(1)

El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías está garantizada de acuerdo con los Tratados. Están prohibidas las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, así como todas las medidas de efecto equivalente. Dicha prohibición incluye cualquier medida nacional que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio de mercancías en el interior de la Unión. La libre circulación de mercancías en el mercado interior está garantizada por la armonización a escala de la Unión de normas que establecen unos requisitos comunes para la comercialización de determinadas mercancías o por la aplicación del principio de reconocimiento mutuo tal como lo define el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de las mercancías o los aspectos de las mercancías no abarcados de forma exhaustiva por las normas de armonización de la Unión.

(2)

Un principio de reconocimiento mutuo que funcione correctamente es un complemento esencial para la armonización de normas a escala de la Unión, en especial habida cuenta de que muchas mercancías tienen aspectos armonizados y no armonizados.

(3)

Se pueden crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros si, ante la ausencia de normas de armonización de la Unión que regulen mercancías o determinados aspectos de mercancías, la autoridad competente de un Estado miembro aplica a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro normas nacionales que obliguen a dichas mercancías a cumplir determinados requisitos técnicos, por ejemplo requisitos relativos a la designación, la forma, el tamaño, el peso, la composición, la presentación, el etiquetado o el embalaje. La aplicación de tales normas a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro podría ser contraria a los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluso si se aplican indistintamente a todas las mercancías.

(4)

El principio de reconocimiento mutuo procede de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con arreglo a este principio, los Estados miembros no pueden prohibir la venta en su territorio de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro, ni siquiera cuando tales mercancías han sido producidas de conformidad con normas técnicas diferentes, incluso las mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación. No obstante, el principio de reconocimiento mutuo no es absoluto. Los Estados miembros pueden restringir la comercialización de mercancías que hayan sido comercializadas legalmente en otro Estado miembro, cuando las restricciones estén justificadas por alguna de las razones que figuran en el artículo 36 del TFUE o sobre la base de otras razones imperiosas de interés público, reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la libre circulación de mercancías, y cuando dichas restricciones sean proporcionadas al objetivo perseguido. El presente Reglamento impone la obligación de justificar claramente los motivos de la restricción o denegación de acceso al mercado.

(5)

El concepto de «razones imperiosas de interés público» es un concepto en evolución, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia en relación con los artículos 34 y 36 del TFUE. Cuando existan diferencias legítimas entre Estados miembros, dichas razones imperiosas pueden justificar la aplicación de normas técnicas nacionales por parte de las autoridades competentes. Ahora bien, las decisiones administrativas siempre deben estar debidamente justificadas, ser legítimas, apropiadas y respetar el principio de proporcionalidad, y la autoridad competente tiene que tomar la decisión menos restrictiva posible. Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior de mercancías, las normas técnicas nacionales deben ser idóneas para su propósito y no crear barreras no arancelarias desproporcionadas. Por otro lado, las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro no deben basarse en el mero hecho de que las mercancías objeto de evaluación cumplen el objetivo público legítimo perseguido por el Estado miembro de manera distinta a como lo hacen las mercancías en ese mismo Estado miembro. Con el fin de ayudar a los Estados miembros, la Comisión debe proporcionar orientaciones no vinculantes en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de «razones imperiosas de interés público» y sobre la forma de aplicar el principio de reconocimiento mutuo. Las autoridades competentes deben tener la oportunidad de contribuir a esas orientaciones y de formular observaciones al respecto.

(6)

En sus Conclusiones sobre la política del mercado único, de diciembre de 2013, el Consejo de Competitividad señaló que, a fin de mejorar las condiciones marco para las empresas y los consumidores en el mercado único, debían emplearse adecuadamente todos los instrumentos pertinentes, incluido el reconocimiento mutuo. El Consejo invitó a la Comisión a informar sobre los casos en los que el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo sigue siendo inadecuado o problemático. En sus Conclusiones sobre la política del mercado único, de febrero de 2015, el Consejo de Competitividad instó a la Comisión a tomar medidas para garantizar el funcionamiento efectivo del principio de reconocimiento mutuo y a presentar propuestas al respecto.

