1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/60

A.

Considerando que, a raíz de la reciente ampliación de la Unión Europea, la necesidad de integración social ha creado nuevos retos, a los que habrá que responder en el contexto de nuevas circunstancias demográficas y económicas, y considerando que, si bien esos retos deberán abordarse en todos los Estados miembros, los Estados miembros de Europa Central y Oriental se ven más afectados a causa de la transformación estructural, económica y social que han experimentado durante los últimos veinte años; constata, por consiguiente, que los grupos sociales vulnerables, como los romaníes, se encuentran en una de las situaciones más peligrosas,

B.

Considerando que en aquellos Estados miembros en los que se han derrumbado los sectores industriales, han decaído las perspectivas de desarrollo de las regiones y que, en consecuencia, muchos romaníes en particular se han visto sumidos en la marginación social debido a la rápida expansión de la pobreza; indicando y recordando que, a lo largo de ese proceso, ha perdido valor el derecho de los romaníes a poseer una ciudadanía nacional y la ciudadanía de la Unión y que los beneficios derivados de la ampliación no les ha alcanzado de forma adecuada, causando su marginación y empeorándola de muchas maneras y aumentando el riesgo de discriminación múltiple al que se enfrentan,

C.

Considerando que la estrategia política para la promoción de la igualdad de oportunidades para los romaníes debe abordar una situación social muy compleja, puesto que los romaníes, la mayor minoría étnica de Europa, comparte las desventajas de otros grupos, y que la manera más eficaz de resolver tal tarea es mediante una amplia estrategia para la población romaní, un conjunto coordinado de instrumentos que comprendan diferentes políticas sectoriales y la financiación necesaria a tal efecto,

D.

Considerando que la población nómada constituye un fenómeno étnico aparte t que existen razones fundadas de examinarlo como tema específico tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde la perspectiva social y laboral,

E.

Considerando que el proceso de integración de la población romaní en la sociedad no es unilateral sino multilateral y que resulta necesario que la población romaní intervenga activamente en el proceso de toma de decisiones cuando se elaboren las políticas de inclusión social,

F.

Considerando que las condiciones de vida de los romaníes, su estado de salud y nivel de escolaridad determinan su situación social y laboral y, con frecuencia, sirven de pretexto para su exclusión de las sociedades mayoritarias y para el racismo, y considerando que ello dificulta que mejore su calidad de vida, lo que impide el ejercicio de los derechos civiles y humanos más fundamentales,

G.

Considerando que una infraestructura de transporte pobre, la escasez de órganos y servicios administrativos públicos, en particular de centros de enseñanza y sanitarios de calidad y la relocalización de empresas obligan a los jóvenes a abandonar sus hogares por motivos económicos, lo que agrava las disparidades regionales y la creación de guetos,

H.

Considerando que en numerosas ocasiones se ha llamado la atención sobre la necesidad deevaluar, antes de que finalice el segundo período del Proceso de Lisboa, la situación social y las perspectivas de empleo de los romaníes y decidir qué medidas tomar,

I.

Reconociendo la importancia de los Fondos Estructurales y de Cohesión para promover la integración y tomando nota de que, debido a la complejidad de los problemas sociales a los que se enfrentan los romaníes, es inimaginable que esos problemas puedan resolverse mediante el mero sistema de proyectos característico de los Fondos Estructurales y de Cohesión,

J.

Considerando que es de indudable importancia tener en cuenta las anteriores buenas prácticas, pero que su validez es limitada en el tiempo y en el espacio,

K.

Considerando que en la actualidad muchas comunidades romaníes tienden a mantenerse inmóviles en lugar de desplazarse a zonas con mayores oportunidades de empleo,

1.

Considera que para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población romaní se precisa un enfoque coordinado que persiga los tres objetivos siguientes:

2.

