención de efecto equivalente a cargo del destinatario sobre el importe total del producto de la cesión, el reembolso o el rescate;

c)	en el caso de los pagos de intereses a efectos de la letra c) del apartado 1 del artículo 6: sobre el importe de los rendimientos contemplados en dicha letra;

d)	en caso de que San Marino recurra a la opción contemplada en el apartado 4 del artículo 6: sobre el importe de los intereses anualizados.

3.   A efectos de las letras a) y b) del apartado 2, la retención a cuenta se efectuará proporcionalmente al período de tenencia del crédito por parte del beneficiario efectivo. Si el agente pagador no puede determinar el período de tenencia con la información de que dispone, considerará que el beneficiario efectivo ha sido titular del crédito durante todo el período de existencia de éste, salvo que el beneficiario efectivo aporte una prueba de la fecha de adquisición.

4.   Los impuestos distintos de los establecidos en el presente Acuerdo sobre el mismo pago de intereses y, en particular, las retenciones a cuenta aplicadas por San Marino a los intereses de origen sanmarinense, se deducirán del importe de la retención a cuenta calculado con arreglo al presente artículo.

5.   La retención a cuenta efectuada por el agente pagador establecido en San Marino no impedirá que el Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia fiscal grave el rendimiento conforme a su legislación nacional. En caso de que un contribuyente declare a las autoridades fiscales del Estado miembro en que tenga su residencia rendimientos correspondientes a intereses abonados por un agente pagador establecido en San Marino, esos rendimientos se gravarán aplicando los mismos tipos que los que se apliquen a los intereses obtenidos en dicho Estado miembro.

Artículo 8

Reparto de la recaudación

1.   San Marino se quedará con el 25 % de los ingresos procedentes de la retención a cuenta mencionada en el artículo 7 y transferirá el 75 % restante al Estado miembro en que el beneficiario efectivo de los intereses tenga su residencia.

2.   Dichas transferencias se realizarán en un único pago por Estado miembro y en un plazo máximo de seis meses a partir del final del ejercicio fiscal en San Marino.

3.   San Marino adoptará las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de reparto de los ingresos.

Artículo 9

Información voluntaria

1.   San Marino establecerá un procedimiento que permita a los beneficiarios efectivos definidos en el artículo 2 evitar la retención a cuenta mencionada en el artículo 7 mediante la autorización expresa a su agente pagador en San Marino para notificar los pagos de intereses a la autoridad competente de ese Estado. Dicha autorización abarcará todos los pagos de intereses efectuados abonados al beneficiario efectivo, o atribuidos en beneficio inmediato del mismo, por dicho agente pagador.

2.   En caso de que el beneficiario efectivo emita esa autorización expresa, el agente pagador deberá facilitar, como mínimo, la siguiente información:

a)	identidad y residencia del beneficiario efectivo, establecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Acuerdo, y, si existe, número de identificación fiscal del mismo asignado por el Estado miembro en que tenga su residencia;

b)	nombre y dirección del agente pagador;

c)	número de cuenta del beneficiario efectivo o, en su defecto, identificación del crédito que da lugar a los intereses, e

d)	importe de los intereses abonados establecido con arreglo al artículo 6 del presente Acuerdo.

3.   La autoridad competente de San Marino comunicará la información mencionada en el apartado 2 a la autoridad competente del Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia. La información se comunicará de forma automática y al menos una vez al año, en los seis meses siguientes a la conclusión del año fiscal en San Marino, y se referirá a todos los pagos de intereses efectuados durante ese año.

Artículo 10

Eliminación de la doble imposición

1.   El Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia fiscal velará por que no se produzca ninguna doble imposición como consecuencia de la retención a cuenta a que se refiere el artículo 7, conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2.   Si los intereses percibidos por un beneficiario efectivo han sido objeto de la retención a cuenta mencionada en el artículo 7 en San Marino, el Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia fiscal le concederá un crédito fiscal igual al importe de dicha retención, de conformidad con su legislación nacional. En caso de que la retención a cuenta sea superior a la cuota adeudada con arreglo a la legislación nacional por el total de los intereses sujetos a la retención a que se refiere el artículo 7, el Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia fiscal le devolverá la diferencia retenida.