(7)

El Reglamento (CE) n.o 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) se adoptó para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo estableciendo procedimientos para minimizar la posibilidad de crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro. Pese a la adopción de dicho Reglamento, todavía persisten muchos problemas en relación con la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. La evaluación realizada entre 2014 y 2016 puso de manifiesto que dicho principio no funciona como debería, y que el Reglamento (CE) n.o 764/2008 ha tenido un efecto limitado en la facilitación de la aplicación de dicho principio. Las herramientas y garantías procedimentales introducidas por dicho Reglamento no han logrado su objetivo de mejorar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, la red de puntos de contacto de productos que creó para proporcionar a los agentes económicos información sobre las normas nacionales aplicables y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo apenas es conocida o utilizada por los agentes económicos. Dentro de esa red, las autoridades nacionales no cooperan lo suficiente. El requisito de notificación de las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado rara vez se cumple. Como consecuencia de ello, persisten los obstáculos a la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

(8)

El Reglamento (CE) n.o 764/2008 presenta algunas deficiencias, por lo que debe revisarse y reforzarse. En aras de la claridad, el Reglamento (CE) n.o 764/2008 debe ser sustituido por el presente Reglamento. El presente Reglamento debe establecer procedimientos claros para garantizar la libre circulación de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y para velar por que la libre circulación solo pueda restringirse cuando los Estados miembros tengan razones legítimas de interés público para ello y la restricción sea justificada y proporcionada. El presente Reglamento también debe garantizar el respeto, por parte de los agentes económicos y las autoridades nacionales, de los derechos y obligaciones existentes que se derivan del principio de reconocimiento mutuo.

(9)

El presente Reglamento no debe ir en detrimento de una mayor armonización de las condiciones de comercialización de las mercancías con miras a mejorar el funcionamiento del mercado interior, cuando proceda.

(10)

Existe también la posibilidad de que los obstáculos al comercio se deriven de otro tipo de medidas comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 34 y 36 del TFUE. Entre dichas medidas pueden figurar, por ejemplo, las especificaciones técnicas establecidas para los procedimientos de contratación pública o las obligaciones de uso de lenguas oficiales en los Estados miembros. No obstante, dichas medidas no deben constituir normas técnicas nacionales en el sentido del presente Reglamento ni deben entrar en el ámbito de aplicación de este.

(11)

A veces, las normas técnicas nacionales cobran efecto en un Estado miembro por medio de un procedimiento de autorización previa que exige que, antes de poder introducir en el mercado una mercancía, se obtenga la aprobación formal de una autoridad competente. La existencia de un procedimiento de autorización previa en sí mismo limita la libre circulación de mercancías. Por tanto, para que dicho procedimiento esté justificado por lo que respecta al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, debe perseguir un objetivo de interés público reconocido por el Derecho de la Unión, y ha de ser proporcionado y no discriminatorio. Para evaluar si el procedimiento es compatible con el Derecho de la Unión, se tiene en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso de una mercancía al mercado únicamente por no contar con una autorización previa válida. No obstante, cuando se presente una solicitud de autorización previa obligatoria para una mercancía, toda decisión administrativa de denegar la solicitud basándose en una norma técnica nacional aplicable en el Estado miembro en cuestión solo debe adoptarse de conformidad con el presente Reglamento, de manera que el solicitante pueda acogerse a la protección procedimental prevista en él. Lo mismo se aplica a una autorización previa voluntaria para una mercancía, si existe.

(12)

Es importante aclarar que entre los tipos de mercancías que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento se encuentran los productos agrícolas. El término «productos agrícolas» abarca también los productos de la pesca, como se establece en el artículo 38, apartado 1, del TFUE. Para ayudar a identificar los tipos de mercancías a los que es aplicable el presente Reglamento, la Comisión debe valorar la viabilidad y los beneficios de seguir desarrollando una lista indicativa de productos para el reconocimiento mutuo.

(13)

Es importante aclarar asimismo que el término «productor» no se refiere solo a los fabricantes de mercancías, sino también a quienes producen mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación, incluidos los productos agrícolas, y a quienes se presentan a sí mismos como productores de mercancías.

(14)

Deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que aprecien la legalidad de los casos en los que, debido a la aplicación de una norma técnica nacional, no se conceda acceso al mercado de un Estado miembro a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que impongan sanciones.

(15)

Para beneficiarse del principio de reconocimiento mutuo, las mercancías deben comercializarse legalmente en otro Estado miembro. Debe aclararse que, para que se considere que una mercancía se comercializa legalmente en otro Estado miembro, esta ha de cumplir las normas pertinentes aplicables en ese Estado miembro y debe estar disponible para los usuarios finales de dicho Estado miembro.

