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Mediante el primer motivo alega que la demandada vulneró el principio de buena administración y el derecho a ser oído al no consultar al Estado neerlandés ni a ING respecto de los hechos y de sus opiniones y planteamientos que eran pertinentes en relación con su conclusión de que la modificación de las condiciones de la aportación de capital de base de categoría 1 (core-tier 1 capital) constituía una ayuda en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 10.

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Mediante el segundo motivo alega que la demandada incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación al aplicar el principio del inversor en una economía de mercado («PIEM») y no efectuó una motivación suficiente al calificar la modificación de la aportación de capital de base de categoría 1 (core-tier 1 capital) como una ayuda de Estado y una circunstancia agravante a efectos de la apreciación de las medidas compensatorias.

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Mediante el tercer motivo alega que la demandada infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), los principios de buena administración, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de igualdad de trato y la obligación de motivación al no tener en cuenta el importe de la ayuda cuando apreció las medidas compensatorias, y al calcular erróneamente el importe de la ayuda y las circunstancias en que ésta se concedió cuando apreció las medidas compensatorias.

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Mediante el cuarto motivo alega que la demandada violó el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), los principios de buena administración y de proporcionalidad y la obligación de motivación al hacer jurídicamente vinculantes para ING las prohibiciones de liderazgo de los precios.