30.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 128/8

(1)

La libre circulación de los trabajadores es una libertad fundamental de los ciudadanos de la Unión y uno de los pilares del mercado interior de la Unión, consagrada en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Su aplicación está desarrollada en el Derecho de la Unión y dirigida a garantizar el pleno ejercicio de los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias. «Miembros de sus familias» tiene el mismo significado que en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que también se aplica a los miembros de la familia de los trabajadores fronterizos.

(2)

La libre circulación de los trabajadores es también un elemento clave para el desarrollo de un verdadero mercado de trabajo de la Unión, ya que permite que los trabajadores se desplacen a zonas con carencia de mano de obra o en la que hay mayores oportunidades de empleo, ayuda a más personas a encontrar un empleo que se adapte mejor a sus aptitudes y contribuye a superar los estrangulamientos del mercado de trabajo.

(3)

La libre circulación de los trabajadores otorga a cada ciudadano de la Unión, independientemente de su lugar de residencia, el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para trabajar y/o residir en el mismo a efectos laborales. Le protege contra la discriminación por razón de la nacionalidad en relación con el acceso al empleo, las condiciones de empleo y trabajo, en particular la remuneración, el despido, así como las ventajas sociales y fiscales, garantizándoles la igualdad de trato, con arreglo a la legislación y prácticas nacionales y a los acuerdos colectivos, con respecto de los nacionales de ese Estado miembro. Tales derechos deberían ser ejercidos sin discriminación por razones de nacionalidad a todos los ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación, entre estos, a los trabajadores permanentes, de temporada y fronterizos. Es necesario distinguir la libre circulación de los trabajadores de la libre prestación de servicios, que otorga a las empresas el derecho a prestar sus servicios en otro Estado miembro, para lo cual pueden desplazar temporalmente a sus propios trabajadores a otro Estado miembro para que realicen el trabajo necesario para la prestación de servicios en dicho Estado miembro.

(4)

Por lo que se refiere a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias que ejercen su derecho a la libre circulación, el artículo 45 del TFUE les confiere unos derechos sustantivos para el ejercicio de esta libertad fundamental, que se especifican más detalladamente en el Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(5)

El ejercicio efectivo de la libertad de circulación de los trabajadores sigue representando, sin embargo, un gran reto y, muchos trabajadores de la Unión con frecuencia no son conscientes de sus derechos de libre circulación. A causa, entre otros motivos, de su posición potencialmente más vulnerable, los trabajadores de la Unión pueden seguir sufriendo restricciones y obstáculos injustificados a su derecho a la libre circulación, como el no reconocimiento de las cualificaciones, discriminación por razón de la nacionalidad y explotación al desplazarse a otro Estado miembro. Por tanto, existe entre la legislación y su aplicación práctica una discrepancia que debe ser abordada.

(6)

En julio de 2010, en su Comunicación titulada «Reafirmación de la libre circulación de los trabajadores: derechos y avances importantes», la Comisión señaló que estudiaría las formas de abordar las nuevas necesidades y los nuevos retos en particular a la luz de las nuevas pautas de movilidad a los que se enfrentan los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias. También señaló que, en el contexto de la nueva estrategia para el mercado interior, examinaría la manera de promover y reforzar los mecanismos para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación. La Comisión resumió asimismo la evolución de la legislación y la jurisprudencia, en particular sobre el ámbito personal de la legislación de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores y el contenido de los derechos de que disfrutan los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias.

(7)

En el Informe sobre la Ciudadanía de la UE titulado «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la Unión», de 27 de octubre de 2010, la Comisión identificó la aplicación divergente e incorrecta del Derecho de la Unión sobre el derecho a la libre circulación de los trabajadores como uno de los principales obstáculos a que se enfrentan los ciudadanos de la UE en el ejercicio efectivo de los derechos que les confiere la legislación de la UE. Por consiguiente, la Comisión anunció su intención de tomar medidas para facilitar «la libre circulación de ciudadanos de la UE y miembros de su familia nacionales de terceros países mediante el cumplimiento estricto de las normas de la UE, incluida la no discriminación; promoviendo las buenas prácticas y un mayor conocimiento de las normas de la UE en la práctica, así como impulsando la difusión a los ciudadanos de la UE de la información relativa a sus derechos de libre circulación» (acción no 15 del Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2010). Además, en el informe de 2013 sobre la ciudadanía de la UE, titulado «Ciudadanos de la Unión: vuestros derechos, vuestro futuro», la Comisión abordó la necesidad de suprimir los obstáculos administrativos y de simplificar los procedimientos para los ciudadanos de la Unión que residen, trabajan y viajan en otros Estados miembros.