(16)

Para sensibilizar a las autoridades nacionales y los agentes económicos acerca del principio de reconocimiento mutuo, los Estados miembros deben considerar incluir en sus normas técnicas nacionales, «cláusulas de mercado único» claras e inequívocas, con miras a facilitar la aplicación de dicho principio.

(17)

Las pruebas que se exigen para demostrar que las mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro varían significativamente de un Estado miembro a otro. Ello es causa de cargas y retrasos innecesarios y costes adicionales para los agentes económicos e impide a las autoridades nacionales obtener la información necesaria para evaluar las mercancías en el momento oportuno. Esto puede obstaculizar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por tanto, es fundamental que para los agentes económicos resulte más fácil demostrar que sus mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro. Los agentes económicos deben disfrutar de una autodeclaración que proporcione a las autoridades competentes toda la información necesaria sobre las mercancías y su conformidad con las normas aplicables en el otro Estado miembro. El uso de declaraciones voluntarias no debe impedir a las autoridades nacionales tomar decisiones administrativas que restrinjan o denieguen el acceso al mercado, a condición de que tales decisiones sean proporcionadas, justificadas y respeten el principio de reconocimiento mutuo y de que sean conformes con el presente Reglamento.

(18)

El productor, el importador o el distribuidor deben tener la posibilidad de elaborar una declaración de comercialización legal de las mercancías a efectos de reconocimiento mutuo (en lo sucesivo, «declaración de reconocimiento mutuo»). El productor está mejor situado para proporcionar la información en la declaración de reconocimiento mutuo, ya que conoce mejor la mercancía y cuenta con las pruebas necesarias para verificar la información que figura en la declaración de reconocimiento mutuo. El productor debe poder delegar en un representante autorizado la elaboración de dichas declaraciones en nombre y bajo la responsabilidad del productor. Sin embargo, cuando un agente económico solo pueda proporcionar en la declaración información sobre la legalidad de la comercialización de las mercancías, debe ser posible que otro agente económico proporcione información que indique que dichas mercancías se han puesto a disposición de los usuarios finales en el Estado miembro de que se trate, siempre que dicho agente económico se responsabilice de la información que proporcionó en la declaración de reconocimiento mutuo y pueda aportar las pruebas necesarias para verificar dicha información.

(19)

La declaración de reconocimiento mutuo debe contener siempre información exacta y completa sobre las mercancías. Así pues, debe mantenerse actualizada para reflejar los cambios, por ejemplo los cambios en las normas técnicas nacionales.

(20)

Al objeto de garantizar la exhaustividad de la información proporcionada en una declaración de reconocimiento mutuo, debe establecerse una estructura armonizada para el uso de tales declaraciones por parte de los agentes económicos que deseen presentarlas.

(21)

Es importante velar por que la declaración de reconocimiento mutuo se complete de manera verídica y exacta. Por tanto, es necesario hacer recaer sobre los agentes económicos la responsabilidad jurídica de la información proporcionada por ellos en la declaración de reconocimiento mutuo.

(22)

A fin de mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas que operan en el ámbito de las mercancías a las que no se aplique la legislación de armonización de la Unión, debe ser posible disponer de nuevas tecnologías de la información que faciliten la presentación de la declaración de reconocimiento mutuo. Para ello, los agentes económicos deben poder poner su declaración de reconocimiento mutuo a disposición del público en línea, siempre y cuando la declaración de reconocimiento mutuo sea fácilmente accesible y en un formato fiable.

(23)

La Comisión debe garantizar que en el portal digital único se pongan a disposición una plantilla para la declaración de reconocimiento mutuo y las instrucciones para completarla, en todas las lenguas oficiales de la Unión.

(24)

El presente Reglamento también debe aplicarse a las mercancías que solo entran en el ámbito de la legislación de armonización de la Unión parcialmente. Cuando, con arreglo a la legislación de armonización de la Unión, se exija al agente económico que elabore una declaración UE de conformidad para demostrar que cumple dicha legislación, debe permitírsele adjuntar a la declaración UE de conformidad la declaración de reconocimiento mutuo prevista en el presente Reglamento.

