6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/10

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Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y el documento final aprobado el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General, titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y, en particular, el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se enumeran en dicho documento, a saber, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (1),

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Visto el Acuerdo de París alcanzado por las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobado el 12 de diciembre de 2015 (2),

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Visto el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), adoptado por la Unión Africana (UA) en 2002 (3),

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Vista la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana celebrada en Maputo (Mozambique) 2003, en la que los Gobiernos de la Unión Africana acordaron invertir más del 10 % de sus presupuestos nacionales totales en el sector agrícola (4),

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Vista la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana de julio de 2012, en la que el año 2014 fue proclamado «Año de la Agricultura y la Seguridad Alimentaria en África» (5) para conmemorar el décimo aniversario de la adopción del CAADP,

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Vista la Declaración sobre la aceleración del crecimiento agrícola y la transformación en aras de la prosperidad compartida y la mejora de los medios de vida, aprobada el 27 de junio de 2014 por la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana celebrada en Malabo (Guinea Ecuatorial), en la que los Gobiernos de la UA se comprometieron de nuevo a destinar al menos el 10 % del gasto público a la agricultura (6),

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Vista la Iniciativa de L'Aquila sobre la Seguridad Alimentaria, lanzada por el G-8 en 2009 (7),

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Vistos el Marco y las Directrices sobre política del suelo en África adoptado por la Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Suelo y Ganadería que se celebró en abril de 2009 en Adís Abeba (Etiopía) (8), así como la Declaración sobre los problemas y retos relacionados con el suelo en África (9) adoptada por los Jefes de Estado de la Unión Africana en la Cumbre celebrada en Sirte (Libia) en julio de 2009, en la que se solicita la aplicación efectiva de dicho marco y directrices,

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Vistos los Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África, adoptados en la Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura de la Unión Africana celebrada en Adís Abeba los días 1 y 2 de mayo de 2014 (10),

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Vista la Declaración de mayo de 2013 de diversas organizaciones de la sociedad civil africana titulada «Modernising African agriculture — Who benefits?» (¿A quién beneficia la modernización de la agricultura africana?) (11),

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Vista la Declaración de Yimini, de 13 de marzo de 2014, de las organizaciones de pequeños agricultores del África Occidental (12),

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Vistas las Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de 2004 (13),

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Visto el informe de 2009 de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) titulado «Agriculture at a crossroads» (La agricultura en una encruzijada), de 2009 (14),

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 (15),

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Vista la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979 (16),

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Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1987 (17),

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Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007 (18),

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Vistos los Principios básicos y directrices de las Naciones Unidas sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, de 2007 (19),

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Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (20), así como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en 2011 (21),

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Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 2011 (22),

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Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (VGGT), de 2012 (23),

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Visto el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (Convenio UPOV), de 1991 (24),

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Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFG), de 2001 (25),

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Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización de 2010 (26),

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Vista la Ley modelo africana sobre la seguridad de la biotecnología (27),

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Vista la Resolución sobre la legislación en materia de propiedad de la tierra con miras a la soberanía alimentaria, aprobada por la Asamblea Parlamentaria de La Francofonía el 12 de julio de 2012 (28),

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Vista la Resolución sobre el impacto social y medioambiental del pastoreo en los países ACP, aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en Adís Abeba el 27 de noviembre de 2013 (29),

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Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (30), aprobada el 31 de marzo de 2010, y las Conclusiones del Consejo sobre el marco estratégico, adoptadas el 10 de mayo de 2010 (31),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre seguridad alimentaria y nutricional (32),

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Visto el Plan de Acción de la Comisión sobre nutrición, de julio de 2014 (33),

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Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria (34),

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Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre la resiliencia y la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo (35),

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la función de los derechos de propiedad, el régimen de la propiedad y la creación de riqueza para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo (36),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, en particular la cuestión relativa al acaparamiento de tierras (37),

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Vista la Declaración de la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua, emitida en el Foro Social Mundial celebrado en Túnez en marzo de 2015 (38);

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Vista su Resolución, de 30 de abril de 2015, titulada «La Expo de Milán 2015: Alimentar el planeta, energía para la vida» (39);

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Vistas la demanda de la sociedad civil africana en relación con la inclusión de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en la agenda de la presidencia alemana del G7 en junio de 2015 (40);

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Vista la «Carta de Milán» (41), presentada en la Expo 2015 bajo el epígrafe «Alimentar el planeta — Energía para la vida», firmada por más de un millón de jefes de Estado, gobiernos y ciudadanos, que pide a todos los ciudadanos, asociaciones, empresas e instituciones nacionales e internacionales que asuman su responsabilidad a la hora de garantizar a las generaciones futuras el derecho a la alimentación, y que incluye compromisos vinculantes para garantizar un derecho a la alimentación efectivo en el mundo,

