28.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 32/1

Ponente general:

Brendan BURNS

Coponente:

Pavel TRANTINA

1.1.

Reconociendo que la Unión Europea no tiene competencias directas en los ámbitos de la enseñanza o la formación continuas y que los sistemas educativos divergen entre los Estados miembros, el CESE desea poner de relieve un problema común de la UE relativo a la manera de dispensar la enseñanza y formación continuas (o profesionales) en las áreas rurales y remotas de toda Europa, que ha de abordarse a escala nacional, regional y de la UE.

1.2.

Hace falta una nueva agenda paneuropea para animar a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales —junto con las empresas, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil— a estrechar su cooperación para que puedan acceder a la enseñanza y la formación continuas los empleados que cursen formaciones y sus empleadores. Estas han de dispensarse cerca del lugar de trabajo y en entornos compatibles con él. Las administraciones competentes deben propiciar y estimular esta cooperación, así como velar por asegurar un apoyo financiero adecuado.

1.3.

La sociedad y las autoridades públicas deben reconocer que las microempresas y las pequeñas empresas no son meras versiones reducidas de las grandes empresas. Se ha comprobado que esta hipótesis es falsa y una de las principales razones de la «inadecuación de las cualificaciones» que se observa entre la enseñanza y el empleo.

1.4.

Es imperativo desarrollar nuevas formas de enseñanza y formación continuas para las microempresas y las pequeñas empresas basadas en datos empíricos relativos a las tareas que se desempeñan actualmente en esas empresas.

1.5.

La formación dirigida a las empresas rurales debe dispensarse en la esfera local recurriendo a las TIC y a otros mecanismos de transmisión a través de la banda ancha. Para lograrlo, el acceso universal en las zonas rurales y remotas a la banda ancha de alta velocidad por telefonía móvil y fija debería considerarse como una «infraestructura esencial». Por consiguiente, no debería permitirse que las normas de competencia de la UE impidan a los gobiernos nacionales o regionales el desarrollo de una banda ancha rápida en las zonas rurales.

1.6.

Los gobiernos nacionales y locales han de reconocer que la inversión en el desarrollo de microempresas familiares y pequeñas empresas en las zonas rurales y remotas es una buena inversión a largo plazo que contribuirá a frenar la migración, reducir las presiones sobre los servicios en los pueblos y ciudades, restablecer la sostenibilidad económica de las comunidades locales y preservar el medio rural.

1.7.

El apoyo financiero a largo plazo de grupos locales por parte de los gobiernos nacionales y regionales ayudará a coordinar el proceso de identificación y de respuesta a las necesidades locales. Este apoyo también ayudará a lograr que las comunidades aborden directamente los problemas del éxodo rural, al tiempo que el apoyo financiero a cargo de los Fondos Estructurales y, en particular, del Fondo Social Europeo, permitirá dispensar la formación profesional continua correspondiente a las necesidades de los interesados.

2.1.

Con el presente Dictamen se pretende poner de relieve la necesidad de desarrollar un sistema mejor de enseñanza y formación continuas y de desarrollo profesional permanente en las zonas rurales, y especial, en las montañosas e insulares.

2.2.

Según la definición del Cedefop (1), se entiende por enseñanza y formación continuas «la enseñanza o formación dispensadas tras la enseñanza y formación iniciales —o después de acceder a la vida laboral— destinadas a ayudar a las personas a mejorar o actualizar sus conocimientos o competencias; a adquirir nuevas cualificaciones con vistas a un cambio de carrera o una reconversión profesional; a proseguir su desarrollo personal o profesional. La enseñanza y la formación continuas forman parte del aprendizaje permanente y pueden abarcar cualquier tipo de enseñanza (general, especializada o profesional, formal o no formal, etc.). Es fundamental para la empleabilidad de los ciudadanos».

2.3.

Los problemas relacionados con la enseñanza y formación continuas en zonas rurales y remotas se han señalado ya en varios dictámenes del CESE (2) sobre agricultura y en actos públicos. En el presente Dictamen se intenta proporcionar una sinopsis y dar respuesta a algunos de los principales interrogantes.

2.4.

Las zonas rurales, de montaña e insulares presentan divergencias considerables en la UE. Junto a regiones rurales sumamente prósperas con bajo nivel de desempleo y un crecimiento sólido, coexisten otras zonas en las que aumentan los problemas económicos, la emigración y el envejecimiento. Además, no siempre cuentan con posibilidades de acceso a la enseñanza y la formación continuas a una distancia razonable.

2.5.

Al mejorar el nivel de vida en los municipios y ciudades, muchos jóvenes procedentes de zonas rurales, de montaña e insulares han emigrado, lo que genera una espiral económica y social descendente que se acentúa a medida que aumenta el número de las personas que emigran. La pérdida de población reduce la cantidad del dinero que circula en la comunidad, lo que afecta, a su vez, a la viabilidad de las empresas, los comercios y las redes de transporte locales. Esta situación se ve agravada cuando se pierden servicios médicos, bancos, escuelas u otras infraestructuras.

2.6.

Las zonas rurales, de montaña e insulares europeas aportan gran parte de nuestros alimentos y materias primas. Proporcionan, además, lugares en los que relajarse, recrearse y practicar deportes u otras actividades. Pero a falta de empleados locales competentes y cualificados para gestionar las granjas, los bosques, las canteras, los hoteles o las empresas artesanas, muchas de estas instalaciones podrían llegar a escasear.

2.7.

La capacidad de las empresas para operar en estas localizaciones difíciles es una cuestión fundamental y los empresarios necesitan personal competente y cualificado. Para alcanzar este objetivo es necesario estrechar la cooperación entre los empresarios y los colegios, las escuelas técnicas superiores y las universidades locales.

2.8.

Las regiones constituyen el nivel en el que mejor se implanta y desarrolla la cooperación entre los centros de formación y las empresas. Los responsables de todos los niveles deben prestar una consideración adecuada y específica a la implantación y el desarrollo de la enseñanza y la formación continuas en las zonas rurales, periféricas o de baja densidad demográfica (lo que debería incluir una inversión suficiente, pero también apoyo, dinamización y asistencia a las iniciativas locales que fomentan la cooperación entre los centros de formación y las empresas).

2.9.

Como ha puesto de relieve el CESE en múltiples ocasiones, hay que implantar sistemas personalizados de asesoría y orientación profesionales (3).

2.10.

El acceso a la enseñanza y la formación continuas es fundamental para desarrollar una actividad profesional por cuenta propia y una mano de obra competente. Lamentablemente, la mayoría de los centros de formación profesional se hallan en zonas densamente pobladas, lo que supone una desventaja para los alumnos procedentes de zonas rurales, de montaña e insulares, dado que tienen que recorrer largas distancias para llegar a dichos centros. En la mayoría de los casos, la asistencia a cursos de corta duración o en régimen de alternancia generará gastos adicionales y dificultades considerables.

2.11.

En varios Estados miembros de la UE se ha reconocido la dificultad de dispensar formación en las zonas rurales, de montaña e insulares. Por desgracia, la mayoría de los proyectos emprendidos para solventar este problema suelen basarse en «soluciones urbanas» que no son pertinentes para estas zonas.

2.12.

En Europa, los sistemas educativos divergen tanto de un Estado miembro a otro (unos centralizados y otros de carácter federal con competencias regionalizadas) que difícilmente se puede plantear una «solución europea». Sin embargo, aunque las soluciones pueden variar, sigue mereciendo la pena detectar las dificultades comunes y buscar algunas soluciones conjuntas que permitan el aprendizaje mutuo de las mejores prácticas. El CESE subraya que el sistema de formación dual es una práctica especialmente positiva, que se caracteriza por la responsabilidad compartida de la escuela y el centro de formación y la participación de los interlocutores sociales.

2.13.

