—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y Ucrania, en particular las de 6 de octubre de 2022, sobre la escalada de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania (1), de 19 de mayo de 2022, sobre la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra en Ucrania (2), y de 25 de noviembre de 2021, sobre violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en particular el Grupo Wagner (3),

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Vistos la Carta de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, y el Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949,

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Visto el marco jurídico internacional para la prevención y la lucha contra el terrorismo, incluida la Resolución 2341 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de las infraestructuras críticas frente a atentados terroristas, adoptada el 13 de febrero de 2017,

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Vistos el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 27 de enero de 1977, y los convenios internacionales posteriores,

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Visto el marco jurídico de la Unión contra el terrorismo, en particular la Posición Común 2001/931/PESC, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (4) y el Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (5),

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Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

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Vista la Resolución 2463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 13 de octubre de 2022, sobre la nueva escalada de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania,

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Vista la declaración del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de 10 de octubre de 2022, sobre los violentos ataques de Rusia contra Kiev y otras ciudades de toda Ucrania,

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Vista la declaración del alto representante en nombre de la Unión Europea, de 22 de septiembre de 2022, sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania,

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Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de noviembre de 2022, en la que se recomienda la creación de un registro para documentar los daños causados por la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania,

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Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, desde 2014 y en particular desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia relanzó la guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania, sus fuerzas han llevado a cabo ataques indiscriminados contra zonas residenciales e infraestructuras civiles, han asesinado a miles de civiles ucranianos y han llevado a cabo actos de terror en todo el país contra diversos elementos de infraestructuras civiles, como zonas residenciales, escuelas, hospitales, estaciones de ferrocarril, teatros y redes de agua y electricidad; que estos actos brutales e inhumanos están causando muerte, sufrimiento, destrucción y desplazamientos;

B.

Considerando que las fuerzas armadas rusas y sus agentes subsidiarios han cometido ejecuciones sumarias, secuestros, violencia sexual, torturas y otras atrocidades en territorios reciente o previamente ocupados de Ucrania, incluidas las masacres de civiles en ciudades y pueblos como Bucha, Irpin, Izium y Lyman, el ataque deliberado a un teatro de Mariúpol, que mató a cientos de personas, y el ataque contra la estación ferroviaria de Kramatorsk, que mató a sesenta civiles;

C.

Considerando que miles de civiles han sido asesinados en Ucrania, incluidos cientos de niños, y que muchos más han sido torturados, acosados, agredidos sexualmente, secuestrados, desplazados forzosamente o hechos desaparecer por las fuerzas armadas rusas y sus agentes subsidiarios; que los grupos de derechos humanos y las misiones internacionales de observación han documentado exhaustivamente las numerosas atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas y sus agentes subsidiarios contra civiles ucranianos, como ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y detenciones masivas en los denominados centros de filtración, así como adopciones forzosas de niños ucranianos y deportaciones forzadas; que el número de crímenes de guerra documentados en Ucrania se acerca a los 40 000 y se espera que esta cifra aumente una vez que se documenten los crímenes de guerra en las zonas liberadas recientemente de la región de Jersón; que, según los datos de seguimiento recopilados por el Instituto de Información de Masas de Ucrania, la Federación de Rusia ha cometido 457 crímenes contra periodistas y medios de comunicación en Ucrania y que los ocupantes rusos han asesinado a más de 40 periodistas ucranianos y extranjeros desde el inicio de la guerra de agresión; que la Federación de Rusia y sus agentes subsidiarios han utilizado los mismos métodos en los territorios ocupados desde 2014, siendo el ejemplo más infame el de la «prisión de Izolyatsia» en Donetsk;

D.

Considerando que la Federación de Rusia sigue violando pertinazmente los principios de la Carta de las Naciones Unidas con sus actos de agresión contra la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, y que viola de forma flagrante y grosera el Derecho internacional humanitario, entre otros aspectos, atacando deliberadamente bienes de carácter civil que no serán objeto de ataques, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, del Protocolo adicional I de 1977 de los Convenios de Ginebra de 1949; que estos crímenes reflejan una indiferencia grotesca ante las normas y leyes de guerra que limitan el ejercicio del poder militar, como se observa, por ejemplo, en el trato inhumano a los prisioneros de guerra, el recurso generalizado a la tortura y las ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra ucranianos, así como en la denegación de acceso a organizaciones humanitarias internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja;

E.