3.   Si, además de la retención a cuenta a que se refiere el artículo 7, los intereses percibidos por un beneficiario efectivo han sido objeto de cualquier otro tipo de retención y el Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia fiscal le concede un crédito fiscal por dicha retención en virtud de su legislación nacional o de convenios relativos a la doble imposición, dicha retención se deducirá antes de que se aplique el procedimiento mencionado en el apartado 2.

4.   El Estado miembro en que el beneficiario efectivo tenga su residencia fiscal podrá sustituir el mecanismo de crédito fiscal a que se refieren los apartados 2 y 3 por el reembolso de la retención a cuenta mencionada en el artículo 7.

Artículo 11

Disposiciones transitorias para los instrumentos de deuda negociables

1.   A partir de la fecha de aplicación del presente Acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2010 como fecha límite, mientras algún Estado miembro aplique también disposiciones similares, las obligaciones nacionales e internacionales y demás instrumentos de deuda negociables emitidos originalmente antes del 1 de marzo de 2001 o cuyos folletos de emisión originales hayan sido aprobados antes de esa fecha por las autoridades competentes a ese efecto del Estado emisor, no se considerarán créditos a los efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 6, siempre y cuando no se hayan vuelto a producir emisiones de tales instrumentos de deuda negociables desde el 1 de marzo de 2002.

No obstante, mientras algún Estado miembro aplique también disposiciones similares a las del artículo 7, las disposiciones del presente artículo se seguirán aplicando después del 31 de diciembre de 2010 por lo que respecta a los instrumentos de deuda negociables:

—	que contengan cláusulas de elevación al íntegro y amortización anticipada, y

—	en los casos en que el agente pagador, según se define en el artículo 4, esté establecido en San Marino, y

—	ese agente pagador abone directamente intereses a un beneficiario efectivo residente en un Estado miembro o garantice el pago de intereses en beneficio inmediato del mismo.

En el momento en que todos los Estados miembros hayan dejado de aplicar disposiciones similares a las del artículo 7 del presente Acuerdo, las disposiciones del presente artículo sólo se seguirán aplicando por lo que respecta a aquellos instrumentos negociables:

—	que contengan cláusulas de elevación al íntegro y amortización anticipada, y

—	en los casos en que el agente pagador esté establecido en San Marino, y

—	ese agente pagador abone directamente intereses a un beneficiario efectivo residente en un Estado miembro o garantice el pago de intereses en beneficio inmediato del mismo.

Si un Gobierno o una entidad vinculada en funciones de autoridad pública o cuya misión esté reconocida en un Acuerdo internacional (entidades enumeradas en el anexo II del presente Acuerdo), efectúa una nueva emisión de los instrumentos de deuda negociables mencionados a partir del 1 de marzo de 2002, el conjunto de la emisión, es decir, la emisión originaria y todas las sucesivas, se considerará un crédito a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 6.

Si un emisor no contemplado en el cuarto párrafo efectúa una nueva emisión de dichos instrumentos a partir del 1 de marzo de 2002, esa emisión posterior se considerará un crédito a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 6.

2.   Las disposiciones del presente artículo no impedirán que San Marino y los Estados miembros sigan gravando el rendimiento de los instrumentos de deuda negociables mencionados en el apartado 1 de acuerdo con su legislación nacional.

Artículo 12

Otras retenciones fiscales a cuenta — Relación con otros Acuerdos

1.   El presente Acuerdo no impedirá que las Partes practiquen otras retenciones distintas de las mencionadas en él, de conformidad con sus legislaciones nacionales o con convenios sobre doble imposición.

2.   Las disposiciones de los convenios sobre doble imposición entre San Marino y los Estados miembros no impedirán la exacción de la retención a cuenta prevista en el presente Acuerdo.

Artículo 13

Intercambio de información previa petición

1.   Las autoridades competentes de San Marino y de los Estados miembros se intercambiarán información en lo que respecta a los rendimientos regulados por el presente Acuerdo y sobre las conductas que constituyan delito de fraude fiscal con arreglo a la legislación del Estado requerido o infracción equivalente. Por «infracción equivalente» se entenderán sólo los delitos que supongan un nivel de abuso idéntico al del fraude fiscal de conformidad con las leyes de dicho Estado y causen un perjuicio a los intereses fiscales del mismo. Previa petición debidamente justificada, el Estado requerido facilitará información sobre los asuntos que el Estado requirente esté investigando o pueda investigar por vía penal o no penal.