La enseñanza y la formación continuas pueden dispensar formación especializada en determinados ámbitos que están directamente relacionados con actividades económicas rurales y sus características naturales, incluida la pesca, la silvicultura, el medio ambiente, la agricultura, etc. Esta formación especializada debe cumplir los requisitos de calidad necesarios para que los programas especializados sean un medio para atraer alumnos, brindar a quienes han seguido dicha formación las cualificaciones pertinentes y contribuir a la reactivación local desde el punto de vista socioeconómico.

3.1.

Los centros educativos que dispensan la formación no siempre comprenden el empleo en las microempresas y pequeñas empresas. La mayoría de los cursos de formación profesional han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de las grandes y medianas empresas, cuyo lugar de trabajo está organizado en función de distintos departamentos y cuyos empleados son contratados para aprender un «trabajo» específico. El sistema de trabajo de producción industrial en serie se basa en que cada persona realice tareas bien definidas y aplique procedimientos que puedan evaluarse fácilmente y en el que cada cualificación se relaciona con un empleo específico.

3.2.

Por el contrario, la mayoría de las microempresas y pequeñas empresas necesitan trabajadores flexibles y multicualificados. En lugar de ser contratados para realizar un trabajo específico, los empleados trabajan en equipos pequeños, que realizan colectivamente todas las tareas necesarias para el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, en estas empresas los trabajadores han de desempeñar tareas que en empresas de mayores dimensiones asumirían empleados con distintos cargos.

3.3.

Este modo de operar no siempre es comprendido por unas instituciones educativas «urbanocéntricas». El reconocimiento de este problema ayudaría a los educadores a comprender cómo operan las microempresas y las pequeñas empresas, así como las razones por las cuales la formación y las cualificaciones actuales «centradas en el trabajo» no se ajustan a la forma en que funcionan las microempresas y las pequeñas empresas. Ello también permitiría que las pequeñas empresas desarrollasen y apoyasen la enseñanza y la formación interna basada en el trabajo.

3.4.

Muchas microempresas y pequeñas empresas también operan para satisfacer las demandas de clientes diferentes, lo que a menudo requiere soluciones innovadoras. Por ejemplo, un pequeño taller mecánico necesitará cualificaciones prácticas para «reparar y reutilizar». Ello difiere de lo que hacen la mayoría de las grandes empresas, que no reparan, sino que eliminan y devuelven la pieza deteriorada al fabricante. Este sencillo ejemplo ilustra la razón por la cual en las empresas pequeñas los empleados necesitan cualificaciones adicionales que no se requieren en empresas más grandes. Por este motivo se produce una «inadecuación de las cualificaciones» y son tantas las microempresas y pequeñas empresas que rechazan la formación y las cualificaciones profesionales disponibles que han sido desarrolladas para sus sectores.

3.5.

Precisamente, en microempresas, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la ingeniería, la arquitectura, la agricultura, la construcción y la silvicultura, así como en muchas otras empresas, se han detectado dificultades similares en cuanto a los procedimientos y cualificaciones.

3.6.

Las empresas familiares también acusan problemas específicos. Además, los hijos suelen actuar como catalizadores de los cambios, siendo a la vez aprendices y administradores potenciales. En las empresas familiares, la formación de los miembros más jóvenes comienza en una fase mucho más temprana que en el caso de un empleado de una empresa grande.

4.1.

Formar a los empleados recién llegados o en plantilla resulta problemático cuando tienen que acudir a centros de formación técnica que están lejos de su lugar de trabajo. Si se tarda demasiado tiempo en el desplazamiento las microempresas y pequeñas empresas considerarán que esta formación es una pérdida de tiempo.

4.2.

Las microempresas y pequeñas empresas reconocen que el aprendizaje permanente y la validación de las competencias y cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje no formal e informal (4) ayudan a los trabajadores y a las empresas a desarrollar e introducir más tecnología. Gran parte de los materiales didácticos para el aprendizaje permanente están disponibles en línea mediante el acceso a vídeos de formación industrial, manuales, demostraciones en línea, cursos en línea y otros programas de aprendizaje a distancia en línea. Lamentablemente, a menudo en las zonas rurales, de montaña e insulares es difícil acceder a estos programas de formación por la gran lentitud de la banda ancha (entre 0,4 mbps y 1,5 mbps) (5).

4.3.

La distancia hasta los centros de formación puede tener menos trascendencia si la calidad de los cursos es elevada, si se organiza un sistema de transporte o se reembolsan los gastos de desplazamiento, aunque ello no solventa los principales problemas que afronta la mayoría de las personas en formación en zonas rurales, de montaña e insulares.

5.1.

La enseñanza y la formación continuas constituyen un factor específico de consideración para el desarrollo económico y social (Estrategia Europea 2020). Asimismo, es un elemento que contribuye a la cohesión social y territorial de la Unión Europea.

5.2.

Facilitar las instalaciones locales en aras del bien común ayudaría a las comunidades de las zonas rurales, de montaña e insulares a dispensar una formación profesional adecuada. Las autoridades públicas deberían concentrarse en la eliminación de las barreras que impiden que las iniciativas locales satisfagan las necesidades constatadas en materia de enseñanza y formación continuas. Una cooperación más estrecha y una mejor comprensión de los retos que afrontan tanto los entes locales como los promotores de proyectos, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, contribuiría a encontrar soluciones constructivas.

5.3.

Los gobiernos podrían aprovechar la oportunidad para descentralizar servicios hacia zonas rurales, generando así ventajas para las comunidades locales (6).

5.4.

Durante la audiencia sobre «El desarrollo y la formación continuas en las zonas rurales» (7), se insistió en varias presentaciones en la importancia de que las comunidades asuman el control de sus problemas y encuentren sus propias soluciones específicas. Esta constatación hizo emerger también otras cuestiones afines y puso claramente de manifiesto que la mejora de la enseñanza y formación continuas debe formar parte de un plan mucho más amplio que aborde simultáneamente una combinación de cuestiones que afectan a las comunidades.

5.5.

La cooperación entre todas las partes interesadas es esencial. Para hacer llegar la formación profesional a estas comunidades hay que lograr la participación en la esfera local de todas las empresas, escuelas, personal escolar, estudiantes y sus familias, desempleados, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y voluntarios, así como ajustarse a las necesidades a largo plazo de la comunidad. En particular, se considera esencial que la población local se responsabilice y que algunos ciudadanos se conviertan en «vectores» del cambio para poder facultar a las comunidades de manera que desarrollen sus «propias» soluciones.

5.6.

También se comprobó la necesidad de suscitar voluntad política en la esfera local, regional y nacional, para garantizar que dichas comunidades recaben apoyo a largo plazo en materia financiera y de infraestructuras.

5.7.

Se constató que la comunicación de banda ancha mediante telefonía móvil y fija constituye un importante vector para el desarrollo de la enseñanza y formación continuas, en especial el desarrollo de las capacidades en materia de TIC, que se están convirtiendo en un componente esencial en el lugar de trabajo y en el hogar. Para usar determinados dispositivos y servicios se necesitan conocimientos y competencias digitales. En la actualidad, estas competencias son parte fundamental de la vida social y económica de todos los ciudadanos y, por lo tanto, deben reflejarse en todas las fases y formas de enseñanza, desde la escuela primaria hasta la formación para adultos (8). Asimismo, las políticas deben tener en cuenta las características de la población local en términos de edad, titulación y niveles de renta. En el entorno rural, la enseñanza y la formación continuas también pueden recurrir a la enseñanza abierta y a distancia (aprendizaje electrónico o aprendizaje abierto) para completar la formación presencial en determinadas materias o las actividades de formación, para lo cual deberá disponerse de tecnología y conexiones.

5.8.

