Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El nuevo papel de los servicios públicos de empleo (SPE) en el contexto de la aplicación del pilar europeo de los derechos sociales»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 353/08)

Ponentes: Vladimíra DRBALOVÁ

Decisión del Pleno	20.2.2019
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno Dictamen de iniciativa
Sección competente	Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	8.7.2019
Aprobado en el pleno	17.7.2019
Pleno n.o	545
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	156/7/10

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE aprecia la contribución de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red Europea de SPE) a la modernización y el refuerzo de los servicios públicos de empleo (SPE), y pide sinergia entre su estrategia actualizada a partir de 2020 y los principios del pilar europeo de los derechos sociales.

1.2.

El CESE ha detectado algunos ámbitos en los que es preciso mostrar mayor ahínco basándose en la asociación con todas las partes interesadas, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los servicios privados de empleo a fin de aunar esfuerzos para lograr una mejor integración de los solicitantes de empleo en el mercado laboral.

1.3.

Las autoridades nacionales deben respaldar debidamente y conferir un papel innovador a los SPE al aplicar las políticas nacionales de empleo y las políticas del mercado de trabajo y garantizar unos servicios más eficaces destinados a las empresas, proporcionando capacidad suficiente, personal cualificado, equipos informáticos y técnicos pertinentes para la digitalización de la sociedad, y apoyo financiero.

1.4.

El CESE pide una cooperación más sistemática y estructural entre los SPE y otros proveedores de servicios en los ámbitos social y laboral para abordar los múltiples obstáculos que afrontan los solicitantes de empleo cuando intentan acceder al mercado laboral (cuestiones de salud, vivienda y transporte). La modernización de los SPE es un proceso complejo, de manera que la falta de coordinación, programación o planificación así como la dispersión de las responsabilidades a nivel nacional o regional conduce a la fragmentación. La participación activa y regular de los interlocutores sociales en las actividades de los SPE es fundamental para inventariar las oportunidades locales de empleo y ayudar a corregir los desajustes del mercado laboral.

1.5.

El CESE pide mayores sinergias entre los servicios de los SPE y los sistemas de prestaciones e infraestructuras sociales, a fin de reforzar la asistencia prestada a los desempleados en su búsqueda de empleo y evitar que quienes buscan un empleo se vean penalizados cuando se reincorporen al mercado laboral.

1.6.

El CESE solicita mayor apoyo financiero para los Estados miembros y confía en que el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), introducido recientemente como parte del nuevo marco financiero plurianual para 2021-2027, se convierta en un instrumento genuino de la UE para invertir en las personas y aplicar el pilar europeo de los derechos sociales.

1.7.

El CESE considera que deben redoblarse los esfuerzos por supervisar, evaluar y comparar los servicios de los SPE con vistas a medir la eficacia de estos servicios a la hora de ayudar a los solicitantes de empleo a acceder al mercado laboral. Unas normas y directrices comunes a nivel europeo podrían contribuir a la eficacia de los SPE. Debe recurrirse más a fuentes de datos como la encuesta de población activa, y agencias como Eurofound pueden ayudar a realizar este tipo de seguimiento.

1.8.

El CESE pide que se modifiquen las disposiciones existentes para evaluar los resultados de los programas de trabajo de los SPE, a fin de garantizar que los servicios beneficien a todas las categorías de personas, especialmente a las que sufren múltiples problemas.

2.   Introducción

2.1.

El pilar europeo de los derechos sociales fue establecido a raíz de la Proclamación interinstitucional que hicieron el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, durante la Cumbre Social de la UE. El pilar ha de conducir a un mayor énfasis en el empleo y los aspectos sociales, así como contribuir a que el modelo social europeo esté preparado para los retos del siglo XXI y al fomento del proceso de convergencia de los Estados miembros.

2.2.

Los veinte principios clave del pilar europeo de los derechos sociales se estructuran en tres apartados principales: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión sociales. La cuestión clave en Europa es su aceptación y aplicación reales, habida cuenta de los rápidos cambios que se producen en el entorno social, jurídico y económico.

2.3.