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Visto que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas es el foro adecuado para un acuerdo de orientación normativa sobre esta cuestión a nivel internacional y es en este foro donde tienen voz todas las partes interesadas,

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Visto el «Milan Urban Food Policy Pact», (Pacto de política alimentaria urbana de Milán) de 15 de octubre de 2015 (42) promovido por el Municipio de Milán y firmado por 113 ciudades del mundo y entregado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que pone de manifiesto el papel básico que desempeñan las ciudades en la elaboración de políticas sobre los alimentos,

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2016, sobre la situación en Etiopía (43),

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Vista la audiencia pública sobre la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (NASAN) organizada por la Comisión de Desarrollo el 1 de diciembre de 2015 (44),

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Visto el estudio titulado «New Alliance for Food and Nutrition Security in Africa» (Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África), de Olivier de Schutter, encargado por la Comisión de Desarrollo y publicado por la Dirección General de Políticas Exteriores en noviembre de 2015 (45),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0169/2016),

A.

Considerando que la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África (NASAN) tiene por objeto mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, ayudando a 50 millones de personas en el África Subsahariana a salir de la pobreza antes de 2020; y que los países participantes han negociado marcos de cooperación nacionales (MCN) en los que se establecen compromisos para facilitar la inversión privada en el sector de la agricultura en África;

B.

Considerando que la inversión en el sector agrícola a pequeña escala se ha ignorado durante los últimos treinta años en África, mientras que la dependencia de los países de renta baja con respecto a la importación de alimentos creció considerablemente, haciéndolos vulnerables a las variaciones de precios en los mercados internacionales;

C.

Considerando que existe el riesgo de que las colaboraciones público-privadas (CPP) de gran envergadura creen posiciones dominantes para las grandes empresas agrícolas en el sector agrícola africano, lo que conllevaría la exclusión de las empresas locales;

D.

Considerando que las inversiones privadas realizadas en el marco de la NASAN han llegado a más de 8,2 millones de pequeños agricultores y han creado más de 21 000 puestos de trabajo, de los cuales más de la mitad para mujeres;

E.

Considerando que la crisis alimentaria de 2008 generó el reconocimiento universal de la necesidad de apoyar la producción alimentaria de pequeños agricultores para los mercados internos;

F.

Considerando que la puesta en marcha de programas de ajuste estructural a principios de la década de 1980 contribuyó al desarrollo de una agricultura orientada a la exportación, donde se dio prioridad a la producción de cultivos comerciales para los mercados mundiales; que esta opción favoreció modelos de producción a gran escala, con un grado elevado de capitalización y mecanización, mientras que, en comparación, la agricultura a pequeña escala se dejó de lado;

G.

Considerando que los mercados internacionales serán más volátiles en el futuro; que los países no deberían asumir el riesgo de depender demasiado de las importaciones sino invertir principalmente en la producción interna de alimentos para crear resistencia;

H.

Considerando que las explotaciones familiares y los pequeños agricultores deben constituir el núcleo de la NASAN;

I.

Considerando que la seguridad alimentaria en los países en vías de desarrollo depende, en gran parte, del uso sostenible de los recursos naturales;

J.

Considerando que los denominados «polos de crecimiento» tienen por objeto atraer a inversores internacionales proporcionando tierras a grandes empresas privadas y que esto no debe hacerse en detrimento de las explotaciones familiares;

K.

Considerando que los acuerdos sobre la NASAN no incluyen ningún indicador concreto sobre hambre y malnutrición;

L.

Considerando que las explotaciones agrícolas familiares y los pequeños agricultores han demostrado su capacidad para ofrecer productos diversificados y aumentar la producción de alimentos de manera sostenible mediante prácticas agroecológicas;

M.

Considerando que los monocultivos incrementan la dependencia de abonos y plaguicidas químicos, provocan una degradación masiva del suelo y contribuyen al cambio climático;

N.

Considerando que la agricultura representa como mínimo el 14 % de las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero, debidas principalmente al uso de abonos nitrogenados;

O.

Considerando que existen diversas formas de tenencia de la tierra (consuetudinaria, pública y privada), pero que la NASAN hace referencia casi exclusivamente a la titularización de tierras a la hora de abordar la cuestión de los derechos de tenencia;

P.

Considerando que en 2050 el 70 % de la población del planeta vivirá en grandes ciudades y que la cuestión de la alimentación requerirá cada vez más una respuesta a escala global y local;

Q.

