10.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 107/61

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El Consejo concedió una ayuda financiera a Portugal, a petición de este último, el 17 de mayo de 2011, mediante la Decisión de Ejecución 2011/344/UE (2). Esa ayuda financiera se concedió en apoyo a un estricto programa de reformas económicas y financieras («el Programa») destinado a restablecer la confianza, propiciar el regreso de la economía a una senda de crecimiento sostenible y preservar la estabilidad financiera de Portugal, la zona del euro y la Unión.

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De conformidad con el artículo 3, apartado 10, de la Decisión de Ejecución 2011/344/UE, la Comisión, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en concertación con el Banco Central Europeo (BCE), procedió a realizar, entre el 4 y el 16 de diciembre de 2013, la décima evaluación de los avances de las autoridades portuguesas en la aplicación de las medidas acordadas en virtud del Programa.

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El crecimiento trimestral real del Producto Interior Bruto (PIB) se mantuvo en valores positivos en el tercer trimestre de 2013 y los indicadores a corto plazo apuntan a la recuperación económica prevista. Sobre una base anual, todavía se prevé que el PIB real disminuya un 1,6 % en 2013, pero que repunte en 2014 y 2015, con un crecimiento del 0,8 % y el 1,5 %, respectivamente. Las perspectivas del mercado de trabajo también han mejorado, pero el desempleo, que sigue siendo alto, debería de alcanzar su nivel máximo (16,8 %) en 2014 y disminuir posteriormente de manera progresiva. Persisten los riesgos de sobreestimación de las perspectivas macroeconómicas, pues la recuperación prevista depende en gran medida de la evolución positiva del comercio y del mercado financiero, que a su vez depende de la coyuntura europea global.

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Hasta noviembre de 2013 el déficit de caja de las administraciones públicas había registrado una mejora del 0,25 % del PIB (excluidos los factores extraordinarios) en comparación con el mismo período del año anterior, al ser más elevado el ritmo de crecimiento de los ingresos que el de los gastos. La aceleración del crecimiento de los ingresos fiscales se debe a la recuperación de la actividad económica en los últimos meses, así como a la mejora de la eficiencia de la administración tributaria, especialmente en la lucha contra el fraude. Por el lado de los gastos, la ejecución del presupuesto está, en general, en consonancia con los objetivos del segundo presupuesto suplementario.

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Es probable que en 2013 se alcance el objetivo de déficit de las administraciones públicas del 5,5 % del PIB (excluidas las recapitalizaciones de los bancos) e incluso cabe la posibilidad que el déficit se sitúe por debajo de ese nivel. Ello se debe a la materialización de diversos riesgos positivos en los últimos meses del año, en paralelo a la disipación de la mayoría de los riesgos negativos. En particular, se espera que la recaudación tributaria supere los objetivos implícitos en el segundo presupuesto suplementario. Además, el rendimiento del régimen extraordinario de regularización puesto en marcha a finales de 2013 para las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos pendientes se situó cerca del 0,3 % del PIB por encima de lo previsto. También se espera que la absorción de los fondos de la Unión mejore las previsiones iniciales. Además, se han mitigado los riesgos negativos de las renegociaciones de las asociaciones de los sectores público y privado. No obstante, persisten algunos riesgos negativos, relacionados en concreto con la posible sobrestimación de la recaudación de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, sin que quepa excluir rebasamientos de partidas concretas de gasto, como los costes de personal, el consumo intermedio y las prestaciones por pensiones.

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El presupuesto del Estado para 2014 y otras disposiciones legislativas conexas son coherentes con el objetivo de un déficit equivalente al 4 % del PIB en 2014. Con el fin de alcanzar ese objetivo se están aplicando medidas de saneamiento de un importe equivalente a aproximadamente el 2,3 % del PIB, las cuales cubren asimismo las presiones presupuestarias y la necesidad de reconstituir la dotación presupuestaria provisional para 2014. Se trata principalmente de medidas de carácter permanente que, en su mayoría, contemplan recortes del gasto.