(25)

Cuando los agentes económicos decidan no utilizar la declaración de reconocimiento mutuo, debe corresponder a las autoridades competentes del Estado miembro de destino solicitar de manera claramente definida la información específica que consideren necesaria para evaluar las mercancías, respetando el principio de proporcionalidad.

(26)

El agente económico debe contar con un plazo adecuado de presentación de los documentos o cualquier otra información que solicite la autoridad competente del Estado miembro de destino, o de formulación de cualesquiera argumentos u observaciones en relación con la evaluación de las mercancías en cuestión.

(27)

De conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), los Estados miembros deben comunicar a la Comisión y a los demás Estados miembros todo proyecto de reglamento técnico relativo a cualquier producto, incluidos los productos agrícolas y de la pesca, y una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de dicho Reglamento. No obstante, es necesario garantizar que, tras la adopción de ese reglamento técnico nacional, se aplique correctamente el principio de reconocimiento mutuo a mercancías específicas de manera individualizada. El presente Reglamento debe establecer procedimientos para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de manera individualizada, por ejemplo exigiendo a los Estados miembros que indiquen las normas técnicas nacionales en las que se basa la decisión administrativa y las razones legítimas de interés público que justifican la aplicación de esa norma técnica nacional con respecto a una mercancía comercializada legalmente en otro Estado miembro. La proporcionalidad de la norma técnica nacional constituye la base para demostrar la proporcionalidad de la decisión administrativa basada en dicha norma. No obstante, los medios de demostración de la proporcionalidad de la decisión administrativa deben determinarse caso por caso.

(28)

Dado que las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro deben ser una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, es necesario garantizar que tales decisiones cumplan las obligaciones existentes derivadas del principio de reconocimiento mutuo. Conviene establecer, por lo tanto, un procedimiento claro para determinar si dichas mercancías están comercializadas legalmente en ese otro Estado miembro y, en tal caso, si los intereses públicos legítimos amparados por la norma técnica nacional aplicable del Estado miembro de destino están adecuadamente protegidos, conforme al artículo 36 del TFUE y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho procedimiento debe garantizar que cualquier decisión administrativa que se adopte sea proporcionada y respete el principio de reconocimiento mutuo y que sea conforme con el presente Reglamento.

(29)

Cuando una autoridad competente evalúe unas mercancías antes de decidir si debe restringir o denegar su acceso al mercado, no debe poder tomar decisiones por las que se suspenda dicho acceso, salvo cuando sea necesaria una intervención rápida para evitar daños a la seguridad o la salud de las personas o al medio ambiente, o para impedir que las mercancías se comercialicen en los casos en que haya una prohibición general de comercialización de dichas mercancías por razones de moral o seguridad públicas, como, por ejemplo, la prevención de un delito.

(30)

El Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece un sistema de acreditación que garantiza la aceptación mutua del nivel de competencia de los organismos de evaluación de la conformidad. Por tanto, las autoridades competentes de los Estados miembros no deben negarse a aceptar, por razones de falta de competencia, los informes de ensayo elaborados y los certificados expedidos por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado. Por otro lado, para evitar en la medida de lo posible que se dupliquen los ensayos y procedimientos que ya se han realizado en otro Estado miembro, los Estados miembros no deben negarse a aceptar los informes de ensayo elaborados y los certificados expedidos por otros organismos de evaluación de la conformidad con arreglo al Derecho de la Unión. Las autoridades competentes deben tener debidamente en cuenta el contenido de los informes de ensayo o los certificados aportados.

(31)

La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) precisa que solo pueden introducirse en el mercado productos seguros y establece las obligaciones de los productores y los distribuidores con respecto a la seguridad de los productos. Permite a las autoridades competentes prohibir con efecto inmediato todo producto peligroso o prohibirlo temporalmente, durante el período necesario para efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad. Dicha Directiva describe, asimismo, el procedimiento que han de seguir las autoridades competentes para aplicar medidas adecuadas si los productos entrañan riesgos, como las que figuran en su artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y establece también la obligación de los Estados miembros de notificar dichas medidas a la Comisión y a los demás Estados miembros. Por tanto, las autoridades competentes deben poder seguir aplicando dicha Directiva y, en particular, su artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y apartado 3.

