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Anule la decisión de la Junta Única de Resolución de 11 de abril de 2022 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante de 2022 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/2022/18), incluidos sus anexos, en la medida en que afectan a la demandante.

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Condene en costas a la Junta Única de Resolución.

1.

Primer motivo, basado en que la decisión de 11 de abril de 2022 y sus anexos I a III adolecen de vicios sustanciales de forma en el sentido del artículo 263 TFUE, apartado 2, y vulneran el derecho a una buena administración, porque no contienen una motivación suficiente a efectos del artículo 296 TFUE, apartado 2, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión de 11 de abril de 2022 y sus anexos I y II vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47, apartado 1, de la Carta, puesto que es prácticamente imposible someter a un control judicial efectivo la legalidad material de la decisión.

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión de 11 de abril de 2022 y sus anexos son ilegales, porque el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 (1) y el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 (2) son ilegales. Tales disposiciones vulneran el derecho de las entidades a la tutela judicial efectiva, porque conducen a decisiones, basadas en ellos, inherentemente faltas de transparencia. En consecuencia, deberían ser declarados inoperantes.

4.

Cuarto motivo, basado en que la decisión de 11 de abril de 2022 es ilegal, porque infringe los artículos 6, 7 y 20, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, (3) en la medida en que la demandada, en el marco del cálculo del multiplicador en función del riesgo, no tuvo en cuenta los indicadores de riesgo relativos al ratio de financiación estable neta («NSFR») o al requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles («MREL») ni los indicadores de riesgo de complejidad («complexity») y resolubilidad («resolvability»).

5.

Quinto motivo, basado en que la decisión de 11 de abril de 2022 también es ilegal porque la JUR incurrió en error material al calcular la aportación de la demandante.