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La mayor parte del saneamiento en 2014, aproximadamente el 1,8 % del PIB, procede del examen del gasto público realizado a lo largo del pasado año con objeto de mejorar la equidad y la eficiencia en la prestación de las transferencias sociales y los servicios públicos. Las principales medidas de revisión del gasto público se articulan en torno a tres grandes ejes: 1) la limitación del gasto de la masa salarial del sector público, mediante la disminución del empleo público, modificando al mismo tiempo su composición hacia empleos más cualificados, especialmente mediante un programa de recualificación y un plan de bajas voluntarias incentivadas; una mayor convergencia de las normas laborales de los sectores público y privado y la revisión de la escala salarial, así como la racionalización de los complementos salariales; el aumento de las cotizaciones de los beneficiarios a los regímenes públicos especiales de seguridad social, con miras a la autofinanciación de dichos regímenes; 2) la limitación del gasto público en pensiones, dada la necesidad de reevaluar su sostenibilidad en función de la evolución demográfica, sin dejar de proteger las pensiones mínimas, mediante el aumento de la edad legal de jubilación a través de cambios en el factor de sostenibilidad; la recalibración de la «contribución extraordinaria de solidaridad», mediante la reducción del umbral mínimo de aplicación del tipo progresivo y los umbrales de aplicación de los tipos más elevados; la racionalización de las pensiones de supervivencia del régimen de los funcionarios de la Caixa Geral de Aposentações (CGA) y del régimen general de pensiones. la reducción de las pensiones vitalicias de los políticos; 3) ahorros en el consumo intermedio y los programas de gasto en todos los ministerios.

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Del lado de los ingresos, otras medidas permanentes de menor rendimiento, de un importe equivalente al 0,4 % del PIB, mejorarán la eficiencia y la equidad de la actual estructura tributaria y de prestaciones, complementando el paquete de revisión del gasto público con vistas a alcanzar el objetivo de déficit del 4 % del PIB. Además, se aplicarán una serie de medidas excepcionales, de un importe equivalente al 0,2 % del PIB, con las que se obtendrán ingresos superiores a los costes de los pagos anticipados excepcionales derivados de la introducción del sistema de bajas mutuamente acordadas en el sector público.

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La mayor parte de las medidas citadas se adoptaron a través de la Ley presupuestaria de 2014 o mediante la modificación de disposiciones legislativas específicas. Algunas de las medidas de saneamiento presupuestario previstas aún no se han plasmado plenamente en la legislación. Cabe citar, por ejemplo, el endurecimiento de las condiciones de admisibilidad de las pensiones de supervivencia (más allá del cambio de los índices de sustitución en caso de acumulación con otras pensiones); la venta de licencias de juego en línea; la transferencia del fondo de enfermedad de los servicios postales (CTT) a las administraciones públicas y la venta de concesiones portuarias.

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El 1 de enero de 2014 entró en vigor una amplia reforma del impuesto de sociedades, aprobada en el Parlamento en diciembre de 2013, con el objetivo de promover la simplificación y estimular la internacionalización y la competitividad de las empresas portuguesas. Un aspecto clave de la reforma es la reducción, del 25 % al 23 %, del tipo normal del impuesto de sociedades y la introducción de un tipo reducido (17 %) aplicable a los primeros 15 000 EUR de los ingresos imponibles de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además de los recargos existentes, se aplicará un tercer recargo público del 7 % a los beneficios imponibles que excedan de 35 millones EUR. La renovación de los incentivos fiscales, la modificación de la tributación de los dividendos y las plusvalías y del régimen aplicable a los grupos de empresas y los activos intangibles, la introducción de un régimen de exención de las participaciones, la prórroga del período en que puede procederse a la compensación de pérdidas y una limitación adicional de la deducibilidad de los intereses constituyen otras disposiciones clave de la reforma.

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Se prevé que el ratio deuda/PIB llegue a un máximo del 129,5 % en 2013 y descienda a partir de entonces. En comparación con las revisiones octava y novena combinadas, la revisión al alza del perfil de endeudamiento, a pesar de los resultados de la ejecución presupuestaria, mejores de lo esperado, se explica en gran parte por un incremento sustancial del saldo de caja del Tesoro y el aplazamiento hasta 2014 de algunas operaciones de reducción de la deuda a corto plazo por parte del Fondo de Estabilización Financiera de la Seguridad Social. En consecuencia, se prevé que la deuda neta —excluidos los depósitos en efectivo del Instituto de Gestão do Crédito Público IGCP— alcance un máximo de alrededor del 120 % del PIB, ligeramente por debajo del nivel contemplado en la última revisión. La disminución prevista a partir de 2014 de la proporción del PIB que representa el endeudamiento de las administraciones públicas se sustentará en la recuperación económica anticipada, la disminución de los depósitos en efectivo y la realización de las operaciones de efecto reductor de la deuda a corto plazo de la Seguridad Social.