(32)

El Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) establece, entre otras cosas, un sistema de alerta rápida destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana que se deriven de alimentos o piensos. Obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión inmediatamente, a través del sistema de alerta rápida, toda medida que adopten para restringir la comercialización de alimentos o piensos, retirarlos del mercado o recuperarlos, con el fin de proteger la salud humana y que exija una acción rápida. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando dicho Reglamento y, en particular, su artículo 50, apartado 3, y su artículo 54.

(33)

El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) establece un marco armonizado de la Unión para la organización de controles oficiales y de otras actividades oficiales, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, teniendo en cuenta las normas sobre controles oficiales establecidas en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y en la legislación sectorial de la Unión pertinente. El Reglamento (UE) 2017/625 establece un procedimiento específico para garantizar que el agente económico ponga remedio a las situaciones de incumplimiento de las normas en materia de alimentos y piensos, y de salud o bienestar de los animales. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando el Reglamento (UE) 2017/625, en particular, su artículo 138.

(34)

El Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) establece un marco armonizado de la Unión para la realización de controles respecto de las obligaciones previstas en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 y precisa que los Estados miembros deben garantizar que los agentes económicos que cumplan tales obligaciones puedan acogerse a un sistema de controles. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, en particular, su artículo 90.

(35)

Toda decisión administrativa adoptada por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento debe especificar las vías de recurso disponibles para los agentes económicos, de manera que estos puedan, con arreglo al Derecho nacional, interponer recurso contra la decisión o ejercitar una acción ante el órgano jurisdiccional nacional competente. Las decisiones administrativas también deben hacer referencia a la posibilidad de que los agentes económicos utilicen la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (SOLVIT) y el procedimiento de resolución de problemas que se establece en el presente Reglamento.

(36)

Para garantizar la aplicación correcta y coherente del principio de reconocimiento mutuo, es esencial contar con soluciones eficaces para los agentes económicos que deseen recurrir a una alternativa propicia para las empresas, con el fin de impugnar decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso al mercado. Con objeto de garantizar tales soluciones y evitar gastos jurídicos, en particular en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), los agentes económicos deben poder recurrir a un procedimiento extrajudicial para la resolución de problemas.

(37)

SOLVIT es un servicio que presta la administración nacional de cada Estado miembro con el fin de encontrar soluciones para los particulares y las empresas cuando las autoridades públicas de otro Estado miembro hayan vulnerado sus derechos. Los principios por los que se rige el funcionamiento de SOLVIT se establecen en la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión (12), según la cual cada Estado miembro debe disponer de un centro SOLVIT con los recursos humanos y financieros adecuados para garantizar que el centro SOLVIT participa en SOLVIT. La Comisión debe dar a conocer mejor la existencia y los beneficios de SOLVIT, especialmente entre las empresas.

(38)

SOLVIT, que es gratuito, es un mecanismo extrajudicial de resolución de problemas eficaz. Opera con plazos cortos y proporciona soluciones prácticas a los particulares y empresas cuando estos tienen dificultades para que las autoridades públicas les reconozcan los derechos que les otorga la Unión. Cuando el agente económico, el centro SOLVIT pertinente y los Estados miembros de que se trate se ponen de acuerdo en la solución apropiada, no deben ser necesarias nuevas medidas.

(39)

Sin embargo, si el enfoque informal de SOLVIT fracasa y persisten dudas acerca de la compatibilidad de la decisión administrativa con el principio de reconocimiento mutuo, deben conferirse competencias a la Comisión para que estudie la cuestión a petición de cualquiera de los centros SOLVIT implicados. Previa evaluación, la Comisión debe emitir un dictamen que se debe comunicar por medio del centro SOLVIT correspondiente al agente económico interesado y a las autoridades competentes, dictamen que debe tenerse en cuenta durante el procedimiento SOLVIT. La intervención de la Comisión debe estar sujeta a un plazo de 45 días hábiles, sin incluir el tiempo necesario para que la Comisión reciba la información y los documentos adicionales que considere necesarios. Si el caso se resuelve en este período, no se debería exigir a la Comisión emitir un dictamen. Tales asuntos SOLVIT deben estar sujetos a un proceso independiente en la base de datos de SOLVIT y no estar incluidos en las estadísticas de SOLVIT ordinarias.