Indica que las políticas focalizadas para los romaníes en diferentes casos no han servido para mejorar su situación; reclama que, en todas las acciones de la UE y de los Estados miembros que afecten en particular a los romaníes, participen las partes interesadas romaníes como instancias de toma de decisiones, de modo que se respeten su capacidad y su responsabilidad de organizarse a sí mismos;

3.

Toma nota de que el desigual acceso a los servicios y las desventajas socioeconómicas que afrontan los niños romaníes en la práctica hacen que el desarrollo precoz y la educación de alta calidad estén fuera de su alcance; toma nota de que esas desventajas, a su vez, repercuten negativamente en su desarrollo personal, emocional, social, físico y en sus oportunidades futuras en el mercado de trabajo y, por consiguiente, su integración en la sociedad estructurada;

4.

Considera que los sistemas educativos son selectivos y que, pese a los esfuerzos realizados por los Estados miembros para superar la segregación, los muchos y variados sistemas aparentemente diseñados para hacer frente a la segregación con frecuencia sirven de hecho para acentuar las diferencias entre los grupos sociales y perjudican profundamente a los pobres, en particular a los romaníes, que se ven en una espiral de caída; destaca, por consiguiente, la necesidad de políticas educativas focalizadas para llegar a las familias romaníes y estimular su participación activa;

5.

Destaca que, aún cuando se ha incrementado en determinados Estados miembros el porcentaje de romaníes jóvenes en la educación secundaria y superior, su nivel de formación sigue siendo muy inferior a la media de la UE; destaca el abismo entre la falta de mano de obra por un lado y, por otro, la elevada tasa de desempleo ligada a los bajos niveles de formación de los romaníes; pide, por lo tanto, que los Estados miembros y la UE ayuden a los romaníes a aumentar sus cualificaciones como asunto prioritario; llama la atención sobre el hecho de que, a falta de cualificaciones formales, sería posible mejorar la situación de los romaníes en el mercado de trabajo diseñando un sistema de reconocimiento de pericias prácticas;

6.

Insta a los Estados miembros a que garanticen que las mujeres y las jóvenes romaníes tengan acceso en términos de igualdad a una educación de calidad superior y a que introduzcan incentivos (por ejemplo, oportunidades de desarrollo profesional) para atraer a profesores altamente cualificados hacia escuelas situadas en zonas social y económicamente más desfavorecidas y, en particular, en comunidades del medio rural con una proporción significativa de población romaní;

7.

Pide a los Estados miembros que mejoren el acceso de las mujeres romaníes a la formación profesional, y que ajusten ésta a las necesidades de los mercados de trabajo locales para proporcionar a las mujeres romaníes competencias comercializables;

8.

Observa que la gran mayoría de licenciados romaníes no vuelve a sus comunidades después de salir de la universidad y que algunos de ellos bien niegan sus orígenes bien dejan de ser aceptados en su comunidad cuando intentan regresar;

9.

Recomienda que se proyecte un paquete de programas global que fomente y motive el regreso de los romaníes con titulación a su comunidad, así como el empleo en su comunidad y en interés de la misma;

10.

Considera que los ciudadanos romaníes en algunos Estados miembros influyen en la pirámide de población de manera específica; toma nota, por ejemplo, de que la proporción de niños romaníes es alta en la población, en tanto que su esperanza de vida en el momento de nacer es 10 años inferior a la de las personas de la población mayoritaria;

11.

Considera que, si bien los Estados miembros han utilizado importantes recursos de la UE y de los Estados miembros para ayudar a los desempleados de larga duración a encontrar empleo, aún no se ha encontrado una solución coherente a escala de la UE, pues los Estados miembros están abordando la situación de maneras y en grados muy distintos y no han proporcionado oportunidades de volver a largo plazo al mercado laboral, mientras que sus medidas, como los programas públicos de empleo, han agravado más la estigmatización de los romaníes; pide, en consecuencia, que tanto la UE como los Estados miembros cambien su política orientándose hacia un planteamiento integrado que aborde todos los aspectos de sus privaciones;

12.

