(1)

Con el desarrollo de las competencias de la Unión Europea, los ciudadanos se ven confrontados con mayor frecuencia a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, sin gozar siempre de la conveniente protección de sus derechos procedimentales.

(2)

En una Unión basada en el Estado de Derecho es necesario garantizar que los derechos y las obligaciones procedimentales se definan, desarrollen y cumplan siempre adecuadamente. Los ciudadanos deben poder esperar un alto grado de transparencia, eficiencia, rápida ejecución y capacidad de respuesta de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Los ciudadanos tienen también derecho a recibir información adecuada sobre la posibilidad de emprender otras acciones.

(3)

Las normas y principios vigentes en materia de buena administración se encuentran dispersos en una gran variedad de fuentes: Derecho primario, Derecho secundario, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actos jurídicos no vinculantes y compromisos unilaterales de las instituciones de la Unión.

(4)

A lo largo de los años, la Unión ha desarrollado un número elevado de procedimientos administrativos sectoriales, en forma de disposiciones vinculantes y no vinculantes, sin tener en cuenta la coherencia global del sistema. Esta compleja diversidad de procedimientos ha dado lugar a que estos presenten lagunas e incongruencias.

(5)

La Unión carece de un conjunto global y coherente de normas codificadas de Derecho administrativo, lo que dificulta que los ciudadanos comprendan los derechos administrativos que les confiere el Derecho de la Unión.

(6)

En abril de 2000, el Defensor del Pueblo Europeo propuso a las instituciones un Código Europeo de Buena Conducta Administrativa con la convicción de que se debe aplicar un mismo código a todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

(7)

En su Resolución de 6 de septiembre de 2001, el Parlamento aprobó con enmiendas el proyecto de Código del Defensor del Pueblo Europeo y pidió a la Comisión que presentara una propuesta de Reglamento que contenga un Código de buena conducta administrativa sobre la base del artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(8)

Los códigos de conducta internos vigentes, adoptados después por las diferentes instituciones, y en su mayoría basados en el Código del Defensor del Pueblo Europeo, tienen un efecto limitado, difieren entre sí y no son jurídicamente vinculantes.

(9)

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha proporcionado a la Unión la base jurídica para adoptar un Reglamento de Procedimiento Administrativo. El artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de reglamentos para asegurar que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyen en una administración europea abierta, eficaz e independiente. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa también otorgó a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») el mismo rango jurídico que los Tratados.

(10)

El Título V de dicha Carta («Ciudadanía») recoge el derecho a una buena administración en el artículo 41, que establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. En el artículo 41 de la Carta también se indican, de forma no exhaustiva, algunos de los elementos que incluye la definición del derecho a una buena administración, tales como el derecho de toda persona a ser oída, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, el derecho a que se le indiquen los motivos de una decisión de la administración y la posibilidad de reclamar la reparación de los daños causados por las instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como derechos lingüísticos.

(11)

Una administración de la Unión eficaz es esencial para el interés público. Tanto un exceso como una falta de normas y procedimientos pueden conducir a una mala administración, la cual puede derivar, a su vez, de normas y procedimientos contradictorios, incoherentes o poco claros.

(12)

Unos procedimientos administrativos correctamente estructurados y coherentes sostienen tanto una administración eficaz como una aplicación adecuada del derecho a una buena administración, garantizado como principio general del Derecho de la Unión y por el artículo 41 de la Carta.

(13)

En su Resolución de 15 de enero de 2013, el Parlamento Europeo pedía la adopción de un Reglamento sobre la Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea que garantice el derecho a una buena administración a través de una administración europea abierta, eficaz e independiente. Establecer un conjunto común de normas de procedimiento administrativo a nivel de las instituciones, órganos y organismos de la Unión debería aumentar la seguridad jurídica, colmar lagunas en el ordenamiento jurídico de la Unión y contribuir así a que impere el Estado de Derecho.