(8)

En la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» de 18 de abril de 2012 (Paquete de empleo), la Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa (información y asesoramiento) para apoyar a los trabajadores móviles en el ejercicio de los derechos derivados del TFUE y del Reglamento (UE) no 492/2011, e instó a los Estados miembros a que «diesen a conocer más los derechos conferidos por la legislación de la Unión en materia de no discriminación, igualdad entre los sexos y libre circulación de trabajadores, y a que permitiesen y facilitasen el acceso de los ciudadanos de la Unión a puestos de trabajo en sus sectores públicos, de conformidad con el derecho de la Unión, según lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». En este contexto, el Tribunal ha mantenido de manera constante que la restricción por parte de un Estado miembro del acceso a determinados puestos de la administración pública a sus propios nacionales tiene que interpretarse de manera restrictiva y que únicamente puede afectar a los puestos de trabajo que implican una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas.

(9)

Una aplicación y un cumplimiento adecuados y eficaces del artículo 45 del TFUE y del Reglamento (UE) no 492/2011, así como una sensibilización acerca de los derechos, son elementos clave para la protección de los derechos y la igualdad de trato de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias, mientras que si el cumplimiento de la legislación de la Unión antes citada no se garantiza adecuadamente, se debilita la eficacia de las disposiciones de la Unión aplicables en este ámbito y se ponen en peligro los derechos y la protección de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias.

(10)

Una aplicación más eficaz y uniforme de los derechos que confiere la normativa de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores también es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior.

(11)

Deberían mejorarse la aplicación y la supervisión de la normativa de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores, a fin de garantizar que los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, así como los empleadores, autoridades públicas y otras personas afectadas estén mejor informados de los derechos y responsabilidades en materia de libre circulación, para ayudar y proteger a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias en el ejercicio de los mismos y de combatir cualquier elusión de esas normas por parte de las autoridades públicas y los empleadores públicos o privados. En este contexto, los Estados miembros pueden asimismo tomar en consideración los efectos de una mayor movilidad, como la «fuga de cerebros» o la «fuga de jóvenes».

(12)

Con objeto de garantizar la correcta aplicación de las normas sustantivas de la Unión relativas a la libre circulación de los trabajadores y controlar su cumplimiento, los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias contra la discriminación por razón de la nacionalidad y contra toda restricción u obstáculo injustificados al ejercicio del mencionado derecho.

(13)

A estos efectos, procede establecer normas específicas para el cumplimiento eficaz y facilitar una aplicación mejor y más uniforme de las normas sustantivas que rigen la libertad de circulación de los trabajadores de conformidad con el artículo 45 del TFUE y del Reglamento (UE) no 492/2011. Por lo que respecta al cumplimiento de esta libertad fundamental, deberían tenerse en cuenta el principio de igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias en razón de los motivos enumerados en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»).

(14)

En este contexto, a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias que hayan sido objeto de discriminación por razón de la nacionalidad, o hayan sufrido cualquier restricción u obstáculos injustificados al ejercicio de sus derechos de libre circulación, se les debería garantizar una protección judicial real y efectiva. En caso de que existan procedimientos administrativos como vía de recurso jurídico, los Estados miembros deberían garantizar que toda decisión administrativa pueda impugnarse ante los tribunales, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta. Teniendo en cuenta el derecho a una protección judicial efectiva, los trabajadores de la Unión deberían ser protegidos de cualquier trato o consecuencia desfavorable que pueda tener la presentación por su parte de una reclamación o el inicio de cualquier tipo de procedimiento destinado a proteger el ejercicio de los derechos salvaguardados por la presente Directiva.

