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Según la demandante, la Comisión no respetó la autoridad de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-566/10 P, que declara ilegítimas las convocatorias que limiten al inglés, al francés y al alemán las lenguas que los candidatos a las oposiciones generales de la Unión pueden indicar como lengua 2.

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A este respecto, se afirma que, limitando a tres las lenguas que los candidatos a las oposiciones generales de la Unión pueden elegir como lengua 2, la Comisión ha dictado, en la práctica, un nuevo reglamento lingüístico de las instituciones, invadiendo la competencia exclusiva del Consejo en esta materia.

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Según la demandante, la restricción lingüística realizada por la Comisión es discriminatoria porque las disposiciones citadas prohíben imponer a los ciudadanos europeos y a los propios funcionarios de las instituciones restricciones lingüísticas no previstas de forma general y objetiva en los Reglamentos internos de las instituciones mencionados en el artículo 6 del Reglamento no 1/58 ya citado, y hasta ahora no adoptados, y prohíben introducir tales limitaciones si no existe un interés específico y motivado del servicio.

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En opinión de la demandante, la Comisión ha violado la confianza de los ciudadanos en la posibilidad de escoger como lengua 2 cualquiera de las lenguas de la Unión, como ha ocurrido siempre hasta 2007 y como confirmó con autoridad el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto C-566/10 P.

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Según la demandante, al restringir de forma preventiva y generalizada a tres las lenguas que pueden elegirse como lengua 2, la Comisión anticipó, de hecho, a la fase de la convocatoria y de los requisitos de admisión la comprobación de las competencias lingüísticas de los candidatos, que debería realizarse, por el contrario, en el ámbito de la oposición. Considera que, de este modo, los conocimientos lingüísticos se convierten en decisivos en comparación con los conocimientos profesionales.

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Sobre este particular, la demandante afirma que, al establecer que las solicitudes de participación deban enviarse obligatoriamente en inglés, francés o alemán, y que la EPSO envíe en la misma lengua a los candidatos las comunicaciones relativas al desarrollo de la oposición, se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos europeos a comunicarse en su propia lengua con las instituciones y se ha introducido una ulterior discriminación en detrimento de quien no tenga un conocimiento profundo de aquellas tres lenguas.

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La demandante alega que la Comisión motivó la restricción a las tres lenguas mediante el requisito de que los nuevos contratados sean capaces de comunicarse inmediatamente dentro de las instituciones. A su juicio, esta motivación desnaturaliza los hechos porque no resulta que las tres lenguas en cuestión sean las más utilizadas para comunicarse entre grupos lingüísticos diversos dentro de las instituciones, y es desproporcionada en comparación con la restricción de un derecho fundamental como el de no sufrir discriminaciones lingüísticas. Considera que, de hecho, existen métodos menos restrictivos para garantizar una comunicación fluida dentro de las instituciones.