Considerando que la titularización de tierras no es la única garantía de protección frente a expropiaciones y reasentamientos;

R.

Considerando que el género es una dimensión muy importante de la inversión en agricultura en África; y que las mujeres han sido objeto de discriminación desde hace mucho tiempo en lo que se refiere al acceso a una serie de recursos productivos, entre ellos la tierra, el crédito, los insumos y los servicios;

S.

Considerando que, hasta hace poco, el apoyo prestado a la agricultura se ha concentrado en cultivos para exportación administrados por hombres, dejando a las mujeres en gran medida a cargo de la producción de alimentos para el sustento de la familia;

T.

Considerando que la FAO calcula que se ha perdido cerca del 75 % de la diversidad fitogenética a nivel mundial; y que la erosión genética a gran escala aumenta nuestra vulnerabilidad al cambio climático y a la aparición de nuevas plagas y enfermedades;

U.

Considerando que el control, la propiedad y la asequibilidad de las semillas son esenciales para la resistencia de la seguridad alimentaria de los agricultores pobres;

V.

Considerando que debe protegerse el derecho de los agricultores a multiplicar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas;

W.

Considerando que la mejora de las carencias nutricionales en África es fundamental para la agenda de desarrollo sostenible; y que la nutrición deficiente se deriva de una serie de procesos en interacción que vinculan la atención sanitaria, la educación, el saneamiento y la higiene, el acceso a los recursos, la emancipación de la mujer y otros;

X.

Considerando que los compromisos asumidos en los MCN sobre reformas normativas en el sector de las semillas tienen por objeto reforzar los derechos de los obtentores a costa de los actuales sistemas de semillas de los agricultores, de los que siguen dependiendo en gran medida los agricultores más pobres;

1.

Observa que varios MCN se centran en el desarrollo de zonas económicas especiales con el fin de sacar el mayor provecho posible de las inversiones a través de iniciativas que van desde infraestructuras viarias o energéticas hasta regímenes fiscales, aduaneros o de tenencia de la tierra; hace hincapié, asimismo, en la necesidad de mejorar el acceso al agua y garantizar que se le preste atención, aumentando la educación sobre nutrición y compartiendo estrategias de mejores prácticas;

2.

Observa que las políticas de inversión agrícola se centran en su mayoría en adquisiciones de tierras a gran escala y en una agricultura orientada a la exportación que rara vez guarda relación con las economías locales; observa que el desarrollo del riego extensivo en las zonas de inversión geográfica seleccionadas de la NASAN puede reducir la disponibilidad de agua para otros usuarios, como los pequeños agricultores o los pastores; pone de relieve que, en este contexto, la capacidad de CPP de gran envergadura para contribuir a la reducción de la pobreza y a la seguridad alimentaria de evaluarse desde un punto de vista crítico y mejorarse; subraya que las políticas de inversión agrícola deberían estar conectadas y apoyar el desarrollo de la economía local, incluidos los pequeños agricultores y las explotaciones agrícolas familiares; recuerda que las Directrices sobre tenencia de la FAO recomiendan asegurar el acceso a la tierra para que las familias puedan producir alimentos para consumo en los hogares y aumentar los ingresos de los hogares; hace hincapié en la necesidad de basar en estas directrices la inversión en tierras a gran escala en África, garantizando el acceso de los pequeños agricultores y las comunidades locales a la tierra, promoviendo la inversión en pymes locales y garantizando que las CPP contribuyan a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza y la desigualdad;

3.

Denuncia que el procedimiento de toma de decisiones en el marco de la cooperación no haya contado con la participación de todas las partes interesadas, sino que ha excluido, entre otros, a las comunidades rurales, los trabajadores agrícolas, los pequeños agricultores, los pescadores y los pueblos indígenas, desdeñando su derecho de participación;

4.

Lamenta que no se consultase a las OSC africanas en relación con la puesta en marcha de la NASAN; hace hincapié en que la participación de los grupos que carecen de seguridad alimentaria en las políticas que les afectan debería convertirse en la piedra angular de todas las políticas de seguridad alimentaria;

5.

Recuerda que la NASAN se ha comprometido a promover un crecimiento integrador, basado en la agricultura y que apoya la agricultura a pequeña escala y ayuda a reducir la pobreza, el hambre y la desnutrición; insiste, en este contexto, en que la NASAN debe limitar, en la medida de lo posible, el uso de abonos químicos y pesticidas debido a sus repercusiones sanitarias y ecológicas en las comunidades locales, como la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo;

6.

Critica la suposición de que la inversión empresarial en agricultura mejora automáticamente la seguridad alimentaria y nutricional y reduce la pobreza;

7.