Según el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019, la economía europea está entrando en su sexto año de crecimiento ininterrumpido. Dicho crecimiento constante ha ido acompañado de una recuperación de la inversión, una mayor demanda de consumo, una mejora de las finanzas públicas y la continua creación de empleo, aunque a distinto ritmo según los países. Estos avances han contribuido a mejoras sustanciales en los mercados laborales y las condiciones sociales. La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años ascendió al 73,2 % en el segundo trimestre de 2018, mientras que la tasa de desempleo se redujo al 6,8 % y las tasas de desempleo juvenil y de larga duración están asimismo disminuyendo. Sin embargo, en opinión del Comité, existen grandes disparidades entre los Estados miembros, que no disfrutan de un mismo nivel de crecimiento económico y de empleo; debe prestarse especial atención a la mejora de la calidad de los puestos de trabajo creados, en particular para luchar contra las desigualdades sociales.

2.4.

Gracias a la mejora de las condiciones del mercado laboral, el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, que fue de 113 millones de personas en 2017, por primera vez ha disminuido hasta niveles anteriores a la crisis en algunos países. No obstante, la pobreza de las personas con empleo sigue siendo elevada y está aumentando en varios Estados miembros. El riesgo de pobreza continúa siendo un desafío, en especial para los niños, las personas con discapacidad, las personas de origen migrante y los desempleados.

2.5.

El Informe Conjunto sobre el Empleo observa que las políticas activas del mercado de trabajo y los SPE son vitales para garantizar unos mercados laborales inclusivos y que funcionen debidamente. Las políticas activas del mercado de trabajo mejoran la adecuación al mercado laboral y aumentan las posibilidades de los solicitantes de empleo de encontrar un nuevo trabajo.

3.   Los servicios públicos de empleo y el futuro del trabajo

3.1.

Los mercados laborales y las sociedades evolucionan rápidamente, con nuevas oportunidades y nuevos desafíos derivados de la globalización, la revolución digital, los cambios en las pautas de trabajo y la evolución demográfica y de la sociedad. Los desafíos, como las desigualdades persistentes, el desempleo juvenil y de larga duración o la solidaridad intergeneracional, suelen ser similares en todos los Estados miembros, aunque están presentes en distintos grados. La revolución tecnológica en curso se caracteriza en particular por un ritmo de cambio acelerado.

3.2.

La mano de obra nunca ha sido tan diversa ni tan cualificada. La población activa del siglo XXI es muy distinta y la actitud de los individuos ante el trabajo está cambiando. Siempre y cuando los trabajadores busquen mayor autonomía en el trabajo, así como más libertad de elección, y dado que las modalidades de búsqueda de empleo están conduciendo a una individualización de las condiciones laborales, un diálogo social y un convenio colectivo deberían clarificar las condiciones de trabajo. Las personas deberían poder desplegar plenamente su potencial, haciendo pleno uso de sus cualificaciones, sus capacidades y sus competencias, y conseguir un empleo productivo y de calidad dotado de una protección social adecuada.

3.3.

La Red Europea de Servicios Públicos de Empleo, que fue creada el 17 de junio de 2014 y cuyo funcionamiento está previsto hasta el 31 de diciembre de 2020, desempeña un importante papel en este ámbito. En 2018 se puso en marcha una evaluación para valorar la relevancia, la eficiencia, la eficacia, la coherencia y el valor añadido europeo de la Decisión relativa a la Red de los SPE. En su dictamen sobre los SPE (1), el CESE aprobó la propuesta de la Comisión de crear una Red Europea de SPE.

3.4.

La Estrategia para 2020 y más adelante de la Red Europea de SPE refleja los cambios recientes que se han producido en los mercados laborales, incluidas las economías de plataformas emergentes, las nuevas formas de trabajo, la escasez de mano de obra, la movilidad de los trabajadores y un colectivo de beneficiarios de los SPE más heterogéneo, así como la necesidad de recurrir a nuevas tecnologías digitales para la prestación de servicios a los clientes y de recopilar datos de fuentes más ricas.

3.5.