(15)

A fin de conseguir unos niveles de protección más eficaces, también se debería facultar a las asociaciones y a las personas jurídicas, incluyendo a los interlocutores sociales, para que con arreglo a las disposiciones de los Estados miembros, puedan, con el consentimiento de la presunta víctima, iniciar procedimientos en su nombre o apoyar los ya iniciados. Esto debería entenderse sin perjuicio de la normativa procesal nacional relativa a la representación y defensa ante los tribunales ni de otras competencias y derechos colectivos de los interlocutores sociales, los representantes de los trabajadores y de los empleadores, como los relativos a la aplicación, en su caso, de acuerdos colectivos, incluidas las medidas en nombre de un interés colectivo, en virtud de la legislación o las prácticas nacionales. Con vistas a garantizar una protección judicial efectiva, y sin perjuicio de los mecanismos de defensa colectiva disponibles para los interlocutores sociales y de la legislación y prácticas nacionales, se pide a los Estados miembros que examinen la aplicación de principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización.

(16)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa nacional relativa a los plazos para hacer cumplir los derechos conferidos en virtud de la presente Directiva debería ser de naturaleza tal que no pueda considerarse que hace prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de tales derechos.

(17)

La protección contra la discriminación por razón de la nacionalidad propiamente dicha quedaría reforzada por la existencia de organismos eficaces con la experiencia técnica adecuada en cada Estado miembro con competencias para fomentar la igualdad de trato, analizar los problemas a que se enfrentan los trabajadores de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación y los miembros de sus familias, estudiar posibles soluciones y facilitarles asistencia específica. Entre las competencias de estos organismos debería encontrarse, entre otras, la prestación a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias de asistencia independiente, jurídica o de otro tipo, por ejemplo, información jurídica sobre la aplicación de la normativa pertinente, nacional y de la Unión, relativa a la libre circulación de los trabajadores, los procedimientos de reclamación que deban seguirse, y la ayuda para proteger los derechos de los trabajadores y los miembros de sus familias, y podrá incluir asimismo la asistencia en procedimientos judiciales.

(18)

Debería corresponder a cada Estado miembro decidir si atribuyen las funciones que deban llevarse a cabo en virtud de la presente Directiva a los organismos antes mencionados o a organismos ya existentes que tengan objetivos similares a escala nacional, como por ejemplo el fomento de la libre circulación de las personas, la aplicación del principio de igualdad de trato o la protección de los derechos individuales. En caso de que un Estado miembro decida ampliar el mandato de un organismo existente, debería velar por que dicho organismo reciba recursos suficientes para desempeñar de una manera eficaz y correcta tanto las funciones de las que ya se encarga como las funciones adicionales. Cuando se hayan asignado a más de un organismo dichas funciones, los Estados miembros deben velar por que estos se coordinen de una manera adecuada.

(19)

Los Estados miembros deberían velar por que uno o más de dichos organismos asuman la función de punto de contacto que coopere e intercambie información, como, por ejemplo, los datos referentes a todos los organismos, las vías de recurso y los datos de contacto de las asociaciones, organizaciones u otras entidades jurídicas que proporcionen información y presten servicios a los trabajadores de la Unión y a los miembros de sus familias, con puntos de contacto equivalentes en los demás Estados miembros. La lista de puntos de contacto estará disponible al público.

(20)

Los Estados miembros deben fomentar la cooperación entre los organismos que hayan designado en virtud de la presente Directiva y los servicios de información y asistencia existentes, prestados por los interlocutores sociales, las asociaciones, organizaciones u otras entidades jurídicas competentes, tales como los órganos encargados de las modalidades de coordinación con arreglo al Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y, si procede, las inspecciones de trabajo.

(21)

Los Estados miembros deben garantizar el fomento de sinergias con instrumentos existentes de información y apoyo a nivel de la Unión, para lo que se asegurarán de que los organismos existentes o los de nueva creación colaboren estrechamente con los servicios de información y asistencia existentes, tales como Your Europe, Solvit, la Red Enterprise Europe, las ventanillas únicas y EURES, incluidas, cuando proceda, las asociaciones transfronterizas de EURES.

(22)

Los Estados miembros deberían fomentar el diálogo con los interlocutores sociales y con las organizaciones no gubernamentales apropiadas a fin de abordar y combatir las restricciones y los obstáculos injustificados en el ejercicio del derecho de libre circulación o las diferentes formas de discriminación por razón de la nacionalidad.