Toma nota del informe de 2011 del G-20, que subraya que las inversiones realizadas con fines fiscales pueden resultar transitorias; recuerda que numerosos estudios sobre las motivaciones de los inversores han mostrado que los incentivos fiscales especiales tienen un impacto neutro o negativo en sus decisiones sobre las inversiones (46);

8.

Observa que los incentivos fiscales, incluida la exención del impuesto de sociedades en zonas económicas especiales, están privando a los Estados africanos de ingresos fiscales que podrían haber dado lugar a inversiones públicas vitales en la agricultura, en particular en programas de seguridad alimentaria y nutrición (47);

9.

Pide a los gobiernos y a los donantes que suspendan o revisen aquellas políticas, proyectos y consultas que alienten directamente o faciliten el acaparamiento de tierras a través de proyectos e inversiones claramente injustos, o que incentiven de forma indirecta el aumento de la presión sobre la tierra y los recursos naturales, lo que puede dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos; pide que se sustituyan por políticas que protejan a los pequeños productores y den prioridad a las necesidades de estos, en especial de las mujeres, y al uso sostenible del suelo;

10.

Advierte de que no se debe reproducir en África el modelo de la «revolución verde» asiática de la década de los 60 ni ignorar sus negativas repercusiones sociales y ambientales; recuerda que entre los ODS figura el objetivo de promover la agricultura sostenible, que deberá haberse alcanzado en 2030;

11.

Observa con preocupación que la NASAN promueve en Malawi la expansión de la producción de tabaco en lugar de apoyar medios de vida alternativos en consonancia con las obligaciones en virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2005 y los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

12.

Insta a los Estados miembros de la Unión a que se esfuercen por transformar la NASAN en una verdadera herramienta para el desarrollo sostenible y en un instrumento de apoyo a la agricultura familiar y las economías locales en el África Subsahariana y a que recuerden que las explotaciones familiares y los pequeños agricultores producen aproximadamente el 80 % de los alimentos mundiales y representan más del 60 % de los puestos de trabajo en la región;

13.

Observa con preocupación que los MCN se refieren solo de manera selectiva a normas internacionales que definen una inversión responsable en agricultura y que no mencionan las Directrices voluntarias de la FAO de 2004 para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional ni las obligaciones de los inversores privados de respetar los derechos humanos;

14.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, en conjunto, son los principales donantes de ayuda al desarrollo, que:

15.

Pide a los países participantes que:

16.

Recuerda el compromiso tomado por las partes de la NASAN que incorporen las Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y pide a las partes de la NASAN que se comprometan a aplicar las normas internacionales por las que se define la inversión responsable en la agricultura, y que respeten los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales;

17.

Insiste en que la NASAN refuerce la buena gobernanza de los recursos naturales, al mismo tiempo que se garantiza el acceso de la población a sus propios recursos y se protegen sus derechos en el marco de los contratos sobre las transacciones relativas a los recursos naturales;

18.

Pide a la Unión que, de acuerdo con las Naciones Unidas, promueva la adopción vinculante, por parte de todos los Estados, de la «Carta de Milán» y los compromisos en ella recogidos;

19.

Recuerda la importancia de la regulación hidrológica y la lucha contra el cambio climático en favor de la agricultura sostenible; pide a todos los socios de la NASAN que se centren en mejorar el acceso al agua y a las técnicas de riego y en reforzar la protección del entorno y el suelo;

20.

Pide a la Unión que, de acuerdo con las Naciones Unidas, promueva la adopción y la difusión del «Milan Urban Food Policy Pact»;

21.

Pide a los países participantes que se comprometan a aplicar las normas internacionales que regulan la inversión mediante un enfoque basado en los derechos humanos incorporando el Marco y Directrices de la Unión Africana sobre política del suelo en África y sus Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África;

22.

Pide que se publiquen íntegramente todas las declaraciones de intenciones contenidas en los MCN; destaca la necesidad de contar con marcos institucionales y jurídicos sólidos para garantizar un reparto justo de riesgos y beneficios; hace hincapié en que la participación activa de la sociedad civil en la NASAN es crucial para reforzar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos; recuerda que se deben incentivar el diálogo y la consulta con el conjunto de grupos de la sociedad civil;

23.

Lamenta que el único indicador común de los diez marcos de cooperación de la NASAN es el índice «Hacer negocios» del Banco Mundial;

24.