A nivel nacional y en coordinación con la Red Europea de SPE ya se han tomado numerosas medidas positivas. Los SPE nacionales en algunos países han hecho un excelente trabajo a la hora de implantar la Garantía Juvenil de la UE, pues han ayudado a los jóvenes, en especial a los ninis, a acceder más rápido al mercado laboral o a retomar la educación. Asimismo, los SPE nacionales han aplicado medidas de la iniciativa de la UE centradas en mejorar la integración de los desempleados de larga duración a través de un mejor registro y unos contratos de trabajo integrados. Además, la integración en el mercado laboral de los refugiados y solicitantes de asilo figura en su agenda desde 2015.

3.6.

No obstante, la experiencia del CESE demuestra que la eficacia de los SPE y su capacidad para actuar en circunstancias cambiantes, afrontar los nuevos retos del mundo del trabajo e integrar satisfactoriamente a los ciudadanos en tales mercados laborales en transición varía según los Estados miembros. A menudo –y en varios Estados miembros– se subestima su capacidad en términos de personal, así como técnica y financiera.

3.7.

Debería promoverse más una categoría profesional específica de asesores laborales e integrar debidamente las bases de datos para poner en contacto de manera eficaz a empresas y trabajadores. En algunos países, las agencias privadas de empleo y los asesores laborales completan o sustituyen a los SPE. La cooperación con las empresas es esencial, junto con la participación activa de los interlocutores sociales, también a nivel local, para inventariar las oportunidades de empleo a nivel nacional y territorial. La tasa de éxito de los servicios de los SPE debe medirse asimismo desde la perspectiva de los empleadores.

4.   Los servicios públicos de empleo en el contexto del pilar europeo de los derechos sociales

4.1.

A raíz de la Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, los SPE nacionales y la Red Europea de SPE deberían mostrarse más innovadores en el apoyo de los objetivos del pilar y la aplicación de sus principios fundamentales.

4.2.

En 2017, la Red Europea de SPE aportó una contribución formal a la consulta sobre el pilar europeo de los derechos sociales emprendida por la Comisión Europea. En 2018, elaboró su documento sobre el futuro del trabajo. Esta actividad brindó a la Red la oportunidad de considerar cómo adaptar la Estrategia de los SPE de aquí a 2020 para garantizar que esta siga cumpliendo su propósito, dado que los SPE aspiran a afrontar los nuevos retos de un mercado laboral que se transforma a gran velocidad y a convertirse en auténticas agencias de orientación profesional. Los SPE están trabajando en modernizar su organización con miras a lograr unos servicios con una calificación «triple A» —ability, agility, accountability (capacidad, agilidad, rendición de cuentas)— para los clientes y ayudar así a crear un mercado laboral más sostenible e inclusivo.

5.   El nuevo papel de los SPE desde el punto de vista del CESE

5.1.

El CESE acoge con satisfacción las prioridades establecidas en el programa de trabajo para 2019 de la Red Europea de SPE y pide una mayor interacción entre los principios del pilar europeo de los derechos sociales y los instrumentos de evaluación comparativa y aprendizaje mutuo de la Red. Ello podrá contribuir tanto a lograr una mejor integración de los servicios de los SPE como a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

5.2.

En noviembre de 2018, el Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) del CESE organizó una conferencia sobre «Los servicios públicos de empleo en el contexto de la aplicación del pilar europeo de los derechos sociales». Los ejemplos facilitados confirman la necesidad de complementariedad entre los servicios de empleo públicos y privados e ilustran los beneficios concretos de una buena cooperación entre los SPE y los interlocutores sociales. Se puso de manifiesto que la proactividad de los SPE, la creación de una ventanilla única para las empresas o los cursos de formación dispensados conjuntamente por los SPE y las empresas serán esenciales para proporcionar empleo sostenible a los ciudadanos.

5.2.1.

El CESE anima a buscar una mejor respuesta a las solicitudes y las ofertas de empleo, más incentivos tanto para los empleadores como para los trabajadores (por ejemplo, en el caso de un salario reducido, permitir que el trabajador conserve los beneficios sociales del desempleo), así como un equilibrio justo entre la flexibilidad y la seguridad del empleo que conduzca a contratos más estables. Europa aún está lejos de aprovechar el pleno potencial de la mano de obra disponible. Europa debería apoyar a las empresas sostenibles («sustainable enterprises»), en particular permitiéndoles crear puestos de trabajo más productivos y de mayor calidad.