Invita a los Estados miembros a que ajusten los programas de formación profesional a las necesidades de los mercados laborales locales y a que proporcionen incentivos a los patronos que contratan a personal no cualificado (incluidos los romaníes) y les ofrecen formación y oportunidades para adquirir experiencia práctica directamente en el lugar de trabajo;

13.

Invita a las autoridades locales y de los Estados miembros a que entreguen evaluaciones anuales desglosadas por sexo sobre el índice de reempleo entre los parados de larga duración (incluidos los romaníes) que han acabado una formación laboral y, sobre la base de la experiencia adquirida, a que elaboren nuevas metodologías y pongan en marcha programas de formación adaptados a las capacidades y necesidades económicas locales;

14.

Pide a los Estados miembros que utilicen fondos de la UE para preservar y proteger las actividades tradicionales de los romaníes;

15.

Apoya el parecer de la Comisión de que las personas adultas romaníes, debido a las múltiples desventajas, están subrepresentadas en la población activa y en el aprendizaje permanente, con frecuencia no tienen acceso a las TIC y se encuentran sobrerrepresentadas entre los desempleados de larga duración y quienes tienen empleos de escaso prestigio, lo que crea las mayores barreras a su reintegración en el mercado de trabajo; pide por lo tanto la aplicación efectiva de la Directiva 2000/78/CE que prohíbe cualquier discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

16.

Considera importante prever una acción comunitaria específica para promover el acceso de los romaníes a programas de formación profesional;

17.

Señala a la atención de los Estados miembros que esa fragmentación social puede hacer que muchos romaníes que buscan empleo pasen de la economía legal a la sumergida y que se precisa un esfuerzo coordinado a nivel de la UE y de los Estados miembros para volver a atraer a estas personas al empleo legal, con los correspondientes derechos laborales y de seguridad social;

18.

Considera que han de darse pasos para promover una política social y económica inclusiva, también a través de medidas ad hoc para proporcionar viviendas dignas;

19.

Insiste en particular en que incentivar la movilidad de la mano de obra no cualificada y no especializada puede agravar la discriminación contra las mujeres romaníes —ya extremadamente vulnerables a múltiples tipos de discriminación— y obstaculizar sus progresos en el mercado laboral;

20.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que mejoren la independencia económica de las mujeres romaníes promoviendo el empleo autónomo, medidas iniciales para las pequeñas y medianas empresas, y el acceso a microcréditos, y estimulando una economía de servicios en el seno de sus propios asentamientos, a fin de ampliar los conocimientos y la maestría de las mujeres romaníes;

21.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que elaboren sistemas de incentivos, por ejemplo, a través de ventajas fiscales, para las empresas que emplean a mujeres romaníes;

22.

Considera necesario tener en cuenta que, de hecho, es difícil lograr la eliminación de los asentamientos romaníes utilizando fondos de la UE con arreglo a las normas actuales del Fondo Europeo de Desarrollo, pues en el caso de los Estados miembros que se han adherido después de 2004, la cifra mínima de población necesaria para la elegibilidad de los asentamientos que pueden beneficiarse del presupuesto de vivienda hace que sean precisamente quienes viven en peores condiciones, en los asentamientos más pequeños, los que no puedan beneficiarse de ellos;

23.

Subraya el hecho de que la solución para los problemas sociales y económicos de los romaníes requiere un planteamiento global y una solución a largo plazo y coordinada que abarque políticas de vivienda, educación, asistencia sanitaria y mercado laboral; por lo tanto, sugiere a la Comisión y a los Estados miembros que todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los romaníes se consideren parte inseparable de las medidas diseñadas para apoyar el desarrollo regional y la integración social;

24.

Considera que los Estados miembros han de aprovechar la oportunidad de la revisión de las normas de utilización de los Fondos Estructurales y de Cohesión que permite conceder más espacio a programas complejos permitiendo superar el porcentaje del 10 % en las transferencias entre distintos fondos;

25.