Por tanto, el acceso universal a la banda ancha de alta velocidad es clave para la promoción de la cohesión social y territorial. Así, se acogen con satisfacción los planes destinados a extender el uso de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural para complementar la ampliación de las infraestructuras de banda ancha comercialmente viables. Sin embargo, también es esencial que los beneficios de esta inversión repercutan en los ciudadanos mediante la prestación de servicios de calidad (por ejemplo, los servicios médicos, el acceso a los entes locales, etc.) y la reducción significativa de costes para los usuarios finales. Los lugares públicos que ofrecen un acceso gratuito mediante Wi-Fi también son importantes para desarrollar el acceso universal a la banda ancha de alta velocidad en los pueblos y ciudades pequeñas.

5.9.

Es bien conocida la dificultad de aportar las competencias necesarias para vivir y trabajar en zonas rurales, de montaña e insulares, lo cual requiere un planteamiento integrado impulsado por cada comunidad local, como sugirió Volonteurope mediante su campaña sobre el aislamiento rural de parte de los ciudadanos europeos (9). Para financiar la enseñanza y la formación continuas, las empresas y los entes locales deberían poder beneficiarse de un apoyo adecuado del Fondo Social Europeo y cabe facilitar las condiciones de acceso a esas ayudas. Por otra parte, es esencial no fundamentar la ayuda financiera en criterios meramente comerciales. El acceso a los fondos disponibles en el marco, por ejemplo, del enfoque de Leader y de programas de desarrollo local participativo es clave. Ello facilitará el papel de los grupos de acción local, de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, proporcionando un marco estable de funcionamiento, financiación, compromiso y asistencia reforzados.

5.10.

Existen en Europa redes de entidades locales y regionales comprometidas con la cooperación en materia de formación profesional y de aprendizaje permanente. Se trata, concretamente, de la FREREF (Fundación de Regiones Europeas para la Investigación en Enseñanza y Formación) y la EARLALL (Asociación Europea de Autoridades Regionales y Locales para el Aprendizaje a lo largo de toda la Vida). El acceso a la formación profesional continua, con una atención especial a las zonas rurales, debería formar parte de los contenidos de estas redes europeas, ya que en el ámbito territorial es donde se pueden crear principalmente los espacios de colaboración y partenariado entre los sectores interesados: entidades locales y regionales, empresas e interlocutores sociales, sociedad civil, centros de empleo, formación y orientación profesional, etc.

5.11.

Debería animarse a las organizaciones de la sociedad civil (en lo sucesivo, OSC) a compartir ejemplos de buenas prácticas y de enfoques innovadores respecto del aislamiento rural. Se debería permitir a sus representantes desempeñar un papel activo en la estructura de gobernanza de los fondos europeos que inciden en el desarrollo rural (Feader, Fondos EIE) y participar realmente en el diseño de programas y la supervisión de los comités de seguimiento a escala nacional, así como hacer que participen grupos locales y colectivos vulnerables en el diseño y la aplicación de los proyectos. En el ámbito de la formación profesional impartida por instituciones no gubernamentales, el movimiento de universidades populares de Grundtvig (10) (originado en Dinamarca en el siglo XIX y aplicado desde entonces con gran éxito en algunos países) es especialmente ilustrativo. Al mismo tiempo, los representantes de las OSC deberían notificar a la Comisión Europea las malas prácticas de los Estados miembros, a fin de garantizar que los gobiernos cumplan con sus obligaciones de consultar y contar con la participación de una amplia gama de partes interesadas (especialmente en el ámbito local) para la concepción, ejecución y evaluación de los programas europeos.

5.12.

El CESE solicita que se recurra a la «Garantía Juvenil» de la UE para promover la enseñanza y la formación continuas de las jóvenes generaciones en las zonas rurales. Las subvenciones de la UE deberían dedicarse, en particular, a explorar la manera de transferir experiencias exitosas e innovadoras que puedan reforzarse y cómo poner en práctica estas experiencias.

6.1.

El presente Dictamen ha resultado ser un asunto extremadamente complejo. Existe una gran diversidad de problemas relacionados con el tema —como el transporte, la vivienda rural, los servicios médicos y sociales, el fomento de las empresas rurales a través de incentivos fiscales, el desarrollo del turismo y muchas otras ideas que se abordaron en nuestros debates y durante la audiencia— que podrían haberse analizado en mayor profundidad.

6.2.

Sin embargo, reconocemos que todas estas cuestiones no pueden tratarse en un solo dictamen, por lo que recomendamos que se aborden en futuros dictámenes.

6.3.

Hay que emprender un análisis más pormenorizado para discernir las tareas que han de ejecutarse en las microempresas y pequeñas empresas, así como la manera de asignarlas; a su vez, ello influirá en la manera de diseñar las cualificaciones destinadas a las microempresas y pequeñas empresas y en la forma de dispensar la formación.

6.4.

El CESE propone emprender un estudio para ayudar a encontrar soluciones a los retos señalados en este Dictamen.

6.5.

El CESE aboga por entablar un diálogo interinstitucional sobre los retos y posibles soluciones, con la participación de varias direcciones generales de la Comisión, la sociedad civil (CESE), los entes locales y regionales (CDR) y el Cedefop.

28.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 32/8

Ponente:

Pierre-Jean COULON

1.1.

El CESE, a raíz del Foro de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales que se celebró en Belgrado los días 2 y 3 de junio de 2015, solicita que la Comunidad de la Energía, cuyo objetivo consiste en extender el acervo energético de la UE a los países candidatos a la adhesión y países de la política de vecindad, se siga reforzando y se integre más estrechamente en el proyecto de Unión de la Energía; la energía debe ser un factor de desarrollo y de interconectividad de la región, y los ciudadanos de los Balcanes Occidentales han de tener una idea clara de las ventajas económicas y medioambientales que aporta la adhesión a la UE.

1.2.

El proyecto de la Unión de la Energía sobre las interconexiones energéticas debe incluir a los Balcanes Occidentales.

1.3.

Las infraestructuras de transporte y de distribución de gas existentes deberán utilizarse de manera óptima; es preciso impulsar la técnica de los «flujos bidireccionales». En cuanto a las nuevas estructuras potenciales, no debe descartarse ningún estudio:

1.4.

Deberá estudiarse cómo establecer una reserva solidaria de almacenamiento de gas para la región, independientemente del refuerzo de las capacidades nacionales.

1.5.

El CESE celebra que se reanuden los estudios relativos a la instalación de una terminal de metano (gas natural licuado) en el Adriático y aboga por su construcción.

1.6.

Es necesario realizar inversiones en energías renovables, que deberán basarse en redes e interconexiones reforzadas y encuadrarse en un marco legislativo claro y estable.

1.7.

La sociedad civil de los Balcanes debe ser integrada y asociada sistemáticamente a los encuentros de la Comunidad de la Energía; el CESE y sus puntos de enlace en cada país deben constituir la base para ello.

1.8.

El CESE aboga por una mayor cooperación interregional y por el desarrollo de proyectos en materia de energía, que constituyen factores de una estabilidad regional reforzada y de creación de empleo.

1.9.

Entre los elementos del acervo de la UE, la Directiva sobre eficiencia energética reviste una importancia especial y debe ser objeto de programas específicos en los países afectados. Es preciso impulsar la cooperación entre las distintas partes que están interesadas en el ámbito de los contadores inteligentes y en las soluciones globales. La eficiencia energética y el ahorro de energía son factores que generan actividad para las empresas y crean empleo ecológico pero también tradicional.

2.1.

Entre los 35 capítulos del acervo de la UE necesarios para la adhesión de un nuevo Estado a la Unión figura el capítulo 15, «Energía», que refleja la importancia de esta cuestión. Este tema ya se abordó en el marco del proceso de adhesión con Montenegro, y también se tratará próximamente durante el proceso de adhesión de Serbia. Sin embargo, conviene señalar que en muchos otros capítulos, las cuestiones energéticas resultan necesarias o muy útiles: ya sea en materia de agricultura, transporte, empresas, cuestiones sociales, medio ambiente, etc., la energía debe tenerse en cuenta.

2.2.