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El proceso de ajuste presupuestario va acompañado de una serie de medidas presupuestarias de carácter estructural encaminadas a reforzar el control del gasto público y mejorar la obtención de ingresos. La amplia reforma de la Ley del marco presupuestario está avanzando en varios ámbitos de gran importancia. Sin embargo, dado el alcance de la reforma y la necesidad de llevar a cabo una amplia consulta con todos los interlocutores pertinentes, está previsto que el proceso se lleve a cabo en dos fases. El nuevo sistema de control de los compromisos está brindando resultados al limitar la acumulación de nuevos atrasos, pero su aplicación debe ser objeto de seguimiento riguroso a fin de garantizar que la financiación disponible cubra los compromisos. Se creará un grupo de trabajo para evaluar y mejorar este proceso. Se están introduciendo reformas en la Administración Pública con vistas a la modernización y racionalización del empleo público y de las entidades del sector público. Prosiguen las reformas encaminadas a implantar un modelo moderno de gestión del riesgo de incumplimiento en la administración tributaria. Recientemente se ha establecido una nueva unidad de evaluación de riesgos que pronto será operativa, centrándose, en primer lugar, en la mejora del cumplimiento de las obligaciones fiscales de determinados grupos de contribuyentes, como los trabajadores por cuenta propia y las grandes fortunas. Otras reformas se han retrasado, como la reducción de las delegaciones locales de la administración tributaria. Aunque la renegociación de las APP ha registrado avances, no fue posible concluirla a finales de 2013. No obstante, se espera un ahorro significativo para 2014 y años posteriores. Las empresas estatales alcanzaron el equilibrio operativo por término medio a finales de 2012 y se han previsto reformas adicionales para que sus resultados no vuelvan a deteriorarse. La privatización ha avanzado notablemente y los ingresos rebasan el objetivo previsto en el marco del programa. Las reformas del sector sanitario están produciendo ahorros significativos y su ejecución se prosigue cumpliendo globalmente los objetivos.

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Sigue avanzando la ejecución de las políticas y reformas en el sector sanitario, generando ahorros gracias al aumento de la eficiencia. El déficit consolidado del sector se ha reducido considerablemente desde 2010. Sin embargo, el volumen de atrasos pendientes, las restricciones presupuestarias y el aumento de los costes de la mano de obra debido al restablecimiento de las 13a y 14a pagas extra han obligado a las autoridades a acelerar las reformas. La existencia de un importante volumen de atrasos está estrechamente (aunque no exclusivamente) relacionada con la financiación deficitaria crónica de los hospitales de titularidad pública con respecto a los servicios prestados en ellos. Las autoridades mantienen su compromiso de aplicar la reforma hospitalaria en curso y modular continuamente el conjunto de medidas relativas a los productos farmacéuticos, la contratación pública centralizada y la atención primaria.