5.2.2.

El CESE señala en su Dictamen (2) que el acceso a los sistemas de protección social es un factor clave para unas sociedades más justas y un componente fundamental de una mano de obra productiva, sana y activa. La UE debe mejorar el modo en que el método abierto de coordinación vigente ayuda a los Estados miembros a evaluar de forma comparativa los progresos alcanzados en la reforma y la mejora del rendimiento de sus políticas de empleo y sistemas nacionales de protección social. Deben garantizarse mayores sinergias entre los servicios de los SPE y los sistemas de prestaciones y de infraestructuras sociales, a fin de reforzar la asistencia prestada a los desempleados en su búsqueda de empleo y evitar que quienes buscan un empleo sean penalizados al acceder al mercado laboral.

5.2.3.

Movilidad: para el CESE, la libre circulación de trabajadores sobre la base de la no discriminación y la igualdad de trato y la supresión de los obstáculos a la movilidad que aún subsisten siguen siendo prioritarias para la UE. En su Dictamen sobre EURES (3), el CESE solicita un instrumento real para conseguir una adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo europeo, en estrecha cooperación con los servicios públicos de empleo nacionales. La movilidad de los trabajadores a nivel de la UE está vinculada al esfuerzo continuo por modernizar el sistema de coordinación de los sistemas de seguridad social y lograr que sea más justo para todos los Estados miembros. Por lo que respecta a las prestaciones por desempleo de los trabajadores transfronterizos en particular, ha de aplicarse el principio lex loci laboris, que determina el Estado miembro competente, salvo disposición contraria acordada entre los Estados miembros.

5.2.4.

Competencias orientadas al mercado laboral: la dimensión social de la enseñanza, tal y como se recoge en el primer principio del pilar europeo de los derechos sociales, implica que toda persona tiene derecho a una enseñanza, una formación y un aprendizaje permanente. Además, la creciente escasez de mano de obra en el mercado laboral de toda Europa pone en peligro el crecimiento futuro. Debe estrecharse la cooperación de los SPE con los interlocutores sociales, las empresas, los entes regionales, los consejos regionales de empleo y competencias, así como otras estructuras regionales competentes, para superar las desigualdades regionales y ofrecer orientación profesional adecuada, oportunidades de capacitación y de reciclaje, así como de transformación profesional a los solicitantes de empleo y las personas expuestas al riesgo de perder su trabajo, con responsabilidades compartidas entre los distintos agentes. Ello debería incluir la activación del trabajo por cuenta propia.

5.2.5.

Cooperación con los interlocutores sociales: al diseñar la política social de la UE, es preciso dejar más espacio a los interlocutores sociales, respetando plenamente su autonomía. En calidad de agentes clave del mercado laboral y en colaboración con los SPE nacionales, pueden contribuir de forma significativa a inventariar las oportunidades de empleo también a nivel local —facilitando la transición de los ciudadanos al mercado laboral o dentro de este—, a apoyar a los solicitantes de empleo durante su búsqueda y a ayudar a las empresas con sus procesos de búsqueda de recursos humanos, así como a ayudar a jóvenes y adultos a escoger la trayectoria más adecuada para su reconversión profesional (ADEM de Luxemburgo).

5.2.6.

Sociedad civil: el CESE representa a diversas organizaciones de la sociedad civil y elabora numerosos dictámenes que ya abordan algunos de los principios incluidos en el pilar europeo de los derechos sociales. El valor añadido de las organizaciones de la sociedad civil estriba en que están sobre el terreno y familiarizadas con las necesidades de distintos colectivos —los migrantes, las personas con discapacidad, los jóvenes, los defensores de los derechos de la mujer—, lo que les permite contribuir eficazmente a que los SPE realicen una labor más específica (cabría mencionar en este orden de cosas, por ejemplo, el papel que desempeñan los asesores laborales en Italia).

5.2.7.