La región del sudeste de Europa abarca Estados que ya son miembros de la UE, países que son candidatos formales y se encuentran en diferentes fases del proceso de preadhesión y países candidatos potenciales.

2.3.

En el contexto de las negociaciones de adhesión, debe alentarse a los países candidatos a aplicar cuanto antes el acervo de la UE, a fin de facilitar su integración en el mercado interior de la energía de la Unión Europea en aras del bienestar de los ciudadanos.

2.4.

La nueva Comisión ha incluido entre sus prioridades primordiales la construcción de una Unión de la Energía: uno de sus vicepresidentes tiene en cartera únicamente esta cuestión, que concierne, además, a no menos de una docena del resto de comisarios. Esta Unión de la Energía, que el CESE pide desde hace varios años (véase, en particular, el Dictamen TEN/493), por fin figura ya en el orden del día, y no puede excluir desde el comienzo de la fase de reflexión a los países destinados a adherirse a la UE a corto o medio plazo; el referido dictamen evoca expresamente la necesidad de tener en cuenta a estos países.

2.5.

La «Estrategia Marco para una Unión de la Energía», que fue publicada por la Comisión Europea el 25 de febrero de 2015 y fue objeto del Dictamen TEN/570, propone reforzar la Comunidad de la Energía. La Estrategia subraya la necesidad de una integración más estrecha de los mercados de la energía de la UE y de los países de la Comunidad de la Energía. Menciona también explícitamente a las partes contratantes de esta Comunidad en el marco de la gestión de las crisis de suministro. Por último, anuncia la actualización periódica de los proyectos de infraestructuras energéticas de interés común (PIC), que podrá ampliarse ahora a los proyectos de interés para la Comunidad de la Energía (PICE).

2.6.

Es preciso encontrar un equilibrio entre energías tradicionales y renovables: para ello, las redes eléctricas tienen que contemplar la posibilidad de crear interconexiones o de reforzar las interconexiones existentes con las redes de la UE. En cuanto a la importante cuestión del gas, el suministro deberá asegurarse mediante interconexiones solidarias con la Unión, así como con la creación de una terminal metanera. Por último, el proyecto de gasoducto Turkish Stream, en sustitución del abortado South Stream, constituye una oportunidad, al igual que los proyectos Trans Adriatic Pipeline (TAP) o Ionian Adriatic Gas Pipeline (IPA). Recordemos que esta región es prácticamente un paso obligado entre las regiones de producción (petróleo, gas) y de gran consumo en la Unión. Pero debe darse prioridad al aprovechamiento de las infraestructuras existentes, a menudo infrautilizadas; hay que fomentar el funcionamiento de los «flujos en sentido inverso»: en el marco de un enfoque energético de seguridad del suministro, no deben considerarse prioritarios los grandes gasoductos, más vulnerables.

3.1.

En el ámbito de la energía, como se ha visto recientemente en el Comité Económico y Social Europeo (TEN/562, TEN/570, etc.), la gobernanza es esencial para las decisiones energéticas, la coordinación de las inversiones, en particular en infraestructuras, la creación de vínculos de solidaridad entre Estados o la definición del papel y la participación de las distintas partes interesadas, incluida la sociedad civil (interlocutores sociales, consumidores, organizaciones medioambientales, etc.).

3.2.

En muchos aspectos, los fundamentos de esta gobernanza existen desde la creación en julio de 2006 de la «Comunidad de la Energía», que engloba a todos los países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo, antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia). En 2010, Moldavia se adhirió a la Comunidad de la Energía, seguida de Ucrania en 2011. Georgia es candidata a la adhesión. Por último, cabe señalar en calidad de observadores a Noruega y Armenia, pero también y, sobre todo, a Turquía.

3.3.

El Tratado aspira a ampliar el mercado interior de la UE a Europa Sudoriental y más allá. Sus objetivos son los siguientes:

3.4.

Nótese que, aunque las intenciones son encomiables, los progresos realizados durante los últimos años han sido bastante limitados.

3.4.1.

Hay que rebasar las relaciones institucionales entre la UE y los Estados miembros de la Comunidad de la Energía, como prevé el proceso de Unión de la Energía propuesto por la Comisión Europea. A tal efecto, el CESE debe ser un elemento constitutivo de esta ampliación de los procedimientos a través de la integración, en el diálogo europeo sobre la energía, de la situación energética en sentido amplio de esta región.

3.4.2.

La adopción del acervo de la UE en materia de energía y la integración en el mercado interior implican una evolución significativa de las prácticas de la región en materia de precios de la energía, las cuales deben tener en cuenta los costes reales y no basarse en una política de precios «subvencionados».

3.4.3.

A tal fin debe recurrirse a las estructuras establecidas para la sociedad civil en el marco del proceso de ampliación, por ejemplo, los comités consultivos mixtos (antigua República Yugoslava de Macedonia —por el momento no operativo—, Montenegro y Serbia —países candidatos que han iniciados las negociaciones y cuyos comités están en funcionamiento—) y el Comité de Seguimiento para los Balcanes Occidentales.

4.1.

Hemos evocado la necesidad de reforzar las interconexiones eléctricas en el interior de la región, pero también aquellas que tienen su destino o su origen en el exterior, así como las rutas de suministro, especialmente de gas natural, y, quizás, de crear una terminal metanera. Esta terminal, que evidentemente se construiría en la parte adriática, sería común a los Estados de la región, o al menos a la mayoría de ellos, y permitiría suministrar gas natural licuado procedente de proveedores más alejados y, posteriormente, de los lugares de producción del Mediterráneo oriental (placa chipriota).

4.1.1.

La reciente firma (10 de julio de 2015), en el marco de la conexión de gas para Europa Central y Suroriental (CESEC), de un memorando de entendimiento entre la Comisión Europea y Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Ucrania debería contribuir a aumentar la diversificación del suministro de gas natural, así como la integración de los mercados de la región. El CESE aboga por la participación de Montenegro en este acuerdo.

4.2.

La combinación energética regional está desequilibrada; no existe un verdadero mercado, la estructura de la combinación energética varía de un país a otro y los precios están casi siempre regulados y, con frecuencia, se mantienen en un nivel artificialmente bajo que no incita a la eficiencia energética ni a la inversión en fuentes diversificadas.

4.3.

De hecho, el carbón representa globalmente cerca del 50 % de la energía consumida, el petróleo y los productos petrolíferos más del 30 %, mientras que el gas «solo» aproximadamente el 10 %. La producción a partir de desechos y biocarburantes está ganando terreno, pero carece de un plan verdaderamente concertado.

4.4.

Según numerosas fuentes (Agencia Internacional de la Energía, redes energéticas nacionales) y estudios de evaluación, los países de los Balcanes Occidentales disponen de un elevado potencial de energías renovables que debe movilizarse y beneficiarse de inversiones para permitir que estos participen en el marco de actuación de la Unión Europea en materia de clima y energía hasta el año 2030:

4.4.1.

Estas perspectivas deben evaluarse en términos de inversiones coordinadas, pero sobre todo de posibilidades de desarrollar actividades y crear empleo, especialmente en las nuevas tecnologías energéticas (empleo ecológico), así como de resolver la pobreza energética. La Comunidad de la Energía debe servir para desarrollar estas actividades, en particular a través del BEI.

4.4.2.

Los «instrumentos para la sociedad civil» previstos en los procesos de adhesión deben utilizarse para impulsar los proyectos propuestos en materia de energía participativa (proyectos asociativos, cooperativas, ONG, etc.).

28.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 32/12

Ponente:

Stefano PALMIERI

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) señala que la activación de la Estrategia de la UE para la Región Alpina (EUSALP) se produce en un momento caracterizado, por un lado, porque persisten los efectos negativos de la crisis financiera en la economía real y, por otro lado, por el intento de promover y activar cambios estructurales a nivel económico, medioambiental y social, con especial atención a la calidad de vida y al bienestar de los ciudadanos.

1.2.