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Los ratios de capital de los bancos han seguido alcanzando confortablemente los niveles para las reservas reglamentarias de capital establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el objetivo del programa por lo que respecta al 10 % de capital básico de clase 1. Esa reserva de capital sigue siendo adecuada en todo el sector si se aplican las nuevas normas de la IV revisión de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV) para evaluar los fondos propios de los bancos. Las nuevas normas de capital son de aplicación desde enero de 2014 y fijan un umbral del 7 % para el ratio capital básico de clase 1. El ratio de préstamos y depósitos de todo el sector es del 120,7 %, y es probable que siga descendiendo hasta finales de 2014. Algunos bancos se sitúan ya por debajo de ese umbral. Se están intensificando constantemente los esfuerzos para diversificar las fuentes de financiación del sector empresarial. Basándose en las recomendaciones de la auditoría externa de 2013 sobe las actuales líneas de crédito respaldadas por el Estado, las autoridades están aplicando las medidas encaminadas a mejorar el rendimiento y la gobernanza de esos instrumentos, en particular las capacidades y prácticas de gestión del riesgo. Ya se ha establecido y es plenamente aplicable el marco jurídico para las nuevas herramientas de reestructuración de la deuda de los hogares, con el que se pretende contribuir a su liquidación no contenciosa. También se está evaluando el impacto de los cambios en la legislación sobre la insolvencia y la recuperación de las sociedades, pues ya están en funcionamiento los nuevos mecanismos de reestructuración y cobro de deudas. Se está completando el conjunto de instrumentos de gestión de crisis. El fondo de resolución de entidades financieras ya está en funcionamiento, se han conferido competencias para intervenir anticipadamente y se ha modificado la normativa sobre recapitalización en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, desde el 1 de agosto de 2013, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera (3). Se está aplicando el plan de mejora de la eficacia y la gobernanza del Sistema Nacional de Garantía para atender mejor las necesidades de financiación de las PYME.

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Se han realizado nuevos avances en la aplicación de reformas estructurales que propician el crecimiento y la competitividad. Las autoridades han adoptado medidas adicionales para reducir el desempleo y aumentar la eficacia del mercado de trabajo, en particular políticas de activación mejoradas y un plan de aplicación de la garantía juvenil. Se está procediendo a revisar la definición de los despidos procedentes en el Código Laboral después que fuese declarada inconstitucional. También se han adoptado otras medidas en el ámbito de la educación, en el que los avances son, en general, satisfactorios.

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El Gobierno ha aprobado una nueva tasa que deberán abonar los operadores del sector energético durante 2014. Ha de ser objeto de rigurosa supervisión para evitar distorsiones en el sistema. Son necesarias más reformas por lo que se refiere a la eliminación del déficit tarifario del sector energético y la sostenibilidad del sistema.

(17)

En el sector de las telecomunicaciones y los servicios postales se han llevado a cabo actuaciones para cumplir las normas de la Unión y apoyar la consecución de los objetivos del programa. La selección de los proveedores del servicio universal y la revisión del contrato actual con el operador tradicional son pasos positivos hacia la plena aplicación de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4). La publicación de la legislación por la que se establece el marco del contrato de concesión con el proveedor nacional de los servicios postales reducirá el actual período de concesión, aumentando así la competencia. Las autoridades siguen firmemente comprometidas a aumentar la sostenibilidad y eficiencia del sector del transporte.

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Está avanzando la legislación sectorial que permitirá alinearlo con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), pero se registran algunos retrasos en la adopción del marco regulador del sector de la construcción, la modificación de los estatutos de los organismos profesionales y las normas internas para adoptar la legislación marco horizontal sobre las corporaciones profesionales de Derecho público. Las autoridades se han comprometido a seguir mejorando el funcionamiento del punto de contacto único.

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La evaluación de la reforma de los arrendamientos urbanos está en curso tras la plena aplicación del nuevo marco jurídico. Las autoridades pretenden redoblar los esfuerzos desplegados en la lucha contra el fraude fiscal en el mercado del alquiler.

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El nuevo marco de las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) avanza y se están modificando los estatutos pertinentes, cuya aprobación no debería demorarse. Se ha retrasado la publicación de un nuevo decreto por el que se establecen las contribuciones de los organismos reguladores para 2014.

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Las reformas del sistema judicial siguen avanzando según lo previsto. Se han realizado avances en la aplicación de la Ley de organización judicial para racionalizar el sistema de juzgados y tribunales, se ha promulgado una Ley que refuerza el organismo de los administradores concursales y agentes de ejecución y se está ultimando un nuevo procedimiento extrajudicial para establecer una clasificación previa al juicio que permita seleccionar los asuntos y resolverlos extrajudicialmente. Las medidas para mejorar la concesión de licencias y reducir la carga administrativa han avanzado con la adopción de disposiciones jurídicas que racionalizan la concesión de licencias en el ámbito del turismo, la industria y la planificación territorial. Se está elaborando legislación sobre licencias comerciales y revisando el régimen jurídico del urbanismo y la construcción.

(22)

A la luz de lo expuesto, procede modificar la Decisión de Ejecución 2011/344/UE.