Considerando que la Federación de Rusia ya ha lanzado más de 4 000 misiles contra Ucrania y ha bombardeado el país más de 24 000 veces, también desde el territorio de Bielorrusia; que, hasta la fecha, los ataques con misiles, drones y artillería rusos han dañado o destruido 60 982 instalaciones de infraestructura civil en toda Ucrania, incluidos 42 818 edificios residenciales y casas, 1 960 centros educativos, 396 centros médicos, 392 edificios culturales y 87 edificios religiosos, y 5 315 instalaciones de agua y electricidad; que los ataques deliberados con misiles y drones lanzados por la Federación de Rusia, incluidos drones suministrados por Irán, han dañado o destruido el 40 % de las infraestructuras energéticas críticas de Ucrania;

F.

Considerando que, durante el asedio a Mariúpol, las autoridades de la Federación de Rusia provocaron una crisis humanitaria a gran escala que causó la muerte a decenas de miles de civiles y destruyó el 95 % de la ciudad;

G.

Considerando que, desde octubre de 2022, Rusia ataca deliberadamente las infraestructuras críticas ucranianas en todo el país con el fin de aterrorizar a la población y privarla del acceso al gas, la electricidad, el agua, internet y otros bienes y servicios básicos, lo que resulta especialmente devastador dada la proximidad del invierno; que el objetivo de estos ataques es aterrorizar a la población de Ucrania, eliminar su resistencia y su determinación de seguir defendiendo a su país, y obligarla a aceptar la potencia ocupante y a dar por válido el intento ilegal de anexionar varias partes de Ucrania; que el territorio polaco se ha visto afectado durante estos ataques, que se han cobrado la vida de dos ciudadanos polacos;

H.

Considerando que Rusia es responsable de la crisis mundial de seguridad alimentaria derivada de su guerra de agresión contra Ucrania y su bloqueo de los puertos marítimos ucranianos; que Rusia ha estado utilizando como arma los alimentos y el hambre desde el inicio de la guerra; que acciones deliberadas de Rusia, como la destrucción de existencias, la interrupción de la producción y la imposición de contingentes a sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes, han agravado la crisis mundial de seguridad alimentaria;

I.

Considerando que Rusia ha anexionado ilegalmente la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, ambas en Ucrania, así como las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia; que la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia constituye una grave amenaza para la seguridad y la protección de la central; que Rusia ha secuestrado a los trabajadores de la central y les ha obligado a trabajar, ha almacenado equipos militares en el lugar y ha disparado a objetivos en sus inmediaciones; que Rusia también ha puesto en peligro la seguridad y la protección de la central nuclear de Chernóbil;

J.

Considerando que Rusia plantea un riesgo para la seguridad y la protección de todo el continente europeo y el orden internacional basado en normas a través de sus esfuerzos por socavar la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares ucranianas y sus amenazas de utilizar armas nucleares; que funcionarios rusos han amenazado en varias ocasiones a países europeos, también con medidas técnico-militares, debido a su apoyo a Ucrania y a sus aspiraciones de incorporarse a la OTAN; que el intento de Rusia de aprovechar las exportaciones de energía como instrumento de coerción geopolítica equivale a utilizar el suministro de energía como arma; que los daños causados a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 el 26 de septiembre de 2022 provocaron grandes fugas de gas en el mar Báltico y constituyeron un ataque medioambiental a la Unión;

K.

Considerando que las fuerzas armadas rusas y grupos controlados por el Estado y agentes subsidiarios rusos, como el Grupo Wagner, han atacado repetidamente a civiles en muchos otros lugares, también durante la segunda guerra chechena, la guerra entre Rusia y Georgia de 2008 y la guerra civil siria, así como en Libia, la República Centroafricana y Mali; que el Grupo Wagner recibe un importante apoyo político, económico y logístico del Estado ruso, en particular del Ministerio de Defensa ruso;

L.