2.   Para determinar si pueden facilitarse datos para atender una petición, el Estado requerido se ajustará a las disposiciones sobre prescripción aplicables en virtud de la legislación del Estado requirente.

3.   El Estado requerido proporcionará información en los casos en que el Estado requirente tenga sospechas fundadas de que la conducta en cuestión constituye fraude fiscal o infracción equivalente. El Estado requirente podrá basar estas sospechas fundadas en los elementos siguientes:

a)	documentos, autenticados o no, incluidos, entre otros, registros empresariales, libros contables e información sobre cuentas bancarias;

b)	información testifical de los contribuyentes;

c)	información proporcionada por algún informador o una tercera persona, que se haya corroborado de manera independiente o tenga visos de credibilidad, o

d)	pruebas circunstanciales.

4.   Al presentar una petición de información con arreglo al presente Acuerdo, la autoridad competente del Estado requirente facilitará los siguientes datos a la autoridad competente del Estado requerido para demostrar la pertinencia previsible de la información solicitada:

a)	identidad de la persona que se esté examinando o investigando;

b)	declaración acerca de la información solicitada, incluidos el carácter de la misma y la forma en que el Estado requirente desea recibir la información del Estado requerido;

c)	propósito fiscal para el cual se solicita la información;

d)	fundamentos para creer que la información solicitada se encuentra en el Estado requerido o está en posesión o bajo control de una persona en la jurisdicción de dicho Estado;

e)	si se conoce, nombre y dirección de cualquier persona que se crea que está en posesión de la información solicitada;

f)

declaración de que la petición se ajusta a la legislación y las prácticas administrativas del Estado requirente; de que, si la información solicitada se encontrara en la jurisdicción del Estado requirente, la autoridad competente de éste podría obtenerla con arreglo a su legislación o por vía administrativa normal, y de que se ajusta al presente Acuerdo;

g)	declaración de que el Estado requirente ha puesto en práctica todos los medios disponibles en su territorio para obtener la información, excepto aquellos que hubieran dado lugar a dificultades desproporcionadas.

5.   La autoridad competente del Estado requerido remitirá lo antes posible la información solicitada al Estado requirente.

6.   San Marino emprenderá negociaciones bilaterales con cada uno de los Estados miembros a fin de definir las distintas categorías de casos que abarcan las «infracciones equivalentes» con arreglo al procedimiento de imposición aplicado por esos Estados.

Artículo 14

Confidencialidad

Cualquier información recibida por una Parte Contratante con arreglo al presente Acuerdo se considerará confidencial y sólo podrá revelarse a personas o autoridades (incluidos los tribunales y organismos administrativos) en la jurisdicción de la Parte Contratante interesada en la evaluación o recaudación de los impuestos a que se refiere el presente Acuerdo y la aplicación de la normativa, las acciones judiciales y los recursos relacionados con ellos. Dichas personas o autoridades utilizarán tal información solamente para esos fines. Podrán hacer pública la información en audiencias públicas o juicios. La información no podrá revelarse a ninguna otra persona, entidad ni autoridad ni a ninguna otra jurisdicción sin consentimiento expreso por escrito de la autoridad competente de la Parte requerida.

Artículo 15

Consulta y revisión

1.   En caso de desacuerdo sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre la autoridad competente de San Marino y una o varias de las demás autoridades competentes enumeradas en el anexo I, las autoridades se esforzarán en resolverlo por convenio mutuo e informarán inmediatamente de los resultados de sus consultas a la Comisión y a las autoridades competentes de los otros Estados miembros. Por lo que respecta a las cuestiones de interpretación, la Comisión de las Comunidades Europeas podrá tomar parte en las consultas a petición de cualquiera de las autoridades competentes enumeradas en el anexo I.

2.   Las Partes Contratantes se consultarán mutuamente como mínimo cada tres años o a petición de cualquiera de ellas con objeto de examinar y, si lo estiman necesario, mejorar el funcionamiento técnico del presente Acuerdo, amén de valorar los acontecimientos internacionales. Las consultas se celebrarán en el plazo de un mes a partir de la solicitud o lo antes posible en los casos urgentes.

3.   Sobre la base de tal evaluación, las Partes Contratantes podrán consultarse a fin de examinar la conveniencia de introducir modificaciones en el presente Acuerdo teniendo en cuenta los acontecimientos internacionales.