Toma nota de la propuesta de una nueva directiva general para combatir la discriminación fuera del empleo por motivos de edad, discapacidad, orientación sexual, religión o convicciones y pide la aplicación efectiva de la Directiva 2000/43/CE; considera que, con arreglo al espíritu de la Agenda Social, la Comisión debería identificar objetivos específicos y elaborar programas equilibrados con vistas a eliminar la discriminación y estigmatización de los romaníes y el sambenito delictivo de las comunidades romaníes;

26.

Subraya que el requisito previo básico para promover la integración social y el acceso al mercado laboral para los romaníes es que se les dé unos derechos sociales y políticos equitativos; pide a este respecto a los Estados miembros y a los países candidatos que establezcan una estrategia para mejorar la participación de los romaníes en las elecciones como votantes y como candidatos a todos los niveles;

27.

Apoya la importancia de los microcréditos recomendados desde varios puntos de vista en la Comunicación de la Comisión sobre una Agenda Social Renovada y en el dictamen del CESE, y que, con unos recursos mínimos, pueden colocar a los más pobres en la senda de la responsabilidad personal y de la capacitación empresarial, y desarrollar su capacidad creativa, incluso proporcionando créditos para cubrir el coste del empleo autónomo;

28.

Apoya la propuesta de las instituciones de la UE de incrementar el número de romaníes en los servicios públicos, recurriendo al principio de la igualdad de trato; indica, no obstante, que para ello es necesario que los gobiernos apliquen políticas de personal y de formación de mano de obra que lo promuevan y que realicen esfuerzos especiales y presten una ayuda activa para facilitar la aceptación general de ese principio;

29.

Subraya que el mercado social, la sanidad, la asistencia doméstica, el abastecimiento público y la prestación de servicios en apoyo de los cuidados infantiles, entre otros sectores, pueden crear nuevos empleos para los romaníes en paro, particularmente las mujeres; reafirma, sin embargo, que el mercado social requiere un enlace permanente entre el proveedor y el usuario de servicios y que, por lo tanto, se puede esperar un aumento en el empleo de romaníes en esos ámbitos sólo en un contexto de aceptación social, pero que este empleo a su vez promueve también la aceptación social;

30.

Pide a los Estados miembros que tomen las medidas apropiadas para eliminar el odio racial y la incitación a la discriminación y violencia contra los romaníes en los medios de comunicación y en todas las formas de tecnología de la comunicación, y exhorta a los medios de comunicación a que establezcan buenas prácticas en cuanto a la contratación de personal, de tal manera que se refleje la composición de la población en su conjunto;

31.

Destaca que, a menudo, las mujeres romaníes intervienen en la economía informal y que su tasa de empleo es muy baja y considera que, para resolver la discriminación múltiple, la elevada tasa de desempleo y la pobreza, unas políticas específicas deberían centrarse en crear un acceso real al mercado de trabajo para las mujeres romaníes, lo cual constituye una condición previa para mejorar su situación social y familiar;

32.

Considera que también debería promoverse el empleo de las mujeres romaníes mediante una aplicación de manera favorable al empleo de los mecanismos de asistencia social y oportunidades apropiadas de formación y especialización que les permitan prepararse para asegurarse la subsistencia a largo plazo y posibilitar la conciliación de la vida familiar y el trabajo; pide a los Estados miembros que adopten medidas que contribuyan a aumentar el número de niños romaníes en los centros de atención infantil incluso cuando sus madres permanezcan en casa con otros niños;

33.

Destaca que el disponer de mejores viviendas y servicios de salud podría favorecer el acceso de las mujeres romaníes al mercado laboral e incrementar sus posibilidades de mantener sus empleos durante más tiempo;

34.

Indica que las políticas social y de empleo deben contribuir a aprovechar el potencial y responder a las necesidades de los ciudadanos y a crear más oportunidades para la mayor reserva de mano de obra como las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas pobres sin cualificación profesional, incluidos los romaníes;

35.

