Prevención del abuso del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales y terrorismo (hasta 2027)

PUNTOS CLAVE

La Directiva se aplica a:

• entidades de crédito;
• entidades financieras;
• empresas y profesiones no financieras, tales como:
  • auditores;
  • contables externos;
  • asesores fiscales;
  • notarios y abogados, en determinadas circunstancias;
  • agentes inmobiliarios cuando actúen como intermediarios en el alquiler de bienes inmuebles cuyo alquiler mensual sea superior a 10 000 euros;
  • comerciantes de bienes (por ejemplo, de metales y piedras preciosas, cuando se efectúen pagos en efectivo por un valor igual o superior a 10 000 euros);
  • comerciantes de arte cuando el valor de una transacción sea igual o superior a 10 000 euros;
  • proveedores de servicios de juegos de azar.

La Directiva:

• refuerza las normas de transparencia en materia de identificación de la identidad de los clientes, en particular, de los titulares reales⁵ de empresas y estructuras jurídicas (fideicomisos);
• exige que la información sobre la titularidad real de las empresas se mantenga en cada Estado miembro en un registro central, como los registros comerciales, los registros de sociedades o un registro público;
• mejora la concienciación y la capacidad de respuesta ante cualquier deficiencia en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: además de las evaluaciones de los riesgos nacionales que los Estados miembros deben realizar, la Comisión Europea también lleva a cabo evaluaciones de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y que están relacionados con las actividades transfronterizas (el primer informe se publicó en junio de 2017);
• facilita una política europea coordinada y orientada a proteger el sistema financiero de la UE que sirva para tratar con los países no pertenecientes a la UE (terceros países) que presentan regímenes nacionales deficientes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: la primera lista de la UE de «terceros países de alto riesgo» se aprobó por un acto delegado de la Comisión en julio de 2016 y desde entonces la lista se ha modificado en varias ocasiones;
• refuerza y mejora la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que son uno de los actores clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: El intercambio sistemático de información entre las UIF deberá realizarse a través de infraestructuras técnicas avanzadas que utilicen FIU.net, una red informática descentralizada que utiliza una sofisticada tecnología de comparación;
• especifica que las transacciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo deben notificarse a las autoridades públicas, por lo general a la UIF;
• exige a aquellos a quienes vaya dirigido que introduzcan:
  • medidas complementarias, como la garantía de una adecuada formación del personal y el establecimiento de políticas y procedimientos preventivos internos adecuados,
  • medidas adicionales de salvaguardia, como medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en situaciones de mayor riesgo, como el comercio con bancos situados fuera de la UE y, más concretamente, cuando se trate con personas físicas o jurídicas establecidas en terceros países identificados por la Comisión como terceros países de alto riesgo;
• prohíbe a los bancos mantener cajas de seguridad anónimas, además de cuentas y libretas de ahorro anónimas;
• incluye medidas para evitar los riesgos vinculados a las tarjetas de prepago y las monedas virtuales, de las formas siguientes:
  • rebajando el umbral de identificación de los titulares de tarjetas de prepago de 250 euros a 150 euros,
  • permitiendo a las UIF obtener información que les permita rastrear la identidad del propietario de la moneda virtual;
• intensifica la cooperación entre UIF al compartir más información;
• otorga a la Autoridad Bancaria Europea (ABE), desde el 1 de enero de 2020, las tareas de prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y de dirección, coordinación y supervisión de los esfuerzos de todos los proveedores de servicios financieros de la UE y las autoridades competentes en este ámbito (véase la síntesis).

Reglamento de modificación (UE) 2023/1113

El Reglamento (UE) 2023/1113 crea un sistema de gestión del intercambio de criptoactivos para garantizar que no se utilicen ilegalmente, como para eludir sanciones o financiar el terrorismo o la guerra. Con el fin de cumplir las normas internacionales sobre transferencias de criptoactivos y garantizar la trazabilidad de estos activos, exige a los proveedores de servicios de criptoactivos que recopilen y, cuando proceda, comuniquen a las autoridades toda información relativa a los emisores y beneficiarios de cualquier transferencia de estos activos que realicen, independientemente de su valor.

El Reglamento (UE) 2023/1113 ha modificado la Directiva (UE) 2015/849 para:

• incluir todas las categorías de proveedores de servicios de criptoactivos tal como se definen en el Reglamento (UE) 2023/1114 en la definición de «entidades financieras» de la Directiva (UE) 2015/849 (artículo 3);
• exigir a los proveedores de servicios de criptoactivos que apliquen medidas de mitigación proporcionales a los riesgos asociados a las transferencias en que intervengan direcciones autoalojadas y que apliquen, cuando proceda, medidas reforzadas de diligencia debida (artículo 19a);
• exigir a los proveedores de servicios de criptoactivos que apliquen medidas adecuadas de atenuación de riesgos cuando establezcan relaciones transfronterizas de corresponsalía que impliquen la ejecución de servicios de criptoactivos con una entidad demandada no establecida en la UE (nuevo artículo 19b);
• permitir a los Estados miembros exigir a los proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en su territorio en formas distintas de una sucursal, y cuya sede social esté situada en otro Estado miembro, que designen un punto de contacto central en su territorio (artículo 45, párrafo 9);
• eliminar los requisitos de registro relativos a aquellas categorías de proveedores de servicios de criptoactivos que pasarán a estar sujetos a un régimen único de licencias en virtud del Reglamento (UE) 2023/1114 (artículo 47, apartado 1); estas modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 también exigen que la Autoridad Bancaria Europea publique directrices sobre una serie de cuestiones, entre ellas:
  • los criterios y elementos que deben tener en cuenta los proveedores de servicios de criptoactivos al evaluar sus relaciones transfronterizas de corresponsalía que impliquen la ejecución de servicios de criptoactivos, así como las medidas de mitigación de riesgos asociadas a las entidades demandadas, incluidas las medidas mínimas que deben adoptar los proveedores de servicios de criptoactivos cuando una entidad demandada no esté registrada o tenga licencia (nuevo artículo 19b),
  • las variables de riesgo y los factores de riesgo que deben tener en cuenta los proveedores de servicios de criptoactivos al entablar relaciones comerciales o realizar transacciones con criptoactivos (artículo 18),
  • medidas que los proveedores de servicios de criptoactivos tienen que establecer para identificar y evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociado a las transferencias de criptoactivos realizadas a una dirección autoalojada⁶ u originadas en ella (nuevo artículo 19a),
  • cómo se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente y las medidas adecuadas de mitigación del riesgo que deben adoptarse cuando las entidades obligadas presten servicios de criptoactivos con entidades no registradas o sin licencia que presten servicios de criptoactivos (nuevo artículo 24a).

Complemento de la Directiva (UE) 2015/849

Un acto delegado, el Reglamento Delegado (UE) 2019/758, establece un conjunto de medidas adicionales, incluidas las medidas mínimas que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo cuando la legislación de un tercer país no permita la aplicación de políticas y procedimientos para todo el grupo a nivel de las sucursales o filiales con participación mayoritaria que formen parte del grupo y que se encuentren establecidas en dicho tercer país.

Derogación

La Directiva (UE) 2015/849 será derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2024/1640 (véase la síntesis) a partir del 9 de julio de 2027.