(14)

La finalidad del presente Reglamento es definir un conjunto de normas procedimentales que la administración de la Unión debe cumplir a la hora de realizar sus actuaciones administrativas. Estas normas procedimentales tienen por objeto garantizar una administración abierta, eficaz e independiente y una aplicación adecuada del derecho a una buena administración.

(15)

De conformidad con el artículo 298 del TFUE, el presente Reglamento no debe aplicarse a las administraciones de los Estados miembros. Por otra parte, el presente Reglamento no debe aplicarse a procedimientos legislativos, procesos judiciales y procedimientos que conduzcan a la adopción de actos no legislativos directamente basados en los Tratados, actos delegados o actos de ejecución.

(16)

El presente Reglamento debe aplicarse a la administración de la Unión sin perjuicio de otros actos jurídicos de la Unión que establecen normas específicas de procedimiento administrativo. Sin embargo, los procedimientos administrativos sectoriales no son plenamente coherentes y completos. A fin de garantizar la coherencia general de las actuaciones administrativas de la administración de la Unión y el pleno respeto del derecho a una buena administración, los actos jurídicos que prevén normas específicas de procedimiento administrativo deben por lo tanto interpretarse de conformidad con el presente Reglamento, y sus lagunas deben colmarse mediante las disposiciones pertinentes de este. El presente Reglamento establece derechos y obligaciones como norma por defecto en todos los procedimientos administrativos en virtud del Derecho de la Unión y, por tanto, reduce la fragmentación de las normas procedimentales aplicables que resultan de la legislación sectorial.

(17)

Las normas de procedimiento administrativo establecidas en el presente Reglamento tienen por objeto aplicar los principios de buena administración establecidos en una gran diversidad de fuentes jurídicas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dichos principios figuran a continuación y su tenor debe inspirar la interpretación de lo dispuesto en el presente Reglamento.

(18)

El principio del Estado de Derecho, tal como se indica en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), constituye el núcleo de los valores de la Unión. De conformidad con ese principio, toda acción de la Unión tiene que basarse en los Tratados en aplicación del principio de atribución. Además, el principio de legalidad, como corolario del Estado de Derecho, exige que las actuaciones de la administración de la Unión se realicen en plena conformidad con la legislación.

(19)

Todo acto jurídico de Derecho de la Unión ha de respetar el principio de proporcionalidad. Ello exige que cualquier medida de la administración de la Unión sea apropiada y necesaria para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos: cuando se pueda optar entre varias medidas potencialmente apropiadas, debe adoptarse la menos gravosa, y cualquier carga impuesta por la administración no ha de ser desproporcionada en relación con los objetivos perseguidos.

(20)

El derecho a una buena administración exige que los actos administrativos de la administración de la Unión sigan procedimientos administrativos que garanticen la imparcialidad, la equidad y la oportunidad.

(21)

El derecho a una buena administración exige que toda decisión de iniciar un procedimiento administrativo se notifique a los interesados y que se les facilite la información necesaria que les permita ejercer sus derechos durante el procedimiento administrativo. En casos debidamente justificados y excepcionales en que lo exija el interés público, la administración de la Unión podrá aplazar u omitir la notificación.

(22)

Cuando el procedimiento administrativo se inicia a solicitud de un interesado, el derecho a una buena administración impone a la administración de la Unión el deber de acusar recibo por escrito de la solicitud. El acuse de recibo debe proporcionar la información necesaria que permita al administrado ejercer sus derechos de defensa durante el procedimiento administrativo. No obstante, la administración de la Unión debe estar facultada para rechazar solicitudes infundadas o abusivas, ya que pondrían comprometer la eficacia administrativa.

(23)

En aras de la seguridad jurídica, el procedimiento administrativo debe iniciarse dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el hecho se ha producido. Por tanto, el presente Reglamento debe incluir disposiciones sobre un plazo de prescripción.