Señala que la múltiple discriminación que sufren las mujeres romaníes también se debe reconocer y debe recibir un tratamiento específico en las políticas dirigidas a ellas, lo que podría tener un doble impacto positivo a largo plazo sobre ellas y otros miembros de la familia, en particular los niños;

36.

Rechaza el planteamiento de que las ayudas diseñadas para ayudar a encontrar trabajo a los desempleados de larga duración (incluidos muchos romaníes), ya se abonen a los empleadores o a los empleados, vulneran el principio de neutralidad competitiva, pues la reinserción de los romaníes es un objetivo de política social que exige la creación de empleos subvencionados; opina que, para reintegrar a los trabajadores romaníes, es preferible subvencionar puestos de trabajo y no el desempleo a largo plazo;

37.

Reconoce que algunos empleos tradicionales de los romaníes, como la artesanía, pueden contribuir tanto a preservar las características específicas de esta comunidad como a mejorar su situación material y su nivel de integración social; opina que es conveniente apoyar algunas actividades profesionales específicas;

38.

Toma nota de que, entre las culturas de la Unión Europea, la cultura romaní se caracteriza por una fuerte tradición familiar; observa que en la percepción que la opinión pública tiene de las familias romaníes destacan los cometidos tradicionales de género, las proles numerosas, la convivencia de varias generaciones bajo un mismo techo, la tendencia de los familiares a residir en el mismo vecindario y un amplio cuidado de las relaciones personales; que, por consiguiente, los programas de la UE y de los Estados miembros para las familias romaníes deben aprovechar las oportunidades que ofrece esa red natural de apoyo;

39.

Subraya la importancia de conservar y reafirmar las características culturales específicas de los romaníes con el fin de proteger su identidad y reducir los prejuicios contra ellos; por tanto, considera necesario que los Estados miembros y la Comisión tengan un papel más activo para apoyar la vida espiritual de la minoría romaní;

40.

Comparte la opinión del CESE de que las mujeres romaníes tienen un estatuto inferior en la jerarquía familiar, se casan muy jóvenes y con frecuencia son víctimas de la violencia familiar, la prostitución y la trata de seres humanos;

41.

Por tanto, considera que los programas de la UE y de los Estados miembros destinados a los romaníes deben tener como objetivo la emancipación personal de las jerarquías tradicionales y la independencia socioeconómica de los miembros de las comunidades romaníes, en particular las mujeres;

42.

Indica que la tendencia de los niños romaníes a abandonar pronto la escuela perjudica a su educación personal, su capacidad de integración social y sus oportunidades en el mercado de trabajo, y que, en el caso de las mujeres romaníes, su salud psíquica y física y el hecho de abandonar la escuela a edad temprana también afectan a la salud y la escolarización de sus hijos, contribuyendo de este modo a la exclusión social; por lo tanto, subraya la importancia de los servicios que contribuyan a la sensibilización en lo que respecta a la información destinada a las mujeres romaníes;

43.

Insta a los Estados miembros a que garanticen que los marcos jurídicos existentes y futuros incluyan disposiciones destinadas a prevenir y tratar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres romaníes, a fin de mejorar su situación socioeconómica y asegurar su acceso a servicios sanitarios, de guardería y de educación de alta calidad, como condiciones previas para el empleo;

44.

Considera fundamental iniciar el proceso de integración en una fase temprana de la existencia, con el fin de presentar de forma eficaz modelos alternativos a la pobreza y la exclusión social; por consiguiente, considera necesario ofrecer un marco institucional para los servicios sociales y educativos basados en la comunidad destinados a los niños y sus familias, que cubran las necesidades regionales y personales, garantizando un acceso igualitario a los servicios de alta calidad; pide, por lo tanto, a la Comisión, que ofrezca particular apoyo a los programas de integración precoz de los niños romaníes en todos los países en los que puede accederse a fondos de la UE, como el instrumento de preadhesión y los Fondos Estructurales y de Cohesión;

45.