Cooperación con los servicios privados de empleo: la experiencia demuestra que la implicación por igual y la integración de los servicios públicos y privados permiten conseguir unos resultados eficaces y beneficiosos para crear un mercado laboral inclusivo y sostenible, por lo que se debe respaldar dicha complementariedad. Las predicciones y previsiones relativas al mercado laboral son siempre muy difíciles de realizar ya que sus necesidades cambian a gran velocidad, por lo que es fundamental disponer de datos fiables. No obstante, los mercados de trabajo inclusivos que reclamamos han de incluir a todas las personas.

6.   Lagunas que persisten en la asistencia específica de los SPE

6.1.

El CESE aprecia que los programas de trabajo de la Red Europea de SPE y SPE nacionales incluyan a los principales grupos destinatarios. No obstante, subraya que aún persisten lagunas y que los SPE tienen que incorporar en mayor medida el principio de la diversidad y la no discriminación en su trabajo diario. Tal esfuerzo debe mantenerse o intensificarse, en especial por lo que respecta a:

6.1.1.

Los jóvenes: el CESE celebra que la asignación económica para implantar la Garantía Juvenil se haya duplicado. Los SPE deben invertir en un enfoque a largo plazo para prestar servicios a los jóvenes solicitantes de empleo, incluido un mejor uso de las herramientas informáticas y de internet a fin de reforzar los servicios destinados a los colectivos más vulnerables de jóvenes; los SPE deben mejorar la asistencia individual a los jóvenes, colaborar con sus familias e informarles de manera justa sobre la situación del mercado laboral.

6.1.2.

Los adultos: el envejecimiento demográfico en Europa, el aumento de la longevidad y la necesidad de promover la cooperación intergeneracional, los cambios acelerados en el mercado de trabajo, las formas de empleo emergentes y la penetración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida cotidiana se han traducido en un aumento de la demanda de nuevas capacidades y un nivel más elevado de cualificaciones, conocimientos y competencias; en esta situación, la necesidad de mejorar o readaptar las capacidades de quienes no han llegado a dominar las capacidades básicas o no poseen cualificaciones que garanticen su empleabilidad y su ciudadanía activa resulta aún más apremiante.

6.1.3.

Las mujeres: el CESE acoge favorablemente la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional (4), que ayuda a los padres y los cuidadores, y en especial a las mujeres, a organizar mejor su trabajo y sus obligaciones diarias. A ello deben añadirse las inversiones necesarias en infraestructuras sociales, por ejemplo, para el cuidado de niños y personas de edad avanzada, etc. Esto incluye asimismo la asistencia eficaz de los SPE nacionales para integrar a las mujeres en el mercado laboral teniendo debidamente en cuenta el enfoque de la conciliación de la vida familiar y profesional.

6.1.4.

Las personas con discapacidad: las personas con discapacidad representan aproximadamente la sexta parte de la población total en edad laboral de la UE, pero su tasa de empleo es comparativamente reducida. Este fue el mensaje principal de la audiencia organizada por el CESE en 2017. En particular, las mujeres y las niñas con discapacidad (5) siguen sufriendo una discriminación múltiple e interseccional basada en su género y su discapacidad. A menudo se las excluye también, entre otras cosas, de la educación y la formación inclusivas, del empleo, del acceso a programas de reducción de la pobreza y a una vivienda adecuada y de la participación en la vida política y pública. Necesitan asistencia especial y un enfoque específico de los SPE.

6.1.5.

Migración: la migración legal puede desempeñar un papel fundamental en aquellos mercados de trabajo que funcionen correctamente. En su Dictamen (6), el CESE hace hincapié en la importancia de una política de migración coherente y un marco reglamentario bien diseñado afirmando que «sin los migrantes, el modelo económico y social de Europa corre peligro». Integrar a los refugiados con derecho a permanecer en Europa en la formación, el empleo y la sociedad en general seguirá siendo importante. Los SPE de numerosos países ya han puesto en marcha un gran número de iniciativas en este sentido.

6.1.6.

La minoría romaní: el CESE está muy implicado en cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo de la comunidad romaní y concede especial atención a la mejora de la integración del pueblo romaní (7). El CESE puede observar sinergias entre la aplicación del principio de la igualdad de acceso del pilar europeo de los derechos sociales y medidas adicionales para lograr una integración más satisfactoria de los romaníes. La asistencia a las mujeres romaníes, en particular, ha de ser una prioridad para los SPE.