Insiste en que las empresas privadas que participen en iniciativas de desarrollo multilaterales deben rendir cuentas de sus acciones; pide a las partes de la NASAN que, a este fin, redacten un informe anual sobre las acciones tomadas en el marco de la NASAN y que hagan públicos dichos informes y garanticen su acceso a la población y las comunidades locales, así como que establezca un mecanismo independiente de rendición de cuentas que incluya un mecanismo de recurso para la población y las comunidades locales; pone de relieve, por otra parte, que las inversiones en el marco de la Nueva Alianza en lo tocante a los derechos sobre la tierra deben someterse a una evaluación de impacto ex ante en lo referente a los derechos sobre la tierra y deben ser compatibles con las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques;

25.

Observa que las multinacionales que operan en el marco de la NASAN favorecen la agricultura por contrato a gran escala, con lo que se corre el riesgo de marginar a los pequeños productores; pide a los diez Estados africanos que participan en la NASAN que velen por que la agricultura por contrato beneficie tanto a compradores como a proveedores locales; considera esencial, para ello, por ejemplo, reforzar entre otras cosas las organizaciones de agricultores a fin de mejorar la posición de negociación de estos últimos;

26.

Destaca que el sector privado ya está generando el 90 % del empleo en los países socios y que el potencial de participación de este sector es innegable, puesto que las empresas privadas se encuentran en una posición ideal para ofrecer una base sostenible para movilizar recursos internos, lo que conforma la base de cualquier programa de ayuda; subraya la importancia de un marco normativo transparente que establezca claramente los derechos y las obligaciones de todos los actores, incluidos los agricultores pobres y los grupos vulnerables, ya que, en ausencia de un marco de este tipo, no pueden protegerse con éxito dichos derechos;

27.

Pide que se revisen los MCN de manera que se puedan atajar realmente los riesgos que conllevan la agricultura contractual y los sistemas de producción por contrato para los pequeños productores mediante disposiciones contractuales justas, incluidos acuerdos sobre los precios, el respeto de los derechos de la mujer, el apoyo a la agricultura sostenible y mecanismos adecuados de solución de diferencias;

28.

Advierte de que el hecho de centrarse exclusivamente en la titularización de tierras genera con frecuencia inseguridad para los pequeños productores de alimentos y para los pueblos indígenas, y en particular las mujeres, a quienes no se reconocen legalmente sus derechos sobre la tierra y que están expuestos a transacciones de tierras injustas y expropiaciones no consentidas, o bien a no obtener una compensación justa;

29.

Destaca la necesidad de que los pequeños productores de alimentos asuman puestos de liderazgo, permitiendo que sus propias organizaciones independientes los apoyen a la hora de controlar sus tierras, recursos naturales y programas;

30.

Observa con preocupación que los inversores y las élites locales involucrados en transacciones de tierras suelen describir las zonas en el punto de mira como «vacías», «improductivas» o «infrautilizadas», a pesar de que muy pocas tierras de África son verdaderos eriales, debido, por ejemplo, a la hegemonía de las actividades de pastoreo;

31.

Destaca que 1 200 millones de personas siguen viviendo sin acceso permanente a la tierra u ocupan propiedades para las que no han presentado una reclamación formal ni cuentan con títulos legales, mediciones que delimiten sus tierras ni medios jurídicos o financieros para convertir las propiedades en capital;

32.

Celebra que en todos los MCN se hayan incluido las VGGT de 2012; pide que en el proceso de revisión de los MCN se apliquen realmente esas Directrices y el marco de los ODS y se evalúe sistemáticamente su cumplimiento;

33.

Insiste en que la NASAN se centre en la lucha contra el acaparamiento de tierras que viola los derechos humanos, ya que priva a las comunidades locales de los terrenos de los cuales dependen para producir sus alimentos y alimentar a sus familias; recuerda que en varios países en desarrollo el acaparamiento de tierras ha causado el exilio de la población, lo cual les ha privado de su alojamiento, su trabajo y sus medios para subsistir;

34.

Pide a los países participantes que:

35.

Recuerda, asimismo, que los derechos de los usuarios derivados de la tenencia consuetudinaria deben reconocerse y protegerse mediante un sistema jurídico en consonancia con las disposiciones y las sentencias de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

36.

Pide que la NASAN se someta a una evaluación de impacto ex ante en lo tocante a los derechos sobre la tierra y que se subordine su aplicación al consentimiento libre, previo e informado de la población local afectada;

37.

Apoya un mecanismo sólido e innovador de control en el marco del CSA; pide a la Unión que construya una posición sólida, en consulta con las organizaciones de la sociedad civil, para contribuir al acto de control mundial durante el 43.o periodo de sesiones del CSA que se celebrará en octubre de 2016, con el fin de garantizar una evaluación completa y exhaustiva del uso y la aplicación de las Directrices sobre la tenencia;

38.