4.   Tan pronto como se disponga de experiencia suficiente sobre la plena aplicación del presente Acuerdo, las Partes Contratantes se consultarán mutuamente a fin de examinar la conveniencia de introducir modificaciones en el presente Acuerdo teniendo en cuenta los acontecimientos internacionales.

5.   A efectos de las consultas mencionadas en los apartados 1, 2 y 3, las Partes Contratantes se informarán mutuamente de los posibles acontecimientos que pudieran afectar al correcto funcionamiento del presente Acuerdo. En esto se incluye también cualquier acuerdo pertinente entre una de las Partes Contratantes y un tercer Estado.

Artículo 16

Firma, entrada en vigor y denuncia

1.   El presente Acuerdo será ratificado o aprobado por las Partes Contratantes con arreglo a sus propios procedimientos. Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente la conclusión de estos procedimientos. El Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la última de las notificaciones.

2.   A reserva del cumplimiento de sus preceptos constitucionales sobre celebración de acuerdos internacionales y sin perjuicio del artículo 17, San Marino ejecutará y aplicará efectivamente el presente Acuerdo a partir del 1 de julio de 2005 y lo notificará a la Comunidad.

3.   El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta la denuncia del mismo por alguna de las Partes Contratantes.

4.   Las Partes Contratantes podrán denunciar el presente Acuerdo comunicándolo por escrito a la otra Parte. En ese caso, el Acuerdo dejará de surtir efecto transcurridos doce meses desde la notificación.

Artículo 17

Aplicación y suspensión de la aplicación

1.   La aplicación del presente Acuerdo estará condicionada a la adopción y aplicación por los territorios dependientes o asociados de los Estados miembros mencionados en el informe del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros al Consejo Europeo de Santa María da Feira de 19 y 20 de junio de 2000, así como por los Estados Unidos de América, la Confederación Suiza, Andorra, Liechtenstein y Mónaco, respectivamente, de medidas conformes o equivalentes a las previstas en la Directiva o en el presente Acuerdo.

2.   Las Partes Contratantes decidirán de común acuerdo, como mínimo seis meses antes de la fecha mencionada en el apartado 2 del artículo 16, si se satisfará o no la condición establecida en el apartado 1, relativa a las fechas de entrada en vigor de las medidas pertinentes en los terceros Estados y en los territorios dependientes o asociados interesados. Si las Partes Contratantes deciden que la condición no se cumplirá, adoptarán de común acuerdo una nueva fecha a efectos del apartado 2 del artículo 16.

3.   Previa notificación a la otra Parte, cualquiera de las Partes Contratantes podrá suspender con efectos inmediatos la aplicación del presente Acuerdo o de partes del mismo en caso de que la Directiva o alguna parte de la misma deje de ser aplicable temporal o permanentemente con arreglo al Derecho comunitario o en caso de que un Estado miembro suspenda la aplicación de su legislación de aplicación.

4.   Previa notificación a la otra Parte, cualquiera de las Partes Contratantes podrá suspender la aplicación del presente Acuerdo en caso de que alguno de los terceros Estados o territorios mencionados en el apartado 1 suspendan a posteriori la aplicación de las medidas a las que se hace referencia en el mismo. La suspensión de la aplicación surtirá efecto después de transcurridos dos meses desde la notificación. El presente Acuerdo volverá a aplicarse tan pronto como se restablezcan dichas medidas.

Artículo 18

Reclamaciones y liquidación final

1.   En caso de denuncia del Acuerdo o suspensión parcial o total de su aplicación, no se verán afectadas las reclamaciones de personas físicas de conformidad con el artículo 10.

2.   En tales casos, San Marino establecerá el saldo al término del período de aplicación del presente Acuerdo y efectuará el último pago a los Estados miembros.

Artículo 19

Ámbito de aplicación territorial

El presente Acuerdo se aplicará en los territorios donde sea aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones establecidas en dicho Tratado, por una parte, y en el territorio de San Marino, por otra.

Artículo 20

Anexos

1.   Los anexos forman parte del presente Acuerdo.

2.   San Marino podrá modificar la lista de autoridades competentes que figura en el anexo I mediante simple notificación a la otra Parte Contratante en lo que respecta a la autoridad mencionada en la letra a) de dicho anexo, y la Comunidad podrá hacer lo propio en lo que respecta a las demás autoridades.