El CESE señala que los sistemas territoriales afectados por EUSALP, cinco Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Austria y Eslovenia) y dos terceros países (Suiza y Liechtenstein) se caracterizan por niveles de desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y cohesión social claramente superiores a la media europea, y por una larga tradición de actividades de cooperación territorial.

1.2.1.

A pesar de que dichas particularidades son evidentes, el CESE considera que EUSALP representa para la región de los Alpes un elemento de valor añadido útil para mantener, e incluso mejorar, los altos niveles económicos, medioambientales y sociales que caracterizan estos sistemas territoriales.

1.2.2.

El CESE considera EUSALP un motor de desarrollo que puede fomentar la competitividad y la cohesión en Europa en línea con los objetivos de la política de cohesión europea y los principios de cooperación y solidaridad que la caracterizan.

1.3.

El CESE señala que estos territorios se caracterizan por rasgos territoriales comunes como los que representan las zonas montañosas alpinas.

1.3.1.

El CESE destaca que los Alpes, además de ser la segunda reserva de biodiversidad de Europa, representan un elemento de identidad que hace reconocible a toda la zona. Debido a sus dimensiones y configuración, los Alpes reflejan en algunos casos un espacio de división material e inmaterial, mientras que en otros casos constituye una encrucijada entre los diferentes niveles territoriales de tipo económico, medioambiental, cultural y social.

1.4.

Aunque el CESE acoge favorablemente la Estrategia de la UE para la Región Alpina (EUSALP), considera necesario acometer iniciativas de integración.

1.5.

El CESE lamenta que la dimensión social no se trate en pie de igualdad en la EUSALP con las políticas medioambientales y económicas. El CESE considera, pues, necesario apoyar en mayor medida la dimensión social para garantizar el desarrollo de un modelo de crecimiento que permita asegurar la competitividad y, al mismo tiempo, la integración y la protección social de las personas, con especial atención a las que se encuentran en situación vulnerable o de desventaja.

1.5.1.

Desde esa perspectiva, el CESE considera fundamental reforzar la dimensión transversal de los objetivos de EUSALP a fin de apoyar en mayor medida la armonización y el equilibrio entre la sostenibilidad económica, medioambiental y social, de acuerdo con la aplicación de un enfoque integral del desarrollo y la innovación social.

1.6.

El CESE considera que los objetivos fijados por EUSALP son coherentes con las prioridades estratégicas de la Región Alpina pero considera que deben producirse integraciones para transformar realmente los desafíos en factores de competitividad y cohesión con especial referencia a la globalización económica, a las tendencias demográficas, cambio climático, cuestiones energéticas y posicionamiento geográfico.

1.7.

Con referencia a la prioridad temática «Crecimiento económico e innovación», el CESE considera esencial desarrollar estrategias de apoyo a la innovación más eficaces en términos de competitividad y creación de empleo, atraer nuevas inversiones, reforzar las intervenciones en apoyo de la agricultura y la silvicultura y valorizar las distintas formas de turismo que de la zona. (Para profundizar en este aspecto, véanse los puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7).

1.8.

Con respecto a la prioridad temática «Movilidad y conectividad», el CESE considera fundamental acometer iniciativas para reducir el transporte de mercancías y de pasajeros «sobre el asfalto» y promover una accesibilidad sostenible medioambientalmente a las zonas turísticas, reducir el tráfico de vehículos en los sistemas urbanos y suburbanos, así como garantizar la accesibilidad a los servicios y la conectividad en todas las dimensiones de la Región Alpina. (Para profundizar en este aspecto, véanse los puntos 3.8, 3.9 y 3.10).

1.9.

En lo que atañe a la prioridad temática «Medio ambiente y energía», el CESE considera fundamental mantener un equilibrio entre la conservación del patrimonio natural y cultural y su explotación racional, la conectividad ecológica, la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, un suministro de energía seguro, económicamente asequible y cualitativamente elevado. (Para profundizar en este aspecto, véanse los puntos 3.11, 3.12 y 3.13).

1.10.

El CESE considera necesario dotar a EUSALP de una verdadera «gobernanza multinivel» que permita al mismo tiempo valorizar la «dimensión horizontal» (participación de la sociedad civil) y completar y enriquecer la «dimensión vertical» (participación de entes locales y regionales) en el pleno respeto de los principios de «subsidiariedad y proporcionalidad».

1.11.

El CESE propone que se ponga en marcha un proceso permanente de desarrollo de capacidades que respalde y mejore la participación activa de la sociedad civil en los procesos de desarrollo de EUSALP, y la puesta en marcha de un «foro permanente» encargado de representar y apoyar a los interlocutores económicos y sociales de la Región Alpina, que opere también en las diferentes regiones afectadas por la estrategia.

1.11.1.

Desde esta perspectiva, el CESE propone poner en marcha un programa específico «Actuar a escala local — EUSALP» que prevea la participación activa de todos los representantes del Comité implicados y afectados por las iniciativas que propone EUSALP. A través de «Actuar a escala local — EUSALP» podrán activarse —con la sociedad civil local— procesos de información y de formación de las actividades previstas en el Plan de Acción y de las posibilidades de participación de las diferentes instancias locales, garantizando a la vez un proceso decisorio compartido de las intervenciones previstas.

1.12.

Respecto a los sistemas de seguimiento y evaluación de EUSALP, el CESE considera indispensable incorporar indicadores «cualitativos» a las mediciones «cuantitativas» de acuerdo con el enfoque que pretende «ir más allá del PIB».

1.13.

El CESE desea que la viabilidad económica de las intervenciones que se lleven a cabo en el marco de EUSALP se vea reforzada aplicando una estrategia orientada, de una parte, a aprovechar las sinergias y la complementariedad entre los «Fondos Estructurales y de Inversión europeos 2014-2020» y los demás programas europeos en régimen de gestión directa, y, de otra parte, a utilizar las herramientas facilitadas por el «desarrollo local participativo».

1.14.

El CESE considera que para alcanzar los objetivos estratégicos fijados por la EUSALP es esencial también recurrir a las posibilidades de financiación que ofrece el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y promover la coparticipación de inversiones privadas, tal como propone el «Plan Juncker».

1.15.

El CESE valora positivamente las medidas propuestas en el Plan de Acción destinadas a aprovechar las sinergias entre EUSALP y las demás estrategias macrorregionales ya activadas, con vistas a proyectar el concepto macrorregional hacia otras zonas europeas estratégicas para la competitividad económica y la cohesión social de Europa, como por ejemplo la del Mediterráneo Occidental y los Balcanes.

2.1.

El objetivo del presente dictamen es evaluar el Plan de Acción de la «Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina» (EUSALP) (1) desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. El dictamen toma como punto de partida el dictamen exploratorio del CESE «Estrategia de la UE para la región alpina» (2) y las conclusiones de la audiencia celebrada el 25 de junio de 2015 en Ispra (Italia) y otros dictámenes del CESE sobre estrategias macrorregionales (3).

2.2.

Para transformar en factores de competitividad económica y de cohesión social los retos del Plan de Acción EUSALP, es necesario apoyar la aplicación de políticas de desarrollo que estén en consonancia con las directrices enunciadas en el artículo 3, apartados 1, 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (4), así como adoptar un enfoque global del desarrollo y la innovación social.

2.2.1.

Reforzando el enfoque integral de EUSALP podrá apoyarse eficazmente la competitividad y la cohesión de la macrorregión a través de la aplicación de políticas y proyectos que pueden hacer realmente interdependientes los objetivos económicos, medioambientales y sociales.

2.2.2.

Es preciso programar y llevar a cabo EUSALP desde una óptica de innovación social, en un proceso de desarrollo que permita promover y favorecer la realización de nuevas ideas las cuales, además de reforzar la competitividad económica deben ser funcionales y responder a las necesidades de las personas que viven en la Región Alpina y de la sociedad en su conjunto.

2.3.