Toma nota de que los niños romaníes están sobrerrepresentados en las escuelas especiales y que una gran proporción de ellos son asignados a esas escuelas sin que exista justificación para ello, sobre todo debido a razones de discriminación; indica que obligar a niños que han sido ilegalmente clasificados como «discapacitados mentales» a asistir a escuelas especiales es discriminatorio, constituye una grave violación de su derecho fundamental a una educación de alta calidad, dificulta el acceso a una enseñanza más avanzada y la búsqueda de empleo y desemboca en una mayor probabilidad de inactividad laboral, al tiempo que supone una carga para los presupuestos;

46.

Apoya la sugerencia del CESE de que para el desarrollo de los niños pequeños se requieren formas complejas de ayuda para toda la familia, que, adaptadas a las necesidades familiares, ofrezcan una ayuda práctica a medida, como el programa «Sure Start»;

47.

Hace suyo el parecer del CESE de que la comunidad romaní —debido a sus características demográficas— tiene un acceso asimétrico a las prestaciones sociales; destaca que la finalidad de las prestaciones sociales es compensar las cargas o deficiencias derivadas de la situación de cada cual en la vida, atender a los niños y otras tareas sociales útiles;

48.

Hace suya la recomendación del CESE de que para promover su participación en el mercado oficial de trabajo conviene prever ayudas adicionales a quienes cambien de empleo; destaca que tanto los empleadores como los empleados deben aspirar al trabajo declarado;

49.

Destaca que la vida activa de los romaníes en situación de exclusión es un obstáculo para su acceso a los servicios sanitarios y afecta a su situación en la tercera edad;también subraya que el inicio de la vida laboral a una edad temprana, el frecuente desempleo, una falta de protección laboral, el trabajo no declarado de la economía informal, que con frecuencia es físicamente agotador, y la inexistencia de derechos de pensión para esas ocupaciones hacen que los romaníes no puedan percibir una pensión adecuada ni llevar una vida digna en la tercera edad;

50.

Recomienda que la Comisión tome la iniciativa para identificar los medios más eficaces para apoyar la integración social, económica y cultural de la mayor minoría de la Unión Europea, y subraya la necesidad de cooperación entre la Comisión y los gobiernos de los Estados miembros para realizar acciones específicas destinadas a resolver los complejos problemas transnacionales de los romaníes;

51.

Considera, que la preservación de la lengua y la cultura romaníes es un valor de la Comunidad Europea; no apoya, sin embargo, la idea de que los romaníes pertenezcan a una «nación europea» sin Estado, pues ello eximiría a los Estados miembros de su responsabilidad y cuestionaría sus posibilidades de integración;

52.

Solicita la atención de los Estados miembros sobre el riesgo de que la adopción de medidas excesivas con respecto a las comunidades romaníes pueda conducir a un deterioro de la ya dramática situación de esta minoría y perjudicar sus oportunidades de integración;

53.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en estrecha asociación junto a las organizaciones no gubernamentales (ONG), las comunidades romaníes y sus dirigentes, para desarrollar un plan aceptable para todos con el objetivo de la integración social de los romaníes;

54.

Pide a los Estados miembros que elaboren y realicen proyectos destinados a luchar contra los estereotipos negativos con respecto a los romaníes a todos los niveles; estos proyectos podrían recibir apoyo de los Fondos Estructurales y de Cohesión y de programas específicos como Progress e iniciativas como el Año Europeo del Diálogo Intercultural (2008) o el futuro Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social (2010);

55.

Observa que, a pesar de que la mejora de la situación social y económica de los romaníes fue una importante consideración en el proceso de ampliación, los avances han sido, en general, escasos; pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen los programas y las iniciativas anteriores y actuales y evalúen sus resultados; considera que la Unión Europea tiene la obligación de coordinar mejor y más estrechamente los instrumentos de inclusión social, y que dicha coordinación ayudaría a combatir la pobreza, a promover el acceso de los romaníes a empleos mejores, más duraderos, más estables y de mayor calidad, a sentar las pautas para unos mecanismos de protección e inclusión social más eficaces, constituiría un medio de análisis de las experiencias políticas y de aprendizaje recíproco, y se crearía un sistema para analizar de forma coherente las mejores prácticas;

56.