(24)

El derecho a una buena administración exige que la administración de la Unión ejerza su deber de diligencia, que obliga a la administración a determinar y examinar con rigor e imparcialidad todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes del caso, teniendo en cuenta todos los intereses afectados, en todas las fases del procedimiento. A tal fin, la administración de la Unión debe estar facultada para oír las declaraciones de los interesados, testigos y peritos, solicitar la consulta de documentos y registros y llevar a cabo visitas o inspecciones. A la hora de elegir a los peritos, la administración de la Unión debe garantizar que sean técnicamente competentes y que no se vean afectados por un conflicto de intereses.

(25)

Durante la investigación llevada a cabo por la administración de la Unión los interesados deben tener la obligación de cooperar ayudando a la administración al esclarecimiento de los hechos y circunstancias del caso. Cuando la administración de la Unión solicite la cooperación de los interesados, deberá conceder un plazo razonable para responder y recordar el derecho que les asiste de no declarar contra sí mismos en caso de que el procedimiento administrativo pueda dar lugar a una sanción.

(26)

El derecho a ser tratado con imparcialidad por la administración de la Unión se deriva del derecho fundamental a una buena administración e implica el deber de los miembros del personal de no participar en un procedimiento administrativo en el que tengan, directa o indirectamente, intereses personales –en particular, familiares o financieros– que puedan menoscabar su imparcialidad.

(27)

El derecho a una buena administración podría exigir que, en determinadas circunstancias, la administración lleve a cabo inspecciones cuando ello sea necesario para el ejercicio de un derecho o el logro de un objetivo en aplicación del Derecho de la Unión. Estas inspecciones deben respetar determinadas condiciones y procedimientos para salvaguardar los derechos de los interesados.

(28)

El derecho a ser oído debe respetarse en todos los procedimientos iniciados contra una persona que puedan dar lugar a medidas que le perjudiquen. Este derecho no debe ser excluido o limitado por ninguna medida legislativa. El derecho a ser oído exige que el interesado reciba una exposición precisa y completa de las alegaciones u objeciones formuladas y que se le ofrezca la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la veracidad y procedencia de los hechos y sobre los documentos utilizados.

(29)

El derecho a una buena administración incluye el derecho de un interesado en el procedimiento administrativo a acceder a su propio expediente, que es asimismo un requisito fundamental para ejercer el derecho a ser oído. Cuando la protección de los intereses legítimos de confidencialidad y secreto profesional y empresarial no permita el pleno acceso a un expediente, debe al menos facilitarse al interesado un resumen suficiente del contenido del expediente. Con el fin de facilitar el acceso a los expedientes y garantizar así una gestión transparente de la información, la administración de la Unión debe mantener un registro de los correos entrantes y salientes, de los documentos que reciba y las medidas que adopte, y establecer un índice de los expedientes registrados.

(30)

La administración de la Unión debe adoptar actos administrativos dentro de un plazo razonable. Una administración lenta es una mala administración. Cualquier retraso en la adopción de un acto administrativo debe estar justificado y debe informarse debidamente de ello al interesado en el procedimiento administrativo y proporcionársele una estimación de la fecha prevista de adopción del acto administrativo.

(31)

El derecho a una buena administración impone a la administración de la Unión el deber de motivar claramente sus actos administrativos. La motivación debe indicar los fundamentos de derecho del acto, la situación general que ha conducido a adoptarlo y los objetivos generales que se propone alcanzar. Debe exponer de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad competente que adoptó el acto, de manera que los interesados puedan decidir si desean defender sus derechos interponiendo un recurso judicial.

(32)

De conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva, ni la Unión ni los Estados miembros pueden imposibilitar en la práctica o dificultar en exceso el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión. Antes al contrario, están obligados a garantizar una protección judicial real y efectiva y no pueden aplicar ninguna norma o procedimiento que impida, siquiera temporalmente, la plena fuerza y eficacia del Derecho de la Unión.

(33)

Con el fin de facilitar el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva, la administración de la Unión debe indicar en sus actos administrativos los recursos que están disponibles para los interesados cuyos intereses se ven afectados por dichos actos. Además de la posibilidad de ejercitar una acción judicial o presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, los interesados deben tener derecho a interponer un recurso administrativo y deben recibir información sobre el procedimiento y los plazos para interponer dicho recurso.