(40)

El dictamen de la Comisión sobre una decisión administrativa por la que se restrinja o deniegue el acceso al mercado solo debe abordar la cuestión de si la decisión administrativa es compatible con el principio de reconocimiento mutuo y con los requisitos del presente Reglamento. Ello sin perjuicio de las facultades de la Comisión con arreglo al artículo 258 del TFUE y de la obligación de los Estados miembros de cumplir el Derecho de la Unión, cuando hagan frente a problemas sistémicos detectados en cuanto a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

(41)

Es importante para el mercado interior de mercancías que las empresas, en particular las pymes, puedan obtener información fiable y específica sobre la normativa vigente en un determinado Estado miembro. Los puntos de contacto de productos deben desempeñar un papel importante para facilitar la comunicación entre autoridades nacionales y agentes económicos, por medio de la difusión de información acerca de las normas sobre productos específicos y sobre el modo de aplicar el principio de reconocimiento mutuo en el territorio del correspondiente Estado miembro. Por tanto, es necesario intensificar el papel de los puntos de contacto de productos como principales proveedores de información sobre todas las normas relacionadas con productos, en especial las normas técnicas nacionales que entran en el ámbito del reconocimiento mutuo.

(42)

Para facilitar la libre circulación de mercancías, los puntos de contacto de productos deben proporcionar, gratuitamente, un nivel razonable de información sobre sus normas técnicas nacionales y sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Los puntos de contacto de productos deben estar equipados adecuadamente y contar con los recursos oportunos. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), deben proporcionar esa información a través de un sitio web y estar sujetos a los criterios de calidad exigidos en dicho Reglamento. Las funciones de los puntos de contacto de productos relacionadas con la comunicación de dicha información, incluidas copias electrónicas de las normas técnicas nacionales o un acceso en línea a ellas, deben ejercerse sin perjuicio de las normas nacionales que regulen la distribución de las normas técnicas nacionales. Además, los puntos de contacto de productos no deben estar obligados a facilitar copias de normas que estén sujetas a derechos de propiedad intelectual de órganos u organizaciones de normalización ni accesos en línea a dichas normas.

(43)

La cooperación entre autoridades competentes es esencial para el buen funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y para crear una cultura del reconocimiento mutuo. Por tanto, los puntos de contacto de productos y las autoridades nacionales competentes deben cooperar e intercambiar información y conocimientos especializados para garantizar una aplicación correcta y coherente tanto del principio de reconocimiento mutuo y del presente Reglamento.

(44)

A efectos de la notificación de las decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso al mercado, de la comunicación entre los puntos de contacto de productos y de la garantía de cooperación administrativa, es necesario proporcionar a los Estados miembros acceso a un sistema de información y comunicación.

(45)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(46)

Cuando, a los fines del presente Reglamento, sea necesario proceder al tratamiento de datos personales, este debe realizarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento estará sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) o al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(47)

Para proporcionar información sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre sus repercusiones en la libre circulación de mercancías, deben establecerse unos mecanismos de seguimiento fiables y eficientes. Estos mecanismos no deben exceder de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(48)

Al objeto de aumentar la concienciación acerca del principio de reconocimiento mutuo y garantizar la aplicación correcta y coherente del presente Reglamento, conviene prever la financiación, por parte de la Unión, de campañas de concienciación, formación, intercambio de funcionarios y otras actividades relacionadas destinadas a reforzar y apoyar la confianza y la cooperación entre autoridades competentes, puntos de contacto de productos y agentes económicos.

(49)

Para poner remedio a la ausencia de datos exactos relacionados con el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, la Unión debe financiar la recogida de tales datos.

(50)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras.

(51)

Conviene retrasar la aplicación del presente Reglamento para dar a las autoridades competentes y a los agentes económicos el tiempo suficiente para adaptarse a lo dispuesto en él.

(52)

La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento a la luz de los objetivos que persigue. Para evaluar el presente Reglamento, la Comisión debe utilizar los datos recogidos sobre el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, así como la información disponible en el sistema de información y comunicación. La Comisión debe poder pedir a los Estados miembros que faciliten información adicional necesaria para su evaluación. Con arreglo al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (17), la evaluación del presente Reglamento, que debe estar basada en la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido, debe proporcionar la base para las evaluaciones de impacto de las opciones relativas a nuevas medidas.

(53)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar la aplicación sencilla, coherente y correcta del principio de reconocimiento mutuo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.