Pide a la Comisión que evalúe específicamente el impacto de los objetivos e instrumentos de cada una de sus políticas sectoriales en los romaníes y que elabore una estrategia política coherente con un alto nivel de coordinación; pide a la Comisión que pida a los Estados miembros que, en sus informes sobre los indicadores integrados y el método abierto de coordinación para la inclusión social, examinen la cambiante situación de los romaníes; pide a la Comisión que supervise la amplitud de la discriminación y evalúe regularmente la situación de los romaníes con respecto a sus cambios en materia de educación, empleo, situación social, sanidad y vivienda en los Estados miembros y en los países candidatos;

57.

Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que adopten lo antes posible políticas de empleo claras para los grupos desfavorecidos, incluidos los romaníes, que forman parte de la población activa, junto con medidas de apoyo para facilitar su integración progresiva en el mercado de trabajo, medidas que deben combatir la dependencia creada por el sistema de seguridad social;

58.

Pide a la Comisión que coopere con las diferentes organizaciones internacionales y apoye el desarrollo de una red académica de expertos en cuestiones romaníes que facilite información científica y apoyo a través de la investigación, el análisis, la acumulación de pruebas y la elaboración de recomendaciones para analizar las cuestiones derivadas del tema de la integración de los romaníes, aprobar programas, describir los asuntos romaníes con el debido rigor con arreglo a los informes elaborados por esas organizaciones y que lleve a cabo una evaluación general de la UE al menos cada dos años;

59.

Expresa su desaprobación frente a los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales; pide a estos Estados miembros que ratifiquen el Convenio urgentemente; pide a aquellos Estados miembros que hayan formulado en el Convenio marco declaraciones restrictivas que afecten al reconocimiento de los romaníes como minoría nacional, que retiren dichas declaraciones;

60.

Recomienda a los Estados miembros que:

61.

Considera que en algunos Estados miembros es posible delimitar eficazmente los grupos destinatarios (en asentamientos de romaníes o partes de estos asentamientos) utilizando la definición de «desventajas múltiples», pero que es difícil llegar a unidades menores, como la familia y las personas, a través de esos grupos;

62.

Considera, no obstante, que deberían establecerse los requisitos jurídicos para el inicio de la recogida voluntaria y anónima de datos, y la creación de una base de datos comparable, sin perjuicio de las normas de protección de datos y derechos humanos, sin servirse de procedimientos que atenten contra la dignidad humana; considera que la Comisión debería proponer las enmiendas legislativas necesarias a tal efecto;

63.

Pide a la Comisión que facilite la elaboración, verificación y confirmación de un catálogo de mejores prácticas en los programas destinados a los romaníes, en lo que respecta, entre otros aspectos, a la vivienda, la educación y el empleo, sobre la base de análisis realizados por un organismo independiente;

64.

Considera que la creación de una base de datos no es una alternativa sino una premisa para un sistema de análisis y evaluación que permita sopesar el impacto del intercambio de mejores prácticas y la utilización de recursos; considera que se precisa, a tal efecto, un sistema de indicadores que comprenda todos los ámbitos de la existencia y pueda ser utilizado por cualquier persona y que, adicionalmente a los indicadores de rentabilidad de los programas, también comprenda el uso de indicadores de resultados e impacto sociales como requisito de financiación; recomienda, por consiguiente, que la Comisión establezca ese tipo de sistema de indicadores en el reglamento marco sobre los Fondos Estructurales y en los reglamentos relativos a otros tipos de subvenciones públicas;

65.