Pide a los Gobiernos de los Estados afectados que se aseguren de que las empresas lleven a cabo un análisis exhaustivo del impacto de sus actividades en los derechos humanos (diligencia debida), realizando y publicando análisis de impacto independientes y ex ante en materia de derechos humanos, sociales y medioambientales, y reforzando y garantizando el acceso a unos mecanismos nacionales de denuncia de violaciones de los derechos humanos que sean independientes, transparentes, fiables y responsables;

39.

Pide a las partes en la NASAN que establezcan mecanismos de reclamación independientes para las comunidades afectadas por la incautación de tierras como consecuencia de proyectos de inversión a gran escala;

40.

Recuerda que la lucha contra la malnutrición exige una vinculación estrecha de los sectores de la agricultura, los alimentos y la salud pública;

41.

Recuerda la necesidad de hacer todo lo posible por lograr una mejor nutrición y seguridad alimentaria y luchar contra el hambre como se indica en el ODS 2; insiste en apoyar mejor el refuerzo de las cooperativas de agricultores, que son clave para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria;

42.

Observa que la estabilidad es mayor y la emigración disminuye allí donde hay seguridad alimentaria basada en suelos vivos y sanos y en ecosistemas agrícolas productivos resistentes al cambio climático;

43.

Destaca que una nutrición de calidad y equilibrada es fundamental, y afirma que la nutrición debe constituir el elemento central de la (re)construcción de los sistemas alimentarios;

44.

Pide, por consiguiente, que se instauren medios para sustituir la excesiva dependencia de alimentos importados por una producción de alimentos nacional resistente que conceda la prioridad a los productos locales que cubran las necesidades nutricionales; señala que esto es cada vez más importante, habida cuenta de la creciente volatilidad del clima y de los mercados;

45.

Recuerda que la ingesta calórica no puede utilizarse por sí sola como indicador del estado nutricional;

46.

Hace hincapié en la necesidad de estrategias para reducir al mínimo el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria;

47.

Subraya la necesidad de proteger la biodiversidad agrícola; pide a los Estados miembros de la Unión que inviertan en prácticas de explotación agrícola agroecológicas en los países en desarrollo, en consonancia con las conclusiones de la IAASTD, las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación y los ODS;

48.

Apoya la elaboración de políticas que den lugar a una agricultura familiar sostenible y alienta a los Gobiernos a crear un entorno propicio (políticas favorables, legislación adecuada, planificación participativa del diálogo político, inversión) para el desarrollo de la agricultura familiar;

49.

Pide a los Gobiernos africanos que:

50.

Destaca que la NASAN debe conducir al establecimiento de una estructura agraria adaptada a nivel regional en las fases inicial y de transformación;

51.

Pide a los Gobiernos africanos que apoyen la solidaridad entre generaciones, al mismo tiempo que reconocen su papel esencial en el marco de la lucha contra la pobreza;

52.

Destaca la importancia de promover programas de educación sobre nutrición en los colegios y en las comunidades locales;

53.

Destaca que el derecho al agua es complementario al derecho a los alimentos y que la Resolución de las Naciones Unidas de 2010 todavía no ha conducido a una acción decisiva con vistas a definir el derecho al agua como un derecho humanos; pide a la Unión que examine la propuesta de un Protocolo opcional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales formulada por el Comité italiano promotor del Contrato Mundial del Agua (CICMA);

54.

Reconoce la importancia fundamental del acceso al agua limpia y potable y las repercusiones que puede tener la agricultura al respecto;

55.

Reconoce la importancia del acceso al agua para las necesidades de la agricultura y los riesgos de una dependencia excesiva de recursos hídricos preciosos para el riego, y, en este contexto, observa la necesidad de reducir las prácticas de riego derrochadoras y subraya el papel que pueden desempeñar las técnicas agronómicas de conservación de agua para impedir la evapotranspiración, retener el agua en un suelo vivo y sano y preservar las fuentes de agua potable libres de contaminación;

56.

Señala que con una gestión del suelo sostenible puede aumentar la producción de alimentos a escala mundial en un 58 % (48);

57.

Toma nota de las sinergias que existen entre los planteamientos basados en los suelos y en los árboles y de la importancia de la adaptación de los ecosistemas agrícolas al cambio climático; destaca especialmente la elevada demanda de leña; observa en especial los múltiples usos de los árboles que fijan el nitrógeno;

58.

Reconoce las necesidades específicas de la agricultura tropical y semiárida, en particular en lo que respecta a los cultivos que necesitan protegerse del sol y a la protección del suelo, y considera que los monocultivos extractivos están obsoletos, así como que se están eliminando gradualmente en los países donantes de la NASAN;

59.