De los análisis y evaluaciones elaborados por el CESE en el dictamen titulado «Balance de la Estrategia Europa 2020» (5) y en el informe sobre la «Revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020» (6) se deduce claramente que EUSALP es un instrumento útil para garantizar la solidez del sistema económico y social y para ofrecer «protección y desarrollo» a la sociedad civil de la Región Alpina.

2.3.1.

El reforzamiento de la solidez de la macrorregión Alpina es un factor decisivo para incrementar la capacidad de la sociedad civil para absorber, gestionar y prevenir los efectos de las crisis y de los cambios estructurales que afectan cada vez más a menudo a nuestros sistemas socioeconómicos, y para reforzar la competitividad económica de la Región Alpina en cuanto a cohesión social y sostenibilidad.

2.4.

De conformidad con las decisiones asumidas en la Resolución Política de Grenoble (Résolution politique pour la mise en oeuvre d'une stratégie de l'Union Européenne pour la région Alpine)  (7), el Plan de Acción identifica los desafíos que afectan al espacio de cooperación, las prioridades políticas, los objetivos y las acciones específicas, y expone algunos ejemplos de ideas de proyectos.

2.5.

Los principales retos y los objetivos que se mencionan en el Plan de Acción de EUSALP se refieren a la globalización económica, la evolución demográfica, el cambio climático, las cuestiones energéticas y la situación geográfica de la Región Alpina. El CESE, si bien valora positivamente el Plan de Acción de EUSALP, considera necesario integrar los objetivos en lo que respecta a lo que se menciona a continuación.

2.5.1.

Promover un sistema empresarial dinámico y respaldar la competitividad de las empresas de la región mediante la innovación, a fin de reforzar la capacidad del sistema económico para afrontar eficazmente los retos planteados por la globalización de la economía, responder a las necesidades de la sociedad civil y garantizar el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad.

2.5.2.

Fomentar el desarrollo del potencial basado en las tradiciones y la diversidad social apoyando el mantenimiento de los valores de identidad que caracterizan a estos territorios, promoviendo al mismo tiempo la capitalización de los conocimientos y tradiciones locales como palanca de desarrollo económico e inclusión social.

2.5.3.

Apoyar las iniciativas destinadas a abordar de manera más eficaz los cambios demográficos que caracterizan a la Región Alpina, con especial referencia a la gestión de los efectos combinados derivados del envejecimiento de la población y los nuevos procesos de migración.

2.5.4.

Promover los procesos destinados a mitigar el cambio climático y adaptar las regiones a los cambios climatológicos con referencia específica a las repercusiones sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la actividad económica y las condiciones de vida de los ciudadanos (8).

2.5.5.

Hacer frente a los retos energéticos relacionados con la durabilidad de la demanda, la seguridad y la accesibilidad económica para las empresas y los ciudadanos, promoviendo inversiones en fuentes de energía menos costosas y más limpias, un mercado macrorregional energético más abierto y competitivo y un mayor ahorro de costes mediante la explotación de los recursos energéticos autóctonos y las fuentes de energía renovables convencionales (por ejemplo, biomasa, hidráulica y geotérmica) y no convencionales (eólica y solar).

2.5.6.

Desarrollar políticas y acciones destinadas a valorizar el carácter estratégico de la situación geográfica de la Región Alpina, especialmente en materia de transportes, en el pleno respeto de los principios de protección y conservación del medio ambiente. Deberán apoyarse asimismo nuevos enfoques de responsabilidad compartida y de cooperación equitativa entre los territorios, como por ejemplo los vínculos verticales entre las zonas urbanas, rurales, de montaña y turísticas.

2.5.7.

Promover el equilibrio, la equidad y la universalidad del acceso a los servicios de interés general para hacer frente a las necesidades de las personas que residen en la Región Alpina prestando especial atención a los sistemas territoriales caracterizados por «desventajas geográficas».

2.5.8.

Apoyar la protección y la gestión sostenible de la biodiversidad, de los paisajes y de los recursos naturales, estableciendo un equilibrio justo entre las iniciativas encaminadas a la conservación y las orientadas a un uso racional de los servicios y los productos de los ecosistemas, así como a un reparto más equilibrado de las ventajas que se derivan de su utilización.

2.5.9.

Promover la definición de un transversalidad (mainstreaming) social de referencia mediante la planificación de intervenciones relacionadas con las condiciones laborales, seguridad social, cuestiones de género, personas con discapacidad e inmigrantes.

2.5.10.

Definir y desarrollar un «objetivo funcional» específico identificable en la preparación y aplicación de los procesos de desarrollo orientados a limitar los desequilibrios entre las dimensiones económica, medioambiental y social que funcionaría como «banco de pruebas» útil para capitalizar los resultados de la política de cohesión en toda Europa.

2.5.11.

Promover a nivel local y regional un proceso –lo más amplio posible– para definir, intercambiar y debatir las diversas opciones económicas, sociales y medioambientales que afectan a la región. Este proceso deberá utilizar métodos ya experimentados en otros contextos y lugares permitiendo hacer participar a representantes de los ciudadanos, interlocutores sociales y económicos y organismos de representación de la sociedad civil.

3.1.

El principal reto que deberá abordar la estrategia de la Región Alpina será el de armonizar y reforzar el equilibrio entre los objetivos de sostenibilidad económica, medioambiental y social.

3.2.

El CESE valora positivamente el Plan de Acción de la EUSALP, pero considera que las tres prioridades temáticas («Crecimiento económico e innovación», «Movilidad y conectividad» y «Medio ambiente y energía») necesitan una mayor integración y profundización.

3.3.

Si bien, como señala el Innovation Union Scoreboard 2015  (9), los territorios pertenecientes a la Estrategia de la Región Alpina poseen niveles de innovación superiores a la media europea, es evidente que las políticas y las estrategias para apoyar las formas de innovación «tradicional» rinden escasos retornos en cuanto a competitividad y puestos de trabajo creados si se comparan con las inversiones realizadas.

3.4.

Es necesario, pues, reforzar los instrumentos operativos destinados a favorecer la «innovación abierta» (10), modelo basado en la aplicación del concepto de «cuádruple hélice» mediante el cual los organismos públicos, las empresas, las universidades y las personas (los ciudadanos) cooperan en los procesos que caracterizan a la innovación (creación compartida, exploración, experimentación y aplicación) a fin de desarrollar nuevos productos y servicios centrados en las necesidades reales de los usuarios finales.

3.5.

El desarrollo de la Región Alpina se halla vinculado a la valorización de las cadenas productivas locales y de los distritos que constituyen la espina dorsal del sistema productivo. Es necesario poner en marcha políticas de desarrollo que atraigan nuevas inversiones, especialmente en los «sectores emergentes»; y no solo para optimizar el rendimiento productivo, sino para contrarrestar el despoblamiento de las zonas «periféricas».

3.6.

Es fundamental promover iniciativas orientadas a la cualificación y profesionalización de los trabajadores, tanto en los sectores productivos «tradicionales» como en los emergentes (incluidos el sector cultural y creativo).

3.7.

La agricultura —especialmente la de montaña— y la silvicultura son sectores económicos que deben apoyarse para conservar los paisajes creados por el hombre, favorecer el establecimiento en zonas periféricas, salvaguardar las infraestructuras de las zonas de montaña, y suministrar las materias primas que forman la base de alimentos y productos de alta calidad.

3.7.1.

Para hacer más competitivas la agricultura y la silvicultura de montaña es prioritario promover iniciativas destinadas a la valorización de «marcas de calidad» específicas de los productos de montaña, formas de colaboración más estructuradas entre las distintas zonas de montaña de la Región Alpina y entre estas y los sistemas urbanos mediante la activación de proyectos en el marco de los programas de la UE 2014-2020 (11) (con especial referencia a las iniciativas de apoyo a la promoción de los productos agrícolas de montaña).

3.8.