(23)

Los Estados miembros deberían establecer la manera de poner a disposición de los ciudadanos de la Unión, tales como trabajadores, estudiantes y titulados recientes, así como de los empleadores, interlocutores sociales y otras partes interesadas información útil y fácilmente accesible sobre las disposiciones de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 492/2011, incluida la información sobre los órganos designados con arreglo a la presente Directiva y las vías de recurso y protección disponibles. Los Estados miembros deberían adoptar medidas para que esta información esté disponible en más de una lengua oficial de la Unión en función de la demanda en el mercado de trabajo. Esto no debería interferir con la legislación de los Estados miembros sobre el uso de las lenguas. Esta información podría proporcionarse mediante asesoramiento individual, y también se debería poder acceder fácilmente a ella a través de Your Europe y EURES.

(24)

A fin de facilitar el respeto de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, es importante que la Directiva 91/533/CEE del Consejo (6) se aplique y controle de manera adecuada.

(25)

La presente Directiva establece requisitos mínimos, ofreciendo así a los Estados miembros la posibilidad de introducir o de mantener disposiciones más favorables. Los Estados miembros también pueden ampliar las competencias de los organismos encargados de tareas relacionadas con la protección de los trabajadores de la Unión contra la discriminación por razón de la nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la igualdad de trato sin discriminación por razón de la nacionalidad de todos los ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación y los miembros de sus familias, tal como se recoge en el artículo 21 del TFUE y en la Directiva 2004/38/CE. La aplicación de la presente Directiva no podrá justificar un retroceso en relación con la situación existente en cada Estado miembro.

(26)

La aplicación efectiva de la presente Directiva implica que los Estados miembros, al adoptar las medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones en virtud de la presente Directiva, deben velar por que estas hagan referencia a la presente Directiva o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

(27)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(28)

Una vez transcurrido un tiempo suficiente desde la transposición de la presente Directiva, la Comisión debería preparar un informe sobre su aplicación, en el que se evalúe, en particular, si es oportuno presentar las propuestas necesarias para garantizar un mejor cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de libre circulación. En dicho informe, la Comisión debe centrarse en las posibles dificultades a las que tienen que hacer frente los jóvenes licenciados que buscan trabajo en la Unión y los cónyuges de los trabajadores de la Unión cuando dichos cónyuges son nacionales de terceros países.

(29)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta especialmente la libertad profesional y el derecho a trabajar, el derecho a no sufrir discriminación, en particular por razón de nacionalidad, el derecho de negociación y de acción colectiva, el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, el derecho a la libertad de circulación y de residencia y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial. Su aplicación debe ser conforme a estos derechos y principios.

(30)

La presente Directiva respeta los diferentes modelos de mercado laboral de los Estados miembros, incluidos los modelos de mercado laboral regulados mediante convenios colectivos.

(31)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco general común de disposiciones, medidas y mecanismos apropiados necesarios para que la aplicación y el cumplimiento en la práctica de los derechos de los trabajadores de la Unión a ejercitar su derecho a la libre circulación conforme al TFUE y al Reglamento (UE) no 492/2011 sean mejores y más uniformes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, estos fines pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

a)

acceso al empleo;

b)

condiciones de empleo y trabajo, en particular por lo que se refiere a la remuneración, el despido, la salud y la seguridad en el trabajo y, en caso de desempleo, a las condiciones de reintegración profesional o de nuevo empleo;

c)

acceso a las ventajas sociales y fiscales;

d)

afiliación a organizaciones sindicales y derecho a ser elegido para los órganos de representación de los trabajadores;

e)

acceso a la formación;

f)

acceso a la vivienda;

g)

acceso a la educación, el aprendizaje y la formación profesional para los hijos de los trabajadores de la Unión;

h)

asistencia que prestan las oficinas de empleo.

a)

facilitar o garantizar la prestación de asistencia independiente, jurídica o de otro tipo, a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, sin perjuicio de sus derechos, y de los derechos de las asociaciones, organizaciones y otras entidades jurídicas a las que se hace referencia en el artículo 3;

b)

actuar como punto de contacto de cara a los puntos de contacto equivalentes de los demás Estados miembros con vistas a cooperar y a compartir la información pertinente;

c)

llevar a cabo o encargar estudios independientes y análisis sobre las restricciones y obstáculos injustificados del derecho de libre circulación o la discriminación por razón de la nacionalidad de los trabajadores de la Unión y miembros de sus familias;

d)

velar por la publicación de informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier aspecto relacionado con dichas restricciones y obstáculos o discriminación;

e)

publicar información pertinente sobre la aplicación a nivel nacional de la normativa de la Unión relativa a la libre circulación de los trabajadores.