Advierte de nuevo contra la excesiva dependencia de la producción de materias primas agrícolas no alimentarias en lugar de alimentos, en particular materias primas destinadas a la fabricación de biocombustibles, en el marco de iniciativas financiadas por la NASAN, en las que la fabricación de estos productos puede tener consecuencias perjudiciales para la seguridad y la soberanía alimentarias de los países participantes;

60.

Señala que las técnicas agronómicas, que impulsan procesos naturales como la formación de tierra vegetal, la regulación del agua y de las plagas o los ciclos cerrados de nutrientes, pueden garantizar una productividad y una fertilidad a largo plazo con un bajo coste para los agricultores y las administraciones;

61.

Señala que, en los países en desarrollo como los que participan en la NASAN, los productos agroquímicos pueden utilizarse de manera excesiva e inadecuada;

62.

observa que este problema se ve agravado por el analfabetismo y la falta de formación adecuada, y puede conducir a niveles significativamente elevados de residuos de plaguicidas presentes en las frutas y hortalizas, además de envenenamiento y otros efectos para la salud humana de los agricultores y sus familias;

63.

Recuerda que el derecho de los agricultores a producir, intercambiar y vender semillas libremente representa el 90 % de los medios de vida agrícolas en África, y que la diversidad de semillas es fundamental para mejorar la resiliencia de la agricultura frente al cambio climático; destaca que los llamamientos de las empresas para que se refuercen los derechos de los obtentores en consonancia con el Convenio de la UPOV de 1991, no deberían desembocar en la prohibición de esos acuerdos informales;

64.

Señala los peligros que conlleva una desregulación del sector de las semillas en los países participantes, que puede dar lugar a una dependencia excesiva de los pequeños agricultores de las semillas y los productos fitosanitarios fabricados por empresas extranjeras;

65.

Recuerda que las disposiciones sobre ADPIC, que abogan por algún tipo de protección de las variedades vegetales, no obligan a los países en desarrollo a adoptar el régimen de la UPOV; pone de relieve que estas disposiciones, no obstante, permiten a los países desarrollar sistemas sui géneris que se adapten mejor a las características de la producción agrícola de cada país y a los sistemas tradicionales de semillas basados en explotaciones, mientras que los países menos desarrollados que son parte en la OMC quedan exentos de cumplir estas disposiciones del acuerdo ADPIC; destaca que los sistemas sui géneris deben apoyar y no ir en contra de los objetivos y las obligaciones en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya y el TIRFG;

66.

Lamenta el llamamiento de las empresas de armonizar las leyes relativas a las semillas sobre la base de los principios de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) en el contexto africano a través de instituciones regionales, lo que impedirá el desarrollo y el crecimiento de sistemas de semillas de agricultores a escala nacional y regional, puesto que estos sistemas normalmente no producen y guardan semillas que cumplan los criterios DHE;

67.

Insta a los Estados miembros del G7 a apoyar los sistemas de semillas gestionados por agricultores a través de bancos de semillas comunitarios;

68.

Recuerda que, aunque las variedades de semillas comerciales pueden mejorar el rendimiento a corto plazo, las variedades, las razas autóctonas y los conocimientos tradicionales de los agricultores son los más adecuados para la adaptación a los entornos agroecológicos específicos y el cambio climático; subraya que, además, el mayor rendimiento de las primeras depende del uso de insumos (abonos, plaguicidas, semillas híbridas), que entrañan el riesgo de atrapar a los agricultores en un círculo vicioso de deuda;

69.

Observa con preocupación que la introducción y diseminación de semillas certificadas en África agravan la dependencia de los pequeños agricultores, incrementa la probabilidad de endeudamiento y reduce la diversidad de las semillas;

70.

Apoya las políticas a escala local destinadas a brindar un acceso coherente y sostenible a una dieta diversa y nutritiva, siguiendo el principio de propiedad y subsidiariedad;

71.

Insta a la Comisión a que garantice que los compromisos asumidos por la Unión en materia de derechos de los agricultores en virtud del TIRFG se reflejen en la totalidad de la asistencia técnica y el apoyo financiero destinados a elaborar una política en materia de semillas; pide a la Unión que respalde regímenes de derechos de propiedad intelectual que potencien el desarrollo de variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales y de semillas conservadas por los agricultores;

72.

Insta a los Estados miembros del G-8 a que no apoyen los cultivos de organismos modificados genéticamente en África;

73.