Lo que caracteriza al turismo de las regiones de la zona alpina es la diversidad de actividades que solicita el turista: turismo de naturaleza, turismo activo y deportivo, turismo saludable y de descanso, turismo cultural, turismo de congresos y de eventos, y también turismo de compras.

3.8.1.

Es prioritario reactivar el turismo sostenible mediante una política integrada que conduzca a la definición de normas destinadas a la protección de la Región Alpina y a la difusión de modelos de desarrollo sostenible. Asimismo, es preciso apoyar los procesos que contribuyan a reducir la estacionalidad del turismo fomentando modalidades de turismo que aún no se aprovechan plenamente (por ejemplo, el turismo de salud) y mejorando de manera general la calidad de los servicios en las zonas de montaña.

3.9.

Debido a su particular topografía, los transportes de la macrorregión alpina se concentran a lo largo de escasos corredores, provocando un aumento desproporcionado del transporte de mercancías de larga distancia por carretera en zonas ecológicamente muy sensibles. La movilidad en las zonas periféricas y de montaña es un requisito indispensable para mantener los contactos sociales; fenómenos como los cambios en el estilo de vida y las tendencias demográficas suponen un aumento de tráfico individual motorizado.

3.9.1.

Es fundamental apoyar la realización de intervenciones destinadas a la adecuación y a la racionalización de las infraestructuras de transporte en todos los sistemas territoriales de la Región Alpina, con especial atención a las conexiones transfronterizas, a la transferencia de la mayor cantidad posible de mercancías y de personas desde «el asfalto» a otras formas de transporte (por ejemplo, el ferrocarril), y promover la accesibilidad sostenible a las zonas turísticas prestando atención a las grandes distancias pero también al denominado «último kilómetro».

3.9.2.

Con referencia específica a los sistemas urbanos y metropolitanos, es necesario apoyar la transferencia del tráfico en vehículo privado hacia el transporte público local e incentivar las pistas para peatones y ciclistas mejorando las infraestructuras y mediante iniciativas tendentes a promover el cambio de costumbres de las personas fomentando la utilización de formas de transporte y movilidad ecológicas.

3.10.

El acceso equilibrado, equitativo y universal a servicios de alta calidad y la conectividad son elementos indispensables para garantizar niveles adecuados de calidad de vida para toda la población de la macrorregión alpina y, en particular, para quienes viven y trabajan en zonas que sufren desventajas geográficas.

3.10.1.

Es prioritario apoyar la aprobación de soluciones innovadoras que garanticen en las zonas de montaña y rurales la prestación de servicios básicos (educación, sanidad, servicios sociales y movilidad) y reforzar las infraestructuras y las TIC para garantizar un nivel de disponibilidad de los servicios públicos que permita responder a las necesidades de todas las personas que residen en la Región Alpina.

3.11.

La diversidad de especies de flora y fauna y de paisajes naturales en la Región Alpina son un «capital» que merece ser protegido y valorizado, ya que constituye uno de los elementos esenciales en los que se fundamenta la calidad de vida y el atractivo de estos territorios.

3.11.1.

Es necesario apoyar la protección y la gestión sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales, culturales y paisajísticos logrando un justo equilibrio entre las intervenciones destinadas a la conservación y las orientadas a una utilización racional. Asimismo es esencial promover medidas que favorezcan la «conectividad ecológica» de la zona, en consonancia con lo dispuesto por la Comisión Europea en la Comunicación «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa» (12).

3.12.

La gestión del cambio climático y de los riesgos naturales provocados por él es un reto común para toda la Región Alpina, pero es que además, los Alpes constituyen el sistema montañoso más poblado y más intensamente explotado del mundo y manifiestan una sensibilidad superior a la media respecto al fenómeno del cambio climático.

3.12.1.

Es prioritario acometer iniciativas transnacionales (los efectos del cambio climático no conocen fronteras) con el fin de mitigar sus efectos y adaptar la Región Alpina al cambio climático: las medidas de mitigación deben centrarse en evitar las consecuencias del cambio climático difíciles de gestionar reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero; por su parte, las medidas de adaptación deben orientarse a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y a gestionar las repercusiones inevitables.

3.13.

Para garantizar y promover la calidad de vida y las ventajas que supone su localización, la Región Alpina necesita un sistema de abastecimiento de energía seguro, económicamente asequible y de alta calidad.

3.13.1.

Además de apoyar iniciativas destinadas a incrementar la cuota de energía procedente de fuentes renovables –como el agua, la leña, la biomasa, el sol o el viento– es fundamental fomentar la eficiencia energética, tanto en el sector público como en el privado.

4.1.

La crisis económica, además de tener consecuencias negativas sobre la economía real y las condiciones de vida de millones de hombres y mujeres, ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de acometer medidas públicas para frenar los aspectos regresivos de un crecimiento no sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, protegiendo así las condiciones de vida y el bienestar de los ciudadanos por medio del reforzamiento de las intervenciones en el ámbito social y las políticas de bienestar y medioambientales.

4.2.

El CESE considera que EUSALP no aborda adecuadamente la dimensión social y que esta debe reforzarse para garantizar el desarrollo de un modelo de crecimiento que permita asegurar la competitividad y, al mismo tiempo, la inclusión y la protección social de las personas, con especial atención a quienes se ven más afectados por situaciones de vulnerabilidad o precariedad.

4.2.1.

A tal fin, la EUSALP deberá prever iniciativas destinadas a:

4.3.

A pesar de que el sistema de gobernanza de EUSALP es coherente con las conclusiones de las evaluaciones elaborados por el CESE en su dictamen «Gobernanza de las estrategias macrorregionales» (13), cabe señalar algunos defectos y algunas medidas complementarias posibles.

4.3.1.

La gobernanza multinivel de EUSALP debe reforzarse aplicando una verdadera «dimensión horizontal» (participación de las instancias económicas, de los interlocutores sociales y de los representantes de la sociedad civil) que integre y refuerce la «dimensión vertical» (participación de los entes regionales y locales) en el pleno respeto de los principios de «subsidiariedad y proporcionalidad», cuya aplicación es fundamental para garantizar una redistribución territorial equitativa de los beneficios generados por de la EUSALP, evitando que los objetivos de los distintos Estados y territorios tengan prioridad sobre los intereses comunes.

4.3.2.

Es esencial prever la creación de un «Foro de la sociedad civil EUSALP» cuyas actividades deberán integrarse con las de los «grupos de acción» y desarrollarse en el marco de un modelo operativo que permita la participación real de los representantes de los agentes económicos y sociales en la aplicación de la estrategia a escala regional y local. Por esta razón, conviene que, además de un foro de la sociedad civil de la macrorregión, se organicen foros regionales (y, en la medida de lo posible, locales) de la sociedad civil que garanticen una gestión de la estrategia en la que realmente participen todas las instancias locales.

4.3.3.

También es fundamental promover una actividad permanente de desarrollo de capacidades que acompañe y enriquezca la participación activa de la sociedad civil organizada en los procesos de desarrollo de la EUSALP y que favorezca al mismo tiempo la sensibilización de los ciudadanos y la mejora de sus conocimientos en lo que respecta a las principales temáticas y actividades que afectan a la Región Alpina. En relación con esta prioridad, el Comité propone la puesta en marcha de un programa específico «Actuar a escala local — EUSALP».

4.4.

La aplicación de la Estrategia para la Región Alpina debe ir acompañada de un sistema de supervisión que permita evaluar las mejoras efectivamente aportadas a EUSALP.

4.4.1.

Es indispensable completar las mediciones «cuantitativas» con indicadores «cualitativos» de acuerdo con el enfoque «más allá del PIB» (14), a fin de evaluar el impacto que las políticas adoptadas ejercen sobre la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud y el bienestar general de las generaciones actuales y futuras.

4.5.

Si se coordinan y someten a un enfoque estratégico unificado los importantes fondos que la UE ha comprometido ya con cargo a los «Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020» (15) y a la «Cooperación Territorial Europea (CTE)» (16) podrán garantizar los recursos económicos necesarios para apoyar la aplicación de EUSALP.