6.1.7.

La población inactiva no es un grupo destinatario tradicional para los SPE, a pesar de que un porcentaje significativo de la población inactiva sí desea trabajar. La Red Europea de SPE publicó un estudio sobre el papel de los SPE en el acercamiento a la población inactiva, en el que se resumen las medidas para llegar a los ciudadanos inactivos, haciendo referencia en concreto al papel de los SPE. El CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que rediseñen las políticas de reactivación orientadas a este sector de la población.

7.   Un complejo apoyo a los servicios públicos de empleo nacionales

7.1.

Las orientaciones europeas para el empleo de 2019 (orientación n.o 7) alientan a los Estados miembros a incrementar la eficacia de sus políticas activas del mercado laboral. Los Estados miembros deben intentar disponer de unos servicios públicos de empleo más eficaces garantizando una asistencia personalizada y oportuna a los parados que buscan trabajo, prestando apoyo a la demanda del mercado laboral y aplicando sistemas de evaluación del rendimiento.

7.2.

A fin de contribuir eficazmente a la aplicación del pilar europeo de los derechos sociales, los SPE nacionales necesitarán un apoyo más firme y unas condiciones propicias:

7.2.1.

Recursos humanos suficientes. Los complejos servicios de los SPE (búsqueda y selección de personal para su recolocación, asesoramiento y asistencia en las solicitudes de ayuda a la renta, puestos de prácticas, etc.) requieren personal cualificado con competencias especiales que trabaje en unas condiciones sostenibles y coopere con asesores laborales y agencias privadas de colocación.

7.2.2.

Abordar la evolución tecnológica. La digitalización de la economía y la sociedad trae consigo nuevas herramientas que, de gestionarse adecuadamente, pueden ayudar a los SPE a desempeñar su función, incluida la formación de sus propios empleados, así como a integrar realmente las bases de datos para poner en contacto de manera efectiva a empresas y trabajadores, implicados todos ellos a su vez en el desarrollo de las capacidades y tareas que surjan en la nueva era digital.

7.3.

El 2 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta de marco financiero plurianual para el período 2021-2027. La propuesta tiene en cuenta el actual contexto social y económico y da una respuesta tangible al llamamiento de los europeos en favor de una Europa más social y de una mayor inversión en las personas en la UE. El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es un instrumento clave para invertir en las personas y aplicar el pilar europeo de los derechos sociales. Los SPE recibirán financiación a través del capítulo de Empleo e Innovación Social (EaSI) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

7.4.

Las nuevas responsabilidades de los SPE, sobre todo en el ámbito de las políticas activas de empleo, deben reflejarse en una capacidad y un apoyo financiero adecuados.

7.5.

El CESE pide una cooperación más sistemática y estructural entre los SPE y otros proveedores de servicios en los ámbitos social y laboral para abordar los múltiples obstáculos que afrontan los solicitantes de empleo cuando intentan acceder al mercado laboral (cuestiones de salud, vivienda y transporte). La modernización de los SPE es un proceso complejo, de manera que la falta de coordinación, programación o planificación así como la dispersión de las responsabilidades a nivel nacional o regional conduce a la fragmentación.

7.6.

El CESE considera que deben redoblarse los esfuerzos por supervisar, evaluar y comparar los servicios de los SPE con vistas a medir la eficacia de sus servicios a la hora de ayudar a los solicitantes de empleo a acceder al mercado laboral. Las normas y las directrices comunes de ámbito europeo podrían mejorar la eficacia de los SPE y las sinergias entre los países. Debe recurrirse más a fuentes de datos como las encuestas de población activa, y agencias como Eurofound pueden ayudar a realizar este tipo de seguimiento.

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(1)  DO C 67 de 6.3.2014, p. 116.

(2)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 135.

(3)  DO C 424 de 26.11.2014, p. 27.

(4)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 44.

(5)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 20.

(6)  DO C 110 de 22.3.2019, p. 1.

(7)  DO C 27 de 3.2.2009, p. 88.