Considerando que, durante muchos años, Rusia ha apoyado y financiado a regímenes y organizaciones terroristas, en particular al régimen de Al-Asad en Siria, al que Rusia ha suministrado armas y en cuya defensa ha llevado a cabo ataques deliberados contra la población civil, las ciudades y las infraestructuras civiles sirias; que Rusia ha perpetrado ataques en otros países soberanos y en su propio territorio, incluidos asesinatos o intentos de asesinar a muchos de los opositores a la dictadura de Putin, entre ellos periodistas, políticos, activistas y líderes extranjeros, siendo los casos más destacados los de Anna Politkóvskaya, Víktor Yúshchenko, Borís Nemtsov, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, Serguéi Protázanov, Natalya Estemirova, Serguéi Magnitsky, Serguéi Yushenkov, Yuri Shchekochikhin, Borís Berezovsky, Dzhojar Dudayev y Zelimján Jangoshvili, así como como el envenenamiento con agentes neurotóxicos de la familia Skripal en el Reino Unido, el envenenamiento de Alexandr Litvinenko, Vladímir Kará-Murzá y Alexéi Navalni, y el bombardeo de depósitos de municiones en la República Checa en 2014; que la represión sistemática ejercida por el actual régimen ruso contra su propio pueblo ha adquirido un carácter totalitario y que dicho régimen tiene una larga historia de violencia contra sus opositores políticos;

M.

Considerando que la Federación de Rusia apoya activamente y hace posible la opresión que ejerce Alexandr Lukashenka contra el pueblo bielorruso aplicando una enorme oleada de medidas represivas masivas, incluida la tortura; que, según investigaciones, altos funcionarios bielorrusos conspiraron para servirse de una falsa amenaza de bomba para desviar ilegalmente un vuelo de pasajeros de Ryanair con el fin de detener a un disidente bielorruso, en una operación especial conjunta de los servicios secretos bielorrusos y rusos; que el secuestro de un avión civil constituye un acto de terrorismo de Estado; que Lukashenka debe ser tratado como un cómplice en la guerra de agresión contra Ucrania por su papel a la hora de permitir ataques desde el territorio de Bielorrusia y apoyar abiertamente a los agresores rusos;

N.

Considerando que, el 15 de noviembre de 2022, un tribunal neerlandés condenó en rebeldía a dos rusos y a un separatista ucraniano partidario de Moscú por el asesinato de 298 personas mediante el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines; que el Estado ruso sigue negando su responsabilidad por el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines y se niega a colaborar con los órganos judiciales internacionales; que, del mismo modo, la Federación de Rusia sigue negándose a devolver los restos y las cajas negras de la aeronave del Gobierno polaco TU-154 que se estrelló cerca de Smolensk en la Federación de Rusia en abril de 2010;

O.

Considerando que Rusia también está librando una activa guerra de información, difundiendo desinformación sobre Ucrania, Europa y los valores democráticos liberales, y llevando a cabo operaciones especiales para desestabilizar la sociedad de Ucrania y desacreditar las relaciones de Ucrania con sus socios internacionales;

P.

Considerando que la Unión Europea mantiene una lista de personas, grupos y entidades implicados en atentados terroristas que son objeto de sanciones, pero que el marco jurídico actual, a diferencia de los de países como los Estados Unidos y Canadá, no prevé la designación de un Estado como promotor del terrorismo;

Q.

Considerando que las acciones emprendidas por las fuerzas rusas y sus agentes subsidiarios se ajustan a la definición de terrorismo aceptada por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, contenida en la Resolución 1566 de 2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la Resolución 49/60 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1994, y en las Posiciones Comunes 2001/931/PESC y 2009/468/PESC del Consejo (6);

R.

Considerando que, en los últimos meses, los Parlamentos o las cámaras de los Parlamentos de Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y Chequia, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSAC) han adoptado resoluciones en las que se declara a Rusia como Estado terrorista o promotor del terrorismo, o se designa al actual régimen ruso como terrorista; que la Resolución del Senado de los Estados Unidos, de 27 de julio de 2022, y la Resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de 12 de mayo de 2022, instaban al Departamento de Estado a que designara a la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo;

S.

Considerando que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró en sus observaciones durante el debate extraordinario del Parlamento del 1 de marzo de 2022 sobre la agresión rusa contra Ucrania que la agresión de Rusia constituye simple y puro terrorismo geopolítico; que el presidente Michel declaró el 23 de septiembre de 2022, en su discurso ante la 77.a Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Federación de Rusia, que «cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad inicia una guerra no provocada e injustificada que ha condenado la Asamblea General, su suspensión del Consejo de Seguridad debería ser automática»;

T.

Considerando que, en su declaración de 14 de marzo de 2022, Zbigniew Rau, presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), calificó los ataques del Gobierno de la Federación de Rusia contra civiles inocentes e infraestructuras civiles en Ucrania como «terrorismo de Estado»;

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