4.5.1.

Es importante desarrollar enfoques innovadores para valorizar las sinergias y la complementariedad entre los «Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020» y los demás programas europeos que se gestionan de manera directa, tal como se expone en el documento de la Comisión Europea Enabling synergies between European Structural and Investment Funds and Horizon 2020 («Permitir sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Horizonte 2020»] (17).

4.5.2.

Para alcanzar los objetivos de EUSALP es también esencial aprovechar las oportunidades de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) e incentivar el recurso a las inversiones privadas, tal como se propone en el «Plan Juncker» (18).

4.5.3.

Para apoyar la sostenibilidad financiera de EUSALP es también prioritario apoyar, en la medida de lo posible, las iniciativas destinadas a aplicar las herramientas que proporciona el «desarrollo local participativo», con especial referencia al «desarrollo local comunitario» (DLC) (19) y a la «inversión territorial integrada» (20) tal como se propone en el dictamen del CESE «El desarrollo local participativo» (21) y en el programa Interreg V Italia-Austria, mediante el anuncio para la presentación de estrategias de desarrollo local transfronterizo en relación con el DLC (22).

28.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 32/20

Ponente general:

Carmelo CEDRONE

1.1.

La situación económica y social en Grecia sigue registrando problemas considerables y graves debido a la persistencia de unos bajos índices de crecimiento y la escasez de fondos públicos necesarios para estimular el crecimiento. Las causas de esta situación se conocen y han sido destacadas reiteradamente por el CESE en los últimos años y meses. Este problema también tiene repercusiones importantes en relación con los medios necesarios disponibles para ejecutar los programas previstos con la ayuda financiera de los Fondos Estructurales durante el período 2014-2020, además de los fondos residuales del período 2007-2013.

1.2.

La Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de modificación del Reglamento no 1303/2013 (por el que se establecen disposiciones comunes para los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) respecto de las medidas previstas para Grecia (1).

1.3.

La propuesta de la Comisión, destinada a compensar la falta de liquidez y de recursos públicos para la inversión en Grecia, prevé dos facilidades financieras que consisten fundamentalmente en un anticipo de los pagos sobre los fondos ya concedidos a Grecia y, por lo tanto, sin incidencia en el presupuesto para el período 2014-2020, y un aumento de los porcentajes de cofinanciación.

1.4.

La propuesta legislativa cubre los períodos 2007-2013 y 2014-2020.

1.5.

Respecto del período 2014-2020, la Comisión propone aumentar el nivel de la prefinanciación inicial de los fondos disponibles para los programas de la política de cohesión dentro del objetivo de inversión en crecimiento y empleo (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión) y los programas apoyados por el FEMP en siete puntos porcentuales. En total, se trata de 1 000 millones EUR disponibles en dos años (500 millones EUR en 2015 y otros tantos en 2016).

1.6.

Respecto del período 2007-2013, la Comisión propone que se aplique un porcentaje máximo de cofinanciación del 100 % a los gastos subvencionables declarados para calcular los pagos intermedios y los saldos finales de los programas operativos que haya llevado a cabo Grecia; así como la liberación anticipada del 5 % de los pagos restantes de la UE que se suelen retener hasta el cierre de los programas. Ello supondría una liquidez adicional inmediata de 500 millones EUR en 2015 y de otros 500 millones EUR en 2016.

2.1.

El CESE comparte la preocupación de la Comisión sobre la necesidad de ofrecer a Grecia recursos financieros suplementarios que permitan reactivar las inversiones destinadas a apoyar el crecimiento sostenible. En efecto, hace tiempo que el CESE realizó propuestas que van en esta dirección para todos los países y territorios que tenían dificultades respecto del presupuesto, la deuda o una alta tasa de desempleo (2).

2.2.

Estima que la propuesta de la Comisión, que ella misma consideraba excepcional y que examina ahora el Parlamento Europeo, no responde a los objetivos que se propone alcanzar. Se trata de una ayuda que, tanto por el volumen financiero como por las disposiciones previstas para su concesión (un anticipo sobre los recursos previstos), es insuficiente para cubrir las necesidades que tiene Grecia en cuanto a inversión pública y recuperación de los niveles de competitividad y empleo de su sistema productivo. La provisión de liquidez resultante de la aplicación del nuevo Reglamento se estima en aproximadamente 2 000 millones EUR, un importe sin duda considerable pero no suplementario y que se compensará con una reducción de igual importe en los recursos previstos para años posteriores (2018-2020).

2.3.

El CESE ha señalado en repetidas ocasiones en sus dictámenes que, si la Comisión quiere ayudar a Grecia, los recursos suplementarios que deben destinarse a este país, tanto mediante nuevos programas de inversión como reduciendo el porcentaje de cofinanciación nacional necesario para las ayudas de los programas operativos financiados con cargo a los Fondos Estructurales para el período 2014-2020, deben tener un volumen muy superior.

2.4.

El CESE destaca un segundo problema vinculado a los retrasos en la puesta en marcha del nuevo programa de los Fondos Estructurales. Los recursos asignados por la política de cohesión a Grecia para el período 2014-2020 ascienden a un total aproximado de 35 000 millones de EUR. La difícil situación económica, pero también política, que Grecia está experimentando ha dado lugar a una gran incertidumbre en cuanto a decisiones de inversión y retrasos administrativos que no le han permitido poner en marcha los procedimientos necesarios para acceder a los recursos del nuevo período de programación 2014-2020.

2.5.

El CESE teme que estos retrasos, junto con las medidas de austeridad exigidas por la UE para aprobar el tercer plan de ayudas que inevitablemente reducirán los recursos públicos para inversiones, repercutirán también en la activación de los programas de gasto previstos por los Fondos para el próximo año, así como para todo el período hasta 2020.

2.6.

Los proyectos que se ejecutan actualmente en Grecia se financian en gran parte con fondos del período de programación 2007-2013. Los últimos análisis sobre los fondos residuales del período 2007-2013 indican que existe un importe disponible de 1,5 a 2 millones EUR que, en caso de no utilizarse antes de finalizar el ejercicio, deberán devolverse. La Comisión podría haber incluido en su propuesta, dadas las circunstancias excepcionales del país, plazos más largos para la presentación de los gastos efectuados (de n+2 a n+3).

3.1.

En conclusión, el CESE comparte y apoya la propuesta de la Comisión, aunque considera que es insuficiente. En efecto, tal como ha propuesto en muchos dictámenes, juzga que las instituciones europeas y los Estados miembros deben elaborar un programa de asistencia a los países de la zona del euro en dificultades, comenzando por Grecia, más sustancial y creíble que lo propuesto hasta ahora, que introduzca mayor flexibilidad en la aplicación de la nueva gobernanza europea de la política fiscal y presupuestaria, que incremente en mayor medida los recursos disponibles para la financiación con cargo al BEI y al Fondo Europeo de Inversiones (FEI), a partir del plan Juncker, y que integre y coordine de manera más funcional los recursos destinados a la financiación de otras políticas de la UE.

3.2.

En síntesis, además de lo ya señalado, sería necesario: a) ampliar la propuesta (eliminación de la cofinanciación para Grecia) a todo el período 2014-2020; b) acelerar y adelantar las intervenciones del plan Juncker para Grecia con el fin de fomentar, con ambas medidas, la recuperación económica, el desarrollo y el empleo; c) simplificar los trámites administrativos, NO al contrario; d) crear, por parte de la Comisión, un grupo de trabajo mixto que pueda apoyar y acompañar a Grecia en las distintas fases para utilizar los diferentes Fondos Estructurales; e) evaluar la posibilidad de ampliar dichas medidas, o medidas similares, con los controles correspondientes, a los demás países que se han visto o se ven más afectados por la crisis y que tienen una tasa de desempleo superior a la media europea.

28.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 32/23