La lista de entidades vinculadas que figura en el anexo II podrá modificarse de común acuerdo.

Artículo 21

Idiomas

1.   El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lengua alemana, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, neerlandesa, polaca, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

2.   La versión en lengua maltesa será autenticada por las Partes Contratantes mediante un Canje de Notas. Será igualmente auténtica, de la misma forma que las versiones lingüísticas mencionadas en el apartado 1.

MEMORÁNDUM DE ACUERDO

entre la Comunidad Europea, el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de San Marino

LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo «la Comunidad»,

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA,

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Y

LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, denominada en lo sucesivo «San Marino»,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

En el momento de proceder a la celebración de un Acuerdo relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (denominada en lo sucesivo «la Directiva»), la Comunidad Europea, el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de San Marino han firmado el presente Memorándum de Acuerdo que complementa este Acuerdo.

1.

Los signatarios del presente Memorándum de Acuerdo consideran que el Acuerdo entre San Marino y la Comunidad relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva constituye un Acuerdo aceptable que salvaguarda los intereses legítimos de las Partes Contratantes. Por consiguiente, aplicarán de buena fe las medidas acordadas y se abstendrán de cualquier medida unilateral que pudiera perjudicar el Acuerdo sin motivo justificado. En caso de que se descubriera cualquier diferencia significativa entre la cobertura de la Directiva adoptada el 3 de junio de 2003 y la del Acuerdo, en particular en lo tocante a los artículos 4 y 6 del mismo, las Partes Contratantes iniciarán inmediatamente consultas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 del Acuerdo con objeto de garantizar que se preserva la equivalencia de las medidas previstas en este último. Los signatarios del presente Memorándum de Acuerdo anotan que la definición de fraude fiscal a efectos del artículo 13 del Acuerdo sólo afecta a las necesidades respecto a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en el ámbito del presente Acuerdo y no prejuzga de ningún modo los acontecimientos ni las decisiones relacionados con el fraude fiscal en otras circunstancias y otros ámbitos.

2.	Durante el período transitorio previsto en la Directiva, la Comunidad entablará conversaciones con otros importantes centros financieros con vistas a promover la adopción por parte de esas jurisdicciones de medidas equivalentes a las que aplicará la Comunidad.

3.

Considerando que San Marino desea integrarse en el contexto económico europeo y que, por ello, considera que su plena participación en el sistema bancario y financiero europeo es adecuada y conveniente, San Marino y la Comunidad iniciarán consultas, lo antes posible, con objeto de determinar las condiciones necesarias para el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares y los sistemas respectivos de ambas Partes en lo referente a los servicios financieros, incluidos los seguros. En ese contexto, con objeto de mantener el funcionamiento adecuado del mercado interior en los sectores correspondientes, San Marino se compromete a adoptar y aplicar, en los sectores empresariales pertinentes, el «acervo comunitario» existente y futuro, incluidas las normas cautelares oportunas y la supervisión de los agentes de San Marino. Cualquier posible Acuerdo en ese ámbito deberá establecer asimismo que San Marino se compromete a aplicar otras normas comunitarias, tanto actuales como futuras, por ejemplo en asuntos de competencia y fiscalidad.

4.

En este contexto, la celebración de acuerdos fiscales con los Estados miembros de la Unión Europea y el compromiso de San Marino de establecer, en ese ámbito, un intercambio de información acorde a las normas de la OCDE, incrementarán la cooperación económica y fiscal. Reconociendo el esfuerzo realizado por San Marino, deberán celebrarse consultas entre ese país y los Estados miembros de la Unión Europea con objeto de eliminar o reducir, de manera bilateral, la doble imposición en relación con las distintas formas de rendimientos.

5.

La Comunidad y San Marino iniciarán, asimismo, consultas con vistas a: — determinar las formas de simplificar los procedimientos establecidos en el Acuerdo de unión aduanera y de cooperación. A este respecto, San Marino está dispuesta a adoptar procedimientos informáticos, en su caso, similares al sistema Intrastat. — estudiar mejor las posibilidades existentes de que los nacionales y las empresas de San Marino participen en programas y actividades de investigación y desarrollo de la Comunidad.