(34)

La interposición de recurso administrativo no excluye el derecho del interesado a la tutela judicial. A efectos del plazo para la interponer un recurso judicial, se ha de considerar que un acto administrativo es definitivo cuando el interesado no presenta un recurso administrativo en el plazo señalado o, si el interesado presenta un recurso administrativo, el acto administrativo definitivo es el que pone fin a dicho recurso.

(35)

De conformidad con los principios de transparencia y de seguridad jurídica, los interesados en un procedimiento administrativo deben estar en situación de comprender claramente los derechos y obligaciones que se derivan de un acto administrativo que les esté dirigido. A tal efecto, la administración de la Unión debe asegurarse de que sus actos administrativos estén redactados en un lenguaje claro, sencillo y comprensible, y que surtan efecto a partir de su notificación a los interesados. En el cumplimiento de dicha obligación es necesario que la administración de la Unión haga un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y se adapte a su evolución.

(36)

A efectos de transparencia y eficacia administrativa, la administración de la Unión debe garantizar que las erratas, errores aritméticos o de carácter similar en sus actos administrativos sean subsanados por la autoridad competente.

(37)

El principio de legalidad, inherente al Estado de Derecho, impone a la administración de la Unión el deber de rectificar o revocar aquellos actos administrativos que no sean legales. Sin embargo, teniendo en cuenta que toda rectificación o revocación de un acto administrativo puede entrar en conflicto con la protección de las expectativas legítimas y el principio de seguridad jurídica, la administración de la Unión debe valorar rigurosa e imparcialmente los efectos de la rectificación o revocación en terceros e incluir las conclusiones de dicha valoración en la motivación del acto de rectificación o revocación.

(38)

Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a dirigirse a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y a recibir una respuesta en esa misma lengua. La administración de la Unión debe respetar los derechos lingüísticos de los interesados garantizando que el procedimiento administrativo se efectúe en una de las lenguas de los Tratados elegida por el interesado. En el caso de un procedimiento administrativo iniciado por la administración de la Unión, la primera notificación deberá redactarse en una de las lenguas de los Tratados correspondiente al Estado miembro en que se sitúe el interesado.

(39)

El principio de transparencia y el derecho de acceso a documentos revisten especial importancia en el procedimiento administrativo sin perjuicio de los actos legislativos adoptados en virtud del artículo 15, apartado 3, del TFUE. Toda limitación de esos principios debe interpretarse de forma restrictiva para cumplir los criterios establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta y, por tanto, debe ser establecida por ley, y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y estar sujeta al principio de proporcionalidad.

(40)

El derecho a la protección de los datos de carácter personal implica que, sin perjuicio de los actos legislativos adoptados en virtud del artículo 16 del TFUE, los datos utilizados por la administración de la Unión deben ser exactos, estar actualizados y haberse registrado legalmente.

(41)

El principio de protección de las expectativas legítimas se deriva del Estado de Derecho e implica que las intervenciones de los organismos públicos no deben interferir con los derechos adquiridos y situaciones jurídicas establecidas, salvo que ello resulte imperativo para el interés público. Cuando se rectifica o revoca un acto administrativo deben tenerse debidamente en cuenta las expectativas legítimas.

(42)

El principio de seguridad jurídica exige que las normas de la Unión sean claras y precisas. Este principio tiene por objeto garantizar que las situaciones y relaciones jurídicas reguladas por el Derecho de la Unión sean previsibles y que los particulares puedan conocer de manera inequívoca sus derechos y obligaciones y actuar en consecuencia. De conformidad con el principio de seguridad jurídica, no deben adoptarse medidas de carácter retroactivo salvo en circunstancias justificadas conforme a Derecho.

(43)

Con objeto de garantizar la coherencia general de las actuaciones administrativas de la Unión, los actos administrativos de alcance general deben ajustarse a los principios de una buena administración contemplados en el presente Reglamento.