Recuerda que la Ley modelo africana sobre la seguridad de la biotecnología establece criterios estrictos en materia de seguridad de la biotecnología; considera que toda la asistencia que presten los donantes extranjeros para desarrollar la seguridad de la biotecnología a escala nacional y regional debe guiarse por esos criterios;

74.

Insta a los países africanos a que no apliquen regímenes de bioseguridad nacionales o regionales con normas más laxas que las que figuran en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología;

75.

Pide a los países participantes que brinden a los agricultores la posibilidad de evitar la dependencia de los insumos y apoyen los sistemas de semillas de los agricultores para preservar y mejorar la agrobiodiversidad a través del mantenimiento de los bancos de semillas locales públicos, los intercambios y el desarrollo continuo de variedades de semillas locales, previendo, en particular, catálogos de semillas flexibles, de forma que no se excluyan las variedades de los agricultores y se garantice la continuación de la producción tradicional;

76.

Pide a los países participantes que protejan y promuevan el acceso a las semillas y los insumos agrícolas, así como el intercambio de semillas, por parte de los pequeños agricultores, los grupos marginados y las comunidades rurales, y que respeten los acuerdos internacionales en materia de no patentabilidad de seres vivos y procesos biológicos, en especial por lo que respecta a cepas y especies autóctonas;

77.

Destaca el riesgo de mayor marginación de las mujeres en la toma de decisiones, derivado del desarrollo de determinados cultivos comerciales; señala que la formación en agricultura a menudo se dirige a los hombres y tiende a dejar de lado a las mujeres, que, en consecuencia, se ven excluidas de la gestión de las tierras y los cultivos a los que tradicionalmente se han dedicado;

78.

Lamenta que en la mayoría de los MCN no se definan compromisos precisos sobre la presupuestación con perspectiva de género ni el control de los progresos a través de datos desglosados; destaca la necesidad de pasar de compromisos abstractos y generales a otros concretos y precisos en el ámbito del plan de acción nacional para empoderar a las mujeres como titulares de derechos;

79.

Insta a los Gobiernos a que eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres en lo tocante al acceso a la tierra, los sistemas de microcréditos y los servicios, y a que involucren realmente a las mujeres en la concepción y aplicación de las políticas de investigación y desarrollo agrícolas;

80.

Destaca la necesidad de garantizar que la financiación que se otorgue a las empresas del sector privado sea transparente y se divulgue;

81.

Pide a los donantes que adecuen la ayuda oficial al desarrollo (AOD) a los principios de eficacia del desarrollo, que se centren en los resultados de cara a la erradicación de la pobreza, y que fomenten asociaciones incluyentes, la transparencia y la rendición de cuentas;

82.

Pide a los donantes que canalicen su apoyo al desarrollo de la agricultura principalmente a través de fondos de desarrollo nacionales que concedan subvenciones y préstamos a pequeños productores y explotaciones agrícolas familiares;

83.

Insta a los donantes a apoyar la educación, la formación y el asesoramiento técnico de los agricultores;

84.

Pide a los donantes que promuevan la constitución de organizaciones de agricultores de naturaleza profesional y económica y que apoyen la creación de cooperativas de agricultores, que permiten el suministro de medios asequibles de producción y ayuden a los agricultores a transformar y comercializar sus productos de una forma que proteja la rentabilidad de su producción;

85.

Considera que la financiación aportada por los Estados miembros del G-8 a la NASAN es contraria al objetivo de apoyar a las empresas locales, que no pueden competir con empresas multinacionales que ya disfrutan de una posición dominante en el mercado y que se benefician frecuentemente de privilegios comerciales, arancelarios y fiscales;

86.

Recuerda que la ayuda al desarrollo tiene por objeto reducir y a la larga erradicar la pobreza; considera que la AOD debe centrarse en el apoyo directo a la agricultura a pequeña escala;

87.

Destaca la necesidad de reactivar la inversión pública en la agricultura africana, junto con el apoyo a la inversión privada, y de dar prioridad a la inversión en agroecología, con objeto de incrementar de forma sostenible la seguridad alimentaria, así como de reducir la pobreza y el hambre, conservando al mismo tiempo la biodiversidad y respetando las innovaciones y los conocimientos autóctonos;

88.

Destaca que los Estados miembros del G7 deberían garantizar a los países africanos el derecho a proteger su sector agrícola mediante regímenes arancelarios y fiscales que favorezcan la agricultura familiar y a pequeña escala;

89.

Pide a la Unión que aborden todas las deficiencias de la NASAN señaladas anteriormente, que adopte medidas para reforzar la transparencia y la gobernanza, y que vele por que las medidas adoptadas en su marco sean coherentes con los objetivos de la política de desarrollo;

90.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las partes de la NASAN.