Recomienda que la Comisión prevea unos objetivos más uniformes y coherentes para todos los programas de desarrollo financiados con fondos de la UE para poder examinar los resultados en materia de prevención o subsanación de la exclusión social de los romaníes; considera que los Estados miembros y los órganos de la UE deberían examinar todas las medidas de desarrollo financiadas con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión a la luz del impacto de los programas en la integración social de los romaníes; recomienda asimismo que en todos los programas en fase de selección se dé prioridad a los que también tengan por objetivo mejorar la situación de los romaníes que vivan en asentamientos especialmente desfavorecidos y de los que vivan en situación de pobreza y de desempleo;

66.

Pide a la Comisión que, en cooperación con cada uno de los Estados miembros, desarrolle y realice una amplia campaña de información permanente dirigida a la opinión pública y a la población romaní sobre los programas de los Estados miembros destinados a mejorar las condiciones de vida de los romaníes y sobre su aplicación;

67.

Pide a la Comisión que supervise de forma continua las medidas y actividades y su impacto en la mejora de la situación de los romaníes en el mercado de trabajo;

68.

Propone que los recursos aprobados por la Unión se destinen a programas destinados a paliar las desventajas de los romaníes en materia de educación y formación profesional en los que también participen expertos de organizaciones con experiencia en este ámbito, que facilitarían apoyo y asesoría; considera que los Estados miembros, a la hora de asignar fondos propios o de la UE para ámbitos distintos del desarrollo precoz o la educación pública, deberían tener presente si las autoridades, los organismos o las organizaciones locales que han solicitado ayudas han cumplido su compromiso de eliminar la segregación;

69.

Pide a la Comisión que aliente a las autoridades nacionales a poner fin a la práctica discriminatoria de expulsar a los ocupantes de poblados de chabolas romaníes, desarrollando en cambio proyectos concretos de vivienda con el apoyo de los conocimientos técnicos y los mecanismos de control de, por ejemplo, la Comisión, el Banco Mundial y las ONG centradas en la cuestión de los romaníes; cree que resolver los problemas de vivienda de los romaníes que viven en zonas rurales debe ser una prioridad, así como un tema que requiere especial atención y un ámbito de actuación;

70.

Pide a la Comisión que preste particular atención tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a la capacidad de los romaníes de organizarse a sí mismos y apoyar la política de integración; que sustente el desarrollo de esas comunidades, en particular mediante proyectos que mejoren la participación de los romaníes en los procesos de toma de decisiones y su responsabilidad en las decisiones adoptadas con su acuerdo;

71.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con las ONG centradas en la cuestión de los romaníes, examinen las políticas y los programas existentes con el fin de extraer lecciones de los fracasos del pasado;

72.

Pide a la Comisión que apoye a las ONG centradas en la cuestión de los romaníes a nivel de la UE, a nivel nacional o local, con el fin de supervisar la aplicación de las políticas y programas destinados a los romaníes, así como la educación comunitaria en materia de democracia y derechos humanos;

73.

Propone a la Comisión y a los Estados miembros la creación de un foro a escala de la UE en el que las fuerzas sociales, los sindicatos y las ONG representativas de los romaníes y sus intereses puedan consultarse de forma continua para elaborar sus directrices e intercambiar mejores prácticas con vistas a favorecer un enfoque coordinado en toda la UE;

74.

Pide a los Estados miembros que sean más activos para alentar la transferencia de empleos a los lugares en que se encuentran situadas las comunidades romaníes, y para alentar a los romaníes a trasladarse allí donde están situados los empleos;

75.

Recuerda a los Estados miembros y a la Comisión que, aunque los beneficios sociales tienen un papel fundamental en el apoyo y el refuerzo de las comunidades desfavorecidas, como los romaníes, también es importante la promoción de la autoayuda; considera que el objetivo a largo plazo debe ser una cultura de independencia y no de dependencia;

76.

Considera que debe darse mucha más prioridad a facilitar el empleo local, a alentar el espíritu empresarial y apoyar a los artesanos locales, así como al desarrollo de las capacidades básicas para ello, de forma que pueda generarse más riqueza y autoestima;

77.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.