(44)

En la interpretación del presente Reglamento deben tenerse especialmente en cuenta la igualdad de trato y la no discriminación, que son de aplicación a las actuaciones administrativas como corolario del Estado de Derecho y los principios de una administración europea eficaz e independiente;

a)

procedimientos legislativos;

b)

procesos judiciales;

c)

procedimientos conducentes a la adopción de actos no legislativos directamente basados en los Tratados, actos delegados o actos de ejecución.

a)

«administración de la Unión», la administración de las instituciones, órganos y organismos de la Unión;

b)

«actuaciones administrativas», la actividad de la administración de la Unión para aplicar el Derecho de la Unión, con la excepción de los procedimientos mencionados en el artículo 2, apartado 2;

c)

«procedimiento administrativo», el cauce por el cual la administración de la Unión elabora, adopta, aplica y hace cumplir los actos administrativos;

d)

«miembro del personal», el funcionario contemplado en el artículo 1 bis del Estatuto y el agente al que se refieren los guiones primero a tercero del artículo 1 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea;

e)

«autoridad competente», la institución, el órgano o el organismo o el servicio que forme parte de los anteriores o el titular de una puesto en el seno de la administración de la Unión que, en virtud del Derecho aplicable, sea responsable del procedimiento administrativo;

f)

«interesado», cualquier persona física o jurídica cuya situación jurídica pueda verse afectada por el resultado de un procedimiento administrativo.

a)

un número de referencia y una fecha;

b)

el objeto y la finalidad del procedimiento;

c)

la descripción de las principales fases del procedimiento;

d)

el nombre y apellidos y los datos de contacto del miembro del personal responsable;

e)

la autoridad competente;

f)

el plazo para la adopción del acto administrativo y las consecuencias de que no se adopte un acto administrativo dentro del plazo señalado;

g)

las vías de recurso disponibles;

h)

la dirección del sitio web a que se refiere el artículo 28, cuando dicho sitio exista.

a)

un número de referencia y una fecha;

b)

la fecha de recepción de la solicitud;

c)

una descripción de las principales fases del procedimiento;

d)

el nombre y apellidos y los datos de contacto del miembro del personal responsable;

e)

el plazo para la adopción del acto administrativo y las consecuencias de que no se adopte un acto administrativo dentro del plazo señalado;

f)

la dirección del sitio web a que se refiere el artículo 28, cuando dicho sitio exista.

a)

derecho a recibir toda la información pertinente relacionada con el procedimiento, de forma clara y comprensible;

b)

derecho a comunicar y completar, cuando sea posible y adecuado, todos los trámites del procedimiento a distancia y por medios electrónicos;

c)

derecho a utilizar cualquiera de las lenguas de los Tratados y a que se dirijan a ellos en la lengua de los Tratados que elijan;

d)

derecho a ser informados de todas las fases del procedimiento y de las decisiones que les puedan afectar;

e)

derecho a ser representados por un abogado u otra persona de su elección;

f)

derecho a abonar solamente las cantidades que sean razonables y proporcionadas al coste del procedimiento en cuestión.

a)

oír las declaraciones de los interesados, testigos y peritos,

b)

solicitar la presentación de documentos y registros,

c)

efectuar visitas e inspecciones.

a)

la notificación de la decisión de iniciar el procedimiento administrativo, en el caso de que lo haya iniciado la administración de la Unión, o bien

b)

el acuse de recibo de la solicitud en el caso de que el procedimiento administrativo se haya iniciado mediante solicitud.

a)

un enlace a la legislación aplicable,

b)

una breve explicación de los principales requisitos legales y su interpretación administrativa,

c)

una descripción de las principales fases del procedimiento,

d)

la indicación de la autoridad competente para adoptar el acto definitivo,

e)

la indicación del plazo para la adopción del acto,

f)

la indicación de los recursos disponibles,

g)

un enlace a formularios normalizados que puedan ser utilizados por los interesados en sus comunicaciones con la administración de la Unión en el marco del procedimiento.